El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia defendió hoy la legislación que viabilizó el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) ante la interpretación del estatuto que realizó la Junta de Control Fiscal (JCF) e indicó que atenderá el asunto de las pensiones de los maestros y jueces mediante legislación.
La aprobación de la Ley 53 enfrentó reparos entre los senadores y senadoras porque la versión de la medida que impulsaba el ente fiscal permitía el recorte a las pensiones de los jubilados y de los servidores públicos activos. El Senado finalmente aprobó la medida tras insertar en el proyecto lenguaje ambiguo, que aseguró, protegería todas las pensiones. Pero el lunes la Junta presentó una moción ante la jueza federal Laura Taylor Swain informando que enmendaría el PAD solo para eliminar el recorte de 8.5% a las pensiones de $1,500 hacia arriba.
“Vamos a hablar con precisión. La legislación fue clara y la Junta así lo ha acogido en cuanto a que no pueden haber recortes a las pensiones y la Junta está enmendado el Plan de Ajuste para eliminar la sección que recorta las pensiones para todos los retirados del gobierno. Eso se corrigió”, afirmó Pierluisi Urrutia en un aparte con la prensa tras participar en un evento del Departamento de Educación.
“La Junta lleva años, esto no es nuevo, insistiendo en que se deben reformar los sistemas de pensiones de los maestros y de los jueces y eso ha estado ahí en el plan fiscal certificado ya por años, alrededor de cuatro o cinco años. Eso no son noticias. Mi posición es que ese asunto se debe atender por la vía legislativa. Entonces, ahora mismo la Junta está planteándole a la juez Taylor Swain que puede hacer esos cambios en los sistemas de retiro de los maestros y de los jueces sin necesidad de recurrir a la Asamblea Legislativa. Eso se está litigando. La Asociación de Maestros lo ha litigado. La Oficina de la Administración de los Tribunales lo ha objetado y la juez es la que lo va a decidir”, agregó.
En esa línea, el gobernador señaló que existe consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para aprobar legislación que atienda el dilema de las pensiones independientemente de la decisión que tome la jueza que atiende el caso de la quiebra gubernamental.
“Tan pronto las finanzas del gobierno mejoren y eso va a ser así cuando este Plan de Ajuste sea confirmado, nosotros vamos a poder atender los reclamos de nuestros servidores públicos por regla general, incluyendo los maestros, incluyendo los policías. O sea, que todos estén tranquilos que lo importante aquí es que se confirme el Plan de Ajuste, que el gobierno esté en mejor condición financiera para entonces atender todos los reclamos vengan de donde vengan”, apuntaló.
Según la interpretación de la Junta, la Ley 53 no detiene la congelación de beneficios de retiro a empleados públicos activos contemplada en el PAD. Tampoco exige que se hagan los ajustes a las pensiones por el costo de vida o inflación.
Las vistas para certificar el Plan de Ajuste a la Deuda empiezan el 8 de noviembre. Pero más allá del recorte a las pensiones, expertos han insistido en que el pago de la deuda es insostenible y que las proyecciones de la propia JCF estiman que Puerto Rico enfrentaría otra quiebra en el 2036.
