Contraofensiva para evitar enmendar la Ley 22 se mueve entre donativos y “clientes” (DOCUMENTOS)

Donativos a los actuales presidentes de Cámara y Senado. Conexiones por doquier en el Gobierno. Supuesta pericia, con números que confunden. En fin, las ventajas que los cabilderos tienen sobre quienes buscan fiscalizar las nébulas del julepe millonario de la Ley 22 pueden llegar de forma tan solapada como un comunicado de prensa.

Por ejemplo, nos llegó uno el 9 de mayo, donde explican sin tapujos que estas figuras de Gobierno pululan entre las tradicionales claques bipartidistas y que se conocen al dedillo el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) y el de Hacienda, el Banco de Desarrollo Económico y la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO).

“Contundente oposición bipartidista a enmendar las leyes 20 y 22”, lee el título de la misiva mediática enviada el mes pasado, en pleno momento en que se discute de nuevo una medida legislativa que busca poner bajo lupa los procesos para que los extranjeros reciban el controvertible decreto de Individuo Residente Inversionista (IRI) que otorga el DDEC.

“Ex-Secretarios del Departamento de Desarrollo Económico; el Departamento de Hacienda y el Banco de Desarrollo Económico rechazan el Proyecto del Senado 684”, pavonea el resumen de subtítulo, afirmando el uso del servicio público como una condecoración que les permite ahora ganar adeptos.

En tiempos en los que la pericia y la malicia a veces se confunden, no queda mucho sol para tapar y hay menos manos: el cabildeo es burdo en el Capitolio cuando de la Ley 22 y el decreto IRI se trata. Figuras veteranas del Gobierno, con cuánto contacto existe en el mundo de la política bipartidista a sus dedos y con recursos para combatir las enmiendas que el la Legislatura de Puerto Rico busca hacerle a la Ley 22 en pos de más rigidos requisitos de inversión a la hora de recibir el decreto de IRI, le meten el pie a cualquier medida que proponga mayor fiscalización y otros métodos de inversión más favorables para el pueblo de Puerto Rico.

“Un grupo compuesto por Ex Secretarios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, y Ex Directores de PRIDCO de ambas Administraciones, radicaron ante el Senado ponencias en contra del proyecto del senado 684 (PS 684), que pretende aumentar impuestos y cambiar nuevamente las leyes 20/22 para la atracción de capital a Puerto Rico. Igualmente, se opusieron al proyecto el Departamento de Hacienda y el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico”, dispara de entrada el comunicado, que incluye la ponencia que el grupo envió al Senado en mayo pasado.

Mira el proyecto del Senado 684 que busca mayor fiscalización a la Ley 22

“Nos oponemos fuertemente al PS 684. Las leyes 20/22 (Ley 60-2019) han creado sobre 40,000 empleos, sobre $2,500 millones en inversión nueva y no le cuestan nada a Puerto Rico. No se puede separar la exportación de servicios de la atracción de inversionistas residentes. Separarlos es un error fundamental. El estudio del Departamento de Desarrollo Económico de 2021 es uno de los que ha cometido ese grave error de separar ambas leyes. Dicho informe ignora que los incentivos contenidos en la Ley 20-2012 no fue lo que cambió en el 2012 y generó 40,000 empleos por sí sola; lo que cambió fue la nueva creación de la Ley 22-2012. Pero, lamentablemente, dicho informe del economista Caraballo-Cueto es lo que ha servido de fundamento y guía a calcar para la medida de referencia (P. del S. 684)”, reza la ponencia suscrita por el ex Secretario y director de Desarrollo Económico y Fomento, Antonio ‘Tito’ Colorado en ese comunicado de prensa.

El pudor en el cabildeo es poco, al punto que, en enero de este año, mientras el proyecto es discutido en el Senado, uno de los componentes de este “comité bipartita de exsecretatarios y exdirectores del DDEC y de PRIDCO”, le dona al propio mandamás senatorial y actual líder del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau.

donativo stubbe dalmau

Sí, mientras Juan Zaragoza, correligionario de partido y colega legislador del presidente del Senado, intenta ponerle el cascabel al gato de la Ley 22, el Comité de Amigos de José Luis Dalmau recibió $2,800.00 de Morgan Stubbe el 20 de enero de 2022. Y ahí no hay nada ilegal, pero no luce bonito el hecho de que, siete meses antes, el 12 de julio de 2021 para ser más exactos, Morgan Stubbe aceptaba que tenía clientes de Ley 22 en su quiosco de bienes raíces, durante la primera vista pública del PS 684 de Zaragoza en Capitolio.

morgan stubbe y colorado

“¿Con quien trabajan actualmente?”, le preguntó en aquel entonces el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, a Morgan Stubbe y a Colorado, quienes fueron ese día a deponer en contra del P. del S. 684.

“Yo trabajo por mi cuenta”, dijo Colorado.

“¿Tiene clientes de Ley 20 o 22?”, le cuestionó Zaragoza

“Tengo clientes de Ley 20, en este momento no tengo clientes de Ley 22”, respondió Colorado.

“Sí, me dedico al desarrollo de bienes raíces y sí, tengo clientes de Ley 22”, expresó, mientras tanto, Morgan Stubbe, que dirigió Fomento Económico y Fomento Industrial del 1994 al 1999, bajo la sombrilla de la administración de Pedro Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP).

donativo morgan stubbe a dalmau

Coincidentalmente, Morgan Stubbe también le donó $2,500.00 al Comité Amigos de Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, el 2 de octubre de 2020, para ser más precisos, un mes antes de las elecciones. Hace unas semanas – y apenas cuatro meses meses después de aquella generosa donación a Dalmau en enero – Hernández Montañez presentó un proyecto que parece buscar sacar de carrera el P. del S. 684 de Zaragoza.

El Proyecto de la Cámara 1368 (PC. 1368) de Hernández Montañez propone algunos ajustes a los decretos del IRI, pero no apunta a la fiscalización como lo hace el P. del S. 684. En sintésis, este proyecto del presidente de la Cámara propone dejar como está el trato a los inversionistas residentes que ya tienen el IRI y a los extranjeros que así lo pidan, pero extiende sus beneficios a cualquier persona en Puerto Rico. Montañez Hernández ha señalado que este proyecto suyo que dejaría en polvorosa el de Zaragoza tendría un impacto de unos $50 millones. Ha sido promocionado en los medios por el también representante y aliado de Hernández Montañez, Jesús Santa, quien hasta sale citado en el Nuevo Día, indicando que el proyecto de Zaragoza “en la Cámara no va a pasar, y te lo digo desde ahora. Tal y cómo está planteado en el Proyecto, no va a pasar en la Cámara”.

Quizás estos donativos de parte de Morgan Stubbe a las carreras políticas de los presidentes de la Cámara y el Senado contribuyen a que ambos defiendan la Ley 22 y no respalden el proyecto de Zaragoza. El presidente del Senado defendió públicamente la Ley 22 en agosto de 2021 y de nuevo a principios de este año, resaltando la supuesta autonomía fiscal para atraer inversión “como ejemplos reales de inversionistas que han adquirido todo tipo de propiedades que algunas han creado hasta 500 empleos y que estos inversionistas también aportan a las entidades sin fines de lucro”.

Igualmente, Hernández Montañez detuvo en la Cámara de Representantes la aprobación de una medida el año pasado que pretendía enmendar la llamada Ley 22. Hernández Montañez, resaltó entonces la importancia de la estabilidad de ambos estatutos y defendió el supuesto impacto económico que crean dichas leyes especialmente en su distrito representativo.

Cabildeo desde el saque

No es la primera vez que vemos este cabildeo a favor de los IRI, además del lucro de gestoría que la llegada de estos componentes a Puerto Rico ha creado, dónde de repente ha florecido una industria de mayordomos de bienes raíces. Un reportaje de abril de 2021 del periodista Joel Cintrón Arbesseti y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) destaca como se ha desarrollado una casta de intermediarios, supuestos expertos en las leyes 20 y 22, en su mayoría firmas de contabilidad, bufetes de abogados y compañías de gestoría, bajo el fallido y natimuerto concepto que presentaba un programa del DDEC, conocido como “promotores cualificados”.

En esa liga que carga la bandera de las leyes 20 y 22 figura Morgan Stubbe, Colorado y también el otrora director del DDEC bajo la administración de Alejandro García Padilla, Alberto Bacó, un verdadero guerrero a favor de la Ley 22. De hecho, la fogosidad con la que Bacó defiende estas leyes – y la manera en que ataca periodistas que cubren este tema – hace recordar los duelos mediáticos entre el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético de la Guerra Fría.

Tal es el caso de la periodista independiente Bianca Graulau que tuiteó cuando el cripto inversionista Brock Pierce compró el hotel W en Vieques y Bacó le comentó: “propaganda socialista”.

bacó bianca
Bacó, atacando una periodista en las redes sociales.

Exfuncionarios como Bacó, Colorado y Morgan Stubbe, han sido señalados en la opinion pública por estar involucrados en la creación, aprobación o implementación de las leyes 20 y 22, para luego fungir como consultores sobre los incentivos contributivos que ofrecen.

Asimismo, según explica el reportaje del CPI, hay bufetes grandes, como Reichard & Escalera, cuyos clientes de las leyes 20 y 22 figuran como un segmento dentro de la división de impuestos y los demás servicios legales que ofrecen. Otras firmas legales más pequeñas, como Stolberg Attorneys at Law, concentran su práctica alrededor de los beneficios de estos incentivos. Mientras, hay compañías de gestoría que han sido parte del programa de Promotores Cualificados, como The 20/22 Act Society y PRelocate, que se dedican completamente a la promoción de las leyes 20 y 22 y los trámites burocráticos que necesitan hacer sus beneficiarios ante las agencias gubernamentales de Puerto Rico. Algunos de estos gestores son al mismo tiempo beneficiarios de las leyes 20 y 22.

Además, en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el abogado de impuestos y administrador de la firma Global Economic Optimization, Giovanni Méndez, recordó que “cuando se creó la ley 22 en 2012, los inversionistas tenían acceso a los incentivos exclusivamente a través de grandes bufetes como Pietrantoni Méndez Alvarez y de firmas de contabilidad como BDO”. Entre 2013 y 2017 Méndez trabajó para BDO como consultor sobre las leyes 20 y 22.

Resalta también ese reportaje del CPI que la polémica figura de “Promotor Cualificado Oficial”, mientras tanto, fue creada en 2015, junto al “Reglamento para incentivos por promoción”, del DDEC, bajo la dirección de Bacó en la administración de García Padilla. Aquel embeleco proponía que un “propotor cualificado oficial”recibiría un incentivo proveniente del 10% del pago de contribuciones sobre ingresos que hicieran los negocios acogidos a la ley 20. Ese 10% iría a un fondo especial establecido por el Secretario del Departamento de Hacienda llamado “Fondo Especial para el Desarrollo de la Exportación y Servicios y Promoción”. El promotor cualificado podía recibir hasta un 75% de la cuantía que ingresara anualmente a ese fondo especial. El incentivo se le daría por 15 años, según el reglamento. Pero el Gobierno nunca pagó el incentivo. Bacó explicó en ese reportaje del CPI que “después que se dedicaron a promover negocios, el Gobierno se pasaba la bola del Departamento de Hacienda al Departamento de Desarrollo Económico y [el programa del Promotor Cualificado] dejó de funcionar porque la gente no iba a seguir invirtiendo su tiempo y su dinero si no les estaban pagando”.

Oposición a enmiendas de Zaragoza

Como ya resaltamos, Morgan Stubbe y Colorado lideran la ofensiva de este grupo de “oposición bipartidista”, y son muy vocales, en especial cuando hay vistas públicas. Según expresaron en sus ponencias y en el comunicado enviado en mayo, “el concepto de exportación de servicios está en nuestro ordenamiento jurídico desde la Ley de Incentivos Contributivos Industriales de 1987”, pero “sin embargo, para el año fiscal 2011-2012 la Oficina de Incentivos de DDEC tenía en récord menos de 50 decretos de exportación de servicios en un periodo de aproximadamente 25 años, a pesar de que la tasa contributiva máxima era de 3.9% sobre el ingreso neto de exportación cuando se tomaba en consideración la exoneración de 90% provista por la Ley de Incentivos de 1987”.

Según su ponencia, “el Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2011-2012 buscaba incentivar la exportación de servicios y se pensó que beneficios sobre ingresos pasivos (lo que eventualmente terminó siendo la Ley 22) atraerían la exportación de servicios”.

“Utilizar la tasa del 4% de la Ley 20 de por sí no generaría el interés de personas para trasladarse a Puerto Rico. En cambio, fijar la tasa de 0% para los ingresos pasivos y mantener el 4% para la exportación de servicios ha probado dar los resultados esperados para aumentar la exportación de servicios desde Puerto Rico. En un periodo de 9 años (con huracanes, terremotos y pandemia) se han generado sobre 3,000 decretos de exportación de servicios. Un aumento aproximado de sobre 6,000%. Estos datos son evidencia clara de que ambas leyes se complementan y se deben mercadear de forma conjunta para mover el sector de exportación de servicios y atraer inversionistas a la Isla en momentos que Puerto Rico está en quiebra y no tiene acceso a capital”, señalan en la ponencia en contra del P. del S. 684.

El DDEC sabe que no cuenta con los recursos para fiscalizar a los millonarios que reciben IRI como se supone, pero no dejan de cantar las loas de la ley 22. Indicaron vía email que, según un análisis comisionado en 2019 a Estudios Técnicos los beneficiarios crearon 4,400 empleos; invirtieron $1.3 billones en propiedad inmueble; pagaron $8.8 millones en impuesto sobre la propiedad, consumieron servicios por la suma de $703 millones y rentaron por valor de $560 millones. Además, destacó que un estudio realizado en el 2021 por Econométrika concluyó que bajo tres leyes – la Ley 22, Ley 20 y Ley 273 – se han creado entre 33,000 a 39,000 empleos en la Isla, produciendo $ 1,245 millones en economía y que sin estas leyes el índice de actividad económica hubiera sido 2.64 puntos menor.

No obstante, no especificaron cuáles empleos fueron creados bajo cuáles leyes. Fuentes nuestras, cercanas a individuos de Ley 22 en la zona norte plantean que, de esos empleos, la mayoría son de servicio inmediato, es decir, choferes, nanas, cocineros, mucamas… hasta personal trainers y maestras de yoga son incluidas en esta supuesta empleomanía que parece haber afianzado la diferencia entre estratas sociales.  

Mientras tanto y aún con las imperfecciones que puede presentar una ley que propone aún más el distanciamiento entre las clases socioeconómicas, el proyecto enmendador de Zaragoza busca atajar algunos aspectos de la Ley 22, en pos de una mayor fiscalización. Cuenta con recomendaciones realizadas por el economista José Caraballo-Cueto, precisamente de la firma Econométrika, que ha realizado estudios tanto de manera independiente como para el DDEC sobre esta ley.

caraballo cueto

“Sin duda, hay un grupo que se beneficia de gestoría de Ley 22, que no quieren que estas enmiendas se pasen”, expresó Caraballo Cueto en entrevista con Cuarto Poder.

“Creo que es el momento ahora de asegurarnos que se hagan inversiones que es lo que necesita la economía de PR en areas que beneficien al país, como pueblo hay que prestarle oído a personas que están velando estos intereses del país no quienes estan velando los intereses de su bolsillo”, acotó Caraballo-Cueto, en alusión al P. de S. 684, cuya autoría, curiosamente, unió al popular Zaragoza con Thomas Rivera Schatz, del PNP, y que cuenta con la atención de otros senadores, como María de Lourdes Santiago del PIP y Rafael Bernabe, de Victoria Ciudadana.

“Aquí hay una serie de leyes de donde hay un grupo de personas que se benefician, en el caso de la ley 22 hay un grupo de personas que se benefician que vengan inversionistas que no invierten, no son inversionistas, pero necesitan alguien que le haga las gestorías para buscar el decreto, porque eso no es automaticamente que se mudó de EEUU y tiene automaticamente incenivos hay que solicitar un decreto, y eso lo hace un gestor y algunos de esos gestores se están oponiendo a que haya un cambio”, destacó Caraballo Cueto.

Pero no tan solo son esos gestores. Aquí hasta la Junta de Control Fiscal está tosiendo, y no es por el Polvo del Sahara, según sugiere una carta firmada por el abogado de la Junta Fiscal, Jaime El Koury, en poder de Cuarto Poder, que luego de ser divulgada entre las partes interesadas la misma semana de la vista del Proyecto 284 se dijo que se había publicado por error y que todavía se encuentra en un proceso de revisión interno. Se conoce que la Junta promueve la austeridad intensa para Puerto Rico, pero nunca habían dicho na’ oficial sobre los decretos de exención bajo ley 22.

¿Cuales son las enmiendas?

Son varias las enmiendas propuestas a la ley 22 por el P. del S. de Zaragoza. Entre las principales, figura eliminar el trato contributivo preferente al inversionista extranjero sobre el local. Además, alteraría el “status” de paraíso fiscal de 0 contribuciones a uno de tasas preferenciales e incentivaría la inversión y la creación de empleos, similar a lo que hace el programa de visas para inversionistas extranjeros del Gobierno Federal (EB-5).

También, promueve una mayor fiscalización, con más mecanismos para la revocación de los decretos, y elimina el requisito de comprar vivienda y los bienes raíces, que no se considerarían una inversión elegible a menos que sea para el desarrollo de vivienda asequible. De igual manera, prohíbe la combinación de este incentivo con cualquier exoneración del CRIM y crea el fondo para la Capitalización de PYMES, UPR e Iniciativas de vivienda asequible, un aspecto copiado también en la propuesta de Tatito Hernández en la Cámara.

Además, el P. del S. 684 impondría una tasa de 10 %por ingresos de intereses y dividendos que no estará sujeto a Contribución Básica Alterna, con una inversión inicial de $1M y otra de 5% con una inversión inicial de $2M, entre otras enmiendas.

Mira las enmiendas:

Valdrá esperar para ver si este proyecto senatorial recibe el aval de la Legislatura, o si será el proyecto cameral de Hernández Montañez, beneficiado en donativos por cabilderos como Morgan Stubbe, el que salga airoso. Eso sí, todo apunta a que los beneficiarios del IRI cuentan con aún más ventajas que el puertorriqueño o la puertorriqueña de a pie para echar hacia adelante en su propia isla, pues la clase política que ocupa el poder, los mismos que reciben su dinero en donaciones, los respalda.

Reaccionan los cabilderos a favor de mantener la Ley 22 igual

Nos comunicamos con los portavoces de medios del grupo que envió el comunicado de prensa en mayo, autodenominado como “el Grupo bipartidista de Exfuncionarios de Fomento”. A continuación le ofrecemos este intercambio de forma íntegra, que consiste de las preguntas que les emitimos sobre este tema y las respuestas que recibimos.

Cu4rto Poder: ¿Cuánto impacto entienden ustedes que tiene ahora mismo en la Legislatura su cabildeo para que no le hagan cambios a la ley?

Grupo bipartidista de Exfuncionarios de Fomento: Nuestra postura es cónsona con la de la mayoría de las otras entidades que han depuesto en contra del Proyecto ante la legislatura de Puerto Rico o no lo han endosado. Entendemos que los legisladores tomarán en consideración la experiencia, conocimiento y compromiso con el bienestar del país de estos profesionales que representan diversos sectores del quehacer económico de Puerto Rico.

Cu4rto Poder: ¿Por qué rechazan moverse hacia una mayor fiscalización, si sobra la nébula con estos decretos, como muestran los casos del millonariamente moroso en Rhode Island, Giovanny Feroce, señalado por el IRS; el implicado en el escándalo de las pruebas COVID, Aaron Vick, quien dijo que reside en Virginia; y el candidato al senado de Vermont, Brock Pierce, quien dijo residir en Vermont? ¿No va esto contra los principios de política pública que enarbolaron en sus años de servicio público?

Grupo bipartidista de Exfuncionarios de Fomento: El Grupo de Exfuncionarios de Fomento no se opone a la fiscalización. Según se establece en nuestra ponencia ante la Comisión de Hacienda entendemos que es posible que algunos recipientes de exención contributiva bajo la Ley 22 puedan haber abusado de sus beneficios o haber violado nuestras leyes. Es claro que si violaron el decreto de exención contributiva o nuestras Leyes tendrán que atenerse a las consecuencias de la leyes locales y federales.

Cu4rto Poder:  En el caso del señor Morgan Stubbe, él mismo dijo que se aventajaba de la Ley 22 pues tiene clientes correspondientes a estos decretos de incentivos, ¿qué opina del proyecto cameral que presentó Tatito Hernández, a quién él le donó $2500 en 2020? ¿no ve conflicto en ir a deponer a una vista del proyecto de Zaragoza, a la vez que tiene clientes de Ley 22 y también cuando tan reciente como enero de 2022 le donó $2,800 al Comité de Amigos del presidente del Senado, José Luis Dalmau? 

Grupo bipartidista de Exfuncionarios de Fomento: El señor Jaime Morgan Stubbe, así como todos los  profesionales que componen el Grupo de Exfuncionarios de Fomento, es una de las personas más conocedoras del tema de Incentivos Contributivos en Puerto Rico. En su intervención en las Vistas Públicas resaltó el impacto positivo que esta Ley tiene en el desarrollo económico de Puerto Rico, y en la generación y preservación de 40 mil empleos en diversas industrias locales. Como cualquier ciudadano tiene el derecho de ejercer su profesión, compartir su experiencia y peritaje,  y de realizar donativos bajo el amparo de la Ley 222-2011 para la Fiscalización de Financiamiento de Campañas Políticas de Puerto Rico.

Vea el reportaje de Cuarto Poder (WAPA-TV)

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