Universal Properties Realty Government Services LLC, la empresa contratada por al menos 22 municipios para manejar sus programas de estorbos públicos, pretendía vender propiedades que declaraba estorbos a José Deyá González, quien a su vez es vicepresidente de esta corporación.
Así lo establece al menos cinco demandas de expropiación forzosa en Humacao, analizadas por Cuarto Poder (WAPA-TV) en los que JJ Inversiones Inc., presidida por Deyá González, aparecía como posible adquiriente.
El presidente de Universal Properties, Andrés Reyes Vélez, respondió que no tienen a nadie en su empresa comprando estorbos “porque eso sería subterfugio, eso es un delito y estamos muy conscientes, porque nuestra base está llena de abogados, que eso no es así”.
Finalmente en ninguno de los cinco casos la expropiación se llevó a cabo ya que el mismo municipio desistió voluntariamente debido a “serios conflictos de intereses entre las partes y representaciones” y a una “total discrepancia en torno a las interpretaciones legales que los representantes del municipio, tanto legales como contractuales, efectuaban para justificar algunas acciones, asuntos relacionados a determinar la justa compensación y manejo de las cuantías producidas para esos fines”, según dicta la moción de desistimiento en todos los casos.
El mismo contenido textual aparece en las mociones de desistimiento de otros casos de expropiaciones en ese municipio. Humacao es uno de los cinco municipios que le cancelaron contratos a Universal.
Se amontonan los conflictos de interés
Por otro lado, expertos en la problemática de propiedades abandonadas, consideran que esto se suma al señalado conflicto de interés en torno a la corporación que, fue referida al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor por un alegado de esquema de fraude con el manejo de estos programas municipales.
Para Luis Gallardo, director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción de Hábitat, el conflicto de interés surge “porque ellos [Universal Properties] identifican la propiedad, […] son los que declaran, son los que limpian, son los que establecen el costo del valor de esa limpieza. […] Son los que juzgan en el sentido de que, si alguien apela, ellos son los que supervisan la venta, luego son los que venden, también son acreedores. O sea, por las deudas que ellos supuestamente generaron por hacer la limpieza ellos están en las demandas como un acreedor. Un acreedor que tiene interés en el gravamen correspondiente. Así es que son acreedores, son los abogados del municipio y cobran una comisión”.
Reyes Vélez, aseguró en entrevista con Cuarto Poder que la empresa ni vende, ni declara estorbos y que “vive de la comisión que logra”.
En los contratos entre la empresa y los municipios, se establece que Universal gana $5 mil dólares de comisión por cada residencia vendida, $3 mil por solar o finca, $5 mil por propiedades comerciales o mixtas y un seis por ciento de la venta cuando se trata de propiedades industriales.
Precisamente, el hecho de que Universal reciba comisiones, representa una violación a la Ley 10, que reglamenta el negocio de Bienes Raíces en Puerto Rico, según explico el licenciado Kendall Krans. Esto debido a que la empresa opera con una licencia de bienes raíces vencida desde marzo de 2022.
“Cualquier corporación que ejerza las bienes raíces en Puerto Rico tiene que estar debidamente licenciada. Cobrar comisión es una clara violación a esa ley”, puntualizó Krans, quien ha llevado al menos dos casos en contra de Universal en los que sus clientes compraron propiedades a la empresa que todavía no habían sido declaradas estorbos y no fueron traspasadas a ellos.
Sin embargo, el abogado de Universal, Antonio Álvarez, insistió durante la entrevista que “no se cobra comisión de la propiedad, se cobra de los gastos que el tribunal aprueba para la eliminación de la condición de estorbo público”.
No queda claro en qué realmente consiste el trabajo que lleva cabo Universal, puesto que su presidente estableció que la empresa no vende, no declara y tampoco expropia los estorbos, a la misma vez que justificó que cobran mucho más que otras organizaciones porque se hacen cargo de más etapas en del proceso.
La cantidad de dinero que factura Universal por sus servicios supera los $20 mil en algunos casos, mientras que organizaciones como el CRH facturan alrededor de $300 por el manejo de estorbos en los municipios. Pero según Álvarez, no se trata del mismo trabajo.
“No es el mismo servicio, ellos llegan a la mitad del proceso. Ellos trabajan con el municipio en la declaración del estorbo público, luego no llevan el proceso de expropiación en los tribunales y nosotros sí hacemos esa parte”, expuso Álvarez.
Para Gallardo, no es cierto que Universal no declara estorbos. “Si tu buscas las propuestas de ellos, ellos hacen todo el proceso de declaración, inclusive si buscas los avisos públicos en el periódico, aparecen con logos de Universal, no con logos del municipio”, dijo.
En la propuesta adjuntada a algunos de los contratos entre Universal y municipios se establece que, las propiedades declaradas estorbo público “se pueden adquirir por compra venta y/o mediante el procedimiento de expropiación forzosa como un esfuerzo por parte del personal de Universal Properties Realty Government Services LLC, y/o participantes interesados”.
También indica la propuesta que, “en este proceso, Universal Properties Realty Government Services LLC es la entidad que cobrara las comisiones y los costos necesarios según sean presentados en el proceso de aprobación previo a su ejecución y hacer depositados según la ley 10 en la cuenta plica de Universal Properties Realty Government Services LLC y/o su delegado”.
¿De dónde sale el dinero?
Aunque los miembros de Universal han reiterado en varias ocasiones que no cobran de fondos públicos, si no de comisiones, hay quienes aseguran que esto no es cierto.
“Cobran de la comisión de las ventas, esas ventas se realizan con dinero depositado para el fin de cubrir la justa compensación, la justa compensación son fondos públicos, así que ellos están cobrando un porcentaje de los fondos públicos que se depositan”, explicó Gallardo.
Además, el abogado entiende que compañías como Universal se benefician de que el Código Municipal permita borrar las deudas que las propiedades que se declaran estorbos tienen ante el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).
“La deuda es un bien público y el bien público, esa deuda, se está borrando para que Universal Properties pueda vender la propiedad a un precio más bajo y ahora pues a su otra corporación [JJ Inversiones]”, añadió el director del CRH.
