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El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón Luis Rodríguez Ruiz enfrentará cargos por violencia de género y maltrato de menores, adelantó una fuente de Cuarto Poder (WAPA-TV).
Rodríguez Ruiz fue expulsado de la Cámara de Representantes en febrero de 2018 tras la alegada acusación de violencia de género por una empleada de su oficina en su contra.
Además, Rodríguez Ruiz se declaró culpable por dos cargos de omisión en el cumplimiento del deber tras alcanzar un acuerdo con la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei).
Según las acusaciones, el exlegislador tenía un empleado fantasma en la nómina de su oficina legislativa e incurrió en irregularidades en la creación y la designación de fondos a las organizaciones sin fines de lucro Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas. En el proceso, no hubo desembolso de fondos públicos.
En este caso, los fiscales especiales también acusaron a Soniel Torres Suárez, quien se desempeñó como directora de la oficina legislativa de Rodríguez Ruiz desde el inicio del cuatrienio. La exempleada enfrentó cargos por perjurio, malversación de fondos públicos, falsedad ideológica y fraude o engaño sobre testigos. Tras un acuerdo con el ministerio público, se declaró culpable y el 2 de julio de 2020, la jueza Torres Cancel la sentenció a siete años de sentencia suspendida. Además, restituyó al erario $5,625.
La Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana destituyó hoy, martes, al presidente de la institución, Manuel J. Fernós, confirmó el presidente del cuerpo rector, José R. Muñoz Ávila.
“Efectivo hoy el licenciado Manuel J. Fernós cesó sus funciones como presidente de la institución”, indicó Muñoz Ávila en escuetas declaraciones escritas.
No ofreció una explicación para la abrupta partida de Fernós, pero agradeció los años de servicios que brindó a la universidad. Fernós presidía la Inter desde el 1999. Previamente, ocupó el cargo de decano de la Facultad de Derecho de la Interamericana.
En sustitución, la Junta nombró a Rafael Ramírez Rivera como presidente interino. Ramírez Rivera se ha desempeñado como rector del recinto de Arecibo por los pasados 14 años.
Una fuente de Cuarto Poder (WAPA-TV), reveló que 15 miembros del cuerpo rector de la Inter votaron a favor de la salida de Fernós y 2 en contra. La decisión se tomó ayer, pero la notificación a Fernós ocurrió hoy, afirmó el informante.
“Esto se ha venido cocinando poco a poco. Ya venían quitándole poderes a Fernós”, afirmó la fuente.
Aseguró que su salida está relacionada a la insatisfacción que creó en la Junta su relación estrecha y la “protección” que ofreció a su mano derecha Dominique Gilormini De Gracia.
La Junta de Síndicos de la Inter se encuentra en una especie de “sesión permanente” desde que ordenó investigar a Gilormini De Gracia, ex director ejecutivo de la presidencia. También suspendió a Gilormini De Gracia, quien también ocupa un cargo de profesor en la Facultad de Derecho de la Inter, mientras el bufete del licenciado Rolando Emanuelli realiza la pesquisa interna. A pesar de la suspensión, Gilormini De Gracia mantuvo su salario.
La destitución de Fernós ocurre a pocas horas de que la jueza Iveliz Morales Correa del Tribunal de San Juan desestimara la demanda incoada por Gilormini De Gracia, quien impugnó sin éxito el proceso iniciado en su contra por la Universidad Interamericana.
El pasado 25 de abril Bonita Radio divulgó en primicia detalles de la demanda y reveló vínculos entre Gilormini De Gracia y Jorge Dávila, el director de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien durante el pasado año ocupó un puesto de catedrática asociada en el Departamento de Justicia Criminal del Recinto Metro de la Inter.
La semana pasada, la institución informó a preguntas de Cuarto Poder que no renovará el contrato de Vázquez Garced, cuyos abogados han anticipado que sería arrestada próximamente por una investigación relacionada a donativos de su campaña primarista.
Según la fuente de este medio, la pesquisa interna en la Inter abarca el andamiaje corporativo creado por Gilormini De Gracia para beneficio suyo y de su círculo cercano. Pero también incluye posibles irregularidades en el proceso de nombramiento de Vázquez Garced, quien según la fuente, ni siquiera “había llenado los papeles para solicitar la plaza” de catedrática asociada.
Reacciona Fernós
Horas después de confirmada su destitución, Manuel J. Fernós catalogó la decisión de la Junta de Síndicos como “una actuación carente de fundamento ya que en ningún momento se le expresó ninguna razón específica para la destitución y por el contrario, hace un mes recibió una comunicación de felicitación por parte de dicho organismo”.
Según el licenciado Fernós, “la única diferencia que tuve con el presidente de la Junta de Síndicos fue por traer a su atención lo que entendí era un posible conflicto de interés de varios miembros de este organismo en un proceso de licitación de dicho cuerpo rector. La misma se traería a discusión de la Junta de síndicos en pleno durante el día de mañana miércoles, como iniciativa de un servidor”.
“Era mi deber revelar y combatir cualquier acto que se apartara de las mejores prácticas de contratación de recursos y que pusiera en tela de juicio la credibilidad del máximo organismo rector de la institución”, reiteró el licenciado Fernós al referirse a su denuncia de potenciales conflictos de interés.
Durante su incumbencia, Fernós aseguró que la Inter obtuvo las más altas clasificaciones de agencias crediticias como Standard & Poor’s por el manejo de las finanzas y la transparencia administrativa de la institución. De igual manera las clasificaciones de bonos de la universidad y sus informes financieros evidencian las mejores prácticas en el manejo de fondos. Durante la pasada reunión mensual de la Junta de Síndicos, Fernós fue objeto de una moción de felicitación por su labor para alcanzar los logros descritos.
Su trayectoria se inició hace 43 años ya que durante dos décadas fungió como profesor, rector y decano, previo a su labor como presidente.
Según el otrora presidente, ante la ausencia de razones para su despido, rechazó la petición de presentar una renuncia a la Junta de Síndicos y se dispone a presentar una acción legal en contra de dicho organismo.
El juez federal Francisco Besosa cometió tres errores durante el proceso judicial del productor de reggaetón Rafael Rafael Antonio “Raphy” Pina Nieves que deberían resultar en la anulación del veredicto y la celebración de un nuevo juicio, argumentó hoy el licenciado Javier Micheo Marcial.
En entrevista con Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV), el abogado repasó los errores que la defensa imputa al togado y que adelantó en la moción de fianza en apelación, que hoy Besosa rechazó en la vista de imposición de sentencia. Ahora el equipo de defensa presentará la apelación ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.
“Es un poquito cuesta arriba porque eso depende -para que ganemos la moción- que el mismo juez a quien se le imputa cometer los errores, acepte sus errores y diga ‘caramba es muy probable que este caso me lo devuelvan, que esta persona permanezca en fianza'”, indicó Micheo Marcial sobre la moción de fianza en apelación denegada por Besosa.
Pero a nivel del Circuito, la defensa del productor de música urbana se siente confiada en que prevalecerá en -al menos- uno de los tres errores señalados.
La defensa de Pina Nieves, compuesta por Micheo Marcial, María Domínguez Victoriano y Francisco Rebollo Casalduc, imputa tres errores directos al juez Besosa.
En primer lugar, sostiene que Besosa falló al permitir a la fiscalía federal introducir como prueba un fragmento de una moción de desestimación que sometió Rebollo Casalduc previo al juicio que indicaba que Pina Nieves estaba resignado a que tendría que cumplir cárcel por las dos acusaciones de posesión de armas que enfrentaba.
“La fiscalía tomó fuera de contexto una porción del argumento de esa moción. Solicitó que esa porción del argumento se le atribuyera al abogado de Pina, como una declaración del señor Pina y que se pudiese utilizar como evidencia de la conciencia culpable del señor Pina. Era una aseveración a los efectos de saber el que uno ha sido encauzado y que puede conllevar cárcel la pena, es una ventaja tremenda durante el proceso de negociación de un acuerdo de culpabilidad”, explicó Micheo Marcial.
Hoy, el fiscal José Ruiz Santiago mencionó ese declaración al argumentar a favor de la imposición de una pena de cuatros años y dos meses de cárcel para Pina Nieves.
El segundo error que Besosa cometió, según el abogado, ocurrió durante las argumentaciones finales al jurado previo a la deliberación. El juez permitió que el fiscal Ruiz Santiago divulgara que el ministerio público investigaba a Pina Nieves por lavado de dinero pese a que no se presentó evidencia de esa alegación durante el proceso judicial.
“Raphy en los últimos días y hoy incluso al salir del tribunal, él ha mencionado varias veces de que a él se ha acusado de ser narcotraficante y de lavar dinero. Eso ha sido algo que recurrentemente él ha expresado en los medios. Eso es por la filtración de unas investigaciones en el 2018. La fiscalía nunca introdujo prueba de eso en el juicio, pero en el argumento el fiscal José Ruiz declaró que el señor Pina estaba en efecto siendo investigado por lavado de dinero”, recalcó el abogado.
La argumentación del fiscal ocurrió cuando explicó que en medio de esta investigación, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) allanó su residencia en la urbanización Caguas Real y descubrió las armas ocupadas en una bóveda de la residencia.
Según el abogado, al soltar ese comentario de la investigación de lavado en medio de las argumentaciones finales armas permitía a los miembros del jurado inferencias que causaban prejuicio a Pina Nieves puesto que lo vinculaban al mundo del narcotráfico, sin presentación de prueba para apoyar esa alegación.
El tercer error de Besosa consistió en rechazar el testimonio de uno de los testigos de la defensa, el agente de bienes raíces, residente en Miami, Jordan Millman. La defensa presentó este testigo para establecer que Pina Nieves tenía múltiples propiedades y que no controlaba lo que ocurría en esas propiedades, un elemento esencial para minar la teoría del estado.
“El juez eliminó ese testigo encontrando que tener más propiedades no afectaba el grado de control que pudiese ejercer el señor Pina sobre esa propiedad en Caguas Real. Eso obviamente sentimos que nos amarró completamente las manos al momento de poder defendernos”, apuntaló Micheo Marcial.
“Nos tumbaron un tercio de la prueba. Eso fue extremadamente dañino porque no solo no los tumbaron, él testificó varios minutos y el juez instruyó al jurado que todo el testimonio era irrelevante. Se lo telegrafió completamente. Para nosotros eso era una comunicación implícita de que no había nada que afecte el grado de control del señor Pina sobre la residencia en Caguas Real”, agregó.
Pina Nieves se entregó está tarde a la Oficina de los Alguaciles Federales para empezar a cumplir la sentencia de cárcel de 41 meses impuesta por Besosa. El juez también lo sentenció a tres años de libertad supervisada, 200 horas de trabajo comunitario y el pago de una multa de $150,000.
El 22 de diciembre pasado, un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres encontró a Pina Nieves culpable de dos cargos de posesión ilegal de armas, que fueron ocupadas durante una allanamiento a una propiedad suya. La fiscalía federal acusó al productor de música urbana de un cargo de posesión de un arma de fuego alterada ilegalmente para disparar de forma automática y otro de posesión de un arma pese a una convicción federal previa por fraude bancario le impedía tener armas de fuego.
Mira la entrevista aquí: ¿Hubo errores en el caso de Raphy Pina?
El juez federal Francisco Besosa sentenció hoy al productor de reggaetón Rafael Antonio “Raphy” Pina Nieves a 41 meses de cárcel y $150,000 de multa.
El hombre, de 43 años, también tendrá que cumplir 3 años de libertad supervisada y 200 horas de servicio comunitario tras extinguir la pena en prisión.
El juez Besosa rechazó que Pina Nieves permaneciera en libertad mientras apela el caso y ordenó que se entregué hoy antes de las 3:00 p.m. a pesar del compromiso de su defensa de acompañarlo para que se entregara de forma voluntaria a la cárcel en el estado de Florida, donde debe cumplir la pena.
A la salida del Tribunal Federal en el Viejo San Juan, la licenciada María Domínguez Victoriano indicó que el equipo de la defensa, que incluye a los licenciados Francisco Rebollo Casalduc y Javier Micheo Marcial, solicitará una fianza en apelación, que explicó, de ser otorgada debería permitir que Pina Nieves salga de prisión en 15 días.
Pina Nieves llegó al juzgado puntual en compañía de su compañera, la cantante y empresaria Natti Natasha, y de sus tres hijos. Su familia y amigos ocuparon las tres primeras filas de la sala #5.
Primero, Domínguez Victoriano abogó por una sentencia justa. La defensa pidió que se impusiera una sentencia en probatoria o arresto domiciliario.
“Espero considere la totalidad de esta persona, sus logros y actos de bondad”, apuntó la abogada.
Luego, la tía de Pina Nieves, Susana Pina Gómez, habló a nombre de la familia para pedir al juez que permitiera a los hijos del productor crecer junto a su padre.
“No es un peligro para la sociedad. No es un criminal. Ni un narcotraficante. Mucho menos un evasor de impuestos como se le ha querido dejar ver”, afirmó en español.
Mencionó que Pina Nieves se hizo responsable de su familia a los 21 años tras la muerte de su padre Rafael Pina y que sus cuatros hijos eran el centro de si vida. Por eso, según Pina Gómez, el productor les pasa pensión y hasta compró dos casas cerca de su residencia para mantener ese vínculo estrecho.
Entonces, el fiscal José Ruiz Santiago tomó su turno. De entrada, señaló que objetaba el informe presentencia, que recomendó que la condena no excedería los tres años y medio de prisión. Pero argumentó que existían razones para imponer una sentencia mayor y en un momento de su alocución recordó que Pina Nieves estaba resignado a cumplir cárcel por la acusación de posesión de armas y municiones.
Planteó que el informe presentencia omitió mencionar que la oficina de Pina y el Choliseo fueron tiroteados el 8 de diciembre de 2019. El asalto con rifles al Coliseo de Puerto Rico ocurrió luego de un concierto de Daddy Yankee. Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) allanaron su residencia en Caguas el 1 de abril de 2021. En esa intervención, ocuparon dos armas y cientos de municiones.
“Algún mensaje querían enviar”, señaló el fiscal.
Ruiz también resaltó que esos incidentes ocurrieron dos meses antes de la grabación encubierta que se presentó durante el juicio y en la cual se escuchaba a Pina Nieves reconocer que tenía armas y municiones.
También afirmó que Pina Nieves no había mostrado arrepentimiento, ni aceptado su culpa.
“Una persona que no reconoce su culpa es difícil de rehabilitar”, afirmó el fiscal federal.
Concluyó su exposición indicando que no pedía la pena mayor, que en ese caso de trataba de hasta 10 años de prisión, sino una pena de cárcel de 46 a 50 meses de prisión.
La licenciado Domínguez Victoriano refutó al fiscal. Apuntó que Pina Nieves no abordó los hechos del caso al ser entrevistado por la Oficina de Probatoria por instrucción suya, puesto que apelarán el veredicto del caso. También reiteró que no se encontró ADN del productor en las armas, ni se estableció durante el juicio que las armas ocupabas habían sido disparadas.
Finalmente, Pina Nieves se paró frente al juez Besosa para leer un mensaje en español. Con voz entrecortada, recordó su pasado humilde y la pérdida de su padre, rafael Pina Gómez, que ocurrió un día como hoy hace 22 años.
Reconoció que su nombre se afectó cuando se declaró culpable por el caso de fraude de Doral y afirmó que le tomó 8 años limpiar su nombre. Señaló también que en el 2018 se filtró información sobre una investigación en su contra por tráfico de drogas y lavado de dinero y que esa marca de carimbo lo acompañado a través del tiempo.
“No es real, ni se presentaron cargos, pero en el mundo de la percepción esas alegaciones se han mantenido y me han afectado”, apuntó el productor de reggaetón.
Habló del concierto de Daddy Yankee, quien estuvo en sala hoy, en el Choliseo como un evento familiar que ayudó a la maltrecha economía isleña. En esa línea, aseguró que el gobierno distorsionó los hechos y que pagó impuestos por los ingresos de esos conciertos.
Pidió al juez que le permitiera regresar a su familia para ver a su pequeña hija dar los primeros pasos.
“A mis hijos, los amo hasta que deje de respirar”, apuntaló antes de escuchar al juez Besosa imponer la sentencia.
Concluidas las exposiciones, Besosa lentamente repasó la evidencia presentada en el caso. Apuntó que Pina Nieves era un convicto federal que no podía comprar, ni poseer armas. Repasó jurisprudencia, mencionó el asunto de las municiones ocupadas en la casa del productor y la violencia por armas de fuego en el archipiélago. Afirmó que las sentencias de cárcel tienen el efecto de desalentar el crimen.
Como quien llena el récord de cara a una apelación de la sentencia, consignó que durante la imposición de sentencia de fraude a Doral, Pina Nieves también estuvo acompañado por el licenciado Francisco Rebollo Casalduc. Hoy, Rebollo Casalduc no habló durante la vista. En aquel momento, ante el juez federal Daniel Domínguez Pina Nieves aseguró que había aprendido de sus errores y que no volvería a delinquir.
Pero, destacó Besosa, dos años después compró sus armas en el mercado ilegal, que nunca registró. Además, el togado indicó que aquella sentencia indulgente por el fraude hipotecario hoy le operaba en contra puesto que lo ubicaba en un rango mayor en las guías de sentencia.
El 22 de diciembre pasado, un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres encontró a Pina Nieves culpable de dos cargos de posesión ilegal de armas. La fiscalía federal acusó al productor de música urbana de un cargo de posesión de un arma de fuego alterada ilegalmente para disparar de forma automática y otro de posesión de un arma pese a una convicción federal previa por fraude bancario le impedía tener armas de fuego.
Los cargos emanan del allanamiento a su residencia en la urbanización Caguas Real en Caguas, el 1 de abril de 2020. Ese día agentes del FBI ocuparon en una bóveda o cuarto de pánico de la casa una pistola Glock 19 de 9mm, que estaba modificada, una Smith & Wesson .40 y 526 municiones de diferentes calibres.
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La Junta de Control Fiscal no avaló la propuesta del gobernador de eximir a los municipios de la aportación al plan de salud del gobierno y dejar a un lado la eliminación del Fondo de Equiparación. Esto los deja con menos fondos para ofrecer servicios. Se espera que desde el 1 de julio, 24 municipios perderán entre un 50% y 70% de sus ingresos, y otros tres dejarían de recibir 70% o más de lo que ingresan hoy. Por ejemplo, Comerío podría quedarse solo con los servicios del alcalde, 15 empleados para el recogido de basura y, quizás, un empleado más a tiempo parcial para el manejo de las finanzas si persiste la eliminación del Fondo de Equiparación.
Fuente: El Nuevo Día
El productor musical Raphy Pina Nieves fue declarado culpable el pasado diciembre por posesión ilegal de armas y municiones. Hoy a las 9:00 a.m será su sentencia ante el juez Francisco Besosa. La Fiscalía federal, conscientes de que el informe pre sentencia recomendó unas guías de sentencia de entre 33 y 41 meses, solicitó al tribunal una pena de entre 46 y 50 meses en prisión para el productor musical.
Fuente: Primera Hora