Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.
El presidente de la Junta de Planificación (JP), Julio Lassús Ruiz, aseguró que no tiene jurisdicción para intervenir en el caso de la Reserva Estuarina Bahía de Jobos en Salinas y lo atribuyó al Convenio de Transferencia de Facultades al Consorcio CCVS, que está vigente desde el 2016, y que comprende los municipios de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas.
Fuente: Noticel
La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud federal pidió cambios en la supervisión de los planes Medicare Advantage (MA) después que concluyeron que deniegan servicios indebidamente a sus beneficiarios.Cuatro de esos planes tenían operaciones en Puerto Rico para el año 2019 o las tienen ahora: UnitedHealth Group, Humana, Anthem (que adquirió el plan MMM en 2021) y Medical Card System (MCS), quien es el único en la auditoría que opera solo en la isla. NotiCel pidió reacción a MCS, pero indicaron que necesitaban revisar el informe del OIG antes de emitirla.
Fuente: Noticel
Un nuevo sublinaje de ómicron que parece ser aún más contagioso que los anteriores se ha comenzado a dispersar por esta parte del mundo, causando 7,577 casos en Estados Unidos y al menos nueve en Puerto Rico.
Fuente: El Nuevo Día
Las tres boyas que rodean a Puerto Rico y que en caso de un tsunami servirían para medir la altura de las olas que se avecinan, están averiadas. Tampoco están funcionales gran parte de las sirenas de alerta en caso de un maremoto. A pesar de esto, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico tiene toda la capacidad para emitir alertas de tsunami para Puerto Rico de los datos que tiene disponibles tanto de estaciones sísmicas, que tenemos una muy buena red y cobertura en Puerto Rico y el Caribe y de todos los mareógrafos.
Fuente: El Vocero
La Junta de Subastas del Municipio de San Juan (MSJ) adjudicó tres subastas a la compañía de construcción y pavimentación J.R. Asphalt, que ha estado involucrada en esquemas de corrupción en varios municipios, aseguró esta tarde el analista Luis Herrero en Radio Isla 1320.
Las subastas fueron adjudicadas entre agosto a julio de 2021 por cifras de entre $200 mil a $600 mil.
El 9 de diciembre de ese año el presidente de la Junta de Subastas cursó una carta al ahora convicto por corrupción Raymond Rodríguez y presidente de la empresa, haciéndole saber que la adjudicación de dichas subastas había sido cancelada por violación a la Ley 2 que prohíbe contratar a personas convictas.
Ese mismo día se llevó a acabo el arresto del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, quien enfrenta un caso por corrupción a nivel federal en el que también está vinculada la asfaltera.
Ninguna de estas subastas fue por trabajos de pavimentación, si no por mejoras a parques que sufrieron daños tras el paso del huracán María. Según Herrero, sí existe un contrato entre el municipio y la compañía (2021-016), pero nunca fue registrado en la Oficina de la Contralora.
Ante estos señalamientos, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, reiteró que J.R Asphalt no tiene contratos con el ayuntamiento.
“Rechazo cualquier señalamiento o vinculación por asociación, o referencia sin base alguna, con cualquier acto en nuestra administración municipal que se aleje del rigor legal y reglamentario en el manejo de fondos y de propiedad pública”, afirmó en declaraciones escritas.
“Aprovecho para reafirmar que todos los procesos de selección y contratación para la repavimentación de carreteras que se llevan a cabo en el municipio de San Juan se realizan utilizando el mecanismo formal de subasta pública, el cual no provee para la participación del alcalde, o de cualquier otra persona o funcionario que no sea miembro de dicha Junta de Subastas. Además, cabe señalar, que la Junta está compuesta, entre otros, por miembros de la pasada administración y por funcionarios que no tienen vinculación alguna con la campaña electoral del año 2020. En adición, para promover la transparencia, los procesos de subasta son públicos, razón por la cual, se transmiten en vivo a través del internet. Las personas o entidades que al momento han sido señaladas en la comisión de posibles actos de corrupción en otros municipios de nuestra Isla, NO tienen contratos con el municipio de San Juan, ni le rinden servicios ni directa, ni indirectamente a nuestra Ciudad”, agregó.
Ayer Romero confirmó que cuando era senador coordinó la pavimentación de carreteras municipales con la empresa J.R. Asphalt, pero insistió en que la compañía realizó los trabajos de forma gratuita.
Fuente: Radio Isla
El huracán María, los terremotos y la pandemia nos recordaron la importancia de planificar y manejar la salud a nivel de país. Converso con la Dra. Luisa Morales Torres y Emsley Vázquez de Ponce Health Sciences University sobre las oportunidades para formar profesionales en salud pública.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió hoy la recomendación del Departamento de Justicia y archivó el caso de la exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri relacionado a alegadas irregularidades en el pago de liquidaciones de licencia de vacaciones y enfermedad a 17 funcionarios del ayuntamiento.
En un parte de prensa, el PFEI informó que Ia prueba contenida en el informe preliminar de Justicia sobre una auditoría interna realizada en el Municipio de Ponce y la extensa revisión y análisis del Panel concluyen que no existen las acciones conducentes a Ia comisión de delito.
“Nuestra evaluación en este caso nos lleva a determinar que no existe el quantum de prueba necesaria para la designación de un fiscal especial independiente, por lo que acogemos la recomendación del secretario de Justicia (Domingo Emanuelli Hernández)”, reza la resolución del Panel donde se ordena el archivo definitivo del asunto.
La investigación la realizó la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, atendiendo una querella presentada por Ia Oficina de Auditoría Interna del Municipio de Ponce, identificada corno OAI-2021-02. Los hallazgos están relacionados con alegadas irregularidades en el pago de liquidaciones por concepto de licencia de vacaciones y enfermedad realizada a 17 exfuncionarios bajo Ia administración de Meléndez Altieri.
En síntesis, Ia auditoría establecía situaciones de carácter irregular, que en su intervención entendían se apartaban de normas, reglamentos y leyes aplicables.
No obstante, el mesurado y analítico examen realizado por la DIPAC concluyó en lo contrario. Solo detectó fallas de control interno, situaciones de naturaleza administrativa, falta de adiestramiento de personal, ausencia o renuncia de personal esencial para ciertas funciones.
“La falta de capacitación del personal, la inestabilidad en la dirección de la Oficina de Recursos Humanos y la actitud asumida por algunos empleados al acercarse ci final del 2020, se unieron para ocasionar los resultados recogidos en el Informe de Auditoría”, consignó el Panel.
La defensa del senador popular Javier Aponte Dalmau solicitó hoy la inhibición del juez Eduardo Otero Ortiz del Tribunal de Carolina y el traslado del caso a otra jurisdicción, mientras el ministerio público calificó la acción como táctica dilatoria.
Hoy, debía celebrarse la vista de causa para arresto en alzada, pero a inicios de semana los abogados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto Figueroa y César López Cintrón presentaron la moción, que causó la posposición de la vista.
Ante este escenario, la jueza Ann Margaret Higginbotham Arroyo acogió una petición de Andreu Fuentes para que el ministerio público respondiera por escrito las alegaciones de la defensa por tratarse de un asunto de derecho que podría requerir intervenciones posteriores de foros de mayor jerarquía.
Así las cosas, la vista en alzada quedó pautada para el 14 de junio.
Luego de aclarar en qué momento la defensa supo que el caso había asignado a la sala del juez Otero Ortiz, la jueza advirtió a las partes que resolvería por escrito y que solo celebraría una vista oral de tener alguna duda.
Contrario a la vista de causa para arresto, hoy el ministerio público llegó a la sala judicial en compañía de los testigos del caso. La fiscal Iris Martínez Juarbe también se unió al fiscal Omar Barroso Rosario.
El pasado 8 de marzo, el juez Orlando Puldón Gómez no encontró causa para el arresto del senador por un altercado con su entonces chófer Rafael Rivera Ramos por entender que el ministerio público no cumplió con el requisito de identificación del imputado, una determinación que el fiscal Barroso Rosario rechazó de inmediato y que generó un debate sobre el acceso de la defensa a la prueba del Estado en esta etapa del trámite penal.
Aponte Dalmau encara dos cargos menos grave de agresión y alteración a la paz.
Barroso Rosario presentó el caso por declaración jurada y utilizó al agente investigador para cumplir con el requisito de identificar al senador en corte abierta. Pero hoy anticipó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que en esta vuelta sentará a declarar al exchófer de portavoz de la mayoría en el Senado.
“La posición del ministerio público es que este tribunal está capacitado para atender este asunto. El juez Otero es un juez de experiencia. A esto se le está dando un giro político que no lo tiene”, afirmó el fiscal.
“Me parece que es una táctica dilatoria para no entrar a ver el asunto en los méritos en el día de hoy, ya que nosotros estamos completamente preparados”, agregó.
En esa línea, la fiscal Martínez Juarbe también apuntó que hace dos semanas otro juez de dicho juzgado atendió un caso de tránsito del hermano del senador, el actual alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, quien no planteó alegaciones de imparcialidad.
“Los argumentos de ellos en derecho no proceden conforme a la jurisprudencia y las Reglas de Procedimiento Criminal. No se dan ninguno de los elementos que establecen las reglas 76 para la inhibición del juez y en la regla 81 para el traslado. No hay razón alguna para hacer un traslado de este caso a otro jurisdicción”, apuntaló la fiscal.
La defensa de Aponte Dalmau, sin embargo, argumentó en su moción que el juez Otero Ortiz y el senador son viejos adversarios políticos. Mencionó que senador hizo campaña en contra de ahora juez cuando buscó la alcaldía de Trujillo Alto por el Partido Nuevo Progresista. Otero Ortiz también apoyó al representante Eric Correa, quien derrotó a Aponte Dalmau en las elecciones del 2012 y fue asesor del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
Aponte Dalmau fue represente por el Distrito de Carolina del 2012 al 2020 y senador desde el 2020 y que desde el 1987 la alcaldía de Carolina ha estado dirigida, primero por su padre José Aponte y ahora su hermano.
“No estamos diciendo que por esa razón hay un prejuicio necesariamente en contra del señor Aponte Dalmau sino que estamos diciendo que eso es suficiente para que haya una apariencia de que podría haber un prejuicio en contra del imputado y los cánones de ética judicial establecen que ante esa situación, por más mínima que sea y aún cuando el juez se sienta que no tiene ningún prejuicio, las reglas establecen que si hay esa apariencia el juez se debe inhibir”, apuntó Andreu Fuentes a su salida de sala.
También planteó que el caso se debe trasladar a otra región por los vínculos de su familia con la política local para evitar que “la apariencia de que alguien se sienta que eso no lo hace ser totalmente imparcial al resolver el caso y para evitar que se lesione la imagen del tribunal”.
Además, a preguntas de Cuarto Poder, señaló que Aponte Dalmau no participó en el proceso de evaluación y confirmación de nombramiento de juez Otero Ortiz porque en ese momento era representante.
Aponte Dalmau, quien indicó que se sentía tranquilo con el proceso, estuvo acompañado de su compañera María Josefa Dabastos Anglade, quien es testigo del ministerio público y el martes fue confirmada como jueza superior.