Antes de ocupar su teléfono celular, la fiscalía federal incautó los correos electrónicos de la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced.
Pero a tres meses del arresto de la exmandataria y a casi dos años de esta intervención, sus abogados todavía desconocen si la fiscalía ocupó los correos electrónicos de su cuenta oficial o de su cuenta personal.
Hoy, en una entrevista radial en el programa Los Fiscales (WKAQ-Radio) para aclarar información que se divulgó de forma incorrecta por algunos medios tras una vista del estado de los procedimientos de ayer, el licenciado Luis Plaza Mariota detalló que la orden de registro y allanamiento del 20 de diciembre de 2020 sirvió para ocupar los correos electrónicos de Vázquez Garced.
“Una de las cosas que salió ayer en la vista es lo que sucedió mientras ella era gobernadora. Ese es un detalle interesante. Nosotros pues obviamente podemos explicar lo que sabemos porque sucedió ayer en la vista. Yo no te puedo dar el detalle del contexto completo de la situación porque tendría que entrar a hablar de al prueba. Pero nos parece claro que al final del mandato de la gobernadora hay una intervención no en el teléfono de la gobernadora. Yo no sé porque los medios han dicho que fue en el teléfono de la gobernadora porque yo nunca dije eso. Yo lo que dije es que habían intervenido los ’emails’ de la gobernadora”, afirmó el abogado.
Señaló también que la fiscalía ocupó el teléfono celular de Vázquez Garced en enero de este año mediante otra orden de registro de allanamiento.
Después de esa intervención, Vázquez Garced contrató a los licenciados Plaza Mariota y Peter John Porrata. Posteriormente, el licenciado Ignacio Fernández de Lahongrais se unió al equipo de la defensa.
En agosto pasado, agentes del Negociado Federal de Investigaciones arrestaron a Vázquez Garced en su residencia en San Juan luego de que un Gran Jurado federal autorizó una acusación en su contra por supuestamente participar junto al banquero Julio Herrera Velutini y a Mark Rossini en un esquema de sobornos para descarrilar una investigación relacionada a Báncredito.
Ayer, la licenciada Lilly Ann Sánchez, quien representa a Herrera Velutini, informó al juez federal Raúl Arias Marxuach que hasta ahora los abogados de defensa habían recibido 191,000 páginas de evidencia sin índice, pero que quedaba pendiente la entrega de la información relacionada a las sobre 32 órdenes de registro y allanamiento que se expidieron en este caso para acceder a cuentas de correo electrónico, teléfonos celulares y otros dispositivos, como tabletas.
Plaza Mariota añadió que recibió 24 grabaciones, mientras aseguró que solo el 1% del descubrimiento de prueba entregado por la fiscalía estaba relacionado a las imputaciones que enfrenta Vázquez Garced.
También alertó que como parte del descubrimiento de prueba la fiscalía le estaba entregando información relacionada a otras personas y otras campañas políticas y que consignaba la situación para evitar que se le achacara algún tipo de filtración.
En la entrevista de hoy, Plaza Mariota reveló que la información ocupada a través de las órdenes de registro y allanamiento u otros mecanismos administrativos no se habían presentando al Gran Jurado porque ahora es que un equipo de cernimiento establecido por el Departamento de Justicia evaluaba el material.
“Cuando tú acumulas toda esa información, nos dicen los fiscales, que es ahora que lo están mirando por primera vez. Eso significa que esa información no fue a Gran Jurado, no se usó para la acusación. Eso es lo que uno puede inferir de lo que ellos le dicen a uno”, señaló el abogado.
“Nos levanta una serie de responsabilidades de ‘due diligence’ porque primero, necesitamos entender que pasó y cuándo pasó. ¿Por qué se quedó guardado ese periodo de tiempo sin mirarlo? Los que hemos sido fiscales sabemos que tenemos una obligación de si tenemos una incautación y hay algo ahí que pueda ser ‘exculpatory material’ tipo Brady se supone que lo lleves a Gran Jurado y hagas el ‘disclosure’ de que tienes eso. La información que nos llega a nosotros de parte de los mismos fiscales es que ellos no lo han visto. Claro el hecho de que del saque ellos hubiesen insistido en tener un ‘filter team’ da a entender que sin verlo ya pensaban que había información privilegiada y confidencial ahí adentro”, abundó.
Ayer, el juez Arias Marxuach ordenó a la fiscalía federal detener el proceso de cernimiento de la información ocupada en los celulares y otros dispositivos electrónicos de los tres acusados, quienes pidieron la intervención del tribunal bajo el argumento de que la fiscalía federal accedió a información privilegiada. El trío solicitó la celebración de una vista evidenciaria y la devolución inmediata de esa información.
