La defensa del suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, solicitó la desestimación de los cargos presentados en su contra alegando que los fiscales especiales independientes ocultaron dos cartas del municipio, que consignaban que el ayuntamiento recuperó los $9 millones en fondos legislativos destinados para mejoras al hospital de trauma que se le imputa malversar.
La moción titulada “Escrito solicitando desestimación por quebranto al debido proceso de ley” incluye copias de dos misivas del ayuntamiento y de los cheques que totalizan $9 millones, que fueron depositados en las cuentas del municipio.
“El ministerio público ocultó evidencia exculpatoria, la cual de haber sido llevada ante el tribunal, obligaba a éste a determinar que no había causa probable para ordenar el arresto del aquí compareciente”, afirmó el licenciado Harry Padilla Martínez en la moción de 19 páginas.
El pasado 1 de junio, los fiscales especiales independientes Miguel Colón Ortiz y Manuel Núñez Corrada presentaron dos denuncias en contra de Rodríguez y de la directora de Finanzas del ayuntamiento Yahaira Valentín Andrades. Imputaron al dúo incurrir en un delito de omisión en el cumplimiento del deber (Artículo 262 del Código Penal) y otro de malversación de fondos públicos (Artículo 264).
En la vista de determinación de causa para arresto celebrada ese día, Colón Ortiz argumentó que el alcalde colocó en riesgo los $9 millones asignados al ayuntamiento a través de tres resoluciones legislativas al traspasarlos a la empresa municipal Mayagüez Economic Development (MEDI) y permitir inversiones riesgosas contrarias a la intención legislativa.
Señaló que el municipio recuperó unos $4 millones de la Comisión de Intercambio y Valores (SEC, en inglés), pero que pagó $1.2 millones en gastos de honorarios de abogados. Reconoció también que el ayuntamiento recibió $1.8 millones como parte de la alegada ganancia del dinero invertido, pero no lo sumó como parte del dinero recuperado por el municipio.
Padilla Martínez rechazó esas aseveraciones y aseguró que los delitos imputados no se configuraban porque, contrario a lo que alegaba el ministerio público, no había habido pérdida de fondos públicos, un elemento indispensable que debía probar el Estado. El veterano abogado insistió en que el municipio había recuperado la totalidad del dinero asignado por la Asamblea Legislativa. También dijo que su cliente era víctima de un timo. Colón Ortiz, en su turno, refutó los planteamientos del abogado.
Ni la defensa, ni el ministerio público presentaron una certificación ese día.
“Es totalmente falso. Tan reciente como unas semanas atrás volvimos a pedir a finanzas de Mayagüez que nos certificara el dinero recibido y no llega a lo que alega. Nuestra prueba y lo que tenemos acreditado es que se recibieron $4 millones a través del SEC”, apuntó fuera de sala el fiscal especial ante preguntas de Cuarto Poder (WAPA-TV).
Ante el choque de versiones, Padilla Martínez formalmente solicitó al ayuntamiento información relacionada al dinero recuperado y copia de las misivas enviadas al ministerio público.
En una carta del 4 de mayo de 2022 dirigida al fiscal Colón Ortiz, la directora de finanzas e imputada en este caso desglosó las partidas recibidas:
-$1.8 millones que remitió ex asesor financiero del alcalde, Eugenio García Jiménez, como adelanto de los intereses de los fondos invertidos.
-$746,250 que pagó el SEC el 30 de septiembre de 2021.
– $2.9 millones de la demanda de daños y perjuicios incoada por MEDI, que recibió $4,118,876. La diferencia se debe a los gastos de honorarios de abogados.
-$2.9 millones de otra transacción que logró MEDI, que recibió $4,100,000. La diferencia responde al pago de honorarios de abogados.
Estas partidas suman $8,346,250.
Pero en una carta del 13 de mayo al fiscal Colón Ortiz, el alcalde interino, Jorge Ramos Ruiz, informó que MEDI emitió al municipio un cheque de $653,750. Así las cosas, el municipio recibió los $9 millones exactos.
“Ese reembolso completa la devolución de las cuantías transferidas a MEDI provenientes de las resoluciones conjuntas que motivaron la investigación”, indicó Ramos Díaz en esta comunicación.
Posterior a la indagación del abogado, Ramos Díaz envió ambas cartas por mensajero a la Oficina sobre el Panel del Fiscal Independiente porque los registros mostraban que el fiscal especial había recibido las comunicaciones por correo electrónico, pero las cartas certificadas habían llegado de vuelta al ayuntamiento.
“La realidad fue que el FEI habiendo recibido la prueba del recobro, mucho antes de la vista de determinación de causa para arresto, no reveló la misma al imputado, menos aún al tribunal. Él sabía o debió haber sabido que dichos documentos eran evidencia exculpatoria y material”, apuntaló Padilla Martínez en la moción de desestimación del 9 de junio.
Según el tracto del expediente, la jueza Joie-Lin Lao Meléndez del Tribunal de San Juan atiende la moción, que objetó el fiscal Colón Ortiz.
Por el esquema de fraude con la inversión de $9 millones, ya se declaró culpable a nivel federal Roberto Mejill Tellado, otro asesor financiero. García Jiménez, Arnaldo Irizarry Irizarry y el entonces director ejecutivo de MEDI, Alejandro Riera Fernández, esperan por el juicio.
