Ya la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) asignó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) $111,352,417 para el pago de las facturas que Whitefish Energy Holdings presentó por reparaciones en la red eléctrica tras el paso de los huracanes Irma María.
Pero el acuerdo alcanzado la semana pasada ordena a la corporación pública a pagar $167.3 millones a la empresa de Montana.
¿Tiene la AEE el dinero para cumplir con este pacto?
Ante preguntas de Cuarto Poder (WAPA-TV) sobre la capacidad económica de la AEE para cumplir con ese acuerdo, el director ejecutivo Josué Colón Ortiz expresó confianza en que FEMA resarcirá todo el gasto.
En declaraciones, a través de la Oficina de Prensa de la corporación pública, Colón Ortiz precisó que la reclamación inicial de Whitefish ascendía a $144,249,543. La AEE desembolsó $63,800,717 y próximamente pagará otros $26,488,565.
“El primer pago se realizó de las arcas de la AEE, con dinero que FEMA ya había obligado exclusivamente para ese propósito”, explicó Colón Ortiz.
Detalló que los intereses acumulados ascienden a $51,887,962. Conforme al acuerdo, Whitefish condonará $19,004,808 y el balance lo incluirá en un “administrative claim” o reclamación administrativa como parte del proceso de quiebra al amparo del Título III de la Ley federal Promesa. Esto significa que formará parte del Plan de Ajuste de la corporación pública.
“FEMA aprobó para reembolso $111,352,417. No obstante, la determinación de FEMA en cuanto a los restantes $32,897,126 está en apelación y entendemos que tenemos argumentos suficientes para que se revierta la determinación, si no de la totalidad, de la mayoría de esos $32,897,126”, aseguró el funcionario.
La semana pasada, la jueza federal Laura Taylor Swain aprobó un acuerdo que requiere que la AEE pague a Whitefish $167.3 millones. Ordena también que los pagos se realicen en o antes del 31 de diciembre de 2023. Si la corporación pública falla, la tendrá que desembolsar otros $19 millones en intereses.
Esta transacción pone punto final a una longeva reclamación de cobro presentada por la empresa cuyo contrato el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares rescindió para “evitar distracciones”. La decisión de conceder el primer contrato de recuperación de la red eléctrica a una empresa novata y con poco personal causó una tormenta mediática. Al final, el contrato solo duró dos meses.
