Cuando uno dice que el tema de Ley 22 es uno “con más capas que una cebolla y, dependiendo de cómo la piques, así vas a llorar”, es algo que nace desde la penumbra que puede dar la incertidumbre.
En ese aspecto metafórico, mientras que el llanto de los cabilderos que no quieren que toquen la Ley 22 pudiese ser visto por muchos como lágrimas de cocodrilo, hay otros que realmente merecen una mas sosegada atención. Y hay ponencias para vistas de proyectos en la Legislatura que realmente salen desde la necesidad. Aquí no hay cabildeo millonario que valga.
En momentos en los que estudios confirman cómo se desploma Índice de Vivienda Asequible, tras el aumento continuo en los precios de las casas y un deterioro, por la inflación, del poder adquisitivo de los consumidores que les dificulta cualificar para préstamos hipotecarios, en el Capitolio tienen el deber revisar en qué se falla.
Sobran los casos de batallas por vivienda asequible con víctimas de la gentrificación en sectores como Puerta de Tierra, Santurce, Quebradillas, Aguadilla, Luquillo y Rincón entre otros que pronto pudiesen enfrentar el asedio de quiénes buscan acaparar terreno de alto valor turístico y estratégico. Así las cosas, hay quienes creen que ya no hay de otra: esta cebolla de Ley 22 apesta y hay que echarla al procesador de alimentos para hacer sofrito con ella.
“Los incentivos contributivos para los millonarios de ley 22 deben ser derogados ya que el gobierno no ha demostrado que los inversionistas beneficiarios hayan creado suficientes empleos o que hayan aportado algo positivo a nuestro país. Todo lo contrario, el efecto ha sido nefasto siendo el aumento del costo de la vivienda y el desplazamiento de comunidades el más grave de todos. El desplazamiento que vemos en Puerta de Tierra ocurre en el Viejo San Juan, Santurce, Rincón, Luquillo y otros barrios de Puerto Rico”, explicó Laura Mía González Bonilla, portavoz Puerta de Tierra No Se Vende.
Para cuestión de ejemplificar esta lucha, decidimos concentrarnos en la situación de Puerta de Tierra que enarbola este grupo. González Bonilla y Puerta de Tierra No Se Vende llevó su ponencia el pasado 27 de mayo, a una vista pública del Proyecto del Senado 684, del senador Juan Zaragoza.
En el documento de la ponencia, el cual posteamos de forma íntegra junto al de las otras ponencias, González Bonilla recalca que ese proyecto del senador Zaragoza “no atiende de
ninguna manera el problema real de desplazamiento que de forma acelerada ocurre en ciertas comunidades de Puerto Rico”, pues este es un “problema causado principalmente por las prácticas depredadoras y acaparadoras de compraventa de bienes inmuebles por parte de los individuos inversionistas de ley 22”.
“Exigimos a la legislatura que se deroguen estos incentivos y que se apruebe el Proyecto del Senado 40 de la senadora María de Lourdes Santiago ya que en el balance de intereses es mucho mayor el daño ocasionado por la llegada de los inversionistas que las alegadas aportaciones que han hecho a nuestro país”, apuntó.
Mira el P. de S. 40
“Pedimos que se apruebe además la Resolución del Senado 490, también de la senadora Santiago, para que se investigue sobre el acaparamiento de propiedades inmuebles por los beneficiarios de las leyes 20 y 22 y el disloque que esto ha creado en el mercado inmobiliario y el efecto del desplazamiento de comunidades”, añade.
Mira la Resolución del Senado 490
En aquel día de inicio de verano en el Capitolio, González Bonilla abordó el tema del desplazamiento que desde hace unos años ocurre en el barrio de Puerta de Tierra. Señaló en aquella ponencia que “nuestra experiencia se repite en muchas comunidades de Puerto Rico a tal punto que ya se ha convertido en un problema nacional que requiere la intervención inmediata y urgente de esta Asamblea Legislativa”.
“Como saben, Puerta de Tierra es un barrio histórico ubicado en el corazón de la isleta del Viejo San Juan. Debido a su localización estratégica y a su valor histórico y arquitectónico, desde hace unos años ha estado acechado por inversionistas especuladores que quieren convertir un barrio histórico de gente trabajadora y de clase media y baja en un lugar exclusivo para ricos, visitantes y turistas”, manifestó.
González Bonilla puntualizó que “el desplazamiento de residentes de Puerta de Tierra comenzó a paso lento con las demoliciones de varios residenciales públicos. Este proceso de desplazamiento y despoblamiento se ha acelerado violentamente con la llegada al barrio de los inversionistas de ley 22”.
“Desde el Huracán María y mientras los puertorriqueños estábamos recuperándonos de desastres naturales y de la pandemia, nueve inversionistas de ley 22 adquirían en Puerta de Tierra 30 edificios y cuadras completas, desahuciando en el camino a inquilinos y desplazando aceleradamente a toda una comunidad”, añadió.
“En el 2019 fui desplazada junto a otras 20 familias del histórico edificio Méndez en la Calle San Agustín. Éramos 21 familias que pagábamos alquileres razonables, éramos una comunidad y ahora ese edificio es dedicado en su totalidad a alquileres a corto plazo con tarifas de $150 la noche. El mismo inversionista que nos sacó del edificio donde residía, compró en un periodo de menos de 3 años, 10 edificios adicionales. Entre la calle San Agustīn y la Calle del Tren, es dueño de una cuadra entera y todos los usos otorgados hasta el momento son para alquileres a corto plazo, para hostales, hoteles y actividades para ricos. En esa cuadra ya no vive gente”, subrayó, indicando que muchos de los desplazados tuvieron que irse del barrio, pues cada vez es más costosa la oferta de vivienda a largo plazo.
De igual forma, González Bonilla aseveró que los anteriores esquemas de incentivos contributivos que en una era fueron beneficiosos para Puerto Rico porque se dirigían a empresas no a individuos.
“Las empresas generan empleos y producción industrial, crean riqueza. El desarrollo industrial no causa disloques ni tiende a desintegrar las comunidades de Puerto Rico. En cambio, el programa de atraer a individuos, en su mayoría de alto poder adquisitivo, causa muchos más males que beneficios al pueblo puertorriqueño y a la inmensa mayoría de las comunidades que lo componen”, articuló.
Resaltó que “el concepto de que unos individuos con mucho dinero van a aportar positivamente a nuestra economía y nuestra sociedad ya se sabe que es erróneo, sobre todo con la ausencia total de condiciones y restricciones impuestas a los beneficiarios”, indicando que la creación de empleos es mínima – entre 1 y 2.5 empleos por participante – y “no se ha documentado que estos empleos sean permanentes ni a tiempo completo”.
Como indicamos en uno de nuestros reportajes de esta serie, fuentes cercanas a inversionistas de Ley 22 en Dorado han descrito los empleos creados como “meramente de servicios personales: niñeras, mucamas, servidumbre, choferes… hasta maestras de yogas y entrenadores personales para sus gimnasios”, lo que infiere una disparidad aún mayor de clase social.
“La economía de desastre producida por la devastación del huracán María y la quiebra formal del país ha creado el caldo de cultivo para potenciar más aún el efecto nocivo de las actividades de estas personas que llegan del exterior como colonizadores para dominar económicamente las comunidades y sectores del país y desintegran nuestras comunidades desplazando a inquilinos y a posibles compradores locales”, explicó González Bonilla.
Asimismo, “estos participantes de los decretos de ley 22 invierten masivamente en adquirir
inmuebles existentes en nuestras comunidades y compran a precios sobre tasación y sin necesidad de préstamos de manera tal que elevan los precios de las propiedades para que nadie pueda competir con ellos”.
“Esto lo logran debido a que además de ser millonarios muchos de ellos, se ahorran enormes sumas de capital al hacerse artificialmente residentes de Puerto Rico y acogerse a la ley 22 y debido al cambio de uso que le dan a estas propiedades (que nuestro gobierno no regula
apropiadamente) mayormente transformando edificios y casas residenciales, muchas de estas en zonas de exclusiva zonificación residencial, en múltiples unidades de alquiler a corto plazo mediante plataformas como Airbnb y otras”.
La ponencia finaliza proponiendo que cualquier programa de incentivos que pretenda ataer a individuos inversionistas debe, como mínimo, seguir varias restricciones que aseguren la vivienda asequible a quienes ya viven en las zonas impactadas. Estos puntos, al igual que la ponencia en su entereza, la dejamos a continuación.
Mira también otras ponencias sobre la Ley 22, expuestas el 27 de mayo de 2022 por personas y entidades que lidian con el asunto de vivienda asequible. Entre ellas figuran representantes del Residencial Parque de San Agustín en Puerta de Tierra, que amarran reclamos provenientes de este sector de vivienda; de la organización enfocada en la vivienda asequible ‘Casa Tuya, Casa Mía’; de un ciudadano de la afectada comunidad de Vieques; de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana; y de la industria de las bienes raíces. Todas estas ponencias coinciden en que la Ley 22 que permite los decretos de Individuos Residentes Inversionistas debe derogarse.
Ponencia de Puerta de Tierra No Se Vende
Ponencia Caroline Sánchez – Junta del Residencial Parque de San Agustín:
Ponencia de Casa Tuya, Casa Mía
Ponencia, Miguel Ángel Reyes, ciudadano de Vieques
Ponencia, Myrta Morales Cruz, Catedrática Asociada de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana
Ponencia Gandía Realty
