Ayuda Legal de Puerto Rico reporta un incremento en la cantidad de desahucios. El año pasado hubo alrededor de 750 desahucios por impago, y en lo que va de este año ya suman 790. En su mayoría son adultos mayores y madres con niños que no pueden pagar la renta, detalló.
Fuente: El Vocero
Los cerca de 1.5 millones de participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) recibirán menos dinero al terminar los fondos federales de la Ley de Rescate Americano (ARPA, en inglés). Una persona recibirá alrededor de $140 a $150 mensualmente, a diferencia de los $180 a $190 que se le otorgaba durante la emergencia. Mientras, un núcleo familiar de cuatro personas podría haber estado recibiendo unos $620 mensuales y, ahora, recibirá un aproximado de $320.
Fuente: Primera Hora
Mediante una moción, el productor de radio y televisión, Sixto Jorge Díaz Colón aseguró al tribunal federal que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares lo contrató el 13 de julio de 2019 para limpiar su imagen, afectada por la divulgación de 889 páginas de un chat de Telegram que mantuvo con el círculo íntimo de su administración.Esta versión coloca al exgobernador Rosselló Nevares con conocimiento previo de que los chats serían publicados.
Fuente: Noticel
Las organizaciones CAMBIO y Boricuas Unidos en la Diáspora han pedido al presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva que cite a declarar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que rinda cuentas sobre el impacto de la privatización de la red eléctrica, las altas tarifas y la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Fuente: El Nuevo Día
Fue un laborioso e inusual viernes de verano en las oficinas corporativas de estas empresas.
En medio de la turbulencia que rodea la nebulosa venta de un parque comunitario en el Condado por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a las corporaciones Bayola Ventures y Krug Properties LLC, estas dos últimas entidades radicaron seis documentos cada una, correspondientes a artículos de enmiendas de incorporación, y sacaron de sus organigramas al presidente de Me Salvé, Inc., Jim Taubenfield.
Al menos seis papeles nuevos consignados a reestructuraciones corporativas de , Bayola Ventures y Krug Properties LLC aparecen en la página del Registro de Corporaciones. Según ha trascendido, estas empresas quieren desarrollar un complejo de vivienda de 12 pisos para siete apartamentos lujosos con estacionamiento privado en el apodado Parquecito Borinquen, tras adquirir el espacio en apenas $145 mil, mediante un contrato de compra y venta cuestionable.
La reestructuración que se hizo el viernes de estas dos corporaciones coincide con el confuso comunicado que emitió anoche Me Salvé, Inc., donde indica que Taubenfield no tiene “ningún tipo de relación de sociedad desde hace cuatro años con los dueños del Edificio Bayola y Krug Property, LLC”.
Precisamente, fue hace poco más de cuatro años, en marzo de 2018, cuando se inscribieron en el Registro de Corporaciones de Puerto Rico las empresas Bayola Ventures y Krug Properties LLC, donde Jim Taubenfeld aparece como “persona autorizada”.
Sin embargo, durante la tarde y la noche del 8 de julio, cada corporación realizó seis cambios, enfocados principalmente en sacar el nombre de Taubenfeld, quien ha sido señalado, al igual que su socio Sender Shub, por pesquisas investigativas de distintos medios, como EyBoricua.com, Metro, El Nuevo Día y Jagual Media como donante a varios candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD).
Tanto en el documento de Bayola Ventures como en el de Krug Property – puedes descargarlos todos en los enlaces que incluimos al final de esta historia – se destaca: “se autoriza a retirar y/o eliminar al Sr. Jim Taubenfeld del artículo IV del Certificado de Incorporación (Personas Autorizadas). El Sr. Jim Taubenfeld ha quedado fuera de cualquer tipo de participación de la compañía desde el 5 de julio de 2018”.
Ambas cuentan con un testimonio suscrito por una empleada del Departamento de contabilidad.
En otras palabras, tres meses después de la incorporación en la que Taubenfeld entró como “persona autorizada”, el presidente de Me Salvé, Inc. comenzó a desconocer de las ejecutorias de su otrora empresa, pero no fue hasta ayer que se hizo el papeleo correcto para enmendar eso.
Ambas empresas también presentaron enmiendas para cambios de dirección corporativa y para cambios de agente residente.
Este es el último episodio del nebuloso plegoste de Punta Krug, que apesta a crimen ambiental y procesos ilegales de compra y venta, donde el Gobierno de Puerto Rico plantea que una Orden Ejecutiva que Rafael Hernández Colón tuvo que defender en 1991 va sobre una ley y la Constitución de Puerto Rico.
Mientras se realizaron los cambios de incorporación, la empresa Me Salvé, Inc. emitió un comunicado de prensa caída la noche el viernes, desvinculándose del tejemeneje de Condado.
“Las Tiendas Me Salvé y su presidente Sr. Jim Taubenfeld confirman que los dueños de Las Tiendas Me Salvé no tienen ningún tipo de relación de sociedad desde hace cuatro años con los dueños del Edificio Bayola y Krug Properties LLC”, comienza el comunicado enviado por la empresa de la tienda por departamentos.
“El Sr. Taubenfeld fungió como “persona autorizada” y/o “agente residente” de ciertas corporaciones de los dueños del Edificio Bayola y Krug Properties LLC. Estas son posiciones nominales que no guardan relación con el control ni las operaciones diarias de una empresa”, prosiguen en el comunicado.
“En el día de ayer, se les exigió a los dueños del Edificio Bayola y Krug Properties LLC que hagan las gestiones necesarias con el Departamento de Estado para que se elimine el nombre del presidente de Tiendas Me Salvé, Sr. Jim Taubenfeld, de los registros de las corporaciones en controversia para que la información disponible al público en el Registro de Corporaciones esté actualizada y correcta”, señala el comunicado.
Tras concluir una vista ocular de la Cámara de Representantes en estos terrenos el jueves pasado, la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) dijo que su agencia realiza una investigación sobre las denuncias de crimen ambiental, pues hay varios árboles envenenados en el espacio.
Ante preguntas de los presentes, Rodríguez Vega aceptó que un oficial del Cuerpo de Vigilantes de la agencia recomendó el archivo de la querella de los vecinos tras el envenenamiento de esos árboles por “falta de evidencia”. El DRNA tiene poder para ordenar un cesa y desista ante situaciones como esta.
La semana pasada, el DTOP confirmó que la venta a precio de quemazón se hizo sin consultar al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, ni al secretario de Hacienda, Francisco Parés, y del gobernador Pedro Pierluisi, cuñado de Andy Guillemard… quien a su vez es cuñado del arquitecto que aparece en el anuncio de la construcción prometida por Krug Property, LLC.
Según indicó la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, “no se realizó consulta con la Fortaleza, el Departamento de Hacienda o el Departamento de Justicia, al amparo de la Orden Ejecutiva-1991-70, la cual que en dos páginas delega al secretario de DTOP la aprobación de traspasos, ventas, permutas, imposiciones de gravámenes y arrendamientos de terrenos y edificios propiedad del Gobierno de Puerto Rico, según lo dispuesto por la Ley Núm.104 del 28 de junio de 1956, mientras la transacción no exceda la cantidad de $500,000.00 la aprobación recae sobre el secretario de DTOP”.
Amparados en una orden ejecutiva de 1991 que entienden que va sobre la Ley 12-1975 fue que el DTOP vendió un parque comunitario en Condado a pasos de la playa, a precio de pescao’ abombao’: $145 mil pesitos.
Mientras, el contrato – documento que detalló a profundidad en el periódico Metro el periodista Manuel Guillama – precisa en su tercera cláusula que el 19 de diciembre de 2020, a dos semanas del cambio de gobierno y cinco semanas después de las elecciones, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), creado al amparo de la Ley 26-2017 de Cumplimiento con el Plan Fiscal, había decretado que la propiedad “ya no es de utilidad pública” y, por lo tanto, podía ser vendida.
El reportaje puntualiza varios asuntos de ley. Primero, que el artículo 1(a) de la Ley 12, sin embargo, menciona que dichas transacciones deben obrar en el interés público y solo pueden completarse “previa aprobación del Gobernador y los Secretarios de Hacienda y Justicia” y que más adelante, en el mismo articulo, se exime de ese requisito únicamente las ventas de propiedades cuyo valor sea inferior a los $100,000.
De igual forma, que en el contrato del 24 de febrero de 2021, donde se completó la transacción por $145,000, el DTOP, representado por el secretario auxiliar de Administración y Recursos Humanos, Luis Rafael González Rosario, hizo constar que la venta del predio en Condado se tramitaba al amparo de la Ley 12-1975, que permite a la agencia disponer de bienes inmuebles “que dejaron de ser de utilidad pública”.
Destaca además la historia de Metro que el texto de la Ley 26-2017 no enmendó la Ley 12-1975, por lo que la obligación del gobernador y los departamentos de Justicia y Hacienda de autorizar las ventas de propiedades del DTOP valoradas en más de $100,000 habría permanecido intacta.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), agencia que parió al CEDBI, señaló por escrito a eso de las siete de la noche del martes que “la venta del Lote B en Condado se realizó a tono con las disposiciones de la Ley 26-2017”.
El secretario de Estado y director ejecutivo de la AAFAF, Omar J. Marrero, dijo que el proceso de compraventa del Lote B en Condado se realizó en cumplimiento con la Ley 26-2017, la Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal y el Reglamento del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI).
“A tono con lo establecido en la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, el CEDBI cumplió con su función de evaluar la transacción de compraventa de la propiedad ubicada en el Lote B, en Condado. Dicha propiedad fue referida al CEDBI, una vez el titular, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), determinó que no tenía utilidad pública”, expresó Marrero, quien por virtud de su rol de director ejecutivo de la AAFAF es también presidente del CEDBI.
En el comunicado se subraya que “el pasado 19 de diciembre de 2020, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles evaluó los documentos sometidos por el DTOP y la parte compradora, Krug Property/Sender Shub MBR, y aprobó, mediante mayoría de los miembros, que el DTOP dispusiera mediante compraventa la propiedad en Condado, conforme su valor de mercado”.
Según reza la misiva a los medios, “la evaluación se realizó a base de las disposiciones del Reglamento Único para la Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, el cual establece que las disposiciones de las propiedades proceden, según el justo valor en el mercado, evidenciado por una tasación de no más de dos años. Dicho reglamento establece, además, en el artículo 30, sección 2, que los dueños de los predios colindantes tendrían derecho preferente para adquirir Bienes Inmuebles de las Entidades de la Rama Ejecutiva mediante Venta Directa (contenido también en el reglamento vigente del DTOP y la Ley 12 de diciembre de 1975)”.
“Sobre el precio de venta, el Director Ejecutivo manifestó que, conforme la información provista, la propiedad arrojó un valor de mercado de $145,000, según el informe de valoración de octubre de 2019, a base del método de ventas comparables, el cual fue revisado y recomendado favorablemente por el Tasador Profesional de la Oficina de Revisión de Tasación del DTOP, mediante informe del 26 de agosto de 2020”, acentúa el comunicado del CEBDI.
El martes pasado, Guillemard le dijo a Cuarto Poder (WAPA-TV) que nunca intervino en el proceso de compra-venta de este terreno y alegó que, tras ver los reportes de prensa, se comunicó con su cuñado.Guillemard explicó que su cuñado, el arquitecto Juan Fernando Vázquez, quien aparece en el letrero de permisología afuera del terreno, entró como asesor del proyecto, luego de completarse la transacción de compra-venta, pues el proceso de consulta de permisos requiere un profesional certificado. Dijo también que no hubo proceso fast-track.
Fuentes vinculadas a Krug Property señalaron a Cuarto Poder que un mapa de calificación de suelos del Municipio Autónomo de San Juan no presenta el parque con la “dotación verde (DV)” que, por ejemplo, presenta el Parque del Indio, y que eso lo zonifica como residencial.
Sin embargo, el otrora vicepresidente de la Junta de Planificación (JP), Pedro Cardona Roig, subrayó en el podcast Con Los Editores del periódico Métro, que el Municipio de San Juan no tiene injerencia alguna y le toca atender esto a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE). En el espacio que conduce la periodista Aiola Virella, se resalta también el uso del reglamento de permisos del 2020, anulado por los tribunales. Puntualizó Cardona Roig que durante el proceso para reclamar título que se realizó antes de la transacción, el DTOP reconoció que el espacio ha servido de uso público durante 30 años.
Mientras, el alcalde de San Juan, Miguel Romero y su oficina de prensa, enviaron un comunicado de prensa en el que el Municipio negaba haber sido parte de la negociación del terreno.
“El municipio no vendió, participó, ni tuvo conocimiento de dicha transacción. Este terreno es ahora propiedad privada. El letrero que se hace referencia es sobre una solicitud de permiso radicada ante el municipio por ser una propiedad privada localizada en San Juan”, reza la misiva mediática.
Aquí las enmiendas de incorporación de las empresas
Bayola Ventures:
| Amendments | |
| Document Type Effective Date Payment Receipt [EN] 08-Jul-2022 3:00 PM Administrator Resolution (Uploaded) 08-Jul-2022 3:00 PM Amendment to Articles of Incorporation [EN] 08-Jul-2022 3:00 PM Corporate Address Change [EN] 08-Jul-2022 3:00 PM Payment Receipt [EN] 08-Jul-2022 2:49 PM Administrator Resolution (Uploaded) 08-Jul-2022 2:49 PM Amendment to Articles of Incorporation [EN] 08-Jul-2022 2:49 PM Resident Agent Certificate of Amendment [EN] 08-Jul-2022 2:49 PM |
Krug Property, LLC
| Amendments | |
| Document Type Effective Date Payment Receipt 08-Jul-2022 7:01 PM Administrator Resolution (Uploaded) 08-Jul-2022 7:01 PM Amendment to Articles of Incorporation 08-Jul-2022 7:01 PM Corporate Address Change 08-Jul-2022 7:01 PM Payment Receipt 08-Jul-2022 6:56 PM Administrator Resolution (Uploaded) 08-Jul-2022 6:56 PM Other Amendment 08-Jul-2022 6:56 PM Amendment to Articles of Incorporation 08-Jul-2022 6:56 PM |
SE ESPERAN AGUACEROS ESTE FIN DE SEMANA- Tendremos un alto índice de calor y bruma. Oleaje entre 4 y 6 pies. La meteoróloga Elizabeth Robaina comparte los detalles.
El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva el viernes para proteger el acceso al aborto mientras enfrentaba una creciente presión de sus compañeros demócratas para ser más contundente sobre el tema después de que la Corte Suprema anuló el derecho constitucional al procedimiento hace dos semanas.
Las acciones que describió están destinadas a mitigar algunas sanciones potenciales que las mujeres que buscan un aborto pueden enfrentar después del fallo, pero tienen una capacidad limitada para salvaguardar el acceso al aborto en todo el país. Biden reconoció las limitaciones que enfrenta su oficina y dijo que requeriría una ley del Congreso para restaurar el acceso al aborto en más de una docena de estados donde los límites estrictos o las prohibiciones totales han entrado en vigencia a raíz del fallo de la Corte Suprema. Alrededor de una docena de estados más están listos para imponer restricciones adicionales en las próximas semanas y meses.
Una cal y otra de arena para Enrique “Quique” Questell.
Mientras la Oficina del Panel Especial Independiente (PFEI) irá en alzada contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique ‘Quique’ Questell tras la decisión a su favor en un caso en el que se le acusa de influencia indebida, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) también se alista para presentar un recurso en el tribunal si no se retira la verja que mantiene sumergida en el mar su empresa Acuamak en la zona marítima-terrestre del Barrio Playa.
Primero lo primero. Questell demostró ayer con pocas palabra el gozo que sentía en su alma al salir por la puerta ancha del Tribunal de Ponce, luego de que el juez Rubén Serrano Santiago, determinara no causa para un juicio en su contra, por cargos correspondientes a aprovechamiento ilícito e influencia indebida para resolver una querella en su contra impuesta por el DRNA.
“Para los medios, no causa”, se limitó a decir Questell en su salida del Tribunal, según recogieron varios medios.
El PFEI le había radicado un caso criminal a Questell por alegada influencia indebida (artículo 4.2) y violación a la Ley de Ética Gubernamental, que establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.
A Questell se le había encontrado causa para arresto por ambos cargos criminales, hace poco menos de tres semanas, cuando la jueza Ginny Vélez Carrera, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, entendió que habían razones para entender que Questell pudo haber obrado ilegalmente y necesitaba probar su inocencia. Como ha documentado desde hace unos meses Cuarto Poder, este caso comenzó por una querella que presentaronlos representantes Estrella Martínez Soto y Héctor Ferrer, jr ante el Departamento de Justicia, luego de que Machargo aceptase una reunión con Questell para lidiar con esta querella durante una vista de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central de la Cámara de Representantes.
Machargo reiteró durante su testimonio ayer que en el verano de 2020 se reunió en una residencia privada de Questell Alvarado en relación con una querella en su contra pendiente en el DRNA.
Sin embargo, el juez Serrano Santiago determinó que los hechos no incurrieron en ilegalidades.
En manifestaciones a Primera Hora, el licenciado Pablo Colón, que representa a Questell, destacó que, al interactuar con Machargo, su cliente “no le dijo ‘resuélvame de esta forma’. No le dijo ‘yo quiero que tú me resuelvas de esta forma’. Le dijo ‘yo quiero acabar con esto’. Todas las personas que están en un proceso quieren acabar. Todas. Yo creo que no se puede juzgar a una persona que diga ‘yo quiero acabar con esto de una vez y por todas’. ¿Por qué? Porque me tiene harto. La situación que ha pasado con el alcalde es una situación que hastía. Ha habido continuas, ilegales e indebidas interferencias en su propiedad o la propiedad de la corporación Aquamak”.
Tras la decisión del juez, los fiscales especiales independientes que llevan el caso, Emilio Arill García y Manuel Núñez Corrada, solicitaron una vista en alzada. El juez Rubén Serrano Santiago la pautó para el próximo 8 de septiembre, a las 2:00 de la tarde.
Aún así, el DRNA afirmó hoy mediante su oficina de prensa que pudiese acudir al Tribunal si Acuamak no saca la verja que ya está sumergida en el mar. La parte posterior de esa verja fue reforzada, según reportamos hace unos días en este medio. Según la estipulación que resolvió la querella 16-097-ZMT, firmada el 10 de mayo por la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, Questell tiene 60 días – es decir, hasta el 12 de julio – para sacar la verja.
Dicha estipulación fue suscrita por el Lcdo. Carlos Lopez Freytes, en representación de Enrique Questell Alvarado y Aquamak.
El proceso luce más sencillo de lo que pareciera, en comparación con otros casos que necesitarían un deslinde: al estar sumergida en el agua, no haría falta un deslinde, pues rebasa los límites de la Zona Marítimo-Terrestre, es decir, no hay controversia entre los lindes de la propiedad de dominio público con la propiedad privada de Aquamak.
“El departamento va a ir al Tribunal, para hacer valer la estipulación”, fue la declaración del DRNA, mediante su oficina de prensa.
Como hemos resaltado en numerosas ocasiones, ni el Departamento de Educación (DE), ni el Departamento de Salud entienden que hay algún conflicto de interés en este caso entre Acuamak y el Gobierno de Puerto Rico, aún cuando el director de Edificios del DE, Enrique Questell Pereira, figura como tesorero de esa empresa y la directora de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, Arlene Questell, es la expresidenta de la empresa en cuestión.
El gobernador Pedro Pierluisi anunció esta tarde que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) presentará una enmienda al proyecto que propone saca dinero del Fondo del Seguro del Estado para mitigar el alza en el costo de la energía eléctrica y el agua.
El PNP propone sacar $205.5 millones para mitigar el alza en la energía eléctrica y $20 millones para el aumento en el costo del agua.
Pierluisi dijo que con esta propuesta no se afecta la estabilidad del Fondo del Seguro del Estado.
Inicialmente se había propuesto sacar $165 millones de la reserva del Fondo para mitigar el alza en el costo de la energía eléctrica y el agua.
La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán dijo que de asignarse ese dinero mitigaría por un año el costo del agua potable.
Mientras, Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dijo que la medida ayudaría a detener por tres meses el aumento en el costo de la energía generado por el alza en el costo del combustible.
El exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, fue sentenciado a 30 meses de prisión, tras llegar a un acuerdo con las autoridades federales en la que aceptó participar en un esquema de sobornos y comisiones ilegales con una compañía asfaltera.
Además de la pena de prisión, tiene que pagar $114,000 en efectivo y fue sentenciado a tres años de libertad supervisada.