Científicos, organizaciones ambientales y planificadores entrevistados por EL VOCERO coincidieron en que los efectos de la erosión en las costas deben considerarse como una emergencia por parte del gobierno ante el colapso del muro de una propiedad en el área de Ocean Park, situacion que se replica en varios municipios costeros de la isla.
Fuente: El Vocero
El secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés dijo que no tiene información que evidencie que hubo algún tipo de negligencia por parte de la escuela en el caso de esta niña de 13 años con trastorno del espectro autista -grado 3-, que fue violada y embarazada por su padrastro y que tiene 32 semanas de gestación. Agregó que personal de la escuela pública a la que asistió hasta mayo pasado no detectó señales que los alertara que era víctima de maltrato, negligencia o abuso en su entorno familiar.
Fuente: El Vocero
Para las personas que viven en Culebra, la posibilidad de sufrir una caída o emergencia médica representa un problema mayor porque en la isla municipio no hay paramédicos que atiendan las emergencias o cualquier otra situación apremiante. Aunque hay dos ambulancias en Culebra, no hay paramédicos y no hay personal diestro.
Fuente: El Vocero
En Puerto Rico se han confirmado 13 casos de viruela del mono. Mientras, mantiene bajo vigilancia otros 14 casos sospechosos y a 24 personas en investigación. Al momento, todos los contagios han sido en varones mayores de 20 años y ninguno ha requerido hospitalización. Entre los casos diagnosticados, hay dos pacientes que dieron positivo a otras infecciones de enfermedades de transmisión sexual. Se han distribuido 250 dosis de un total de 1,200 que fueron asignadas al país por el gobierno federal, y, hasta ahora, solo dos personas han sido inoculadas, aunque otras nueve personas se cualifican para la inoculación por haber estado en contacto con un positivo.
Fuente: El Nuevo Día
Los productores de largometrajes y cortometrajes locales ven cuesta arriba lograr acceso a los incentivos contributivos otorgados por el Gobierno por los altos requisitos de retorno de inversión con los que tienen que cumplir.
Productores de cine locales piden que no solo vean el tema como uno de retorno de inversión sino de apoyo a la producción del arte local.
Las declaraciones surgen luego que hace algunas semanas se anunció que se han identificado $74 millones en fondos federales que podrían utilizarse, los próximos dos años, para el propósito de incentivar la industria de cine y mientras el Senado aprobó una medida para aumentar de $38 a $100 millones anuales el fondo para incentivos contributivos para producciones de películas y series en la isla.
Sobre esta última medida en la Legislatura, todavía falta por la aprobación de la Cámara de Representantes y tendría que pasar luego por el cedazo de la Junta de Control Fiscal.
Fuente: El Nuevo Día
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) junto a agentes del Negociado de la Policía y otros 200 agentes federales que llegaron desde Estados Unidos diligencian esta madrugada 33 órdenes de arresto contra una ganga que operaba desde el área noreste de la isla y a la cual se atribuyen numerosos actos de violencia. Las autoridades ofrecerán más detalles durante una conferencia de prensa que se dará a las 11:00 a.m.
Fuente: El Nuevo Día
Puerto Rico paga una especie de impuesto anual de cerca de $14 millones en la compra de combustible debido a las limitaciones y a los costos onerosos que acarrean las leyes de cabotaje, estimó un análisis del Cato Institute.
Esta ley federal dispone que solo podrán participar del comercio marítimo en Estados Unidos, incluyendo sus territorios y posesiones, los navíos tripulados por ciudadanos americanos y construidos en territorio estadounidense por compañías nacionales.
En un artículo titulado “La Ley Jones está obligando a Puerto Rico a pagar un precio artificialmente alto por la energía” publicado ayer en el blog del think tank, Colin Grabow y Alfredo Carrillo Obregon compararon el efecto del Jones Act o la Ley de Marina Mercante de 1920 en la importación de combustible a Puerto Rico con la República Dominicana, a quien no le aplica dicho estatuto, ante el disloque mundial que ha sufrido el precio del petróleo y del gas natural por la invasión de Rusia a Ucrania hace cinco meses.
“En 2019, Puerto Rico consumió 38,000 barriles de productos de petróleo por día, es decir, casi 14 millones por año. Por cada dólar que aumenta el costo de un barril como resultado de la ley de cabotaje, Puerto Rico paga efectivamente un impuesto de $14 millones de dólares al año. A esto hay que añadir las decenas de millones de dólares que Puerto Rico potencialmente se ahorraría en caso de poder acceder al gas natural licuado (GNL) estadounidense, según funcionarios puertorriqueños”, señaló el dúo.
“La capacidad de comprar propano a Estados Unidos sin duda generaría aún más ahorros. Por otra parte, se estima que el tener que usar barcazas autorizadas bajo la ley de cabotaje para transportar combustibles dentro de territorio puertorriqueño impone entre $3 y $5 millones en costos adicionales anuales”, agregó.
Los investigadores explican que ante el dilema del alza súbita en los derivados del petróleo, algunos países, como la República Dominicana, han optado por comprar combustible a Estados Unidos, para paliar el golpe de dicho aumento, pero que Puerto Rico ha tenido que recurrir a importaciones de países tan distantes como Omán, que colinda con Arabia Saudita y Yemen en el occidente de Asia debido a los costos de las leyes proteccionistas federales.
“Mientras que en Estados Unidos la producción de energía y las exportaciones de combustibles (principalmente gas natural licuado) han aumentado substancialmente, el acceso que pudiera tener Puerto Rico a estos recursos está severamente restringido por los altos costos de utilizar buques petroleros que cumplan con los requisitos de la ley de cabotaje”, argumentó el dúo de investigadores.
“Esto es así si es que, en primer lugar, estos barcos existen. En el caso del gas natural, no existen buques para el transporte de este combustible que cumplan con los requisitos de la Ley Jones, dejando al transporte al granel del GNL estadounidense hacia la isla en una situación imposible. La Ley Jones significa que el GLN estadounidense puede ser transportado por los buques tanque a otros países pero no a otras partes de Estados Unidos”, abundó.
En 2019, Puerto Rico importó $557 millones de gas natural licuado. De ese total, solo $121,000 correspondían a importaciones estadounidenses. En contraste, la República Dominicana importó $318.2 millones, de los cuales $34.4 millones o 10.82% correspondían a gas natural licuado estadounidense.
Pero ya para el año 2021, las importaciones de gas natural licuado estadounidense a la República Dominicana habían aumentado a $477.4 millones o un 96.4% del total de sus importaciones. En Puerto Rico, pasó todo lo contrario. La proporción de las importaciones totales de gas natural licuado estadounidense disminuyó entre 2019 y 2021, para situarse en tan solo 0.002% del total en este último año.
Según los investigadores, también existe una división marcada entre ambas islas en cuanto a la proporción de importaciones del petróleo combustible (fuel oil) que utilizan para generar energía eléctrica. En el 2021, la República Dominicana compró el 80.2% de sus importaciones de combustibles a Estados Unidos, mientras que Puerto Rico sólo adquirió el 0.56% de sus importaciones totales.
En el caso del propano, desde el 2019, la República Dominicana importa casi el 100% de Estados Unidos. En cambio, el año pasado Puerto Rico compró el 4.1%.
“Como ocurre en el caso del GNL, no es posible transportar GLP (gas licuado de petróleo) a granel vía marítima dentro del territorio estadounidense debido a que no hay barcos autorizados bajo la ley de cabotaje que puedan transportar este combustible”, insistieron los analistas.
Actualmente, la Cámara de Representantes de Puerto Rico busca que la compra de petróleo se excluya del alcance de la leyes de cabotaje durante el conflicto bélico ruso. El mes pasado, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón Ortiz, también reveló a Cuarto Poder (WAPA-TV) que el Departamento de Energía federal evalúa extender una dispensa especial a Puerto Rico para evitar una crisis en el sistema eléctrico por falta de combustible.
En el extenso artículo, Grabow y Carrillo Obregón criticaron que el archipiélago no pudiera beneficiarse de la compra de gas natural licuado y gas licuado de petróleo debido a una añeja ley proteccionista.
“Que la República Dominicana obtenga la mayoría de sus combustibles de los Estados Unidos mientras que Puerto Rico —un territorio estadounidense habitado por ciudadanos estadounidenses— no haga lo mismo es una situación absurda y vergonzosa. Esta realidad tan distorsionada solo es posible gracias al mal concebido proteccionismo de la Ley Jones. Esperemos que la isla obtenga una exención a esta ley arcaica para que pueda hacer un mejor uso de los productos domésticos y beneficiarse de un muy necesitado ahorro al momento de satisfacer las necesidades energéticas de sus ciudadanos”, concluyeron.
Fuente: Cato Institute
El Municipio de San Juan, radicó hoy ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan un recurso legal que busca reclamar la titularidad del terreno que ubica en la intersección de la avenida Ashford con la calle Frederick Krug. Esto, como resultado de una investigación administrativa exhaustiva ordenada por el alcalde Miguel Romero Lugo, que buscaba precisamente determinar el origen, utilización, inscripción, cambios de dominio y cualquier otro trámite relacionado a dicho terreno que en el 2019, bajo la pasada administración municipal, fue inscrito por el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
“Según indicáramos anteriormente, nuestro mayor interés ante la controversia que ha surgido en relación a este terreno, es determinar si en efecto existe la posibilidad de que el Municipio de San Juan fuera el dueño. Para esto, ordené una investigación administrativa abarcadora de los expedientes del Municipio, el Registro de la Propiedad, CRIM y otras dependencias que pudieran mantener documentos, archivos o planos relacionados al predio en cuestión, además de presentar ante la Legislatura Municipal el Proyecto de Resolución Número 7”, precisó Romero Lugo.
Se indicó que como resultado de esta investigación, “contamos con todos los elementos para establecer en el Tribunal que el terreno es de nuestra propiedad. Ante esto, le estamos solicitando al tribunal que emita una Sentencia Declaratoria, así como una Acción Reivindicatoria, una Acción Declaratoria de Propiedad y una Cancelación de Asientos Registrales para eliminar cualquier duda o confusión del propietario del terreno”, añadió el alcalde.
En el proceso interno de investigación, una cantidad sustancial de documentos y archivos relacionados a las propiedades del Municipio, al no estar guardados y protegidos debidamente, según requiere la ley, tras el paso del huracán María en el año 2017 se mojaron, adquirieron hongos y dañaron irreversiblemente por lo que fueron decomisados sin realizar, cuanto menos, un inventario de la información perdida. Como consecuencia, se tuvo que indagar en fuentes externas al Municipio como el Archivo General de Puerto Rico y otros.
“Los sanjuaneros y sanjuaneras pueden tener la seguridad que en esta administración cumpliremos al máximo con el deber de proteger las propiedades, los fondos y todo interés público del Municipio. El manejo inadecuado de estos documentos tras el paso del huracán María en 2017 puso en riesgo la protección de nuestro patrimonio, pero esto no significa que no cumpliremos con nuestra responsabilidad”, concluyó el ejecutivo municipal.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia tildó de “espantoso” el caso de una menor con trastorno del espectro autista violada y embarazada por su padrastro, mientras emplazó a las agencias correspondientes a evaluar la situación para determinar si corresponde ajustar los protocolos de maltrato infantil.
Pierluisi Urrutia también dejó entrever que favorecería un proyecto que limite el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero que ofrezca un “balance justo”.
“Ese incidente fue totalmente espantoso. Se le revuelca el alma a uno cuando ve cosas como esa. Hay ya casos de naturaleza penal pendientes ante los tribunales y eso obviamente ahí hay que indagar, investigar a fondo para ver quién falló, incluyendo personas allegadas a esta víctima. Todo aquí no se excluye a nadie. Lo que hay que hacer es tratar de que estas cosas no se repitan. Es una barbaridad lo que ocurrió. Obviamente ha empezado a salir en los propios reportajes la realidad. Nunca hubo una querella ante el Departamento de la Familia. La pregunta es por qué no alzaron la voz todos los que compartían con esta niña”, afirmó el mandatario a su salida hoy de un evento en el Caño Martín Peña en San Juan.
“Yo lo que espero es que se haga justicia. Lo que espero también que si cualquier agencia, sea la que sea, no hay excepciones. pudo haber atendido el asunto de otra manera, pues que se hagan los cambios que se tengan que hacer. Otra vez esto le revuelca el alma a cualquiera”, agregó.
El sábado pasado, Ana María Castro Leduc y Carlos Soto Rivera procuraron asistencia médica para la menor porque tenía dolor abdominal, según el informe de la Policía. Durante el examen médico, los galenos que la atendieron descubrieron que la adolescente de 13 años, qu tiene problemas para hablar, se encontraba en avanzado estado de gestación.
Poco después, Soto Rivera, de 49 años, llegó hasta el cuartel de la Policía Caguas y supuestamente confesó que había agredido sexualmente a su hijastra, que tiene 32 semanas de gestación y se encuentra hospitalizada en situación delicada en un hospital del área de Caguas.
El domingo, la fiscalía de Caguas radicó denuncias por agresión sexual y maltrato en contra del hombre, que tiene antecedentes previos por violencia doméstica y uso de sustancias controlados. Soto Rivera fue ingresado a prisión porque no pudo prestar la fianza de $300,000.
Ayer, la fiscalía presentó cargos por negligencia en contra de Castro Leduc. La mujer, quien aseguró que desconocía que su pareja violaba a su hija, también fue ingresada a la cárcel porque no pudo prestar una fianza de $500,000.
La situación de esta menor volvió a revivir el debate sobre las terminaciones de embarazos luego de que la Corte Suprema federal anuló el histórico fallo Roe v Wade y ante la posible aprobación de un proyecto que está pendiente en el Senado y que prohíbe el aborto después de las 22 semanas, salvo en casos de una emergencia médica.
Hoy, y en el contexto de la menor de violada por su padrastro, el primer ejecutivo volvió a responder que favorecería un proyecto balanceado que limite el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
“Ya yo me he expresado. Ya yo dije que la legislatura debe actuar pero con mucha mesura. Deben evitar los extremos, deben respetar los derechos de las mujeres y de igual manera la intimidad de las mujeres. Por otro lado, lo importante es un justo balance porque de otra manera, se le está fallando al pueblo. Estos asuntos no se atienden a base de los extremos”, respondió Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.
Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.