El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero rechazó hoy una oferta de la fiscalía federal para declararse culpable y hasta ahora planea enfrentarse a un juicio que iniciaría el 13 de marzo de 2023.
Hoy, durante una vista con antelación al juicio ante la jueza federal Aida Delgado Colón, el fiscal Scott Anderson explicó que las pasadas semanas el ministerio público ha intercambiado ofertas con el acusado de participar en un esquema de sobornos a cambio de otorgar contratados municipales a las empresas del ahora convicto contratista Oscar Santamaría Torres.
Anderson indicó que presentó una oferta y que Pérez Otero respondió con una contraoferta, que el ministerio público descartó. El pasado 1 de noviembre la fiscalía federal presentó una oferta ajustada, pero el acusado volvió a presentar la oferta rechazada por el ministerio público.
“El 17 de noviembre rechazamos esa oferta por segunda ocasión y le informamos que tiene hasta el 30 de noviembre para aceptar la oferta del gobierno, que es el plazo establecido por el tribunal”, señaló el fiscal.
El licenciado Osvaldo Carlo Linares informó a la togada que discutió dicha propuesta con su representado, quien la rechazó.
“No tenemos acuerdo así que sus instrucciones son encaminarnos a juicio a menos que volvamos a escuchar del gobierno con otra oferta”, indicó el abogado durante la breve videoconferencia.
Señaló también que la defensa había identificado potenciales testigos para el inicio del proceso judicial, que se extendería del 13 al 17 de marzo de 2023.
Ninguna de las partes ofreció detalles de las propuestas intercambiadas.
El 9 de diciembre de 2021 agentes del Negociado Federal de Investigaciones arrestaron a Pérez Otero en su residencia luego de que un Gran Jurado federal autorizó una acusación en su contra por cargos de recibir comisiones ilegales, conspiración para cometer soborno y extorsión.
La fiscalía ha indicado que cuenta con unas seis grabaciones de llamadas telefónicas y grabaciones en vídeo de supuestos encuentros en los que se observa al acusado recibiendo los “kickbacks”. Por los delitos imputados, el exalcalde se expone a una sentencia de hasta 20 años de cárcel.
