El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reiteró ayer que la cancelación del contrato de L&R Equestrian para administrar Bosque Ecuestre en el Parque Monagas se debe a serias irregularidades en el manejo del mismo, a la vez que resaltaban que el centro operó sin pagar el canon de arrendamiento durante casi tres años, fuera de los parámetros fiscales correspondientes.
El administrador de las instalaciones y líder de L&R Equestrian, Israel López, cuestionó el pasado lunes la información presentada por el DRNA la semana pasada, cuando la secretaria Anaís Rodríguez informó en primicia al programa Cuarto Poder que el contrato de concesión de esta empresa sería cancelado por falta de pago y problemas con la permisología.
En comunicación telefónica y cibernética con Cuarto Poder, López aseguró que un documento firmado en 2020 por el exsecretario del DRNA Rafael Machargo exonera de pagar renta a L&R Equestrian Management, empresa que lidera López, debido a que el lugar no tiene servicio eléctrico desde ese momento. Desde 2013, L&R Equestrian Management administra las instalaciones que fueron remodeladas para los Juegos Centroamericano y del Caribe de 2010, en un contrato que inicialmente fue firmado por la Administración de Parques Nacionales y que ahora está bajo jurisprudencia del DRNA.
Hace dos semanas, la Secretaria dijo a Cuarto Poder que encontraron serias irregularidades en el contrato de arrendamiento, como incumplimiento de pago durante varios años, además de fallos crasos con la permisología adecuada. Rodríguez señaló que emitió una moción de cancelación del contrato, ordenando a la parte arrendataria a que salga de las instalaciones.
Mira esa carta del DRNA que explica las razones de la cancelación:
“Entre los incumplimientos notificados se encuentra estar en atraso con el canon de arrendamiento. Aun cuando mediante comunicación enviada por su representación legal con fecha del 14 de junio de 2023 alega que ha habido modificaciones de forma verbal en el canon de arrendamiento, nuestro estado de Derecho no permite tales consideraciones. Tales alegaciones, de ser correctas, violentan nuestro ordenamiento jurídico que establece que para que un contrato otorgado por el Estado y una parte privada sea valido y exigible, este debe constar por escrito previo a las prestaciones correspondientes y tiene que haber sido aprobado por el jefe de la dependencia correspondiente. Es decir, firmado por la autoridad competente”, reza la carta del DRNA.
“Incumplir con esta norma jurídica atenta contra los más básicos principios de sana administración pública. La subscribente, como máxima autoridad del Departamento, no ha autorizado de ninguna forma la modificación o enmienda al contrato numero 2014-00017, y no existe registrada en la Oficina del Contralor ninguna enmienda para reducir el canon de arrendamiento acordado, por lo que las cláusulas vigentes, válidas y exigibles son las acordadas entre las partes en el contrato suscrito”, añade.
Aunque no hubo modificaciones en el contrato como se suponía, López entiende que el documento que posee sobre lo acordado con Machargo en 2020 evidencia que el DRNA tenía un acuerdo con L&R Ecuestrian.
“En un acuerdo escrito, no verbal, se quedó por escrito con el secretario Machargo que nos eximen del canon mensual debido al gasto del diésel, del generador y del mantenimiento”, señaló López.
Según expresó López, el documento firmado por Machargo “demuestra que DRNA nos otorgó una dispensa de pagos debido a la situación de energía eléctrica del parque duradero hasta el momento en que se restaurase la electricidad. Cabe la pena enfatizar que el gasto de la planta, su mantenimiento y el diesel suman a una cantidad mayor que el pago de arrendamiento mensual”.
Mira la carta firmada por Machargo:
La carta, con fecha del 28 de septiembre de 2020, señala que le aprueban créditos de renta por los meses de julio, agosto y septiembre de ese año, tras solicitarlo al estar el parque Julio E. Monagas sin electricidad durante los meses antes mencionados.
“Luego de analizar su solicitud y verificar los recibos correspondientes a gastos de combustible, renta, aceites, piezas y arreglo de la planta del Programa de Parques Nacionales, accedemos a su petición de otorgarle los siguientes créditos de acuerdo a su renta mensual de $4,100”, destaca la carta. Luego procede a desglosar los pagos diferenciales que se le pidió por esos tres meses.
Entonces indica: “Toda vez se reincorporen los servicios eléctricos en el parque Julio Enrique Monagas, el canón de arrendamiento regresa al cien por ciento (100%) conforme a establecido en el contrato firmado entre ambas partes”.
No precisa más e insta a que, de haber alguna inquietud, se comunique con el entonces Secretario Auxiliar de Parques Nacionales, Gerardo Hernández Guzmán. Luego aparece la firma de Machargo, quien abandonó el puesto de secretario del DRNA el 1ro de abril de 2022.
Sobre la razón por la que hace casi tres años Bosque Ecuestre no tiene electricidad, López señaló que “hay un problema con un cable interno del parque que le toca a Recursos Naturales arreglar”.
Al ser abordada al respecto, la Secretaria del DRNA respondió que “el contrato es claro, si había que poner generador era con cargo al arrendatario”.
Con respecto a que al DRNA le toca arreglar el asunto de la electricidad en Bosque Ecuestre, indicó que “el parque es un Parque Nacional y ha sido reclamado dentro de los procedimientos de FEMA. Hemos comenzado los procedimientos de recuperación y reconstrucción para este y los demás parques”.
“La carta que él presenta denota claramente que era un reembolso por los meses en cuestión. Para eso el contrato debió enmendarse ante el Contralor”, acotó Rodríguez. El DRNA afirmó que desde septiembre 2021 no reciben pago por el canon de arrendamiento de parte de L&R Equestrian.
López puntualizó que ha intentado explicar sus posiciones sin éxito ante el DRNA: “casi todas las semanas vamos y no nos atienden”.
Mientras, un documento de la investigación del Municipio de Bayamón a raíz de una querella en contra de L&R Equestrian, al que tuvo acceso Cuarto Poder, señala que “se descubrió que L&R Equestrian Management Corp no cuenta con Permiso de Uso y/o Permiso Único. En la propiedad solo hay permiso único para Carrusel en La Sebastiana”. Informa también en esa misiva el Municipio a la abogada Ana Quintero Santiago, en representación del querellante Jan Kraemer, que la parte querellada radicó una solicitud de permiso único con el número 2023-494115-PU-222691.
López aseguró tener permiso de uso y subrayó que el reglamento de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) le da hasta el 21 de agosto para convertirlo en un permiso único. No obstante, presentó a Cuarto Poder un documento de permiso de uso con fecha de julio de 2010, expedido a nombre de otra entidad, “Centro Ecuestre”. En el registro de corporaciones del Departamento de Estado, aparece una entidad llamada “Centro Ecuestre de Puerto Rico, Inc.”, que fue terminada el 16 de abril de 2014. El permiso para “Centro Ecuestre” mostrado por López es para una corporación distinta a L&R Ecuestrian, empresa que firmó el contrato tres años más tarde con Parques Nacionales y en noviembre cumpliría 10 años operando allí.
Mira ese documento aquí:
Tal y como señala el reportaje presentado en mayo por Cuarto Poder, denuncias de maltrato de animales en Parque Ecuestre realizadas en febrero del 2022 por la rescatista de caballos Kelley Amanda Stobie fueron desestimadas por la Policía de Puerto Rico, según explicó el oficial Samuel Flores.
López enfatizó que en sus instalaciones “no hay maltrato” y que los caballos que salen en el reportaje de Cuarto Poder “son de ese mismo grupo de gente” que han hecho las denuncias ante el DRNA, el Municipio de Bayamón y el General Service Administration (GSA), entidades gubernamentales con injerencia en los terrenos donde ubican las instalaciones en cuestión.
Mostró también un documento firmado por el médico veterinario Iván René Cardona Durán, quien atiende a los equinos bajo el cuidado de L&R Equestrian Management, donde indica que “en general la mayoría de los ejemplares en el Bosque Ecuestre se encuentran en buena salud, a excepción de varios ejemplares que parecen de cojeras por lesiones recientes o problemas respiratorios por condiciones crónicas”, y otra querella desestimada en mayo de este año, en la que Cardona Durán ofrece su opinión, según el narrativo policiaco.
En mayo, varias personas que mantienen caballos allí radicaron querellas ante el DRNA y otras agencias, subrayando informes de tres peritos distintos de ingeniería mecánica y eléctrica, donde alertaban sobre el peligro de incendios en las instalaciones y señalando irregularidades en el cumplimiento del contrato de arrendamiento con respecto al mantenimiento del lugar, lo que propició al DRNA a investigar.
López presentó a Cuarto Poder una certificación eléctrica del Colegio de Peritos Electricistas con fecha del 9 de junio de 2023 y un certificado de la empresa Department Fire Equipment con fecha de febrero de 2023 y duración de un año, que dice que cumple con el Código NFPA de extintores y con las normas establecidas por el Codigos de Bomberos de Puerto Rico.
Asimismo, le suministró a este medio la certificación de cumplimiento (“good standing”) que expide el Departamento de Estado para las corporaciones y una carta de la Federación de Ecuestre de Puerto Rico que cataloga el lugar apto para realizar competencias.
En inicio, López aludió a una corporación inscrita por sus denunciantes, llamada Monagas Equestrian Group Inc, como parte de un supuesto esquema en su contra, aún cuando dicha entidad fue disuelta en julio. De igual forma, señaló a la corporación denominada Monagas Equestrian Center donde funge Jorge Díaz, uno de sus señaladores, como persona autorizada. Ambas partes también litigan en los tribunales varias demandas de carácter civil.
No es la primera vez que estas instalaciones destinadas al deporte ecuestre caen en controversia. En el Informe de Auditoría CP-99-8 19, de marzo de 1999, enfocado en las operaciones fiscales del Fideicomiso para el Desarrollo, Operación y Conservación de los Parques Nacionales de Puerto Rico realizado en 1999 por la Oficina del Contralor, se determinó que una empresa administradora de esas instalaciones, que no fue nombrada en esa investigación del Contralor, incurrió durante más de dos años en morosidad en sus pagos, además de fallar en las reparaciones y mejoras a las áreas, según determinaba el contrato de arrendamiento.
Mira esa auditoría del Contralor de 1999 aquí:
Defensores de ambas partes escriben y llaman constantemente a esta redacción. Los partidarios de López aluden a que riñas entre los usuarios de estas instalaciones de ecuestre provocaron confabulaciones en contra de L&R Equestrian, indicando que la pugna comenzó por los cursos de equitación. Los denunciantes apuntan a la mala administración y la irresponsabilidad como la raíz de los problemas, señalando que la carencia por atender la situación eléctrica entre la administración y las autoridades ha desembocado en el sufrimiento de los caballos y que no entienden cómo en 10 años L&R Equestrian no ha sacado la permisología adecuada ni ha hecho las mejoras que les exige el contrato, aún cuando estiman que el pago por tener los caballos allí le genera a la empresa más de $45 mil dólares mensuales. Todos mencionan que dan esta lucha por la niñez que practica el deporte y coinciden en que la situación ha afectado a los más jóvenes.
Se ha mencionado la posibilidad de una cooperativa comunal para administrar el sitio, donde se celebran competencias de ecuestre, se dan clases de equitación y se ofrecen servicios de equinoterapia. Ni el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), ni el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) se han expresado en relación a esta pugna en el principal centro de competencia ecuestre de Puerto Rico.
