Dueño de Yatea tiene hasta el 28 de enero para decidir si se declara o no culpable

A poco más de un año de la presentación de cargos en su contra, Jorge Javier Marrero Gerena, dueño de la compañía puertorriqueña de renta de botes de lujo conocida como Yatea, todavía no ha radicado su alegación de culpa como parte del proceso criminal que se sigue en su contra en el Tribunal Federal.

El 8 de octubre de 2020, un gran jurado acusó a Marrero Gerena de cuatro cargos de explotación infantil, pero en junio pasado El Vocero informó que la abogada Melanie Carrillo había solicitado tiempo adicional para evaluar la evidencia del caso en medio de negociaciones con el ministerio público, representado por la fiscal federal Jennifer Hernández.

El juez federal Raúl Arias Marxuach acogió una moción de la defensa y extendió la fecha límite para ese trámite hasta el 28 de enero de 2022. Ese día debe informar si alcanzó un acuerdo con el ministerio público y hará una alegación de culpa o si hará una alegación de no culpable y enfrentará juicio por jurado.

El pliego acusatorio imputa a Marrero Gerena intentar coaccionar a una menor para tener sexo y producción de pornografía infantil. Alega que el empresario utilizó las cuentas de Yatea en Instagram y WhatsApp para enviar mensajes de texto y compartir fotos y videos con menores de edad.

La acusación detalla que -el 8 de febrero de 2020- el acusado indujo a una menor de 16 años a participar en una conducta sexualmente explícita con el fin de producir una representación visual de dicha conducta.

Marrero Gerena también enfrenta dos cargos por usar un instrumento de comercio interestatal (un teléfono celular), y un servicio de mensajería directa a través de las redes sociales para intentar coaccionar a dos personas, que éste creía eran dos menores de 13 años y de 15 años para participar en actividades sexuales.

De ser encontrado culpable, el hombre se expone a una sentencia obligatoria, que oscila entre 15 a 30 años, por el cargo de producción de pornografía infantil y de 10 años a cadena perpetua por los cargos de incitar a una menor para incurrir en conducta sexual explícita.

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