Madre lleva años en lucha con ASUME porque le deben desembolso de pensión alimentaria

El caso de Coralie Minguela se cuenta y no se cree.  

Durante casi dos años no recibió la pensión alimentaria dirigida a su hija a través de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). Sin embargo, el dinero sí se lo estuvieron descontando a su expareja en el patrono.  

¿Qué pasó? ¿A dónde fue ese dinero y cuál ha sido la respuesta de ASUME? Cuarto Poder (WAPA-TV) investigó este caso. 

Los hechos se remontan al 2018, cuando Minguela abrió el caso en la agencia en las oficinas de Sabana Grande. Posteriormente, en 2019, se activa la pensión… pero comenzó a notar que no estaba recibiendo ni un centavo. Mientras, en ASUME tampoco estaban registrando los pagos. 

“Pasó un tiempo y el papá de la nena me decía ‘mira, del talonario a mí me están sacando cierta cantidad de dinero para la manutención de la nena… pero acá yo no estaba recibiendo nada”, expresó Minguela a Cuarto Poder. 

Preocupada, y con evidencia en mano, acudió en varias ocasiones a las oficinas de ASUME para demostrar que al papá de su hija le estaban debitando el dinero correspondiente. Y que a ella no le estaba llegando. 

“La respuesta (de la agencia) siempre era la misma: ‘No tengo ningún pago reflejado’. Inclusive, yo les decía: ‘Verifiquen bien qué es lo que está pasando porque yo les he enviado evidencia’”, expresó Minguela. 

Y los chavos, ¿dónde están? 

La madre de 31 años escribió en múltiples ocasiones y habló con varias personas. Después de tanto insistir, su caso lo movieron a las oficinas de ASUME en San Juan. Allí se percatan de algo que cambiaría las reglas del juego: el dinero que le estuvieron reteniendo al papá de su hija había estado enviándose a la cuenta de otro caso. 

“Ahí es que ellos se dan cuenta que el dinero lo estaban enviando a otro número de caso. El mío termina en 07, el de la otra persona en 05”, apuntó. 

Minguela mostró unos documentos a este medio en el que se evidencia, en efecto, un cambio en la numeración del caso. En 2018, la orden de retención estaba dirigida para el caso 05. Posteriormente, esa orden fue enmendada en 2020 para cambiar el caso a 07. 

“Yo escribí un email bastante molesta con la situación y les dije ‘mira, yo tengo la evidencia de que quien cometió el error fueron ustedes’. No fue el patrono de la nena, no fui yo por lo tanto no tengo por qué pagar por lo que ustedes hicieron mal. Tienen que resolverlo”, señaló. 

 
“Y la única respuesta que me dieron fue que la persona que había recibido el dinero había quedado como que voluntariamente en pagar $20 dólares mensuales en lo que saldaba la deuda que son casi 6 mil dólares”, sostuvo. 

Y ahora, ¿quién asume la responsabilidad? 

Aunque el caso ya se enmendó y Minguela recibe la pensión actualmente, todavía le quedan a deber casi $6 mil.  

Expertos consultados por Cuarto Poder entienden que, si en efecto el error fue de ASUME, el rol de la agencia debería ser buscar la forma “inmediata” de reponer ese dinero. 

“Una vez se comete el error y una vez esta mamá está yendo a ASUME constantemente diciendo mira que no me ha llegado (el dinero), mira que no me ha llegado… ASUME tiene que atender el asunto. Y si ASUME cometió el error, yo creo que ASUME tiene que resolverlo. Y la forma de resolverlo es escribirle un cheque de $6 mil dólares y pagarle a la señora”, dijo Reynaldo Alegría, presidente de la Comisión de los Derechos por la Niñez del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. 

Este medio buscó una reacción de la agencia, pero la administradora de ASUME –Terilyn Sastre- comentó a través de un portavoz de prensa que “por las leyes y reglamentos federales y estatales que regulan el proceso y obligan a mantener todo de forma confidencial, no podrá hacer expresiones de este ni otros casos ante su administración”. 

Vea el reportaje completo aquí. 

FEI pide a Justicia informe que nunca refirió sobre Oscar Santamaría y guiso de contratos

El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) solicitó al Departamento de Justicia copia del informe preliminar que la agencia preparó tras investigar una querella que imputaba al entonces alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, incurrir en actos de corrupción y conflicto de interés por otorgar el polémico contrato de recogido de basura de $14.7 millones a la empresa Waste Collection, que pertenecía al entonces asesor legal del ayuntamiento y su “amigo personal” Oscar Santamaría Torres.

Justicia bajo la tutela del exsecretario César Miranda investigó el asunto pero nunca notificó al PFEI, como lo exige la Ley. Tampoco le envió copia del informe preliminar, reveló una investigación de Cuarto Poder (WAPA-TV).

Ese contrato abrió las puertas para que el contratista y ahora convicto federal amasara $121 millones en contratos gubernamentales a través de la empresa Waste Collection. En noviembre pasado, Santamaría Torres se declaró culpable de conspirar para pagar sobornos o “kickbacks” al exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, a cambio de recibir contratos para la empresa de recogido de basura. 

La presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives, confirmó que solicitó el informe del 5 de abril de 2016 tras la publicación del reportaje investigativo de Cuarto Poder, pero no entró en los detalles de la evaluación o en el posible curso de acción de la oficina.

Solo indicó que “lo recibimos y está bajo la evaluación de los miembros del Panel”.

Pese a que el informe calcó el enjambre de manipulaciones y malabares técnicos que propiciaron la polémica transacción, Justicia concluyó que no existía comisión de delito. Por eso, solo refirió el informe preliminar a la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor, que tampoco encontraron irregularidades.

Sin embargo, la Fiscalía Federal inició una amplia investigación que desembocó en la convicción de Santamaría Torres y el exalcalde de Cataño, entre otros funcionarios públicos, y que involucró a la empresa de recogido de basura y otros frentes corporativos del abogado.

Mira el reportaje aquí: Cuarto Poder

Silencio del Alcalde de Trujillo Alto sobre investigación federal en reunión con legisladores municipales

 El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, tuvo una reunión a puerta cerrada ayer con los legisladores municipales del Partido Popular Democrático (PPD), según confirmó Gabriel Pérez Pérez, legislador municipal de la Pava en Radio Isla 1320 AM.

Se derrotó con 9 votos una moción para transmitir la reunión por Facebook.

No obstante, el primer ejecutivo municipal dijo que no podía hablar sobre las investigaciones federales.

A cinco años del huracán María solo se han demolido cuatro casas afectadas 

Tras el huracán María apenas se han demolido cuatro residencias afectadas y en otras 15 residencias se removieron escombros bajo el Programa de Remoción de Escombros de Propiedades Privadas (PPDR) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).Todavía hay otras 110 casas en las diferentes etapas de proceso para ejecución, de las cuales 82 representan demoliciones, a pesar que se cuenta con los fondos federales para esto. 


Fuente: El Vocero

Larga la deuda del Gobierno ante aumento del precio de la gasolina

La Policía de Puerto Rico adeuda por concepto de compra de gasolina $1 millón. Mientras, el Departamento de la Vivienda, la Autoridad de Edificios Públicos y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) le siguen en la lista de las agencias y corporaciones que más usan combustible y que han ocasionado que el déficit que se acumula hasta el momento, a casi dos meses de acabar el año fiscal, sea de entre $10 a $12 millones, dijo la Administración de Servicios Generales.


Fuente: Primera Hora

Latente paralización de carga en muelles

Después de una pugna en 2021 que duró cinco meses, la empresa de transportación Luis Ayala Colón y el sindicato ILA Local 1740 tienen otra interrupción de labores que provocó la intervención del tribunal federal. La controversia ocurrió porque la unión rehusó proveer dos grupos para atender un solo barco porque la hora de comienzo de los grupos adicionales no puede ser más de cuatro horas después de la hora de comienzo del primer grupo, según el convenio.

Aerostar gana dinero al reducir áreas de administración pero experiencia del pasajero no mejora

Un informe de monitoreo del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín cubre deficiencias en los terminales como losetas rotas, baños sucios, filtraciones, escaleras eléctricas fuera de servicio, También, hay fallas de seguridad como la que se reportó el 1 de mayo pasado cuando un hombre pudo brincar una verja, ganar acceso a la pista, ocuparse de un vehículo oficial y ponerse a guiar en el área hasta que embistió la verja, la rompió y condujo al exterior, donde fue detenido por la Policía. Aunque cada vez administran menos espacio del aeropuerto alegando que la tecnología ha facilitado el proceso de registro de los pasajeros, no se ven mejorías en la experiencia del pasajero al llegar o salir de los terminales del aeropuerto.