La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes asumió jurisdicción de la queja juramentada presentada en contra del representante popular Orlando Aponte Rosario por supuestamente incurrir en un alegado conflicto de interés al presentar un proyecto para enmendar las pensiones alimentarias que supuestamente lo beneficiaba porque tenía pendiente un caso de manutención.
“En efecto, se recibió la querella en contra del representante Orlando Aponte. Se procedió a informarle al representante. Él tiene ahora 15 días para responder a esa querella y luego pasa al panel ciudadano”, indicó a Cuarto Poder (WAPA-TV) la portavoz de prensa de la Cámara, Shirley Cordero.
El panel de ciudadanos es el primer filtro en el proceso administrativo. Está compuesto por siete personas de “intachable reputación en la comunidad” que evalúan las alegaciones y determinan si la queja tiene los elementos para convertirse en una querella formal. El panel tiene la facultad para desestimar la queja de plano. Si la queja se convierte en una querella entonces la Comisión de Ética inicia el proceso de investigación.
La semana pasada, el excandidato a la alcaldía de Villalba por el penepé, Guillermo Irizarry Rodríguez, presentó la queja en la cual señala que Aponte Rosario radicó el proyecto de la Cámara 1153 para enmendar la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores el 21 de enero pasado y ese mismo día compareció a una vista para fijar pensión en la Sala de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores en Bayamón, según el expediente electrónico de casos del Poder Judicial.
Según la queja y citando el expediente electrónico, Irizarry Rodríguez planteó que el representante inició el proceso de divorcio bajo la causal de ruptura irreparable el 20 de diciembre de 2021. El representante por el Distrito 26, que comprende los municipios de Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo, está casado y tiene dos hijos, de acuerdo a su biografía oficial.
“Las actuaciones del representante Aponte Rosario resultan en un claro conflicto de interés, al representante ser directamente beneficiado del resultado de la presentación, discusión y eventual aprobación del Proyecto de la Cámara 1153”, argumentó Irizarry Rodríguez.
“A pesar, de que no se llevó a votación final la medida, su mera presentación, el participar activamente en la discusión de la medida, presentar enmiendas y votar en los referéndums relacionados, son acciones claramente prohibidas por las Reglas de Ética de la Cámara de Representantes. El Representante violentó las Normas de Conducta establecidas en el Artículo 4 de la R. de la C. 326”, agregó.
Las Reglas de Conducta Ética de la Cámara de Representantes o Resolución de la Cámara 326
establecen que ningún representante llevará a cabo acciones o actividades que resulten en un conflicto de interés o que pueda crear la apariencia sobre la existencia de un conflicto de interés.
Le medida había quedado en suspenso, pero el martes la Cámara de Representantes derrotó la propuesta de la autoría de Aponte Rosario, que proponía enmendar la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores para establecer que en ningún caso la pensión alimentaria fijada será mayor del 40% del ingreso neto del alimentante y para reducir la edad de 21 a 18 años de los menores que tienen derecho a recibir manutención.
Al reaccionar a la queja en su contra, el representante Aponte Rosario la catalogó como un gesto “bajuno” de sus adversarios políticos y aseguró que no estaba divorciado y que no atravesaba por un proceso para establecer la manutención de sus hijos.
Aunque inicialmente el representante rechazó abordar las alegaciones en su contra con este medio por tratarse de un asunto personal, el miércoles en entrevista radial confirmó que había iniciado un proceso de divorcio, pero que luego se reconcilió con su esposa. Aseguró también que el trámite legal nunca llegó a la etapa de fijar una pensión alimentaria.
REFERIDO A JUSTICIA
En medio del proceso ante la Comisión de Ética, la exempleada de la Cámara de Representantes, Zuleika Zayas presentó esta semana un referido ante el Departamento de Justicia para que investigue si el político incurrió en algún delito al ofrecer alegadas declaraciones falsas y activar el sistema investigativo del Estado innecesariamente.
La exempleada alegó que Aponte Rosario le mintió a Justicia al declarar en una querella que presentó el 21 de agosto de 2020 que tenía conocimiento personal de supuestas irregularidades en la nómina del exrepresentante Urayoán Hernández Alvarado.
Aunque Justicia recomendó la designación de un fiscal especial independiente para ampliar la pesquisa, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente rechazó dicha recomendación porque el informe preliminar no contenía una declaración jurada que apoyara la petición.
El representante catalogó dicho referido como un acto frívolo y mencionó que Zayas presentó sin éxito otra queja en su contra ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico con las mismas alegaciones que presentó ante Justicia.
