Fiscalía va en alzada en caso de imputados por asesinato de “Macho” Camacho

Tras recibir una decisión adversa, el ministerio público solicitó hoy una vista preliminar en alzada en el proceso judicial iniciado contra los cinco imputados de asesinar al boxeador Héctor “Macho” Camacho y Adrián Mojica. De esta forma reaccionó el Departamento de Justicia ante la decisión del juez, Elmer Rodríguez Díaz, del Tribunal de Bayamón, quien no encontró causa para juicio contra los imputados.

La vista en alzada quedó señalada para el 8 de julio.

“No estamos de acuerdo con la determinación del tribunal. La respetamos, pero diferimos. Sobre todo cuando demostramos las medidas contundentes que hemos tomado para garantizar la comparecencia de William Ojeda Ramos, como un testigo esencial. No vamos a desistir, nosotros vamos a pelear este caso”, afirmó el fiscal Héctor Siaca Díaz, quien encabeza el equipo del ministerio público junto a Edwin Ortiz Rivera y Gabriel Redondo Miranda.

Ojeda Ramos llegó a Puerto Rico el lunes y estaba bajo la vigilancia del Estado, pero el miércoles tomó un avión y se marchó sin prestar testimonio.

Ante esa situación y previo a la vista celebrada hoy, la Fiscalía logró que Ojeda Ramos fuera certificado como un testigo indispensable y solicitó la intervención de las autoridades en el estado de Florida para que se ordene su comparecencia de forma compulsoria al proceso iniciado en Puerto Rico. Por lo que los fiscales solicitaron al juez Rodríguez Díaz que les concediera un plazo para continuar la vista preliminar. 

Los fiscales también notificaron a la Fiscalía de Florida que Ojeda Ramos incumplió con una de las condiciones impuestas como parte de una probatoria concedida en dicho estado, de manera que se inicie el proceso de revocación.

“Hemos tomado acciones concretas para asegurar que testifique. Nuestra petición fue razonable, por eso peticionamos la vista preliminar en alzada”, añadió Siaca Díaz en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

La agencia también citó la moción presentada por los fiscales.

“Por tal razón, el Ministerio Público invoca la Ley Uniforme para asegurar la Asistencia de Testigos que se Encuentran en o fuera de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. Sección 1472.  De conformidad con la citada ley, se solicita que se expida una Certificación, bajo el sello del Tribunal exponiendo que William Ojeda Ramos es testigo indispensable del Pueblo de Puerto Rico.  De otra parte, se informa al Tribunal de las gestiones realizadas por el Ministerio Publico para lograr la comparecencia de William Ojeda Ramos.  En consideración a lo anterior, se solicita que la Certificación requiera que el Tribunal en el estado de Florida ordene el arresto del testigo y su ulterior traslado hacia Puerto Rico para los fines antes expuestos”, lee una moción presentada por la Fiscalía.

Más temprano, la jefa de los fiscales, Jessika Correa González manifestó que “el Ministerio Público está realizando todas las gestiones necesarias para lograr la comparecencia de un testigo considerado esencial para probar más allá de duda razonable el caso contra los imputados de haber provocado la muerte de Héctor “Macho” Camacho y Adrián Mojica Moreno. Nuestro compromiso desde que retomamos la investigación es procesar a los responsables, y no vamos a claudicar, a pesar de los retos que podamos enfrentar. Existen los mecanismos en ley para traerlo y los estamos usando. Continuamos enfocados en el procesamiento de la conducta criminal para brindarle mayor seguridad a nuestros ciudadanos y hacerle justicia a las víctimas de delito y a sus familias”.

El 9 de marzo de 2022 el Departamento de Justicia presentó 27 cargos contra Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Juan Figueroa Rivera, Joshua Méndez Romero, Luis G Ayala García, Jesús Naranjo Adorno tras una investigación liderada por la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia junto a la División de Crímenes Mayores del Negociado de la Policía

Manos afuera del Gobernador en controversia de Rodríguez Aguiló y jefa de Servicios Generales

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no intervino en la controversia entre la jefa de la Administración de Servicios Generales, Karla Mercado Rivera, y el representante penepé Gabriel Rodríguez Aguiló, por una supuesta intervención indebida para impulsar la contratación de una compañía de asfalto.

Pierluisi Urrutia afirmó hoy, a preguntas de la prensa, que la funcionaria “siempre” goza de su confianza, pero evitó asumir una postura.

“No me voy a adelantar a los eventos. La política pública mía es que aquí la ley hay que cumplirla. Si la administradora de Servicios Generales ve cualquier irregularidad, las directrices que tiene es que refiera a las autoridades cualquier situación irregular que detecte y yo, por lo que entiendo, eso es lo que ha hecho en el pasado y lo haría en el futuro”, respondió el mandatario.

“Este incidente en particular, yo no tengo los detalles y sé que el representante se está expresando al respecto y me parece que hay que escucharlo también”, agregó.

En medio de críticas de legisladores que señalan que en la Administración de Servicios Generales hay un embudo de subastas que atrasa el proceso de reconstrucción del archipiélago, esta mañana Mercado Rivera aseguró que una persona de que su equipo de confianza recibió una llamada de un empleado legislativo promoviendo la contratación de una compañía, que no identificó, pero dijo que no tiene contratos con la AGS en este momento.

“Las garantías están. Lo que sí puede levantar molestia es que pues ya nosotros no aceptamos llamadas para que contratemos ciertas compañías o le demos un espacio a ciertas compañías como las hemos recibido en todo este proceso de tratar de hacer las cosas transparentes”, afirmó Mercado Rivera en entrevista en “Temprano en la mañana” con Rubén Sánchez (WKAQ).

“Personal de la oficina del representante Rodríguez Aguiló llamó a personal de mi staff de confianza procurando la contratación de una compañía en particular. Ciertamente ese acto de por sí no es un acto ilícito pero en procesos competitivos le resta a la transparencia”, añadió.

Inicialmente, Mercado Rivera no ofreció el nombre del empleado que alegó llamó a su oficina. Pero luego de que Rodríguez Aguiló negó las alegaciones y tildó la denuncia como un acto para manchar su nombre, la funcionaria identificó al empleado como Manuel Matos e indicó que contaba con una declaración jurada de su empleado para sostener la imputación.

También aclaró, a este medio a través de su portavoz de prensa, que la asfaltera en cuestión no era J.R. Asphalt, la compañía involucrada en un esquema de sobornos ilegales, que ha desembocado en la presentación de cargos a nivel federal en contra de varios alcaldes y funcionarios municipales. 

Al responder a los señalamientos, Rodríguez Aguiló indicó que luego de escuchar “la acusación” de Mercado Rivera se comunicó con sus empleados y que “nadie de mi oficina me corroboró que haya hecho una llamada a favor de un contratista de asfalto, ni una llamada a favor de un contratista en esa oficina”.

Apuntó que la funcionara debió, primero, confirmar la veracidad de la persona que realizó la supuesta llamada y luego comunicarse directamente con él en vez de optar por la denuncia por la denuncia pública.

“Yo no la he llamado a ella, ni a ningún empleado de esa oficina, ni de ninguna entidad gubernamental a favor de un contratista y mucho menos de asfalto”,  apuntaló Rodríguez Aguiló en entrevista radial.

Además, planteó que las expresiones de la funcionaria buscaban propinarle un “golpe político” por las críticas que ha hecho a la ASG y porque presentó legislación para agilizar el funcionamiento de la agencia.

Luego que Mercado Rivera identificó el nombre del empleado, Rodríguez Aguiló anunció en rueda de prensa que como medida cautelar no renovaría su contrato, que vence el 30 de junio, pese a que el empleado negó haber realizado la gestión.

También solicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez que ordene una investigación que abarque a todos sus empleados.

Ante la controversia, el representante y portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos, anunció la celebración de vistas públicas este miércoles.

“Esta vista será realizada por la Comisión de Hacienda y he encomendado al compañero Jesús Santa que, de inmediato, se garantice la deposición de la testigo y que se le extiendan todas las garantías que el reglamento de la Cámara confiere”, indicó en declaraciones escritas.

Junta Fiscal nombra a Jason Fichtner como su representante ante Junta de Reserva de Pensiones

La Junta de Control Fiscal anunció hoy el nombramiento del economista e investigador de retiros Jason J. Fichtner como su representante ante la Junta de Reserva de Pensiones y el Consejo de Beneficios de Pensiones del Fideicomiso de Reserva de Pensiones.

De acuerdo con el Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico y confirmado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, el Gobierno y la Junta establecieron un Fideicomiso de Reserva de Pensiones que se proyecta financiar con más de $10,000 millones en los próximos 10 años para pagar las pensiones a los retirados públicos en años futuros, en caso de que el Gobierno caiga en un déficit fiscal. El Fideicomiso de Reserva de Pensiones será gobernado por una Junta de Reserva de Pensiones que determinará la estrategia de inversión y por un Consejo de Beneficios de Pensiones que supervisará las aportaciones y retiros.

La Junta indicó en declaraciones escritas que Fichtner, en su designación como representante del Consejo, aportará su importante experiencia de trabajo con las políticas de retiro además de sus conocimientos de investigación sobre la seguridad en el retiro y sobre las propuestas políticas para aumentar los ahorros y las inversiones de los retirados.

Actualmente, Fichtner es vicepresidente y economista principal del Bipartisan Policy Center. También ha ocupado varios puestos de responsabilidad en la Administración del Seguro Social, como subcomisionado del Seguro Social, economista principal y comisionado asociado de política de retiro.

“Estamos muy contentos de poder contar con la experiencia y la comprensión del Dr. Fichtner en materia de economía y políticas de retiro para ayudar a la Junta de Supervisión en su misión de brindar un retiro seguro y estable a los retirados públicos de Puerto Rico”, comentó el presidente de la Junta, David Skeel.

“Su conjunto de habilidades únicas y sus credenciales profesionales son perfectamente adecuadas para este importante papel”, agregó.

Al aceptar la designación, Fichtner dijo que esperaba “aprovechar mi experiencia en beneficio del pueblo de Puerto Rico”.

“En Puerto Rico donde estamos experimentando un cambio en la población, de un mayor porcentaje de jóvenes a un mayor porcentaje de personas mayores, es aún más importante proteger los beneficios de las pensiones para garantizar que los retirados puedan disfrutar de un retiro seguro y estable”, añadió.

Sigue su curso queja ética contra el representante Orlando Aponte

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes asumió jurisdicción de la queja juramentada presentada en contra del representante popular Orlando Aponte Rosario por supuestamente incurrir en un alegado conflicto de interés al presentar un proyecto para enmendar las pensiones alimentarias que supuestamente lo beneficiaba porque tenía pendiente un caso de manutención.

“En efecto, se recibió la querella en contra del representante Orlando Aponte. Se procedió a informarle al representante. Él tiene ahora 15 días para responder a esa querella y luego pasa al panel ciudadano”, indicó a Cuarto Poder (WAPA-TV) la portavoz de prensa de la Cámara, Shirley Cordero.

El panel de ciudadanos es el primer filtro en el proceso administrativo. Está compuesto por siete personas de “intachable reputación en la comunidad” que evalúan las alegaciones y determinan si la queja tiene los elementos para convertirse en una querella formal. El panel tiene la facultad para desestimar la queja de plano. Si la queja se convierte en una querella entonces la Comisión de Ética inicia el proceso de investigación.

La semana pasada, el excandidato a la alcaldía de Villalba por el penepé, Guillermo Irizarry Rodríguez, presentó la queja en la cual señala que Aponte Rosario radicó el proyecto de la Cámara 1153 para enmendar la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores el 21 de enero pasado y ese mismo día compareció a una vista para fijar pensión en  la Sala de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores en Bayamón, según el expediente electrónico de casos del Poder Judicial.

Según la queja y citando el expediente electrónico, Irizarry Rodríguez planteó que el representante inició el proceso de divorcio bajo la causal de ruptura irreparable el 20 de diciembre de 2021. El representante por el Distrito 26, que comprende los municipios de Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo, está casado y tiene dos hijos, de acuerdo a su biografía oficial.

“Las actuaciones del representante Aponte Rosario resultan en un claro conflicto de interés, al representante ser directamente beneficiado del resultado de la presentación, discusión y eventual aprobación del Proyecto de la Cámara 1153”, argumentó Irizarry Rodríguez.

“A pesar, de que no se llevó a votación final la medida, su mera presentación, el participar activamente en la discusión de la medida, presentar enmiendas y votar en los referéndums relacionados, son acciones claramente prohibidas por las Reglas de Ética de la Cámara de Representantes. El Representante violentó las Normas de Conducta establecidas en el Artículo 4 de la R. de la C. 326”, agregó.

Las Reglas de Conducta Ética de la Cámara de Representantes o Resolución de la Cámara 326

establecen que ningún representante llevará a cabo acciones o actividades que resulten en un conflicto de interés o que pueda crear la apariencia sobre la existencia de un conflicto de interés.

Le medida había quedado en suspenso, pero el martes la Cámara de Representantes derrotó la propuesta de la autoría de Aponte Rosario, que proponía enmendar la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores para establecer que en ningún caso la pensión alimentaria fijada será mayor del 40% del ingreso neto del alimentante y para reducir la edad de 21 a 18 años de los menores que tienen derecho a recibir manutención.

Al reaccionar a la queja en su contra, el representante Aponte Rosario la catalogó como un gesto “bajuno” de sus adversarios políticos y aseguró que no estaba divorciado y que no atravesaba por un proceso para establecer la manutención de sus hijos.

Aunque inicialmente el representante rechazó abordar las alegaciones en su contra con este medio por tratarse de un asunto personal, el miércoles en entrevista radial confirmó que había iniciado un proceso de divorcio, pero que luego se reconcilió con su esposa. Aseguró también que el trámite legal nunca llegó a la etapa de fijar una pensión alimentaria.

REFERIDO A JUSTICIA

En medio del proceso ante la Comisión de Ética, la exempleada de la Cámara de Representantes, Zuleika Zayas presentó esta semana un referido ante el Departamento de Justicia para que investigue si el político incurrió en algún delito al ofrecer alegadas declaraciones falsas y activar el sistema investigativo del Estado innecesariamente.

La exempleada alegó que Aponte Rosario le mintió a Justicia al declarar en una querella que presentó el 21 de agosto de 2020 que tenía conocimiento personal de supuestas irregularidades en la nómina del exrepresentante Urayoán Hernández Alvarado.

Aunque Justicia recomendó la designación de un fiscal especial independiente para ampliar la pesquisa, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente rechazó dicha recomendación porque el informe preliminar no contenía una declaración jurada que apoyara la petición. 

El representante catalogó dicho referido como un acto frívolo y mencionó que Zayas presentó sin éxito otra queja en su contra ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico con las mismas alegaciones que presentó ante Justicia.

Alcalde de Cataño espera más arrestos vinculados al Cano Delgado

A juicio del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, todavía pueden producirse otros arrestos de exfuncionarios o contratistas vinculados a la administración del ex alcalde Félix “Cano” Delgado Montalvo.

“A base de la información que tengo, de los requerimientos del Contralor de Puerto Rico, de la Oficina de Ética Gubernamental y de un gran jurado que está activo, es que va a haber mucho más movimiento con relación a este asunto que tiene que ver con Cataño”, dijo el alcalde.

Fuente: El Nuevo Día

La venta sin IVU de artículos para la temporada de huracanes va

“Ya atendimos los señalamientos de la Junta así que ese fin de semana sin IVU va”, sostuvo el gobernador Pedro Pierluisi ayer. Los días de ventas sin Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en artículos necesarios para la temporada de huracanes se llevarán a cabo del 17 al 19 de junio luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) diera su visto bueno, indicó el gobernador.


Fuente: El Nuevo Día

Nuevas restricciones en centros de cuidos de ancianos ante brotes de COVID-19

Ante el alza en contagios de COVID-19 en los centros de cuidos de ancianos, ​​el secretario de Salud, Carlos Mellado, explicó que las personas que acudan a visitar familiares y el personal que realice labores en los centros, deben utilizar mascarilla KN95 y presentar una prueba negativa realizada 72 horas antes de acceder al establecimiento.


Fuente: El Vocero

Pocos oficiales correccionales, aseguran tras muerte de Shannel Colón Ponce

La presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez, dijo que mientras no haya el ‘staff’ requerido en todas las instituciones correccionales no se va cumplir con velar vida y propiedad al 100%. “Van a seguir ocurriendo muertes de miembros de la población correccional porque no hay ese personal para poder dar esas rondas y cubrir esos puestos”, dijo.

Las expresiones surgen en momentos en que hay repudio de parte de manifestantes que exigen respuestas sobre la muerte de la reclusa Shannel Colón Ponce, una joven de 23 años que según la versión preliminar de las autoridades se habría suicidado la semana pasada en medio de un traslado supervisado hacia su celda y en momentos en que las videocámaras del establecimiento estaban inoperantes por una supuesta falla de energía eléctrica.

Fuente: Primera Hora