⚖️ Un tribunal de San Juan desestimó la demanda presentada por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y dos jueces de Apelaciones que cuestionaba el retiro obligatorio de jueces a los 70 años. 🏛️ Los demandantes alegaban que esta norma violaba derechos constitucionales y citaron la ADEA federal y la Decimocuarta Enmienda, pero el tribunal consideró que es una cuestión política no justiciable. ⏳ La jueza Anthony Cuevas Ramos indicó que el caso debía resolverse mediante cambios legislativos o enmiendas constitucionales, no en tribunales. 💼 La decisión refuerza la independencia judicial y mantiene el retiro obligatorio, establecido desde 1952 para garantizar eficacia en la judicatura. 📜 Aunque el fallo no resuelve asuntos relacionados con pensiones bajo PROMESA, deja abierta la posibilidad de cambios futuros vía la Asamblea Legislativa.

⚖️🇲🇽 México aprobó que los jueces —desde los juzgados locales hasta la Suprema Corte de Justicia— sean elegidos por voto popular, en lugar de ser nombrados. 🗳️La mayoría de los 32 estados de México aprobaron este cambio, que ha provocado una gran división en el país y es la última gran medida del presidente Andrés Manuel López Obrador, que concluye su mandato a finales de mes. 👨‍⚖️Según el presidente, la reforma ayudaría a reducir la corrupción, el tráfico de influencias y el nepotismo, mientras brinda mayor voz a los mexicanos. La propuesta cuenta con el apoyo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que asume el cargo el 1 de octubre. 👀Quienes se oponen a la reforma plantean que no atendería adecuadamente asuntos como la corrupción y más bien favorecerían al movimiento político de López Obrador. 🧐Mientras tanto, quienes favorecen la propuesta dicen que haría más difícil que jueces obtengan puestos en la judicatura a través de familiares, ya que tendrían que mostrar sus cualificaciones ante los votantes. No obstante, muchos de los familiares trabajan fuera de los puestos de juez, que tampoco estarían puestos a votación popular. 📊Según encuestas, el 66% de los mexicanos percibe que los jueces son corruptos, aunque hay pocas acusaciones de corrupción en el poder judicial. Además, otros datos sugieren que un 37% de los funcionarios del poder judicial tienen al menos un familiar trabajando en la judicatura, una reducción de 12 puntos desde 2021. ¿Crees que esta decisión reduciría la corrupción o empezaría el inversionismo político en campañas electorales de la judicatura? Fuente: The New York Times

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia sometió al Senado 18 nombramientos de jueces y juezas tras el éxodo que sufrió la judicatura al entrar en vigor esta semana el Plan de Ajuste a la Deuda. Hay dos designaciones al Tribunal de Apelaciones y 16 para llenar vacantes en las salas superiores. El mandatario llamó a varios nominados previo a su viaje a Miami para informarle la decisión de nombrarlos a la Rama Judicial, según fuentes de Cuarto Poder (WAPA-TV). Las fuentes señalaron que el listado contempla nombres de nominados vinculados al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático (PPD), a pesar de que el mandatario ha asegurado que no ha negociado nombramientos con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. Por ejemplo, nombró en ascenso al Apelativo a la jueza Waleska lvette Aldebol Mora, una jueza ligada al PPD y que labora en el Tribunal de San Juan. La jueza del Tribunal de Fajardo Karilyn Marie Díaz Rivera también recibió una nominación en ascenso al Apelativo. Los fiscales Obdulio Meléndez Torra, hijo del exjefe de fiscales Obdulio Meléndez, Begoña Inés De Jesús Meléndez y Pedro Carlos Hernández Zumaeta fueron nombrados como jueces superiores. Estas nuevas designaciones ocurren en momentos en que se espera que el Senado rechace la designación del esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, Jorge Díaz Reverón, quien aspiraba a ocupar un curul en el Tribunal de Apelaciones. Díaz Reverón no tiene los votos para pasar el cedazo de la Cámara Alta. Actualmente hay 8 vacantes en el Tribunal de Apelaciones, 32 plazas a nivel de primera instancia y 10 a nivel municipal. También queda vacante el curul que dejó la ex jueza asociada del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez Rodríguez, quien se acogió al retiro obligatorio al cumplir los 70 años el 24 de diciembre del 2020. Después de la entrada en vigor del Plan de Ajuste a la Deuda, 26 jueces y juezas se jubilaron para evitar recortes a su plan de retiro. En los pasados días y tras la salida en masa de estos togados, la Administración de los Tribunales movió juezas de Caguas a San Juan, juzgado que perdió a seis jueces y juezas.

Once jueces y juezas notificaron que se jubilarán antes del 15 de marzo, fecha en que entra en vigor el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) que congela sus beneficios de retiro, indicó la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). Pero esa cifra de retirados podría exceder los 20 estimó Carlos Salgado Schwarz, presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y juez del Tribunal de Apelaciones. "Yo anticipo que hay un éxodo. Se podrían ir entre 20 y 25 en todos los niveles", apuntó el juez. Actualmente hay 356 jueces y juezas activos en el Poder Judicial. La OAT no desglosó las jubilaciones, pero este medio -a través de un censo informal que realizó- encontró que al menos cuatro jueces y juezas que atienden salas superiores y salas de recursos especiales en San Juan dirán adiós en las próximas semanas. En el Tribunal de Carolina, otros tres o cuatro podrían colgar la toga y otros tres a nivel del Apelativo, que ya funciona con un déficit de siete jueces. A finales del año pasado, se retiró el juez Héctor Vázquez Santisteban y en enero jublió la jueza Nereida Cortés González. Los nombres de ambos todavía aparecen en el lista de jueces del Apelativo en la web del Poder Judicial. La salida de golpe de estos jueces y juezas con experiencia, indicó Salgado Schwarz, podría afectar las operaciones diarias en los tribunales del país y, de paso, robaría al sistema judicial de esa experiencia y modelaje, que guía a los togados de nuevo ingreso a la judicatura. En entrevista con este portal de noticias, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura planteó que los jueces y juezas están tomando la decisión de retirarse con escasa información e incertidumbre sobre el impacto real de los cambios de beneficios de retiro contemplados en el PAD. Algo similar ocurrió a las maestras y maestros del sistema público que tras la aprobación del PAD abarrotaron las líneas de información del Sistema de Retiro para auscultar la posibilidad de jubilarse antes de la entrada en vigor del congelamiento del plan de beneficios definidos. Ante la confusión generalizada, Salgado Schwarz emplazó a la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez a organizar sesiones informativas para que los jueces y juezas puedan tomar evaluar su situación en un contexto correcto. "(Lo que ocurre) entiendo que -en parte- es debido a la falta de información de parte de nuestro patrono", afirmó el juez. Luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain aprobó el PAD, más de 5,500 educadores llegaron al Sistema de Retiro en Hato Rey para orientarse sobre los cambios en su retiro. Solo 11 jueces y juezas solicitaron una cita. "Al final del día quien tiene que notificarnos a nosotros cómo nos afecta cada uno de los ítems en el Plan de Ajuste, es nuestro jefe. Todos los que están en la Rama Ejecutiva tienen técnicamente una gran división de Recursos Humanos. Nosotros aquí nuestro jefe es tribunales. Es la OAT y la jueza presidenta. La realidad es que el flujo de información no está llegando. Muchos jueces están tomando las decisiones asustados. Aquí tenemos una oficina de apoyo a jueces que se supone que haga esta gestión, pero la oficina de apoyo a jueces no está completamente documentada para el trámite que esto conlleva", precisó Salgado Schwarz. "Me encantaría que se hiciera un tour de parte del Poder (Judicial) para que orienten a los jueces en todos esos ítems que nos afectan porque vamos a tener muchos jueces que tienen menos de 45 años y quieren buscar las alternativas en otra profesión y van a hacerlo sin saber que en el término que les queda pueden acumular el seguro social suficiente para complementar lo que tenían acumulado antes en la judicatura y eso con el nuevo plan de retiro que provee la ley 106, te compensa el recorte", agregó. Los maestros y maestras, que tienen un salario menor y peores condiciones de trabajo, enfrentan el mismo dilema. Con el PAD, el plan de retiro de beneficios definidos queda congelado. A partir de ese momento, los educadores y togados comenzarán a cotizar para el seguro social y realizarán aportaciones a un plan similar a un 401K, que funciona con la inversión de las aportaciones que realizará cada empleado o empleada.

La Comisión de Nombramientos del Senado evaluó el viernes pasado tres nominados a la judicatura y casualmente dos de estos candidatos son los que impulsa el presidente de la Cámara alta, José Luis Dalmau Santiago. Se trata de los licenciados Henry Menéndez Garced, Tomás Báez Collado y Katarina Stipec Rubio, quienes aspiran a convertirse en jueces superiores. Menéndez Garced y Báez Collado forman parte de los nombramientos que Dalmau Santiago recomendó al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y que aparecieron -por primera vez- en la lista de designaciones sometidas al cuerpo el 8 de noviembre. Mientras este miércoles, la Comisión finalmente concederá audiencia al licenciado Jorge Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Váquez Garced y cuyo término como juez superior acabó el pasado 30 de noviembre. Por tercera ocasión en un año, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia lo nominó a una de las vacantes en el Tribunal de Apelaciones. Al final de la segunda sesión, Pierluisi Urrutia retiró 36 nombramientos, incluyendo esos tres. Los volvió a nominar el 10 de enero, día en que inició la tercera sesión del cuatrienio del gobierno compartido. La misma historia se repitió al final de la primera sesión. En ese momento, el gobernador y presidente de la Palma, retiró 20 nombramientos, que incluían miembros de su gabinete y vacantes judiciales, entre otros. Con la presencia de 3 de sus 14 miembros, la Comisión de Nombramientos recibió la tarde del viernes -en vista pública- a los licenciados Menéndez Garced, Báez Collado y Stipec Rubio, quienes aspiran a convertirse en jueces superiores. Solo estuvieron en la audiencia, la vicepresidenta Gretchen Hau Irizarry y los novoprogresistas William Villafañe Ramos y Gregorio Matías Rosario. Dalmau Santiago, quien preside la Comisión de Nombramientos, había confirmado a este portal de noticias que también recomendó el polémico nombramiento a jueza superior de María Josefa Dabastos Anglade, esposa de su primo y portavoz de la Pava en el Senado, Javer Aponte Dalmau, y del actual juez administrador de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero para una silla en el Tribunal de Apelaciones. Inicialmente Dalmau Santiago trató sin éxito de que Pierluisi Urrutia nominara a Marrero Guerrero al cargo de presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones. Pese a que el gobernador y el presidente del Senado han negado que exista un acuerdo, fuentes de este medio aseguraron que Pierluisi Urrutia nombró a la esposa de Aponte Dalmau para que el Senado atienda los nombramientos judiciales y baje a votación las designaciones del comisionado de Seguros, Alexander Adams, y del principal ejecutivo de Innovación e Informática, Enrique Volckers Nin. En noviembre, a finales de la segunda sesión ordinaria, este medio reportó que Aponte Dalmau, quien preside la poderosa Comisión de Reglas y Calendelario, negociaba la designación de su esposa a cambio de bajar a votación los nombramientos pendientes del Ejecutivo. Ahora, a escasos 12 días del estreno de la tercera sesión, la Comisión de Nombramientos inició vistas públicas para los candidatos a cargos judiciales, que durante el pasado año mayormente ignoró con contadas excepciones. Después de moverse con una lentitud, la semana pasada la Comisión también concedió audiencia al designado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, y este miércoles atenderá la designación a juez del Tribunal de Apelaciones de Díaz Reverón. Pese a que ha sido nominado en tres ocasiones para este cargo, la designación no había sido evaluada y no había pasado por el proceso de vista pública porque no tenía los votos para su confirmación, según ha insistido Dalmau Santiago. Este medio solicitó el calendario de las vistas públicas de la Comisión de Nombramientos, pero el portavoz de prensa de Dalmau Santiago indicó que todavía no estaba disponible. No queda claro cuándo el cuerpo atenderá el nombramiento de la esposa de Aponte Dalmau. Tampco queda claro si el Ejecutivo nominará en asecenso a su exesposa, la jueza superior Yahaida Diana Zabala Galarza, quien aspira a convertirse en jueza del Tribunal de Apelaciones. Ya la Comisión de Nombramientos de La Fortaleza completó la evaluación de su solicitud.