Una encuesta realizada recientemente encontró que fuera de la zona metropolitana el rechazo a un/a políticx que apoya el aborto es contundente. A nivel Isla, solamente el 3% dijo que se entusiasmaría con un/a candidatx que favoreciera el aborto, 11% indicó que se sentiría cómodx y el 85% expresó que se sentiría incómodx o con reservas.

El escenario es mucho más favorable en la zona de San Juan donde una candidatura que favorece el aborto tendría un 47% de apoyo, pero en las zonas de Ponce, Bayamón, Mayagüez y Carolina el rechazo a dicha posición sería de sobre 80%. En los distritos senatoriales de Humacao, Guayama y Arecibo el rechazo supera el 90%.

En las edades entre 18-29 años el rechazo es menor que en los otros renglones demográficos, pero llega a 79%.

Entre las clases sociales, es la clase alta la que más aceptaría un/a candidatx que favorezca la terminación de embarazos con una aprobación de 26% y un rechazo de 73%. En la clase media el número de antipatía a un candidato en favor del aborto es de 84% y en la clase más pobre el rechazo es casi de 9 a 1.

Entre los partidos políticos, el PPD tiene una posición más hostil hacia una candidatura a favor del aborto que el PNP. Según la encuesta, el 68% de las personas que se identificaron como PPD rechazan una candidatura que favorezca el aborto y un 21% tendría reservas. Mientras en el PNP el rechazo fue de 56% y 26% tendría reservas.

Interesantemente, el sexo femenino rechazaría candidaturas a favor de terminar embarazos con un 87% versus el masculino con un 82%.

Estos resultados concuerdan con los hallazgos que encontró hace unos años la encuesta del reconocido Pew Research Center con números casi idénticos.

Ayer, el expresidente del Senado por el PPD, Eduardo Bhatia, tronó contra su partido por las expresiones del actual presidente de la Pava, José Luis Dalmau, tras la afirmación de que un aborto tras los cinco meses podría ser un asesinato y favoreció el controversial proyecto que limita el aborto.

El del Senado Proyecto 693 de la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y otrxs seis autorxs del PPD y PNP, fue aprobado en comisión e irá al pleno de la Cámara Alta la próxima semana. El mismo busca prohibir la terminación del embarazo luego de la vigésima segunda (22) semana de gestación con las excepciones de que el/la médicx puede realizar el aborto si entiende que la vida de la persona embarazada corre peligro o el feto no es viable fuera del vientre.

También exige que se cree un registro estadístico de las terminaciones de embarazos que se realizan en hospitales, como ocurre en las clínicas privadas donde se realizan abortos ya que no hay estadísticas actuales de abortos realizados en hospitales.

Las críticas a dicho proyecto han sido principalmente que no se realizaron vistas públicas. Se ha alegado que el costo económico para el Estado de sostener un/a bebé prematurx fuera del vientre podría ser alto. Además, que en Puerto Rico casi nunca un feto en desarrollo es viable hasta después de la vigesimosegunda (22) semana. Sobre esto, en vistas públicas la doctora que practica abortos tardíos, Yari Vale, reconoció que bebés de 21 o 22 semanas han sobrevivido. Añadió que la tasa de sobrevivencia en Puerto Rico es por lo general a partir de la semana 23 o 24.

En la esfera pública, se argumenta que personas con capacidad económica podrían irse a estados donde se permitan el aborto tardío dejando en desventaja a los pobres. Se planteó por grupos adversos que algunas personas no saben que están embarazadas hasta luego de las 22 semanas y que jóvenes violadas podrían esconder el embarazo hasta más tarde.

Se adujo a su vez, que el proyecto es inconstitucional porque algunas personas entienden que la decisión sobre su cuerpo debe ser absoluta, incluso aunque el feto pueda vivir fuera del vientre. Sostienen esto argumentando que el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Duarte de 1980 reconoció un derecho a la intimidad mayor en Puerto Rico que al de los Estados Unidos.

Sin embargo, personas a favor de la medida han planteado que el Proyecto de Ley 693 cumple con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1992 llamada Planned Parenthood v. Casey (caso líder actualmente que regula este tema a nivel de todo Estados Unidos). En dicho caso se determinó que el gobierno estatal y los territorios pueden regular y hasta prohibir el aborto desde que un feto es viable fuera del vientre de la embarazada.

Autorxs de la medida establecen que el criterio médico se continúa respetando ya que la viabilidad se presume a partir de la semana 22 y que si el médico entiende que la vida de la madre está en peligro o la criatura no es viable se puede proceder a terminar el embarazo. Añadieron que la discusión del tema ha sido amplia e histórica y que no ven meritorio discutir si el Estado debe defender su interés legítimo para proteger la vida de quienes podrían sobrevivir fuera del vientre.

El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, anticipó que haría vistas públicas extensas sobre el proyecto de ser este aprobado en el Senado.

La Corte Suprema de Estados Unidos está atendiendo legislación de Texas que prohibió el aborto desde la tercera o cuarta semana de embarazo una vez ocurre el latido del corazón. Pero, lo que se entiende por expertos que sería la decisión más importante con la nueva mayoría conservadora de 6 a 3 es el caso de Dobbs v. Jackson de Mississippi, que permitiría mayores restricciones aún de las que se están proponiendo en Puerto Rico e incluso, podría prohibirse el aborto desde la decimoquinta (15) semana de embarazo.