Luego que el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo afirmó que Joey Fuentes Fernández creó el Super PAC Salvemos a Puerto Rico a petición de Pedro Pierluisi, el gobernador rechazó esta versión.
“Están diciendo muchas cosas incorrectas y hasta cierto punto insultantes. Yo he dicho, en repetidas ocasiones, que yo no tengo nada que ver con los hechos que resultaron en la convicción del señor Fuentes”, sostuvo.
A casi cinco años del azote del huracán María solo 20.76% de los proyectos de reconstrucción ha sido completados, otro 20.48% está en diseño y un 37.85% está en construcción, admitió el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Manuel Laboy Rivera.
El Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico (CPEPR) y varios miembros de su Junta de Gobierno, incluyendo a la actual presidenta, Ana Cristina García Cintrón, fueron demandados por parte del bufete Litigación y Consulta Jurídica TMNG, Inc. por incumplimiento e interferencia de contrato, cobro de dinero, daños, difamación y abuso del derecho.
La demanda surge luego de que el CPEPR contratara a la firma legal en 2018 para que realizara una investigación y tomara acciones legales tras un aparente esquema de fraude con fondos públicos que ha sido el modus operandi de la Junta del Colegio por los pasados 12 años, según se describe en la demanda.
El pleito también abarca un supuesto traslado ilegal de información confidencial, incluyendo números de seguro social, de todos los colegiados a servidores de empresas en Nueva York, Canadá y otras a nivel local.
Según dicta el documento obtenido por Cuarto Poder (WAPA-TV), inicialmente tanto García Cintrón, como los demás miembros de la Junta, se mostraron complacidos con el trabajo de investigación que llevaba a cabo la firma. En un informe preliminar, el bufete concluyó que por los pasados 20 años han existido “intereses externos a la Junta de Gobierno que manipulan, controlan y deciden sobre y contra los procesos administrativos” del CPEPR.
Sin embargo, desde enero de 2021 “los miembros de la Junta que [originalmente] protegieron al Colegio y se opusieron vehementemente al esquema de fraude, […] boicotearon la investigación”, elabora la demanda.
Se alega que García pidió la renuncia de la firma legal durante la segunda fase de la investigación en la que Litigación y Consulta se disponía a presentar su informe final y una enmienda a la querella que habían sometido al Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Esa enmienda a la querella implicaría a García por recibir un salario ilegal y por pagar facturas infladas a su asesor legal Eugenio Steffens, ambos sufragados con fondos públicos.
La demanda también señala a Steffens, al miembro de la Junta, Benjamín López Torres y al licenciado Roberto Padial por objetar los trabajos para los que la firma había sido contratada y orquestar una campaña de difamación, así como por cancelar los pagos a Litigación y Consulta y obstruir la investigación que se llevaba a cabo.
Precisamente, especifica la demanda que Padial Pérez fue contratado a través de su bufete, Legal Coop, sin autorización de la Junta, para justificar el despido de una empleada que la misma Junta había determinado que no debía despedirse.
Finalmente, en marzo de 2021 García y López Torres solicitaron la cancelación del contrato a Litigación y Consulta.
El bufete demandante alega que dicha cancelación es nula, pues se presentó en una reunión de la Junta que no contaba con el quórum requerido y porque, dos meses antes la Junta había desestimado la petición inicial de esa cancelación.
Por otra parte, la demanda afirma que García se unió al grupo de intereses que ha propiciado el despilfarro de fondos públicos, que asciende a $500 mil.
Como evidencia de ello, aseguran que García solicitó que se archivara una demanda en contra de un abogado que habría sido testigo del esquema de fraude, como también el desistimiento de los casos contra los demandados y representantes externos del Colegio.
Litigación y Consulta solicitó al Tribunal $112 mil por pagos interrumpidos tras la cancelación de su contrato, $100 mil como compensación por daños y difamación, más gastos de honorarios de abogado.
Entre tanto, una búsqueda en el portal del Registro de Corporaciones y Entidades del Departamento de Estado, confirmó que Litigación y Consulta fue incorporada justo el mes antes de ser contratada por el CPEPR para realizar las labores de investigación.
Se expresa la presidenta del Colegio:
A través de expresiones escritas, García confirmó que el licenciado Luis Rivera Sierra, presidente de Litigación y Consulta, fue contratado por el Colegio como asesor legal durante los años 2018 a 2021.
También expuso sobre el abogado que “en marzo del 2021 la Junta de Gobierno del Colegio decidió rescindir el contrato por retiro de confianza tras haber incurrido en actos de impericia profesional en el manejo de los asuntos que le fueron encomendados por el Colegio y por ocultar a la Junta las consecuencias de dicha negligencia”.
En cuanto a la demanda, que fue radicada la semana pasada, la doctora indicó que “estamos seguros de que prevaleceremos dada las múltiples evidencias que motivaron la cancelación del contrato con el
Lcdo. Rivera Sierra”.
García pidió “calma y confianza”a la matrícula y amigos del CEPPR.
Concluyó la declaración asegurando que “estas serán las únicas expresiones públicas al respecto en señal de
respeto al tribunal, a la Junta de Gobierno, y a todos los miembros del Colegiode Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico”.
Dolida y un poco molesta salió de la sala del Tribunal de Carolina la progenitora de Melissa Belén Falú Allende tras escuchar que se reseñaló la vista preliminar contra Miguel Rodríguez Nieves acusado de asesinar a su hija.
“Es la primera vez que me molesté porque se ha tardado tanto el proceso,” dijo a Cuarto Poder Graciela Allende.
Melissa Belén murió en su hogar en Piñones, Loíza, el pasado 25 de junio de 2021 y fue Rodríguez Nieves, su pareja quien reportó el incidente como un suicidio. Posteriormente, en junio de 2022, el Ministerio Público sometió el caso como un asesinato acusando a Rodríguez Nieves.
La mamá de Melissa Belén agregó que son estrategias de la defensa para dilatar el proceso judicial pero enfatizó la fiscal Zulmarie Alverio está haciendo su trabajo.
“Tengo mucha fé que se va a hacer justicia”, aseguró.
Confianza que también comparte Melinda Falú Allende, hermana de la víctima. Reconoció que al principio cuestionó la tardanza en el proceso, pero confía en el trabajo de la Fiscalía en Carolina.
La defensa de Rodríguez Nieves argumentó en sala que no estaba preparada para ver el caso y pidió cambiar la fecha de la vista preliminar.
La nueva fecha es el 12 de octubre a las 9:00 a.m.
La jueza Lynnette Rivera Rodríguez fue enfática que este sería el último cambio de fecha. De igual manera, la magistrada pidió mejor comunicación entre la defensa y la fiscalía.
Rivera Rodríguez recalcó la importancia de la puntualidad ya que el acusado llegó tarde a la vista del martes.
Rodríguez Nieves fue acusado de un cargo de asesinato en primer grado, otro por encubrimiento y cuatro cargos relacionados a Ley de Armas.
Por su parte, la fiscal Alverio que encabeza el equipo del Ministerio Público, dijo que estaba preparada para ver el caso y que le sorprendió que la defensa solicitara más tiempo.
Queda pendiente cuál va a ser la estrategia del Departamento de Justicia sobre el testimonio de la patóloga forense que preparó el informe en el caso de Melissa Belén quien ya no labora en el Instituto de Ciencias Forenses.
“En su momento tendrá la información,” finalizó Alverio.
Existe jurisprudencia que exige que el patólogo que hace el análisis forense declare en estos procesos judiciales. La exfuncionaria estaba pidiendo honorarios muy elevados, en otro caso, para regresar a Puerto Rico y prestar testimonio.
El empresario José L. Bou Santiago, presidente de Bou Maintenance Service, se declaró culpable esta mañana de darle un reloj marca Rolex al entonces alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado Montalvo a cambio de obtener contratos en el municipio.
En 2019, Bou Santiago obtuvo contratos municipales en Cataño para el mantenimiento de áreas verdes, la construcción y la compra, venta y alquiler de vehículos. Para seguir siendo competitivo en las licitaciones de este tipo de contratos municipales, Bou Santiago acordó proporcionarle un reloj Rolex al ex alcalde de Cataño. En abril de 2019, Bou-Santiago se reunió con el exalcalde de Cataño en su casa y le entregó el reloj. El reloj era un Rolex “Pepsi” Modelo #116719 comprado por Bou-Santiago por $33,000 y entregado al ex alcalde de Cataño a cambio de la adjudicación de un futuro contrato de servicios de construcción a Bou Maintenance Service.
En junio de 2019, a cambio del reloj Rolex entregado al ex alcalde de Cataño, se adjudicó un contrato municipal de Cataño para servicios de construcción a nombre de Bou Maitenance valorado en aproximadamente $190,000.
Bou Santiago se declaró culpable de un cargo de conspiración para participar en un esquema de soborno. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión aunque la Fiscalía pide 24 meses.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia y otros factores legales.
El empresario José L. Bou Santiago, presidente de Bou Maintenance Service, hará alegación de culpa esta mañana ante el juez federal Bruce McGiverin. La vista será a las 10:00 a.m.
Esta alegación de culpa surge tras alcanzar un acuerdo con el ministerio público.
Recientemente Bou Maintenance Service, la empresa que saltó al ojo público por alquilarle una lujosa guagua al Municipio de Cataño, enmendó su certificado de incorporación para informar un cambio en la presidencia.
Con el cambio, Bou Santiago pasó del puesto de presidente a convertirse en el agente residente de la empresa, una movida que se asemeja al cambio corporativo que sufrió Waste Collection Corp. previo a la alegación de culpa a nivel federal de su entonces presidente Oscar Santamaría Torres.
Los documentos que aparecen en el registro de corporaciones del Departamento de Estado, consignan que la Junta de Directores de Bou Maintenance determinó en una reunión celebrada el 10 de junio que Julie Colón Ríos ocupará los cargos de presidenta, secretaria y tesorera de la empresa, mientras que Julieanne Bou Colón quedó en el puesto de vicepresidenta.
Santamaría Torres salió de la presidencia de Waste Collection el 3 de noviembre de 2021 y quedó solo como incorporador de la empresa. Veintisiete días más tarde, el 30 de noviembre se declaró culpable de participar en un esquema de sobornos a funcionarios públicos a cambio de recibir contratos municipales para su empresa de recogido de basura. Ese mismo día, también se declararon culpables el ahora exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo y Raymond Rodríguez Santos, presidente de J. R. Asphalt. El trío colabora con las autoridades federales en una pesquisa de corrupción pública que se mantiene abierta.
Tres fuentes de Cuarto Pode habían indicado que las autoridades federales investigan a Bou Santiago.
Una fuente aseguró que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) pidió información a la Cámara de Representantes sobre los contratos otorgados por la representante novoprogresista Yashira Lebrón Rodríguez a inicios de este cuatrienio. Ese requerimiento ocurrió antes de que explotara, en julio del 2021, el lío por el contrato de la guagua Cadillac Escalde del año que Delgado Montalvo alquiló para su uso oficial. Poco después de la noticia, el ahora convicto federal canceló el contrato de alquiler que mantenía con la empresa Bou Maintanence.
Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.
El Tribunal Supremo federal rechazó revisar los casos insulares en el caso en el en el que naturales de Samoa reclaman la ciudadanía estadounidense.
Los casos insulares determinaron que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos.
Fuente: El Nuevo Día
El contador público autorizado y amigo del gobernador Joseph Fuentes Fernández, condenado a 14 meses de cárcel por corrupción, dijo en la vista de sentencia que no había tenido contratos públicos desde que se mudó al estado de Virginia en el 2011, pero en el 2010 tuvo contrato de con el municipio de Guayama a través de su compañía de asesoría Fuentes Fernández Consulting LLC.
Fuente: Noticel