Gobernador desafía la Junta Fiscal y asegura no frenará reforma laboral en sector privado

Mediante carta, la Junta de Control Fiscal ordenó hoy al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia detener la aplicación de la Ley 41, que amplió derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras del sector privado.

Pero el mandatario en declaraciones escritas aseguró que no frenará la implementación del estatuto.

“El gobierno le suplirá a la Junta toda la información solicitada, pero mantendrá la Ley en vigor. Esto es así, ya que la Ley PROMESA no faculta a la Junta a paralizar la implementación de una ley, sino más bien le permite recurrir al Tribunal Federal a impugnar la misma. De ocurrir eso, el gobierno defenderá la enmiendas a la Reforma Laboral ante el Tribunal. Como he dicho en repetidas ocasiones, el propósito principal de esa legislación es aumentar la participación laboral, incluyendo en los proyectos de la reconstrucción en curso, lo cual es clave para el desarrollo económico de Puerto Rico”, afirmó Pierluisi Urrutia.

El presidente de la Junta, David Skeel, realizó la petición en una misiva de 10 páginas enviada hoy  a Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. En la carta, Skeel solicitó información al ejecutivo para evaluar el impacto del estatuto a la luz de los requerimientos de Promesa y su cumplimiento con plan fiscal certificado. También ordenó detener su implementación hasta que el ente fiscal culmine su análisis.

“Además, instamos al Gobierno a emitir una declaración pública que confirme dicha suspensión para evitar confusiones entre los patronos privados que se preparan para la implementación de la ley, a pesar de que ya se haya determinado que perjudica y/o anula los propósitos de PROMESA”, indicó Skeel.

El ejecutivo tiene hasta el 22 de julio para entregar la información requerida.

El pasado 20 de junio, a través de un mensaje televisado, el primer ejecutivo anunció que había estampado su firma al Proyecto de la Cámara 1244 que restituyó derechos que los empleados y empleadas del sector privado habían perdido al aprobarse la Ley 4 del 2017. Al realizar el anuncio, Pierluisi Urrutia rechazó los planteamientos esbozados por la JCF, luego de que la Legislatura aprobó la medida. En ese momento como ahora, el ente fiscal esgrimió que Pierluisi Urrutia no podía firmar la medida porque era inconsistente con el plan fiscal certificado. También alegó que la pieza legislativa tendría un efecto adverso en la economía.

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