Hace casi siete años, el Departamento de Justicia investigó una querella que imputaba al entonces alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, incurrir en actos de corrupción y conflicto de interés por otorgar el polémico contrato de recogido de basura de $14.7 millones a la empresa Waste Collection, que pertenecía al entonces asesor legal del ayuntamiento y su “amigo personal” Oscar Santamaría Torres.
El Departamento de Justicia nunca informó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) sobre la pesquisa, ni remitió el informe preliminar con alguna recomendación, como exige la Ley a pesar de que encontró que un enjambre de manipulaciones y malabares técnicos rodeaban la transacción, que abrió la puerta a Santamaría Torres para amasar $121 millones en contratos gubernamentales a través de su empresa Waste Collection.
Justicia tampoco le siguió el rastro a Santamaría Torres, un abogado con múltiples frentes corporativos que se convirtió en un exitoso contratista con el don de conseguir contratos con municipios azules y rojos.
La presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives, confirmó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que nunca recibió una notificación de Justicia informando el inicio de la investigación, ni recibió el informe preliminar recomendando el cierre de la causa.
El entonces secretario de Justicia, César Miranda, admitió el incumplimiento con la Ley del FEI sin darle mayor importancia.
“Esa omisión, aunque injustificada, no tuvo mayor consecuencia ya que la investigación concluía y fundamentaba que el alcalde no había incurrido en delito alguno”, indicó en declaraciones escritas.
INICIA INVERSTIGACIÓN DE JUSTICIA
El informe de 22 páginas, que este medio solicitó al amparo de la Ley de Transparencia, describe como por siete meses, la fiscal Vilmary Rodríguez Pardo de la División de Integridad Pública de Departamento de Justicia investigó las alegaciones contenidas en una querella que se presentó ante la agencia el 11 de agosto de 2015.
El 5 de abril de 2016, el entonces director de Integridad Pública, Alberto Valcárcel Ruiz, la directora asociada Wilda Nin Pacheco y Rodríguez Pardo enviaron al secretario de Justicia, César Miranda, el “informe en solicitud de cierre de la investigación”, que concluyó que no existía evidencia para sostener delitos de soborno, confabulación o de influencia indebida en las operaciones gubernamentales en contra de Carrasquillo Cruz, ahora asesor en asuntos municipales del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Actualmente Válcarcel Ruiz y Rodríguez Pardo son jueces superiores.
“Hasta el momento y con la prueba recopilada, todo lo antes expuesto podría ser catalogado como inmoral y ‘orquestrado’ pero dicha conducta no puede ser catalogada como un delito”, apunta el informe.
Como parte del análisis, Rodríguez Pardo solicitó al alcalde copias del contrato de Waste Collection, las propuestas que evaluó previo a recomendarle a la Legislatura Municipal la aprobación del polémico contrato y los contratos de asesoría legal de Law Affairs PSC, la otra empresa de Santamaría Torres.
FISCAL ENTREVISTA A SANTAMARÍA
También entrevistó a 13 personas, incluyendo a Santamaría Torres, quien llegó a Justicia el 7 de marzo de 2016 con su abogado Ernie Cabán, quien formó parte del equipo de transición del nuevo alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill Rosa, quien ocupa la poltrona municipal luego de que Ángel Pérez Otero renunció tras su arresto por recibir sobornos a cambio de contratos que otorgó a Island Builders, otra empresa vinculada a Santamaría Torres.
“El abogado (Cabán) le recomendó a su cliente que no testificara toda vez que había sido mencionado continuamente en recortes periodísticos relacionados a la investigación, así como que se habían publicado ‘subpoenas’ vinculadas a la misma. Se le advirtió que se le podría estar citando a través del Tribunal”, señala el informe de Justicia.
“Es menester señalar que el abogado (Cabán) aludió a que estamos en año eleccionario y que no iba a exponer a su cliente a prestar testimonio”, agrega el informe de Justicia sobre la única citación para entrevistar a Santamaría Torres un mes antes de cerrar la pesquisa.
En su comunicación a Miranda, el equipo de fiscales también detalló que Santamaría Torres, suspendido del ejercicio de la abogacía tras su convicción federal, renunció a ser el representante legal del Municipio de Cidra el 10 de febrero de 2014, tres días después de que el alcalde cabildeó con éxito ante la Legislatura Municipal por el contrato de recogido de basura.
ALCALDE FIRMA CONTRATO
Cuatro días más tarde, el 14 de febrero, Carrasquillo Cruz firmó el contrato con Waste Collection, que garantizaba el reclutamiento del personal que quedaría desempleado como resultado del cambio de compañía de recogido de basura y que suponía un ahorro de $180,000 anuales para el ayuntamiento.
La minuta de la reunión de la Legislatura Municipal de Cidra consignó que Carrasquillo Cruz aseguró que no sabía quién era el dueño de Waste Collection, pese a los rumores y sospechas que apuntaban que la empresa le pertenecía Santamaría Torres.
A finales del 2013, Santamaría Torres contrató a Jerry Cruz Figueroa, un exayudante del fenecido alcalde popular de Caguas, William Miranda Marín, para presidir Waste Collection, empresa que el abogado dirigía hasta el momento.
El 8 de noviembre de 2013, Cruz Figueroa se convirtió en el agente residente de la empresa y el 24 de enero de 2014 en el presidente, según los registros corporativos del Departamento de Estado. La exesposa de Santamaría Torres asumió el rol de vicepresidenta.
Cruz Figueroa declaró que Santamaría Torres lo utilizó para conseguir el contrato. Tres meses de después de la transacción, lo despidió y quedó a cargo de las operaciones de la empresa nuevamente.
El propio Cruz Figueroa relató a la fiscal Rodríguez Pardo que Santamaría Torres coordinó directamente con el alcalde la presentación de la propuesta de la empresa. Otra empleada contó que llegó a esa reunión con el alcalde por orden de Santamaría Torres.
Santamaría Torres incorporó a Waste Collection el 5 de septiembre del 2012. El informe de Justicia señala que enmendó los documentos corporativos para quitar su nombre de los puestos directivos (agente residente y presidente) solo para los efectos de la contratación con el ayuntamiento de Cidra.
DUDAS SOBRE LA CONTRATACIÓN
Como parte del informe, Justicia recogió la desconfianza generalizada que imperó en la licitación. Por ejemplo, el dueño de una empresa que participó en la subasta “tuvo la impresión de que el proceso fue proforma”.
“Aunque nos resulta increíble que el alcalde desconociera que el señor Santamaría era el dueño o que tuviese algún vínculo con la compañía, el Alcalde siguió el procedimiento para la autorización del contrato siguiendo las disposiciones legales vigentes”, apuntala el informe.
“Podríamos también especular sobre si la compañía obtuvo información interna para preparar la propuesta de Waste Collection, pero no contamos con evidencia de confabulación alguna de parte del alcalde y el Sr. Santamaría que pueda demostrar comisión de delito por parte del ejecutivo municipal o cualquier otra persona en la investigación”, añade.
Tras determinar que no se configuraba ningún delito, la División de Integridad Pública entendió que era “prudente” referir las alegaciones a la Oficina de la Contralora y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
El 18 de abril de 2016, el ex secretario de Justicia Miranda envió el informe a la pasada directora de la OEG, Zulma Rosario Vega, y a la contralora Yesmín Valdivieso Galib. Ninguna de las agencias detectó irregularidad o levantó alguna bandera ante las maleables prácticas gubernamentales que se siguieron a la hora de formalizar el contrato.
“El análisis de los hechos y la evidencia presentada nos lleva a coincidir con las expresiones del DJ en cuanto a que no existe evidencia que demuestre un conflicto de interés y que resultaría altamente especulativo determinar lo contrario”, determinó Valdivieso Galib.
La OEG archivó la querella en julio del 2017 tras no contar con prueba para demostrar potenciales violaciones administrativas a la Ley de Ética puesto que este estatuto tiene un alcance limitado porque solo admite el conflicto de interés entre un servidor público y su pariente, socio o miembro de la unidad familiar. En el caso de Santamaría Torres, la agencia no tiene jurisdicción sobre contratistas.
Al perder las elecciones generales del 2020, Carrasquillo Cruz extendió la vigencia del contrato de Waste Collection hasta el 15 de febrero de 2031. Pero el actual alcalde Ángel David Concepción González lo canceló el 1 de julio de 2021.
Pese a que Justicia no encontró evidencia de delito, la fiscalía federal encaminó una investigación gubernamental que encontró que Santamaría Torres sobornó alcaldes y funcionarios públicos a cambio de contrataran a Waste Collection u otro de sus frentes corporativos.
Ya se han declarado culpables de participar en ese esquema: Santamaría Torres, el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo; el exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués; y el codueño de JR Asphalt Raymond Rodríguez Santos. También esperan juicio el vicealcalde de Trujillo Alto Radamés Benítez Cardona, el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero y Mario Villegas Vargas, codueño de JR Asphalt.
Hasta el momento no se han presentado cargos en contra de Carrasquillo Cruz, aunque el nombre del exalcalde ha sido mencionado por diversas fuentes periodísticas como uno de los funcionarios bajo la lupa federal. Esa pesquisa continúa.
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