Baja desempeño del estudiantado del sistema público tras el “lockdown”

El aprovechamiento académico de los estudiantes del sistema público empeoró en todas las materias en los pasados dos años, según reflejan los resultados de las pruebas estandarizadas de Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META).

El análisis forma parte de una presentación realizada durante la Cumbre de Líderes Educativos, que compara los resultados del año académico 2018-2019 y el 2021-2022. La presentación del Departamento de Educación contrasta el año previo al inicio de la pandemia del covid-19 y el año después del confinamiento y el retorno a las aulas con medidas para evitar el contagio con el virus.

La materia de ciencias sufrió la caída mayor. En esta asignatura el aprovechamiento académico bajó de 47.1 a 36.1%, es decir 11%. Le siguen en orden descendente, Español (45.1 a 35.5), Matemáticas (30.1 a 20.9) e Inglés (38.9 a 32.7).

A nivel de ejecución, el 19.4% del estudiantado es proficiente en español y el 16.1 se encuentra en una escala avanzada. Estos números son similares en inglés donde, el 19% es proficiente y el 13.7 está en un nivel avanzado. El 24.9% de los estudiantes es proficiente en ciencias y el 11.2% se sitúa en el nivel avanzado. En el caso de las ciencias, a pesar de que sufrió la mayor caída en términos de aprovechamiento, el 24.9% es proficiente en esta materia y el 11.2 se encuentra en un nivel avanzado.

Los resultados también revelaron que los estudiantes de nivel elemental obtuvieron resultados más altos que los alumnos y alumnas de nivel superior.

Mira el documento aquí: Presentanción Departamento de Educación

Con nuevo jefe la Autoridad de Edificios Públicos

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia informó la tarde del viernes que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) aprobó por unanimidad la recomendación del licenciado Yamil Ayala Cruz para que asuma el cargo de director ejecutivo de la entidad a partir del 1 de noviembre, esto tras la renuncia de la ingeniera Ivelysse Lebrón Durán, quien dimitió por razones profesionales efectivo el 31 de octubre. 

El jueves pasado Cuarto Poder (WAPA-TV) anticipó que Lebrón Durán saldría del puesto porque existía insatisfacción con su desempeño.

“Agradezco grandemente a la ingeniera Lebrón Durán por hacerse disponible durante este tiempo que estuvo dirigiendo la Autoridad, es una gran profesional y le deseo el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros. Asimismo, el licenciado Ayala Cruz es un profesional de primer orden. Su amplia y vasta experiencia en la administración pública, relaciones laborales y su práctica en el campo del derecho inmobiliario le hacen la persona idónea para asumir ahora el cargo de director de la Autoridad de Edificios Públicos”, indicó el gobernador en un comunicado de prensa.  

El primer ejecutivo informó que el nuevo director de AEP, el licenciado Ayala Cruz se especializa en relaciones laborales y gerencia gubernamental por lo que cuenta con una sólida experiencia en procesos de administración de política pública. Igualmente, desde el 2021 hasta el presente ha fungido como asesor del gobernador en asuntos laborales. 

Ayala Cruz cuenta con un bachillerato en relaciones laborales de la Universidad de Puerto Rico, cuatro maestrías (recursos humanos, contabilidad, relaciones laborales y leyes con especialización en litigación y resolución de conflictos) y un grado juris doctor, estos últimos de la Universidad Interamericana. Como parte de su experiencia profesional fungió como director de recursos humanos de varias agencias y corporaciones públicas entre estas la Junta de Planificación y la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, en la cual también ocupó el puesto de Director de Administración Interna. De igual forma, fungió como Director de Recursos Humanos de la Administración de Terrenos y fue Abogado de esta corporación, siendo su área de practica legal el capo del derecho inmobiliario. También, en el comienzo de su carrera, fue mediador y árbitro en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

FEI archiva caso contra Exsecretario del DTOP y consigna deficiencias en informe del Contralor

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó la querella que pesaba en contra del exsecretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, y otros exfuncionarios de esa agencia. De esta manera, acogió la recomendación del Departamento de Justicia de no designar un fiscal especial independiente para ampliar la pesquisa.

Mediante comunicado de prensa, el PFEI explicó que esta investigación surgió a base de un informe de la Oficina del Contralor, que concluyó que la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) despachó combustible a conocidos, personas privadas y entidades no autorizadas, en medio de la emergencia creada por el azote del huracán María. Estimó en $15,171 el costo de ese combustible despachado de manera supuestamente ilegal. Ese informe, además, reveló que el exsecretario Contreras Aponte autorizó tal despacho. Estos hechos ocurrieron entre septiembre a diciembre de 2017, justo después del embate de María.

Según el informe, dichas acciones pudieron haberse configurado una serie de delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, en el reglamento de la AMA y en la ley de Ia Oficina de Ética Gubernamental.

La Oficina del Contralor le atribuyó las referidas actuaciones al entonces presidente y gerente general de la AMA, Santos Delgado Marrero; al director de la Oficina de Seguridad Interna de Ia AMA,  Orlando Rodríguez Fuentes, y los dos oficiales, José Fernández del Valle y Wilbert Muñiz Sánchez.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia realizó la investigación preliminar y concluyó, entre otras cosas, que la Oficina del Contralor no tomó en consideración Ia relación contractual habida entre la Autoridad de Carreteras y Transportación y ACJ-Herzog, para los meses de septiembre a diciembre de 2017. Que tampoco investigó si la AMA le había facturado a la empresa el combustible despachado. De hecho, posteriormente advino en conocimiento de que se había equivocado sobre ese asunto.

El informe de Justicia señaló, además, que tampoco se perjuraron los oficiales de seguridad interna, José Fernández Valle y Wilbert Muñiz Sánchez, como consideró Ia Oficina del Contralor.

Finalmente, Ia División de Integridad Pública determinó que, Iuego de un amplio análisis sobre todas las actuaciones de las personas mencionadas en el informe de la Oficina del Contralor, incluyendo al exsecretario del DTOP, ninguno incurrió en posible conducta delictiva.

Por ello, le aconsejó al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, que no recomendara al Panel la designación de un FEI para investigar a los funcionarios señalados, con lo cual estuvo de acuerdo el Secretario.

“Luego de nuestra evaluación, acogemos Ia recomendación del Secretario de Justicia y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEl. Conforme a lo expuesto, se ordena el archivo definitivo de este asunto”, apuntó Panel en su Resolución del 19 de octubre de 2022.

Como la Oficina de Ética Gubernamental tiene una investigación en curso sobre este asunto, el Panel ordenó que se le remita copia de Ia resolución emitida en este caso.

Legislatura cocina otro intento para cancelar el contrato de LUMA Energy

A 40 días para que termine el contrato suplementario de LUMA Energy, en la Legislatura se cocina otro esfuerzo para procurar la cancelación del polémico acuerdo contractual, que cedió al consorcio privado la administración del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica.

El contrato vence automáticamente el 30 de noviembre a menos que el gobierno de Puerto Rico a través de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) solicite extender su vigencia, concluyeron el Centro de la Nueva Economía, la Comisión cameral que preside Luis Raúl Torres Cruz y otros abogados que evaluaron el acuerdo, que entró en vigor el 1 de junio de 2021.

Pero el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero Díaz, quienes apoyan la permanencia de LUMA a pesar de los reclamos ciudadanos para que se rescinda el contrato por su pésimo servicio, han adoptado otra interpretación que concede al operador privado la potestad de cancelación.

Ante el hartazgo colectivo con el consorcio canadiense, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, recientemente radicó la Resolución Conjunta del Senado 326 que ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la AAPP presentar en un término de 20 días un plan de trabajo completo ante la cancelación del contrato y el cambio a otro proveedor.

El Senado ya aprobó la medida, que pasó a la Cámara para aprobación.

La Cámara Baja, donde el representante Torres Cruz dirige una comisión que le tiene el guante encima a LUMA, aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 315 que ordena la cancelación del contrato suplementario de 18 meses y del acuerdo para la operación y mantenimiento de la red eléctrica, que tiene una vigencia de 15 años. La medida, refrendada la sesión pasada por representantes del Partido Popular Democrático, del Partido Independentista Puertorriqueño, del  Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad, espera por aprobación en el Senado.

En entrevista con Cuarto Poder (WAPA-TV), el representante Torres Cruz explicó que ambas medidas serán enmendadas, pero que existe un acuerdo para que cada cuerpo concurra con los cambios.

“Tenemos los votos para la aprobación de ambas piezas”, apuntó el legislador independiente.

El plan es aprobar ambas medidas antes de que acabe el mes.

Pero el veterano legislador reconoció que, al momento, no están los votos para ir por encima de un anticipable veto del gobernador, quien ha sido un férreo defensor de LUMA y de la política pública de privatización de los servicios y recursos públicos.

En sesiones pasadas, la Legislatura aprobó medidas similares para aplazar o cancelar el contrato. El gobernador las vetó y la falta de apoyo de los legisladores del Partido Nuevo Progresista impidió la revocación del veto ejecutivo. La Cámara necesita 34 votos y el Senado 18 votos para pasarle por encima a un veto.

A pesar de esa experiencia previa, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, está convencido de que el viento cambió de dirección y que insistir en la permanencia de LUMA constituye un acto de suicidio político.

“Nosotros vamos a estar comunicando cuáles van a ser los próximos pasos en cuanto a Legislación. Cómo se van a aprobar estas medidas y que se va a incluir para entonces ir a los tribunales si es necesario y evitar que LUMA continúe en Puerto Rico y evitar que venga otro proveedor con el mismo esquema”, indicó ayer en entrevista radial.

“¿Podrá tener posibilidades electorales el gobernador continuando con un contrato leonino que le hace daño a todos los puertorriqueños?”, añadió.

El fin del contrato suplementario de LUMA ocurre en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, a cargo de un equipo de trabajo que tiene la encomienda de acelerar el proceso de reconstrucción y de modernización de la red eléctrica, abatida tras el paso de María en el 2017.

Pese a que el gobierno federal asignó $12,000 millones para reparar la red eléctrica tras María, los trabajos han transcurrido con extrema lentitud quedando al relieve la vulnerabilidad del sistema eléctrico tras el paso de Fiona, que provocó daños mayores en el sur y oeste del país.

Empresa de los primos de Pierluisi administraba residenciales desde hace casi tres décadas y ahora tiene contratos de recuperación de desastres 

American Management & Administration, Corp. (AMAC), la empresa de Walter Pierluisi, primo del gobernador Pedro Pierluisi, ha tenido contratos de administración de complejos de vivienda pública desde 1995. Pero recientemente AMAC incursionó también en prestar servicios a municipios relacionados con desastres, los cuales no había ofrecido antes.

En Peñuelas, tiene un contrato por $600,000 hasta el 31 de octubre de este año para manejar el programa de demolición de propiedades y remoción de escombros (“Private Property Debris Removal and Demolition Program”). El programa está financiado con fondos federales.

Ayer, el FBI diligenció una orden para incautar el teléfono de su hermano, Eduardo Javier Pierluisi Isern, y el de otra persona cuya identidad no se ha confirmado.

Según Las Noticias de Teleonce, las órdenes fueron emitidas bajo la sospecha de que se habían cometido los delitos de conspiración, soborno, lavado de dinero y declaración falsa.


Noticel

Pierluisi dice no puede reaccionar sobre empresa preferida para APP de generación de energía

El gobernador Pedro Pierluisi no quiso reaccionar a información que obtuvo EL VOCERO de que el proponente preferido para crear una alianza público privada para el manejo de la flota 

de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es el consorcio Genera PR.

“El proceso de seleccionar y contratar una alianza público privada en el área de generación todavía está en curso y la propia ley de la Autoridad de Alianzas Público Privada exige que se mantenga confidencialidad hasta que se aprueba”, sostuvo.


El Vocero

Investigan a empresas que financian equipos de placas solares

La Oficina de Instituciones Financieras (OCIF) investiga transacciones que hayan suscrito contratos de arrendamiento o financiamientos para instalar sistemas de energía solar en  hogares y negocios y que entiendan que han recibido términos irrazonables. Exhortó a que los consumidores se comuniquen para ayudar a investigar el asunto. 

El Nuevo Día

Pierluisi anuncia más beneficios en el Plan Vital

Los proveedores que sirven al seguro gubernamental Vital recibirán alzas en sus tarifas a partir del próximo año 2023, mientras que los pacientes que utilizan el mismo tendrán redes abiertas para recibir sus servicios, como parte de las reformas que se están introduciendo en este programa, reiteró el gobernador Pedro Pierluisi.

Aseguró que se incluye un aumento de un 5% en los pagos a todos los hospitales; un aumento en las tarifas a médicos especialistas y profesionales de la salud del 70% al 80% del Medicare Fee Schedule, que es el tarifario federal de referencia; y también un aumento, esta vez al 100% del Medicare Fee Schedule, para los subespecialistas en áreas de difícil reclutamiento, tales como la neonatología, neurología, psiquiatría, cirugía ortopédica, reumatología, otorrinolaringología, cirugía cardiovascular.

Incluyó además la extensión del aumento que se prorrogó a los médicos primarios, -pediatras, generalistas, internistas y médicos de familia- , el cual proyecta un pago mínimo de $18 PMPM al médico primario.

Noticel