El alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill Rosa aseguró que no se han detectado irregularidades que tengan que ser referidas a las autoridades federales en el Municipio tras la renuncia de Ángel Perez, acusado de corrupción pública. O’Neill Rosa aseguró que, hasta el momento, los hallazgos se tratan de fallas en el procedimiento para contratar o realizar compras.

Fuente: Primera Hora

Puede que la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) proteja con su inacción los intereses del exalcalde Enrique Questell Alvarado y de sus hijos y funcionarios de alto rango en el gobierno estatatal, Arlene Questell y Enrique Questell Pereira, pero en el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) las cosas son distintas.

El PFEI determinó archivar una querella por alegada apropiación ilegal del alcalde de Santa Isabel, Rafael ‘Billy’ Burgos Santiago, de material rocoso propiedad del exalcalde Questell Alvarado, acogiendo así la recomendación del Departamento de Justicia (DJPR).

Según informó el DJPR en un comunicado de prensa, “en síntesis, el Informe de Investigación Preliminar del DJPR acogido par el PFEI establece, que el alcalde (Burgos Santiago) actuó dentro de sus responsabilidades oficiales al ordenar remover unas piedras que obstaculizaban la via pública y que fueron depositadas por instrucciones del exalcalde Questell Alvarado”.

“El antecedente de estas hechos se basa en una disputa por titularidad y acceso a una rampa de pescadores que ubica aledaña a una propiedad camercial de Questell Alvarado y que se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal de Primera Instancia. La investigación realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralar (DIPAC) de Justicia expone la recopilación de documentos, videos y fotografias, como entrevistas a sobre una decena de funcianarios.

Questell Alvarado había presentado una querella par apropiación ilegal contra el Alcalde, tras este ordenar a personal municipal a remover unas piedras que obstaculizaban el acceso a una vía pública que comunica a la referida rampa de pescadores, como a una comunidad. Aunque el exalcalde alegaba ser dueño de los terrenos donde ordenó depositar el material rocoso, cuya controversia continúa ante los tribunales.

Además, el alcalde Burgos Santiago actuó conforme a una estipulación avalada por el Tribunal de Primera Instancia, donde se compromete a mantener la vía libre de obstaculos y velar porque no fuera obstruida. La investigación no encontró elementos de delito en las actuaciones de Burgos Santiago en el descargo de sus funciones como alcalde, según indicó la oficina del PFEI.

“Tampoco encontró irregularidades en el proceso seguido por la Fiscalía de Ponce para atender las vertientes derivadas del trámite correspondiente de la evaluación de querellas ni denuncias. Concluimos que el alcalde Rafael Burgos Santiago no ha cometido delito, por lo que ordenamos el archivo de este asunto sin ulterior trámite”, cierra la Resolución adoptada por los miembros del PFEI.

Este caso ha estado bajo lupa en la opinión pública luego de que Cu4rto Poder revelara las irregularidades en el desenvolvimiento del mismo, tras el DRNA determinarse en dos ocasiones y concordarse mientras estipulación que Questell Alvarado y Aquamak deben pagar miles en sanciones y remover una verja en la zona marítimo-terrestre. En lo que luce como una situación inexplicable, la secretaria interina del DRNA Anaís Rodríguez Vega aún no firma la estipulación aún cuando fue el mismo oficial examinador de su agencia quien sometió las recomendaciones y que ambas partes – el interés público del DRNA y los representantes de Questell y Aquamak – firmaron el documento.

Para colmo, el atribulado gobierno de Pedro Pierluisi, que se mueve como palma entre los vientos de un supuesto escándalo de corrupción con donativos electorales, tiene empleadas a dos personas que durante la pasada década han administrado Aquamak en medio de los bochornosos escándalos del exalcalde Questell por aparentes intentos de apropiarse de la costa del Barrio Playa.

Por una lado, el ingeniero Enrique Questell Pereira Arlene Questell, tesorero de Aquamak, figura, desde marzo 2021 como Director de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción del Departamento de Educación. Al preguntarle a la oficina de prensa por una reacción del secretario Eliezer Ramos, el funcionario no quiso responder si su contratación no incurre en un conflicto de intereses al estar involucrado en una empresa señalada por el DRNA delinquir contra el ambiente y simplemente emitió palabras desbordadas de adulación.

“El Ing. Enrique Questell Pereira forma parte del equipo de gerenciales del Departamento de Educación en funciones de Director de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción desde marzo de 2021. Su nombramiento se dio bajo la administración de la anterior secretaria Elba Aponte. Posee un Bachillerato en Ingeniería Civil del Recinto Universitario de Mayagüez graduado con honores (magna cum laude) y una Maestría en Ingeniería de Sistemas de Cornell University”, subrayó Ramos, cual ficha técnica de logros desplegada en discurso de graduación.

 “Desde entonces, el Ing. Questell se ha desempeñado de manera altamente satisfactoria. Sus credenciales, destrezas y compromiso no solo lo han distinguido y le han valido el respeto entre el equipo gerencial, sino que han sido clave en lograr avances significativos en las metas y tareas de la Oficina que han llevado a progresos significativos en todos los proyectos e iniciativas de estabilización, reparación y reconstrucción de la infraestructura escolar”, agregó.

Asimismo, Arlene Questell, expresidenta de Aquamak, dirige la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal. Antes de entrar a sus menesteres con el cannabis medicinal, Questell confesó ser “la candidata del secretario” Carlos Mellado, quien a su vez es tío político de la secretaria interina