Por segunda ocasión, la Junta de Control Fiscal (JCF) rechazó la petición del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para usar una partida de $200 millones del fondo de emergencias para mitigar el impacto del anticipado aumento en la factura de la luz provocado por el incremento en el costo del combustible, que trajo consigo la invasión de Rusia a Ucrania.
El pasado 17 de marzo el ente fiscal envió una carta al primer ejecutivo denegando el primer pedido. En cambio, recomendó a Pierluisi Urrutia usar fondos federales disponibles a través de varios programas federales “para ayudar a los hogares vulnerables a mitigar el aumento del costo de la electricidad de las recientes subidas del precio del combustible”.
Ayer, el primer ejecutivo presentó una reconsideración escrita y hoy durante la reunión pública, que la JCF celebró en el Centro de Convenciones en Miramar, insistió en la solicitud.
Pero al concluir el cónclave, el presidente de la Junta, David Skeel, y, la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, volvieron a rechazar la petición por entender que se trata de un uso inapropiado del fondo de emergencias que, de paso, mantiene la dependencia en los combustibles fósiles.
“Compartimos las preocupaciones del gobernador en torno al impacto en los precios y el efecto en los puertorriqueños más vulnerables. Apoyamos esfuerzos que traten de aliviar la carga en los sectores más vulnerables, pero el problema con la petición del gobernador es que no se trata de un uso apropiado de fondos de emergencia”, afirmó Skeel a preguntas de la prensa.
Al realizar la petición, Pierluisi Urrutia explicó que ese dinero se desembolsaría a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a manera de reembolsos que la corporación pública tendría que justificar y vincular a la crisis creada por el conflicto bélico.
Aunque la AEE realiza las compras de combustible, corresponde a LUMA Energy presentar ante el Negociado de Energía la reconciliación de cuentas, que incluye cuadrar el costo de la compra de combustible y de energía con la partida presupuestada para ese gasto.
La semana pasada, LUMA presentó el informe trimestral y solicitó un aumento de 4 centavos por kilovatio-hora o un 16% en la factura de luz de sus clientes residenciales para el segundo trimestre de 2022, que está pendiente ante el Negociado de Energía y que entraría en vigor el 1 de abril.
Hoy, Jaresko argumentó que el dinero del fondo debe usarse para emergencias naturales y problemas a corto plazo. También planteó que otorgar un subsidio a todos los consumidores no era una política pública porque incentivaba el uso de los combustibles fósiles.
“Lo que vemos con el precio de la energía no es un desastre natural y no es necesariamente un problema a corto plazo. Esta situación también podría atraer inflación y un alza en precios de los alimentos, de los metales y de los materiales de construcción. Así que esto no es algo que puedes atender con los fondos de la reserva de emergencia”, afirmó.
Por eso, Jaresko insistió en los programas federales que destinan fondos para ayudar a las familias de escasos recursos.
También sugirió adoptar políticas de eficiencia energética y presionar a la AEE para que se mueva al uso de energías renovables y deje la dependencia de la generación mediante combustibles fósiles.
