El secretario de Salud, Carlos Mellado, favorece que haya una mayor flexibilización en las órdenes ejecutivas para atender la pandemia, pero dejó ayer en manos del gobernador Pedro Pierluisi informar la decisión sobre la permanencia del uso de mascarilla como medida de prevención.
El Vocero
El Departamento de Justicia presentó tres cargos criminales contra Carlos Julián Maldonado Dávila por provocar la muerte de Natalia Nickole Ayala Rivera y ocasionarle lesiones físicas a Carlos Adihl Sosa Bigio mientras conducía de manera negligente, el 4 de enero, en la zona del paseo de la carretera estatal PR-18, conocida como Expreso Las Américas. La vista fue pautada para el 16 de marzo.
El Senado de Florida, controlado por los republicanos, aprobó ayer un proyecto de ley para prohibir los abortos después de las 15 semanas de embarazo con 23 votos a favor y 15 en contra. Se espera que el gobernador Ron DeSantis (R) firme el proyecto de ley, que no hace excepciones con la violación, el incesto o la trata de personas, mientras la Corte Suprema se prepara para considerar el destino de Roe v. Wade luego de una serie de nuevas restricciones al aborto en estados republicanos.
Luego que se reportara un incendio en la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa en el centro de Ucrania, después de un bombardeo ruso, medios internacionales aclararon que el fuego no se registró en la planta nuclear sino en edificios aledaños a la planta.
De acuerdo a medios como Reuters y Fox, el fuego se registró en el edificio administrativo y oficinas de la planta, pero no en los reactores nucleares.
Mientras, el regulador nuclear de Ucrania le dijo a la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) que “no se han informado cambios en los niveles de radiación en el sitio de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia”.
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El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia emplazó al Senado para que se convoque antes del sábado para completar el trámite que permita enmendar el proyecto de la reforma laboral y evitar su veto.
“Reitero mi compromiso con mejorar las leyes laborales en beneficio de la clase trabajadora. Ante eso, solicité a la Asamblea Legislativa que aceptara la devolución del Proyecto de la Cámara 3 y le sometí los cambios que son necesarios para poder firmar la medida, pues como está contiene un lenguaje nocivo contra los derechos de los trabajadores”, afirmó en declaraciones escritas.
“La Cámara de Representantes ya sesionó hoy y aceptó la devolución del Proyecto. Este próximo sábado vence el término que tengo como gobernador para firmar o vetar la medida. Es imprescindible que el Senado se convoque para aceptar la devolución del proyecto sobre Reforma Laboral antes de esa fecha para aprobar las enmiendas que ya hemos acordado hacerle al proyecto. Espero que el presidente del Senado recapacite y cumpla con su deber constitucional”, agregó.
El martes pasado, Pierluisi Urrutia pidió a la Cámara de Representantes y al Senado que solicitaran la devolución de la medida para incorporar unos cambios. Ese mismo día, durante la sesión ordinaria, el Senado decretó un receso hasta el martes.
Esta tarde la Cámara de Representantes solicitó la devolución de la medida y notificó a la cuerpo hermano la acción. A tono con la jurisprudencia establecida en el caso de Acevedo Vilá vs Aponte Hernández, ambos cámaras legislativas tienen que solicitar la devolución de la medida para interrumpir el término del veto, que expira este sábado, insistió el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez esta tarde.
“Que el país esté consciente de la buena fe de la Cámara”, afirmó el líder cameral previo a la sesión de hoy.
Pero el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, rechazó esta interpretación. Hoy planteó que el reglamento del Senado impide al cuerpo convocarse en medio de un receso para asuntos ordinarios, como la solicitud de la medida.
También apuntó que existe un precedente reciente con el Proyecto del Senado 288. En ese caso, la Cámara alta solicitó su devolución. La Cámara actuó después del término del veto. La medida finalmente se convirtió en Ley. No mencionó si en esa instancia los trabajos de ambas cámaras legislativas seguían el curso ordinario o algún cuerpo estaba en receso.
El prófugo canadiense Conor Vicent D’Monte permanecerá detenido a la espera de que el gobierno canadiense presente formalmente una petición de extradición ante el Departamento de Estado. Pero de no completarse ese trámite en el término de 60 días que establece la Ley, el magistrado federal Marshal Morgan podría dejarlo en libertad a menos que la fiscalía federal muestra causa que justifique su detención.
Así trascendió esta tarde durante una vista inicial en la cual las partes discutieron las particularidades de un caso de extradición, que según el magistrado, no son comunes en esta jurisdicción.
En la vista que se extendió unos 26 minutos, Morgan indicó que en la jurisdicción de Puerto Rico no pesaban cargos contra el detenido. En otro momento, planteó que a D’Monte no lo cobijaba la Ley de reforma de la libertad bajo fianza para enfatizar en las singularidades del caso.
La abogada de la oficina del Defensor Público, Jessica Earl, solicitó que se informara la detención de su representando a las embajadas de Canadá y de Irlanda. Indicó también que D’Monte se encontraba en cuarentena en la cárcel federal hasta el próximo lunes.
Además, preguntó directamente al magistrado si entendía bien la disposición que permitía al magistrado dejar en libertad a D’Monte al cumplirse el término de los 60 días si el gobierno canadiense no presentaba la petición de extradición y la fiscalía no justificaba la detención.
“Eso parece ser el caso”, respondió Morgan.
Morgan ordenó al ministerio público, representando por el fiscal Julian Radzinschi, radicar una moción informativa en o antes del 27 de abril, fecha en que se cumpliría el término de los 60 días para recibir la petición de extradición.
El viernes pasado, el Servicio de Alguaciles federal arrestó al hombre ya que pesaba en su contra una orden de arresto por cargos de asesinato y de conspiración para cometer asesinato. En la isla, D’Monte asumió una identidad falsa y cofundó el proyecto Karma Honey Project. Según las autoridades federales, utilizaba los nombres Conor D’Monte (sin la ene), Benzo, Brian Black, Leonard Gordon Douglas y Manuel Nico Ortega.
La figura de prófugo acaparó titulares porque visitó La Fortaleza el mes pasado como parte de un proyecto para establecer una colmena en el lugar. También se movía entre los inversionista residentes que residen en la Isla para beneficiarse de los incentivos contributivos que otorga el gobierno.
El Departamento de Justicia determinó hoy no recomendar un fiscal especial independiente para el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez por el supuesto mal uso del presupuesto de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor para gastos que no estaban relacionados al trabajo de este ente.
El año pasado se sometió una querella anónima contra el líder cameral y la semana pasada Cuarto Poder (WAPA-TV) adelantó que el Departamento de Justicia estaba llevando a cabo una investigación para corroborar si en efecto la Cámara de Representantes usó el presupuesto de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor para otro tipo de gastos.
“La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia analizó las alegaciones presentadas y completó la investigación preliminar. De acuerdo con la evidencia documental y testifical evaluada no pudo concluirse que la persona investigada, infringiera algún mandato de naturaleza penal en contravención a los preceptos legales que regulan el funcionamiento de la Comisión de Informes del Contralor ni ninguna otra disposición penal”, lee el informe.
Hernández Montañez, dijo el 22 de febrero a Cuarto Poder, que el Departamento de Justicia no lo ha contactado y tampoco le han hecho un requerimiento de información sobre una querella anónima que se presentó en su contra el año pasado sobre este particular.
“Nunca. Nunca hemos tenido una solicitud de información,” recalcó Hernández Montañez.
Agregó que si Justicia le pide información “yo lo único que puedo demostrarles a ellos lo que son los gastos que ha tenido la Cámara y los contratos que ha tenido” ya que el expediente de la Comisión Conjunta los tiene el Senado.
Cuarto Poder hizo múltiples solicitudes a la Oficina de Prensa del Departamento de Justicia para obtener una reacción a esta información, pero todavía no han contestado.
En agosto de 2021, Hernández Montañez removió al representante Ramón Luis Cruz Burgos de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor que copresidía con el senador José Luis Dalmau, pero cuyo presupuesto este cuatrienio recayó en la Cámara de Representantes.
El líder cameral, explicó en esa entrevista que la Comisión Conjunta “está en el limbo ahora mismo. Desde que se hizo eso formalmente nosotros la tenemos porque nos toca a la Cámara. El Senado tiene que hacer una transición”.
Precisamente, dicha transición se hizo a finales de febrero y Hernández Montañez fue ratificado como Presidente.
Según el representante Cruz Burgos, el Presidente de la Cámara le quitó la Comisión porque “iba a utilizar el presupuesto de esta Comisión para gastos de la Cámara y yo le dije que era ilegal”, explicó en Radio Isla el 17 de agosto.
“Las cosas se hacen como dice la Ley. Aquí nadie está por encima de la Ley y no importa quién esté planteando, lo que esté planteando. Si está mal hay que decirlo sea un compañero popular o sea un compañero de otro partido,” sostuvo en aquel entonces.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, planteó hoy que el Departamento de Hacienda debe investigar las supuestas ineficiencias que la Comisión de Nombramientos detectó en las planillas de contribución de ingresos de Enrique Volckers Nin y que constituyeron la razón medular para que el cuerpo rechazara su nombramiento como jefe de informática del Gobierno.
Pero no mencionó si el cuerpo que preside referiría esos documentos a la agencia para que iniciara el proceso.
“Hay planillas radicadas y eso le corresponde a Hacienda identificar, pero si tú radicas unas planillas con ingresos insuficientes o cero ingresos pues la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿cómo esa persona vive? Pues mira él dice que recibió una herencia y que estuvo en su casa y que no recibió ingresos. Eso le puede pasar a cualquier, pero no cualquiera es jefe de agencia que tiene administrar millones de dólares”, indicó esta mañana en entrevista con Milly Méndez en el programa Dígame la verdad, que transmite a diario Radio Isla.
“Las cinco planillas tienen esa deficiencia”, agregó.
¿Usted recomendaría que Hacienda investigue el caso de Volckers”, preguntó Méndez.
“La contestación es sí”, respondió Dalmau Santiago.
En la víspera, en el programa de televisión Jugando Pelota Dura (TeleOnce), Dalmau Santiago reconoció que no podía establecer que Volckers Nin fuera un evasor contributivo y admitió que no evaluó su desempeño en la oficina de tecnología e informático, que dirigió durante el pasado año.
También defendió la decisión de no celebrar una vista pública para que Volckers Nin respondiera preguntas o aclarara su situación financiera.
“Una vista pública para que explique ineficiencias en sus planillas: ¿para qué?, si ya se radicaron así”, respondió.
Indicó también que esos señalamientos se notificaron al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia desde la primera vez que lo nominó al cargo tras ganar la gobernación. El mandatario nominó a Volckers Nin al cargo en tres ocasiones. Retiró el nombramiento al final de la primera y de la segunda sesión porque no tenía los votos para pasar el cedazo del Senado.
La delegación del PNP ha insistido en que Dalmau Santiago intenta manchar la reputación de Volckers Nin y censuró que el presidente del Senado no celebrara una vista pública para que el funcionario respondiera a los señalamientos en su contra. Volckers Nin también pidió audiencia para aclarar la situación.
Además, han surgido planteamientos públicos de que el rechazo al nombramiento responde a una lucha por el control de los contratos de informática.
El martes, el Senado colgó el nombramiento a viva voz sin la celebración de una vista pública. La Comisión de Nombramientos tampoco rindió un informe con sus hallazgos y recomendación.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no considera retirar el nombramiento a jueza superior de María Josefa Dabastos Anglade, esposa del senador Javier Aponte Dalmau, a pesar que tuvo que retirar la designación de Roberto Rodríguez Casillas al Tribunal Supremo luego que delegación del Partido Popular Democrático (PPD) intentara votarle en contra sin vistas públicas.
Mientras, dos fuentes del Partido Nuevo Progresista (PNP) indicaron a Cuarto Poder (WAPA-TV) que había 14 senadores y senadoras inclinados a votar por el nombramiento de Rodríguez Casillas, quien actualmente se desempeña como juez del Tribunal de Apelaciones.
Ayer, la portavoz de prensa del mandatario, Sheila Angleró Mojica, confirmó en declaraciones escritas que Pierluisi Urrutia no contemplaba retirar la designación de Dabastos Anglade. La esposa del portavoz de la Pava trabaja en el Tribunal Supremo. Previamente laboró como asesora legislativa en el Capitolio.
El nombramiento de la esposa de Aponte Dalmau, según fuentes del PNP, formaba parte de una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo para lograr la aprobación de los nombramientos judiciales del gobernador en tiempos del gobierno compartido. Pierluisi Urrutia y el presidente del Senado y del PPD, José Luis Dalmau Santiago, han negado que exista una negociación.
El nombramiento de Rodríguez Casillas, sin embargo, se manejó de otra manera ante la posición de Dalmau Santiago de que era innecesario atender esa designación en este momento. Según un informante, la estrategia del Ejecutivo consistió de cabildear de forma independiente entre los senadores y senadoras de las diversas delegaciones.
El martes cuando el presidente del Senado bajó el nombramiento por descargue la senadora María de Lourdes Santiago Negrón del Partido Independentista Puertorriqueño, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, compuesta por Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, y el senador independiente José Vargas Vidot reclamaron su derecho a escuchar a Rodríguez Casillas en una vista pública para determinar si votarían a favor o en contra del nominado.
Según el análisis del PNP, esa apertura de esos cuatro senadores a apoyar el nombramiento y los 10 votos de la delegación azul ofrecían a la designación la posibilidad de confirmación. Los nombramientos y medidas necesitan 14 votos para aprobación del cuerpo.
Por eso, Dalmau Santiago, según las fuentes, aprovechó la ausencia de los senadores Keren Riquelme Cabrera, Gregorio Matías y Marissa Jiménez Santoni, que se encuentran en Washington junto al gobernador, para bajar el nombramiento de sorpresa y derrotarlo. Ante la situación, los senadores azules consumieron turnos en el hemiciclo para comunicarse con Pierluisi Urrutia y pedir el retiro del nombramiento de Rodríguez Casillas, como finalmente ocurrió.
En medio del fragor del momento, el portavoz de la Palma, Thomas Rivera Schatz presentó una moción para descargar el nombramiento de la esposa de Aponte Dalmau. El senador por Carolina es primo del presidente del Senado. La moción de Rivera Schatz recibió 7 votos a favor y 14 en contra. Los senadores Vargas Vidot y a la senadora del Proyecto Dignidad, Joane Rodríguez Veve, votaron en contra de la moción.
Las dos fuentes indicaron que previo a esa movida Rivera Schatz, el expresidente del Senado pidió al gobernador retirar el nombramiento de Dabastos Anglade, pero que el mandatario le respondió que no actuaba “con la cabeza caliente”.
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