La vista de presentación de cargos contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, su mamá Rita Molinelli Freytes y la corporación Ocean Front Villas, quedó “paralizada” esta tarde luego de que la defensa solicitó la inhibición de la jueza Iris Rodríguez Castro alegando que tuvo contrato previo con la prueba del caso.
La jueza Rodríguez inicialmente rechazó la petición de recusación de los abogados José Andreu Fuentes Ricardo Prieto García y Frank Torres Viada, pero ante la insistencia del equipo de la defensa consultó a la jueza administradora Laura Lis López Roche y a su regreso a la sala 907 -tras una breve pausa, informó que concedía 5 días a las partes para expresarse sobre la controversia.
Así las cosas, los abogados defensores y los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario, Miguel Colón Ortiz, Zulma Fúster Troche y Leticia Pabón Ortiz tienen hasta el 10 de mayo para presentar la moción escrita.
La determinación constituye un primer revés para las fiscales especiales, que se presentaban a una prueba de fuego tras poncharse en la vista de presentación de cargos del senador del Partido Popular Democrático, Albert Torres Berríos, y enfrentarse a una oleada de señalamientos de persecución política que aúpan la legisladora y los seguidores del MVC.
En la mañana, los fiscales especiales presentaron un total de 51 denuncias contra las tres imputadas: 24 contra de Nogales Molinelli, 17 contra de su progenitora y 10 contra de la corporación, que tiene propiedades de alquiler en Humacao. Las denuncias, según los fiscales, incluyen cargos de evasión contributiva por supuestamente presentar planillas falsas y ocultar ingresos, perjurio y faltar a la obligación de divulgar información a la Oficina de Ética Gubernamental.
Como parte del trámite, los abogados y fiscales intercambiaron prueba documental y anunciaron los testigos que sentarían durante la vista, que solo requiere una “scintilla” de evidencia para la determinación de causa para arresto.
El fiscal Mendoza, que encabeza el equipo del ministerio público, entregó a la defensa y a la jueza copias de informes financieros de los pasados dos años, planillas de contribución de ingresos de los pasados cinco años, certificaciones de dos corporaciones, certificaciones electorales y las órdenes de registro y allanamiento, que procuró para procurar la prueba del caso.
Anticipó que sentaría a declarar tres testigos: la agente Yanira Valdez para identificar a la legisladora, Héctor Bladuell de la OEG y Jossian Serrano del Departamento de Hacienda.
El licenciado Andreu, quien representa a la legisladora, presentó una declaración jurada de Rita Molinelli, que acompañó con anejos e informó que sentaría a declarar a dos contadores públicos autorizados: Roberto Vélez y Ángel Marzán.
La jueza entonces decretó un receso de cuatro horas para retirarse a evaluarse la prueba y para darle tiempo a la defensa a realizar su propio análisis de la prueba. Pero al retomar la vista al filo de las 4:00 p.m., la defensa presentó la solicitud de inhibición ante la sorpresa del público en sala.
En síntesis los abogados defensores argumentaron que la jueza Rodríguez Castro había tenido contacto previo con la prueba del caso porque había emitido una orden de registro y allanamiento para las cuentas bancarias de las imputadas el pasado 25 de enero de 2023.
Al autorizar ese registro, aseguraron los abogados que la jueza ya había adjudicado la credibilidad de uno de los testigos del ministerio público, el agente de Hacienda, Andrés Clark, quien justificó la orden de registro.
“Ese contacto previo que usted tuvo al determinar causa probable nosotros entendemos que es equivalente a lo que la Regla 76 y el canon 20 establecen como haber prejuzgado o haber tenido contacto previo con la prueba de una manera que inhabilita al señor juez para actuar”, apuntó el licenciado Andreu.
Afirmó no se trataba solo de una apariencia de parcialidad o de falta de imparcialidad sino que estaba en juego la credibilidad del sistema judicial.
“No es la verdad de lo que el juez piense. Es lo que terceras personas puedan inferir”, insistió el abogado.
Pero ese no fue el único argumento para impugnar el procedimiento.
El licenciado Torres Viada, quien representa a Ocean Front Villas, planteó que los fiscales obtuvieron las planillas de las imputadas de forma ilegal.
“El ministerio público obtuvo esas planillas de forma ex parte mediante un requerimiento al Negociado de Procesamiento de Planillas de Hacienda sin que para ello mediara una orden judicial y sin que le hubiera notificado previamente al ciudadano objeto de ese requerimiento, cuyos derechos de intimidad iban a ver vulnerados con la emisión de esas planillas y eso sencillamente es ilegal”, aseguró el letrado.
El fiscal Mendoza refutó los planteamientos de los abogados defensores y aseguró que se trataban de técnicas dilatorias y de argumentos infundados para confundir al público que observaba la vista en vivo.
Argumentó que la jueza no tenía que inhibirse de forma automática puesto que la prueba ante su consideración era diferente a la evaluada para la orden de registro.
Señaló también que el testigo en pugna no se sentaría a declarar en esta del proceso judicial.
“Están sacando de contexto a los tratadistas que citan”, apuntaló Mendoza durante la vista que se transmitió en vivo por medios digitales y televisivos luego de que Cuarto Poder (WAPA-TV) solicitó al Tribunal Supremo acceso para la transmisión en directo.
La jueza Rodríguez inicialmente rechazó inhibirse y señaló que no había tenido contacto previo como alegada la defensa, pero al final acató la determinación de la jueza administradora y entregó la prueba que evaluado a los fiscales y abogados. Indicó también que mantendría en bóveda las denuncias. Luego salió de sala sin ofrecer una fecha para la continuación del procedimiento.
Fuera de sala, la representante Nogales y sus abogados que recalcaron que la presentación de cargos respondía a un encargo del senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz por el trabajo de fiscalización de la legisladora, conocida por su defensa de las causas ambientales y en contra de la pena de muerte.
“Lo más grande más grande que tiene Puerto Rico es su sistema judicial. Es lo único que puede ser verdaderamente imparcial en controversias de este tipo que sabemos que son controversias políticas. Aquí todos sabemos que a Mariana Nogales se le están sometiendo estos casos por asuntos políticos. No hay nada más que ver que por primera vez en la historia el querellante es Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías. Eso nada más les demuestra cuán podrido está este caso desde el principio”, apuntó Andreu.
“Por lo tanto, es bien importante en esta situación tener una Rama Judicial que pueda ser totalmente imparcial. Tener una Rama Judicial que la decisión tomada, sea la que sea, que la gente tenga confianza en el resultado. No que hayan manchas finales en resultado”, agregó.
El fiscal Mendoza negó las imputaciones de persecución política y defendió la decisión de presentar cargos. También indicó que las planillas se obtuvieron mediante órdenes emitidas por diversos jueces.
“Ningún revés, el caso ha comenzado. Se ha alcanzado esta etapa y nosotros vamos a continuar batallando. Es una estrategia del licenciado que es sumamente conocida y dilato y dilato y dilato y atraso para ver como recupero porque estoy bien atrás”, afirmó.
“No porque las cosas absurdas en derecho yo no las puedo anticipar”, agregó ante una pregunta si no se podía anticipar la petición de inhibición.
El año pasado, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designó un fiscal especial para investigar a fondo las alegaciones contenidas en referidos presentados ante el Departamento de Justicia por los senadores Rivera Schatz y Matías, y el director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas.
El informe preliminar de Justicia, que recomendó la designación de un fiscal especial, se centró el informe financiero que la representante radicó ante la OEG, pero los fiscales especiales ampliaron la pesquisa para incluir a la madre de la legisladora y la corporación familiar.
La médula de la controversia gira en torno a Ocean Front Villas y el papel de la legisladora en dicha corporación.
Nogales Molinelli reconoció que omitió información en su informe financiero por error y renunció a todas las posiciones que tenía en las corporaciones familiares. Además, aseguró que no generaba ingresos de la corporación Ocean Front Villas, que ahora preside su madre.
Al trascender la controversia, la propia legisladora pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, que refiriera el caso a la Comisión de Ética. Dicho cuerpo recomendó el pago de una multa de $2,000 por la radicación del informe financiero incompleto. El pleno de la Cámara acogió la sanción y la representante pagó la multa.
