La comisionada residente Jenniffer González dijo que “cuando venga el proceso de elecciones” tomará la decisión de si retará o no a Pedro Pierluisi en primarias a la gobernación. El Código Electoral dice que será del 1 hasta 30 de diciembre del año anterior al que deba realizarse la próxima Elección General; es decir, en el 2023. Las primarias serán el primer domingo de junio de 2024.
Para la la Asociación de Realtors de Puerto Rico (ARPR) la mayor parte de las ventas de propiedades se hacen a puertorriqueños y desmintieron el alegado discrimen en la Isla a la hora de rentar o vender una propiedad a puertorriqueños.
En la Isla, 1,547,000 personas son beneficiarios del PAN. De ese total, 56.65% son mujeres. De los 873,321 hogares que reciben esta asistencia, el 25.5% lo componen ancianos; 22% son familias con menores de edad; 19% son adultos sin dependientes; 14% son trabajadores con bajos ingresos; 6% son incapacitados, y 3.5% son estudiantes universitarios. En las próximas semanas se discutirá la aprobación de varios proyectos de ley en el Congreso que podrían cambiar la cantidad de fondos que se reciben en Puerto Rico bajo varios programas federales, principalmente el Programa de Asistencia Nutricional (PAN o NAP por sus siglas en inglés).
Hoy al mediodía empleados públicos llegarán hasta el Capitolio a cuestionar al gobierno los acuerdos a los que se llegó con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) respecto al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y las consecuencias que pudiera tener eliminación de las pensiones definidas, el Sistema de Retribución Uniforme y la implementación de la Ley 80.
La posposición del 8 de marzo al 7 de junio de las vistas de sentencia del exalcalde de Cataño Félix “Cano” Delgado Montalvo, al igual que las de sus conspiradores en un esquema de corrupción los ex contratistas gubernamentales Oscar Santamaría Torres y Raymond Rodríguez Santos se produjo en respuesta a mociones selladas presentadas por el fiscal Scott Anderson.
La fiscalía federal en San Juan solicitó al juez Arias Marxuach que las mociones permanecieran selladas porque “la restricción es necesaria para proteger la información contenida en ellas, la cual rebasa el peso del interés público”.
El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan declaró “no ha lugar” la moción de desestimación presentada por PUMA Energy y ordenó a la empresa que permita la transferencia de combustible hacia las unidades 5 y 6 de la Central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Le ordenamos a PUMA Energy Caribe, LLC o a cualquiera de sus oficiales, agentes, sirvientes(as), empleados(as) y abogados o abogadas y/o aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas, que cesen y desistan de prohibir, impedir o interferir, ya sea a través de la manipulación de las tuberías y/o válvulas, colocar candados, vallas o cualquier obstrucción que impida el uso, parcial o total, de la tubería objeto de la controversia de autos, para transferir el combustible hacia los tanques de las Unidades 5 y 6 de la Central de San Juan”, reza la sentencia parcial.
“De igual manera, asegurarse de cerrar las válvulas para que se pueda crear la presurización necesaria en el sistema. Se advierte que el incumplimiento con esta Orden será causa suficiente para ordenar su arresto e ingreso a la cárcel por desacato criminal”, agregó.
En noviembre pasado, la AEE demandó a PUMA por negarse operar las válvulas e impedir la transferencia de combustible necesaria para la operación de la planta. La controversia entre la AEE y Puma surgió luego que la empresa perdió el contrato de $265 millones para suplir diésel a la corporación pública. PUMA Energy, sin embargo, mantuvo el contrato de $605 millones para proveer el Bunker C. La empresa Novum obtuvo el contrato del diésel.
La cosa se complicó porque los muelles alternos de la corporación pública para recibir el diésel todavía no están listos. Por eso, utiliza el Cataño Oil Dock, que es administrado por un consorcio de empresas, que incluye a PUMA Energy y Best Petroleum, entre otros.
Ante la situación, Novum contrató con Best Petroleum el uso de las facilidades para suplir el combustible. Pero PUMA alega que la válvula que tiene que cerrarse para que el combustible llegue a la Central San Juan le pertenece.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, informó que las operaciones del Senado tras un incidente de ciberseguridad registrado el pasado miércoles, se encuentran en etapa de recuperación. El incidente afectó los sistemas de información del cuerpo legislativo.
Detalló que el protocolo de respuesta ante un incidente de ciberseguridad requiere aislar el sistema para proteger al máximo su integridad. De ahí que se afectaran todos los servicios que requieren el uso de computadoras, incluyendo la página web del Senado y el cuadro telefónico, entre otras áreas. Como segundo paso, mencionó que empleados del Senado trabajaron miércoles y jueves para obtener la información necesaria para realizar un análisis forense del incidente, así como en mitigar sus efectos.
Hoy se inició la tercera fase que incluye cuatro elementos importantes a cargo de igual número de equipos de trabajo. Por tanto, se realizan los siguientes trabajos:
1. Comenzó un análisis forense del incidente que cuenta, a su vez con tres pasos: i) la determinación de cómo, cuándo y si dejaron rastros o huellas las personas que provocaron el mismo ii) determinar si hubo extracción de información y el alcance de esa acción y iii) presentar los resultados y recomendaciones del análisis.
2. Hoy iniciaron las operaciones normales de la comunicación telefónica a través del cuadro.
3. Deben iniciar las operaciones en sistema de las oficinas de finanzas, presupuesto y compras, así como otras dependencias administrativas.
4. La mitigación de estaciones de trabajo en la secretaría del senado y las estaciones de computadoras en cada oficina adscrita al Senado, incluyendo las de los oficiales electos. Este último elemento de esta tercera fase podría tomar entre una semana a semana y media, dependiendo del tiempo que tome revisar la integridad de cada estación de trabajo (computadora).
“En el día de ayer, firmé una Orden Administrativa que declara un estado de emergencia. Eso permite tomar las medidas inmediatas de adquirir bienes, equipo y servicios con la agilidad que requiere el incidente. Asimismo, se establece un comité de trabajo para recibir los informes técnicos de los equipos de análisis forense y de recuperación y emitir las recomendaciones para fortalecer nuestra infraestructura informática y la integridad de nuestros sistemas”, indicó Dalmau Santiago.
Finalmente, el presidente del Senado tomó la determinación de que los trabajos en la Sesión pautada para el lunes, 31 de enero, sean pospuestos. Esa determinación ha sido notificada a los portavoces de todas las delegaciones en el Senado y al Senador independiente.
Por primera vez desde que emitió la polémica orden, el juez administrador del Tribunal de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero, abordó hoy de forma general las razones para emitir una directriz que bloqueó la divulgación de las grabaciones de las vistas del caso Andrea Ruiz Costas, a pesar de que una de estas grabaciones corresponde a una audiencia de un caso penal al que la prensa puede entrar ordinariamente.
Ante la Comisión de Nombramientos del Senado que evalúa su ascenso al Tribunal de Apelaciones, Marrero Guerrero ofreció una larga respuesta ante una pregunta amplia del senador William Villafañe sobre las fuentes periodísticas, los límites de la transparencia en los procesos judiciales y el manejo de las críticas por las decisiones judiciales.
“Me plantea dos situaciones. Una cosa es el acceso de las fuentes de la prensa para procurar la sana administración pública. Ahí todos tenemos que favorecer e impulsar y los que estamos en una posición que nos debemos al pueblo de Puerto Rico tenemos que aguantar la crítica, venga de donde venga, la crítica seria y responsable. Al ser una crítica infundada que viene con el cargo uno también lidia con eso”, afirmó.
“Así que yo distinguiría, tiraría la raya en la intimidad. Por ejemplo, usted es senador, si una fuente filtrase algo sobre un manejo en su oficina pues yo favorecería que se proteja esa fuente. Si es un asunto de su casa, de su intimidad yo entiendo que usted argumentaría ante un tribunal que se proteja, que es un asunto íntimo, doméstico. Ese es el balance que hay que hacer caso a caso. No podemos tener una regla uniforme porque si hubiese reglas uniformes no habría jueces, ni abogados. Los abogados es [sic] porque en cada situación o cada circunstancia probablemente hay una situación particular, en un elemento podemos compartir cinco circunstancias parecidas, pero el sexto es el que hace la diferencia y que caiga en este lado de la verja de que vamos a garantizar el derecho a la intimidad o que caiga en el lado del acceso público y el derecho del pueblo a saber debe ser salvaguardado”, agregó.
Marrero Guerrero negó una petición de acceso a las grabaciones de las vistas que realizó la Asociación de Periodistas y emitió una orden que condenaba con desacato la divulgación de las grabaciones de las audiencias a las que Andrea acudió en vano buscando protegerse de un excompañero, Miguel Ocasio Santiago, quien semanas más tarde, la asesinó.
Las grabaciones responden a vistas celebradas 25, 26 y 31 de marzo de 2020 y su divulgación hubiera permitido entender el trato que la mujer recibió de las dos juezas que atendieron su caso. Mensajes de voz de Andrea divulgados por Telenoticias después del asesinato dejaban entrever la ligereza y la falta de sensibilidad que recibió en sala de parte de la jueza municipal Ingrid Alvarado Rodríguez.
Dos vistas estaban relacionadas a órdenes de protección, que se manejan en un contexto civil, y la otra estaba relacionada a la presentación de cargos por cargos de violencia doméstica, una vista de naturaleza penal y pública.
La propia familia de Andrea solicitó la divulgación de las grabaciones, pero las peticiones no encontraron eco en el Poder Judicial. El Tribunal Supremo ratificó la decisión de Marrero Guerrero de no divulgar las grabaciones.
La jueza Alvarado Rodríguez es la cuñada del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien presidió la vista de confirmación de esta mañana e impulsa el ascenso de Marrero Guerrero al Apelativo. Inicialmente Dalmau Santiago trató sin éxito que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia nombrara a Marrero Guerrero al cargo de presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones.
En medio de la polémica por las grabaciones y el manejo del caso, la jueza Alvarado Rodríguez renunció al cargo el 14 de diciembre de 2021.
“Ustedes saben que yo no puedo contestar preguntas, que la Rama Judicial tiene un oficial de prensa para este tipo de acercamiento. Contesto las preguntas como parte del procedimiento, me remito a la determinación del Tribunal Supremo que adjudicó y consignó los fundamentos en cuanto a este asunto en que se debatió la decisión el tribunal. No puedo hacer más ninguna expresión”, apuntó a preguntas de la prensa a su salida del salón de audiencias.
“Al momento de emitirse la determinación, la familia no había hecho ninguna expresión”, dijo ante otra pregunta de la prensa.
“¿Por qué negó acceso a la grabación de la vista que es pública?”, preguntó este portal de noticias.
“Yo no puedo contestar esa pregunta porque estaría entrando a los fundamentos”, respondió.
“Yo puedo llegar a Caguas y pedir acceso a esta vista, pero cuando a usted le piden el audio usted dice que no”, insistió este medio.
“Así no fue que ocurrió. Fiscalía solicitó los audios y el tribunal emitió una orden dirigida a fiscalía”, contestó.
¿Por qué no le dio el audio a los periodistas del caso criminal si se trata de una vista pública?
“Porque otro grupo de defensa ya había ido al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ya había emitido una determinación.
¿Por qué no hacer el deslinde y permitir la divulgación del audio de la vista es pública?
“No puedo hacer más ninguna expresión”, concluyó.
El juez Marrero Guerrero estuvo acompañado por su esposa, Sarimar Andreu Pérez, a quien identificó en su ponencia como abogada, pero quien se desempeña como fiscal IV en la Fiscalía de San Juan y es la sobrina del fenecido expresidente del Tribunal Supremo, José Andreu García.
Una medida para investigar supuestas irregularidades en el manejo de desperdicios sólidos por parte de la empresa Waste Collection en Cayey y Cidra sigue a la espera de ser atendida en el Senado.
La senadora por el Distrito de Guayama, Gretchen Hau, presentó la pieza en agosto del pasado año, pero todavía no ha sido discutida en esa cámara legislativa. Tampoco tiene fecha para bajar a discusión.
Así lo informó una portavoz de prensa cuando este medio buscó comunicarse con la legisladora para conocer el estatus de la medida. Se indicó que tan pronto la pieza baje a discusión en el pleno, la senadora brindará mayor información al respecto.
La senadora presentó una medida para investigar una serie de señalamientos realizados por residentes de varias comunidades en estos municipios.
Según la legisladora, grupos de ciudadanos han levantado la voz de protesta por unas instalaciones de dicha empresa, donde la pestilencia y mal manejo de un centro de transbordo de basura han causado problemas de salud.
De igual forma, en diciembre, Cuarto Poder (Wapa TV) investigó un terreno en Cataño -cerca del barrio Palmas- que aparentaría ser una estación de trasbordo de Waste Collection y que supuestamente carece de las debidas disposiciones para manejar desperdicios sólidos.
En aquel momento, se buscó una reacción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y esta entidad confirmó, a través de un oficial de prensa, que estaba investigando las denuncias de Cayey y Cidra. También que buscarían información sobre el terreno en Cataño, reseñado por Cuarto Poder.
A esos efectos, este portal de noticias también contactó a Recursos Naturales para un estatus sobre lo anterior y el oficial de comunicaciones quedó pendiente en proveer información.
Aquí el reportaje investigativo hecho por Cuarto Poder en diciembre: Corrupción que contamina el ambiente
El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó hoy tres órdenes ejecutivas relacionadas a la pandemia por el Covid-19. Una de estas es para ampliar el mandato de vacunación con dosis de refuerzo a los empleados de la rama ejecutiva y extender la fecha de inoculación para los estudiantes. Mientras que las otras dos órdenes establecen cambios en las restricciones sobre horarios y comercios, y en cuanto a los viajeros.
La Orden Ejecutiva 2022-006, que entra en vigor de manera inmediata, requiere que todos los empleados públicos del gobierno central, incluyendo las corporaciones públicas y los contratistas que realicen trabajo presencial o frecuenten las oficinas gubernamentales, tengan administrada la dosis de refuerzo, de ser aptos para ello. Este proceso deben completarlo en o antes del 28 de febrero para ser considerados completamente vacunados.
Asimismo, se extiende hasta el 21 de febrero el tiempo para que los estudiantes de 5 a 11 años presenten su prueba de vacunación y los de 12 años en adelante su prueba de dosis de refuerzo.
“Continúo estableciendo medidas con el fin de propiciar la vacunación y la dosis de refuerzo. Reconozco que hay un atraso en la vacunación de los niños, especialmente los de 5 a 11 años, y por eso estoy extendiendo la fecha para que les dé tiempo a completar el proceso y cumplir con sus dos dosis de vacuna. Queremos nuestras escuelas abiertas y que los estudiantes reciban la educación adecuada, y para esto debemos garantizar que estén seguros y protegidos. La vacunación ha probado que funciona y que es el mecanismo más fuerte de defensa que tenemos contra este virus. En esta lucha contra el covid-19 todos tenemos que estar unidos”, sostuvo el gobernador.
Por otra lado, la Orden Ejecutiva 2022- 007 que entrará en vigor el próximo miércoles 2 de febrero atiende algunas de las restricciones que se habían establecido como las restricciones de horarios y de capacidad en los negocios. En la nueva orden se elimina la ley seca y la restricción de horarios a los comercios a las 12 de la medianoche.
“Hemos visto por los pasados días una tendencia positiva en cuanto a la reducción en tasa de positividad y hospitalizaciones. Ante esto, estoy flexibilizando algunas restricciones con el fin de procurar un balance adecuado en la toma de decisiones. Quiero recalcar que más allá de las acciones que establezca el gobierno, la responsabilidad individual sigue siendo clave para contrarrestar esta pandemia. Nos toca a todos continuar con las medidas de prevención que ya conocemos, y poner de nuestra parte para mantenernos seguros”, expresó el primer ejecutivo.
Entre las disposiciones de esta nueva Orden Ejecutiva está el aumento en el aforo de los restaurantes a 75 por ciento en espacio interior, mientras que en los espacios exteriores de restaurantes ya no habrá limitación de capacidad. En el caso de las barras, chinchorros y sport bars, estos tendrán una limitación de aforo del 50 por ciento de su capacidad. Se mantiene el requerimiento de solicitar prueba de vacunación o prueba negativa de Covid-19 con un término máximo de 48 horas de anticipación para poder consumir alimentos o bebidas en el local.
Los comercios en los que los clientes se mantienen utilizando las mascarilla todo el tiempo como supermercados, tiendas y farmacias ya no tendrán restricción de capacidad.
En el caso de los teatros y cines, estos tendrán una limitación de capacidad de un 75 por ciento, además del requerimiento de presentar prueba de vacunación o prueba negativa de covid-19. Sobre las actividades multitudinarias en coliseos, salones de actividades, centros de convenciones, anfiteatros, entre otros, habrá un 50 por ciento de capacidad para lugares cerrados y un 75 por cientos en lugares al aire libre. En el caso de las actividades multitudinarias será requisito presentar prueba de vacunación con dosis de refuerzo o prueba negativa de Covid-19 con un término máximo de 48 horas antes del evento.
Esta Orden Ejecutiva que comienza el próximo miércoles, estará vigente hasta el 16 de febrero de 2022.
Por último, el gobernador firmó la Orden Ejecutiva 2022-005 que entrará en vigor el próximo miércoles 2 de febrero. En la misma se establecen cambios a los pasajeros mayores de dos años que lleguen a Puerto Rico en vuelos domésticos. Las personas que tengan el ciclo de vacunación completado tendrán que presentar el Vacu-ID o certificado de inoculación, pero ya no será requisito realizarse una prueba de Covid-19 antes o al llegar a la Isla. En el caso de las personas que no están vacunadas, estas tendrán que llegar con prueba negativa de Covid-19 con un máximo de 2 días antes de que arriben a la Isla. Todos los viajeros tendrán que continuar llenando la Declaración de Viajero al llegar a Puerto Rico.
En el caso de los vuelos internacionales, se mantiene la orden del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que requiere a los pasajeros mayor de dos años prueba del ciclo de vacunación completado y prueba negativa de Covid-19 un día antes de abordar el vuelo hacia los Estados Unidos.