JGo confirma irá a la Cámara para hablar sobre persecución contra empleados públicos que la respaldan 

La comisionada residente Jenniffer González comparecerá el viernes, 17 de febrero, ante la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara para discutir las denuncias públicas que hizo hace unos días sobre supuestas presiones y amenazas de despido contra empleados del gobierno que no favorecen al gobernador Pierluisi. La comisionada residente denunció la semana pasada, en un acto político, que supuestamente algunos de sus seguidores, empleados públicos, estaban siendo perseguidos y amenazados.

El Nuevo Día

Dealers cobran $500 por tablilla de manera ilegal

El secretario de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, confirmó que es ilegal que los dealers cobren $500 por tablilla y que puede acudir a la agencia para radicar una reclamación y le devuelvan parte del dinero.

Dijo que si un carro es nuevo debe pagar $244 por tablilla y si el carro es usado no se supone que se le cobre nada porque ese vehículo ya tenía tablilla. 

Las personas pueden escribir a: [email protected]

Los datos son los datos

Casi 4 mil compras de propiedades en efectivo

En un periodo de 16 meses, en Puerto Rico se realizaron cerca de 4,000 transacciones de compraventa de propiedades en efectivo.

El Departamento de Hacienda utilizará inteligencia artificial y mecanismos de geolocalización para identificar la compraventa de propiedades en efectivo y comparar tales transacciones con la información que proveen individuos y empresas en sus planillas de contribución sobre ingresos.

El Nuevo Día

Defensa de Ángel Pérez pide al tribunal considere aplazar su juicio

La defensa del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, solicitó hoy a la jueza federal Aida Delgado Colón que tome medidas para minimizar los efectos de  la “publicidad adversa” que ha recibido este caso y que afecta el derecho del acusado a un juicio justo.

Aunque no lo solicitó el remedio de forma directa, la defensa pidió a la togada que considere si efecto negativo causado por la divulgación de una fotografía de Pérez Otero aparentemente aceptando un sobre blanco con dinero del convicto contratista Oscar Santamaría Torres “amerita” que aplace el proceso judicial hasta que “ese peligro disminuya”.

En su moción solicitando una fianza asegurada de $50,000 la fiscalía federal incluyó dos fotografías que según la defensa, compuesta por los abogados Osvaldo Carlo Linares, Eduardo Ferrer Ríos y José Olmo Rodríguez, tenían “el propósito de mejorar su posición de litigio ante el perjuicio del acusado”.

“Las fotografías se hicieron virales”, apuntaron en la moción de cinco páginas.

Los abogados no piden que un cambio de jurisdicción, ni renuncian a la celebración del juicio por jurado. Tampoco ofrecen un plazo de tiempo para el periodo de enfriamiento o para que amaine el efecto negativo de la divulgación de las imágenes, que el ministerio pública usará como evidencia en el juicio, que debe empezar el 13 de marzo.

También pide al la jueza Delgado Colón que enmiende la orden protectora para el manejo de la evidencia para evitar que “el gobierno no continúe con la ventaja injusta que obtuvo con la divulgación innecesaria” de prueba al público y potencial jurado.

En su respuesta, la Fiscalía Federal rechazó que la divulgación de las imágenes violentara el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial, pero nunca abordó el planteamiento de un posible aplazamiento del juicio.

A través de una moción de dos páginas, el jefe de la sección de Integridad Pública, Corey Amundson, y el fiscal Nicholas Cannon argumentaron que “no se puede decir que (la difusión de las imágenes) lo perjudicó al punto de que no recibirá un juicio justo”.

Señalaron también que en las fotos apenas se ve el rostro del acusado, quien lleva una mascarilla.

Plantearon a la jueza Delgado Colón que están listos para argumentar sobre este asunto de ser requerido y que no existe objeción a que se limite el documento a las partes del caso.

La sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza un juicio rápido e imparcial ante un jurado imparcial.

Los fiscales, además, rechazaron que la orden protectora vigente interfiera con la capacidad de los abogados de la defensa de entrevistar potenciales testigos y compartir con esas personas la evidencia que forma parte del descubrimiento de prueba.

“La orden protectora específicamente permite a testigos o potenciales testigos revisar el material del descubrimiento de prueba”, apuntaron.

Pérez Otero enfrenta cargos por participar en un esquema de sobornos para enriquecerse. La acusación federal en su contra imputa delitos de conspiración para cometer soborno y recibir comisiones ilegales (kickbacks) del convicto contratista Oscar Santamaría Torres, así como soborno y extorsión por recibir $5,000 mensuales desde finales del 2019 hasta mayo pasado. Por los delitos imputados, se expone a una pena de hasta 35 años de cárcel.

Gobernador propone reducir tasas contributivas para individuos y corporaciones

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, junto al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, presentó hoy un abanico de medidas para simplificar el sistema contributivo, que viene acompañada con alivios contributivos, que según el ejecutivo, beneficiarán a la clase media, que carga con el mayor peso contributivo, y a las corporaciones “para facilitar hacer negocios” en el país.

Pese a que realizó el anuncio hoy desde La Fortaleza, el proyecto de ley con la propuesta de reforma contributiva se realizará a finales de mes. Ya en ese momento el ejecutivo tendrá a la mano un estudio comisionado a las firmas Ankura Consulting Group, Deftec Corporation y Advance Business Consulting, que servirá para justificar los cambios ante la Junta de Control Fiscal (JCF).

Las nuevas tasas contributivas entrarían en vigor a partir de 1 de enero de 2023 y su impacto se reflejaría en la planilla de contribución de ingresos del 2024.

“Cuando dije que vamos a tener este estudio en tres semanas. Lo que queremos es que se radique el proyecto a final de mes, dos semanas antes de que la Junta emita el nuevo plan fiscal para que el nuevo plan fiscal idealmente lo incorpore. Esto está bien programado, pensado y las conversaciones que hemos tenido con la Junta son bien positivas”, apuntó.

“No puedo decir que esto como yo lo he anunciado tiene el visto bueno de la Junta. No quiero ponerle palabras en la boca a los miembros de la Junta, pero sí puedo decir que estamos conversando, que está todo notificado y que la Junta sabe perfectamente bien cuál es el objetivo que tenemos, que es crecimiento económico sin afectar la responsabilidad fiscal que debemos llevar”, añadió a preguntas de la prensa

La propuesta de Pierluisi Urrutia propone reducir la tasa máxima que pagan los individuos en Puerto Rico de 33% a un 30%. La tasa máxima a nivel federal en Estados Unidos es de 37% y la tasa media a nivel global es de 30%, por lo que la propuesta colocaría a Puerto Rico en una posición menos onerosa que la actual.

“El renglón de personas con ingresos desde $41,500 hasta $61,500—que hoy le aplica una tasa de 25% —lo estamos bajando a 24%.  Esto es importante ya que, actualmente, la tasa máxima de 33% aplica a personas con ingresos desde $61,500 en adelante. La tasa de 24% aplicará a ingresos desde $41,500 hasta $81,500, lo que pudiera significar una rebaja de 7% para algunos contribuyentes y, por consiguiente, un gran alivio contributivo a la clase trabajadora que no se beneficiaron del Crédito por Trabajo”, explicó el primer ejecutivo.

Indicó que se mantienen los descuentos de 5% y 3% por ciento establecidos mediante la Ley 257-2018 y la Ley 40-2020, respectivamente, para contribuyentes con ingresos de $100,000 o menos. Mientras que en el caso de los contribuyentes “Seniors” (personas de 65 años o más), se establece que el crédito a ser pagado a personas mayores de 65 años será de $400 y se elimina así la condición de superar ciertas cifras de recaudos para pagar los $200 adicionales.

El impacto fiscal de los cambios contributivos propuestos contribuyentes individuos es de $262.5 millones aproximadamente.

En cuanto a las corporaciones, el gobernador sostuvo que “en la actualidad, las corporaciones están sujetas a una tasa marginal de 37.5%, que se compone de una tasa de contribución normal fija de 18.5%, y una tasa de contribución adicional marginal de hasta 19 %. Nuestra propuesta contempla sustituir el régimen combinado actual por un régimen mucho más simple y progresivo comenzando en una tasa de 17% para empresas con ingreso neto de hasta $275,000. Para negocios con ingresos desde $275,001 hasta $3 millones se propone una tasa de 27%, lo que representa una rebaja de 10.5% en la tasa contributiva. Por último, aquellos negocios con ingresos mayor a $3 millones quedarían sujetos a una tasa máxima de 33%”.

En el caso de las corporaciones, Pierluisi explicó que, de un universo 53,000 contribuyentes corporativos, solamente unos 27,411 (o un 51.7%), tienen responsabilidad contributiva. Añadió que bajo esta propuesta, alrededor de 23,747 contribuyentes corporativos pagarían una tasa máxima 27%, lo cual estarían en una tasa contributiva similar a la media y el promedio a nivel nacional.

“La tasa máxima de 33% que proponemos, representa una reducción de 4.5%, respecto a la tasa actual. Pero la tasa máxima de 27% que le aplicaría a los pequeños y medianos comerciantes representa una reducción de 10.5% en comparación con la tasa actual. Estos cambios tienen un estimado de impacto fiscal de $283 millones aproximadamente”, añadió el gobernador.

En cuanto al IVU, se propone eliminar el pago en la cadena de distribución (importación y compra de inventario para la reventa). En esencia, lo que hoy opera como un sistema de créditos en la planilla de IVU, estaría moviéndose a un sistema de exención.

Pierluisi Urrutia agregó que el cambio tendría el efecto de eliminar las características del IVA (Impuesto al Valor Agregado), que tiene nuestro sistema actual y nos acerca a poder lograr un sistema de impuesto sobre la venta puro.

“Este nuevo sistema de exención propone establecer un mecanismo electrónico para que los comerciantes puedan informar sus ventas de inventario a Revendedores y crear un Certificado de Exención digital para comerciantes que importan o compran inventario para la reventa”, explicó.

El secretario Parés Alicea, señaló que hoy se perciben los resultados de los esfuerzos de fiscalización y acciones para combatir la evasión contributiva que ha ejecutado el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, destacó que aún queda mucho por mejorar para lograr un sistema mas equitativo y esta propuesta del gobernador Pierluisi indudablemente es un paso en esa dirección.

“Nuestra misión es continuar simplificando el sistema contributivo para que los ciudadanos de todos los sectores, se beneficien. La efectividad de las medidas del Departamento se han reflejado en los ingresos netos al Fondo General de los pasados cinco años, que han superado consistentemente las proyecciones del Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal”, dijo.

Explicó que, la efectividad de las medidas para aumentar cumplimiento se ha reflejado en los ingresos netos al Fondo General durante los pasados cinco años, que han superado consistentemente las proyecciones del Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión. La tendencia sugiere que los ingresos al Fondo General se sostendrán en un nivel similar al de los pasados dos años fiscales.

 “Considerando que el promedio excedente en recaudos, en comparación con lo proyectado es de $790 millones, aproximadamente, este alivio contributivo tendrá el efecto de redistribuir la carga contributiva de individuos y corporaciones en más de $500 millones”, aseguró.

El funcionario añadió que las medidas de simplificación que se están proponiendo, son también resultado de los trabajos y recomendaciones del Grupo Asesor para simplificar y mejorar el sistema contributivo de Puerto Rico, creado por el gobernador en octubre de 2021. Entre las principales medidas se incluyen:

-Simplificar el cumplimiento con declaraciones informativas y requisitos de planillas de contribución sobre ingresos.

-Consolidar o eliminar la radicación de informes anuales a distintas agencias gubernamentales.

-Armonizar fechas de vencimiento de planillas (estatales y municipales) y de informes anuales.

-Establecer una alternativa simple y ágil para que agricultores bonafide puedan acogerse a los beneficios del Código de Incentivos.

“La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Hacienda están colaborando en la preparación de un estudio económico sobre el impacto de estas propuestas contributivas en nuestro desarrollo económico y los cambios de comportamiento de nuestros contribuyentes individuales y corporativos. Este estudio, que debe estar listo en las próximas semanas, pretende informar el impacto a corto, mediano y largo plazo de nuestras propuestas para asegurarnos de que son viables y positivas para Puerto Rico. El mismo será compartido con la Legislatura cuando presentemos los proyectos de ley, así como con la Junta de Supervisión Fiscal, con cuyo personal ya hemos tenido conversaciones informales. Nuestra meta es promover un proceso de discusión amplio y responsable sobre estas propuestas para lograr darle un alivio a nuestros contribuyentes y seguir impulsando nuestro desarrollo económico”, concluyó el gobernador.

Ejecutivo impulsa eliminación del impuesto al inventario

La administración de Pedro Pierluisi Urrutia busca maneras para eliminar o modificar el impuesto al inventario, que afecta los niveles de abastos en los comercios del país.

Hoy, al anunciar una propuesta de alivios contributivos, el primer ejecutivo reveló que pidió al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que atienda este “reclamo” de la clase empresarial y que esta tarde sostendrá una reunión con los directivos de esta entidad municipal para conocer el estado de dicha petición.

“Esta tarde tengo una reunión con los directivos del CRIM para ver cómo van en ese proceso porque lo que están buscando es la forma de cambiar la imposición del impuesto al inventario para que no sea tan oneroso sin que afecten significativamente las finanzas municipales. Sabemos ya que los municipios están teniendo dificultad ante todos los recortes que han enfrentado en años recientes y sabemos que los municipios rinden servicios esenciales. No queremos afectar los servicios esenciales que ofrecen los municipios. Esto es un balance”, apuntaló en rueda de prensa desde La Fortaleza.

“Hay que entender que el impuesto al inventario es municipal. Es el CRIM que lo administra. De la misma manera que las patentes municipales son municipales y el impuesto a la propiedad mueble es municipal. Esos impuestos están en manos del CRIM. Por eso, estoy en proceso de reunirme con el equipo de trabajo y directivos del CRIM ante este reclamo que ha hecho la clase empresarial en Puerto Rico desde hace muchos años”, añadió.

Desde el inicio, el impuesto de 9% al inventario ha provocado malestar porque obliga a los comercios a pagar un arbitrio por mercancía que mantienen almacenada. Para evitar pagar ese gravamen, muchos comercios han optado por limitar el inventario, una decisión que causa preocupación en la ciudadanía en tiempos de emergencia, como en la época de huracanes.

“Está el reclamo. Es innegable y hay que atenderlo”, zanjó el mandatario.