El juez federal Francisco Besosa ordenó hoy la liberación inmediata de Antonio Ramos Cruz, uno de los dos convictos por la llamada masacre de Trujillo Alto de 1989, mientras el juzgado espera porque el Departamento de Justicia radique unas transcripciones en inglés para atender una petición de liberación del hombre.
La decisión del juez sénior ocurre ante un reclamo de Ramos Cruz de que permanece encarcelado ilegalmente a nivel estatal a pesar de su inocencia. En el 2020, Ramos Cruz presentó el recurso de habeas corpus por derecho propio, pero en el camino se unieron al caso dos abogados de la oficina del defensor público.
A pesar del tiempo transcurrido y de las repetidas posposiciones del caso, Justicia no pudo presentar todos los documentos traducidos al inglés y tampoco ofreció propuestas a Besosa de cómo iba a proveer los documentos necesarios para resolver la solicitud ante su consideración. En cambio, Justicia planteó que la traducción de los documentos seria onerosa y que costaría $130,000.
Ante este cuadro, el juez federal determinó esta mañana que hasta que el gobierno pueda proveer los documentos, Ramos Cruz va a estar libre bajo supervisión del tribunal federal.
Ramos Cruz y Antonio Ramos Cruz resultaron convictos por el asesinato de Haydée Maymí y sus dos hijos de 5 y 3 años el 25 de junio de 1989. Por este crimen, fueron condenados a 297 años de cárcel en 1992.
Pero en 2017, ambos convictos quedaron en libertad luego de que la entonces jueza del Tribunal de Carolina, Berthaida Seijo Ortiz, les concedió una petición de nuevo juicio tras determinar que existía evidencia nueva de ADN que no estuvo disponible durante el primer proceso judicial. Dos años después, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución y el reclamo de ambos convictos no prosperó ante el Tribunal Supremo. Por eso, regresaron a la cárcel.
A nivel estatal, el Proyecto Inocencia de la Universidad Interamericana representó a Ramos Cruz, el único de los dos convicto que acudió en auxilio al Tribunal Federal.
Ante la orden de excarcelación del convicto, Justicia acudió al Primer Circuito de Apelaciones de Boston para detener la acción del juez Besosa. Este foro denegó la petición para paralizar la directriz mientras se resolvía la apelación.
REACCIÓN DE JUSTICIA
Tras la decisión de Besosa, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, defendió las acciones de su agencia. Aquí sus expresiones íntegras:
Antonio Ramos Cruz fue declarado culpable por haber cometido una masacre, al asesinar a una madre y sus dos hijos en Trujillo Alto en el año 1989.
El convicto ha perdido todos y cada uno de sus intentos de apelación hasta el máximo foro judicial de PR.
Sus alegaciones han sido rechazadas por el tribunal una y otra vez porque no proceden en derecho y no le asiste la razón. A nivel estatal su sentencia es final y firme.
Ahora acudió al foro federal mediante un recurso civil de habeas corpus.
A pesar de que el Estado ha litigado responsablemente el caso de habeas corpus, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico condicionó su permanencia en prisión, mientras culmina el proceso judicial, a la entrega de la totalidad de las transcripciones de su juicio estatal traducidas al idioma inglés. Aunque se entregaron en español y se tradujeron las que eran pertinentes, conforme a las reglas de habeas corpus, el tribunal federal exigió al Estado entregar la totalidad, lo que sobre pasa los $130,000. Una carga onerosa que solo tiene la jurisdicción de Puerto Rico en la nación.
Se solicitó un término para entregar las transcripciones restantes en inglés, por su alto costo y volumen. Pero el tribunal federal determinó liberar al convicto de asesinato mientras se dilucida el proceso.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico apeló esta determinación.
Hemos propuesto al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito un calendario para que se atienda la apelación de manera expedita y que el convicto Antonio Ramos Cruz continúe cumpliendo su condena en prisión. Nuestra propuesta fue acogida por el foro apelativo federal.
