La empresa puertorriqueña Naicom Corporation demandó a la Fiscalía Federal y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), entre los que se encuentra Douglas A. Leff, ex agente especial de la división del FBI de San Juan.
Todos los demandados enfrentan una acción de derechos civiles por daños compensatorios y punitivos, en su carácter personal basado en una conspiración, combinación y acuerdo que involucra actos de mala conducta inconstitucional grave y abuso en los procesos, lo que resulta en una clara violación a la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos sobre registros e incautaciones razonables sin causa probable y sin orden judicial.
Los demandantes solicitan una indemnización de $25 millones.
Se alega que Leff fue responsable de revisar, analizar y discutir con el Asesor Legal del FBI la evidencia recolectada durante las investigaciones criminales por sus agentes subordinados del FBI.
Leff participó individual y colectivamente con todos los acusados en la investigación criminal que culminó con la ejecución de la orden inconstitucional y la búsqueda e incautación sin orden judicial contra los Demandantes. Sus acciones violaron los derechos constitucionales de los demandantes garantizados por la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la ley claramente establecida. Leff dejó su cargo en Puerto Rico el pasado mes de febrero sin querer abundar en las razones.
Los hechos se remontan al 27 de agosto de 2019, cuando FBI ejecutó dos órdenes de allanamiento, en compañía de investigadores de las empresas competidoras de Naicom, en los cuales se incautó equipo electrónico y una tableta que contenía “los secretos” de dicha empresa.
El documento legal, presentado por el abogado Rafael Castro Lang, indica que las órdenes de registro e incautación excedieron el alcance de lo que el magistrado federal autorizó.
