Tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como el Municipio de Rincón y la Junta de Planificación (JP) cuentan con poderes ministeriales y recursos legales para asegurar que se derrumbe el muro ilegal del condominio Sol y Playa, que en este momento defiende la Policía en la playa Los Almendros, y así evitar confrontaciones mayores durante las actuales protestas.
Mientras, fuentes de este medio aseguran que la Policía de Puerto Rico deberá retirar la Fuerza de Choque durante las próximas horas y dejar la zona “con tres o cuatro policías” de cara al 4 de julio, a la vez que su oficina de prensa indica que el costo del erario en el desplazamiento de efectivos en el área “no es algo que se puede determinar en este momento”.
El recurso de deslinde de oficio es una de las herramientas que tiene el DRNA para que se ejecute el derrumbe del muro, a la vez que el Municipio y la JP pudieran acudir a los tribunales a buscar recursos legales para obligar un desacato, pues no se ha acatado la orden del tribunal para demoler el muro.
Mientras eso no pase, el inmobilismo de la situación asemeja asuntos que se han visto en años y meses recientes, como los casos de Santa Isabel y Salinas, documentados por Cuarto Poder y otros medios, y la reveladora investigación reciente de Ey Boricua! y Bonita Radio sobre una cantera ilegal de remoción de arena en Arecibo y las irregularidades durante el proceso de cese y desista en su contra.
DRNA y el deslinde de oficio
En el caso del DRNA, bastaría con cumplir con el Artículo 3 del Reglamento Núm.4860 de 30 de diciembre de 1992, según enmendado, para realizar un deslinde de oficio y con ello acabar con el caos ciudadano y el gasto público innecesario que ha provocado la situación.
Como cuestión de lógica, el deslinde es necesario, pues si demuelen y remueven el muro se necesitaría establecer el límite de propiedad. Si no se establece el deslinde, ¿cómo se pudiese exigir la cesión de la zona de separación para dedicarse a uso público a favor del DRNA cuando planeen realizar cualquier obra incluyendo verja o muro? Esta cancelación constante de ambos lados, además de la excesiva presencia policiaca en defensa del muro, es la que no permite cumplir con la Orden del Tribunal efectivamente.
Lo responsable, según los procesos, es que el DRNA realice el correspondiente deslinde, pues en su obligación está cumplir con el deber ministerial de establecer los límites tierra adentro de los Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestres (BDPMT) para garantizar y asegurar su integridad y adecuada conservación, para ordenar o realizar el saneamiento de estos bienes y de toda obra o uso no compatible o con su naturaleza. Además, esto iría en pro del principio que rige estos bienes, según estipulan los deberes ministeriales del DRNA: la utilización libre, pública y gratuita para los usos y aprovechamientos, acorde con su naturaleza, dónde no se requiere obras para el disfrute de la ciudadanía en general.
Una fuente de Cuarto Poder que pulula entre los círculos de abogados y abogadas ambientalistas en la zona noroeste, indicó, en condición de anonimato, que existe un movimiento para tomar acción de pueblo al respecto desde ese sector, pues “hay quienes entienden que se debe preparar un mandamus o injunction contra el DRNA, para que cumpla su deber ministerial y evite daños irreparables ante la inacción del DRNA… Hay muchos abogados ambientalistas que les gustaría participar de este proceso histórico. No es hacer el deslinde, es imperar, exigir y obligar al DRNA a cumplir con su deber”.
Asimismo, el otrora vicepresidente de la JP, Pedro Cardona Roig, señaló que “yo he hecho un llamado a la secretaria interina para que haga un deslinde provisional con lo que han recomendado varios expertos, pero no nos ha hecho caso”.
Dos fuentes anónimas distintas de Cuarto Poder indicaron que también tal recomendación se le ha hecho internamente a la secretaria interina y que es una opción que se analiza.
Según la sección 19, del articulo 6 de la Constitución de Puerto Rico, “será política pública del Estado Libre Asociado (ELA) la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”.
Municipio y JP pudiesen pedir desacato hace rato… pero ‘pichean’
Con respecto al Municipio y la JP, ambas entidades se han quedado de brazos cruzados y viendo el espectáculo desde las gradas, pues pudiesen solicitar un recurso para que se encuentre incursa en desacato a la junta de condómines del complejo Sol y Playa, pues desde el pasado 14 de junio, cuando venció el término para quitar el muro, según dictan los tribunales, se les puede señalar en desacato.
Fue el 14 de febrero de 2022, cuando el juez Abid Quiñones Portalatín, del Tribunal de Aguadilla, declaró nulo los permisos y ordenó demoler la verja que allí se levantó y limpiar el área de la playa, tras atender una demanda presentada por la Junta de Planficación para que se le revocara el permiso de construcción del área recreativa del condominio.
“El Municipio y la Junta de Planificacion pudieran solicitar un desacato, pues el plazo fue de 120 días, que comenzaron el 14 de febrero y vencieron el 14 de junio, por eso, a partir del día 15 de junio, basado en el hecho de que el condominio no ha hecho nada”, recordó Cardona Roig.
En un breve resumen de este caso, Cardona Roig destacó que la JP ha arrastrado los pies desde el principio con este caso, pues aunque las denuncias se habían hecho desde agosto, no fue hasta que la opinión pública se intensificó que actuó su Unidad de Auditoría. Recordó que luego de radicar la demanda, en septiembre del pasado año, se tardaron varios meses en diligenciar el emplazamiento de la demanda, pues, curiosamente, no se percataron que el certificado de la corporación que buscaban emplazar, Sol y Playa Corp., había sido revocado en el 2014, aún cuando eso se encuentra con un mero search en Google. Fuentes de Cuarto Poder vinculadas a al proceso de aquel entonces, indicaron que la corporación fue cancelada porque confligía con la leyes de condominios.
“Cuando la división legal [de la JP] hizo la notificacion a quien emplaza es a la corporacion extinta. Tardaron casi 3 meses en diligenciar bien la notificacion, publicar el edicto, etcétera, y por eso el caso no se ve hasta enero 2022, aunque inició en septiembre en 2021 y era un interdicto que requería que se actuase rápido en protección de esta zona costera”, apostilló Cardona Roig, indicando que eventualmente “se emplazó a la junta de condómines, a sus titulares, como lo requiere la ley”.
“Siendo un interdicto, había que actuar con diligencia” añadió, recordando que la junta de condómines de Sol y Playa “fue al Tribunal de Apelaciones, al Tribunal Supremo… Y nunca recibieron el visto bueno”.
Después de que pierden la segunda reconsideración del Tribunal Supremo, informada el 23 de junio, tenían tres días para justificar cualquier solicitud de justificacion adicional y ese periodo venció. En el récord del tribunal, hasta el viernes al menos no aparecía nada.
Reacción de DRNA: Cuerpo de Vigilantes fue a Rincón “a orientar a la ciudadanía”
Mientras, ante las imágenes en redes sociales que muestran a efectivos del Cuerpo de Vigilantes al lado de la Policía que protege el muro ilegal del condominio Sol Y Playa en medio de manifestaciones en la playa Los Almendros, la secretaria interina de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, recalcó que dichos oficiales fueron allí “orientar a la ciudadanía con el fin de proteger los recursos naturales y el habitat que existe en esa área”.
De igual forma, subrayó que el DRNA se mantiene firme en la orden emitida a principios de junio que ordena un nuevo deslinde de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) frente a Sol y Playa.
“Todos los asuntos en torno al condominio Rincón y Playa, en Rincón, se han ido resolviendo en los tribunales y en vistas administrativas ante el DRNA. Por supuesto, cualquier manifestación pública es permitida, siempre y cuando esté dentro de los parámetros de las leyes y reglamentos aplicables. Si no lo están, le corresponde decidir a la Policía de Puerto Rico y al Ministerio Fiscal, no al DRNA”, señaló mediante comunicado de prensa.
“Este pasado martes 28 de junio, el DRNA NO ACOGIÓ RECONSIDERAR una solicitud de la Junta de Directores del Condominio de nuestra Resolución de principios de junio que ordena un nuevo deslinde de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) frente a Sol y Playa. En esa Resolución, el DRNA declaró “nula ab initio” la certificación de deslinde de la ZMT de dicho Condominio. Por otro lado, cualquier parte interesada puede comenzar un nuevo proceso de deslinde”, apuntó.
“El Tribunal General de Justicia de Aguadilla ya ordenó la remoción de la construcción ilegal del área de recreación del Condominio. Además, desde el año pasado el DRNA ordenó medidas para proteger la vida silvestre en la zona, con lo cual hemos estado vigilantes”, añadió.
“Por tal razón, como conocíamos que habría una manifestación, el Cuerpo de Vigilantes se estaba asegurando de orientar a la ciudadanía con el fin de proteger los recursos naturales y el habitat que existe en esa área; es incorrecto decir que el Cuerpo de Vigilantes protegía hoy el muro exterior del Condominio. Como es nuestra misión, protegemos en la medida en que nuestros recursos lo permitan la vida silvestre y los recursos naturales”, puntualiza en el comunicado la funcionaria.
“Ahora, por ser Puerto Rico una Isla de ley y orden, las leyes y reglamentos le permiten a cualquier parte afectada solicitar reconsideración de las resoluciones emitidas por las agencias, así como pueden apelar a una corte superior las determinaciones judiciales. Son muchas las personas de nuestra comunidad que se han acogido a ese derecho”, acotó.
“El pueblo de Puerto Rico debe reconocer que sus instituciones han sido efectivas en resolver esta controversia. Por tanto, los objetivos ambientalistas de preservación y conservación en esta zona se han ido cumpliendo. El DRNA no intervendrá si son otros los objetivos. Nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico es y será la conservación y protección de los recursos naturales”, finaliza la misiva enviada a los medios.
Reacción de la Policía: “Nuestros policías están allí cumpliendo la ley”
Tras el arresto de anoche de una ciudadana durante las protestas, Cuarto Poder pidió una reacción de la Policía, auscultando además información sobre la cantidad de efectivos movilizados a la playa Los Almendros, el costo que esto tiene para el erario y cuántos fueron movidos a esta zona de sus puestos en otras zonas, considerando que este fin de semana es uno de harta actividad pues es feriado.
“La Policía de Puerto Rico tiene el deber de velar por los derechos de todos los ciudadanos. Con este fin y asumiendo nuestra responsabilidad de garantizar la seguridad pública y hacer cumplir la ley y el orden, asignamos personal para atender una convocatoria a manifestarse en los predios aledaños a Playa y Sol en Rincón”, nos respondieron desde la oficina de prensa de la Policía.
“Los manifestantes tienen el derecho a protestar y la Policía a velar por eso y por la seguridad de todos. En la mañana de hoy en Rincón, una manifestante, violentando la ley, empujó a varios policías. Al intentar detenerla, esta agredió a uno de ellos. Por tal razón, fue arrestada. Nuestros policías están allí cumpliendo la la ley y asegurando el derecho de todos los ciudadanos por igual”, señalaron.
“La cantidad de efectivos no se indica por un asunto de seguridad. Con relación al costo estimado, no es algo que se puede determinar en este momento”.
En un parte de prensa, la Policía identificó a la mujer fue como Zaida Morales Santiago, de 48 años, residente de Añasco. Según el reporte, la mujer agredió a un policía en el brazo izquierdo. Agentes del C.I.C de Aguadilla, División de Arrestos y Allanamiento, supervisados por el Sargento Armando González, consultaron con el fiscal Víctor Ramos para la posible radicación de cargos contra la imputada.
Intentamos contactar al alcalde de Rincón, Carlos Bonilla, para que reaccionara a esta situación, pero al momento de esta publicación no respondía mensajes ni llamadas.
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