Los señalamientos contra el programa de residencia giran en torno a falta de recursos en los hospitales del Centro Médico en los cuales los futuros neurocirujanos hacen sus rotaciones clínicas, el impacto de la burocracia entre la Universidad de Puerto Rico y la Administración de Servicios Médicos (Asem), y a la poca presencia de especialistas en Neurocirugía (“attendings”) en los hospitales para supervisar a los residentes.
El Nuevo Día tuvo que recurrir a la Ley de Transparencia (Ley 141-2019) para solicitar la información por la vía legal. Y un día antes de vencer el plazo para entregar los documentos por ley, la UPR acordó permitir al medio examinar los documentos, salvaguardando no divulgar información y nombres que pudieran afectar a residentes o terceros.
