El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, defendió hoy la protección de las fuentes periodísticas, mientras rechazó una petición de la representación legal del fiscal Idelfonso Torres Rodríguez para unirse al caso que se encuentra ante la consideración del Tribunal Supremo como amigo de la corte (amicus curiae).

Emanuelli Hernández también descartó que la agencia retomara una investigación interna para identificar a la persona que filtró un documento confidencial que formaba parte del sumario fiscal y que es el objeto de la disputa legal.

Torres Rodríguez demandó a los periodistas Alex Delgado Rosado, Yesenia Torres Figueroa y WAPA-TV por reportajes del 16, 17 y 24 de octubre de 2018, que indicaban que Torres Rodríguez alegadamente pagó a un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica para recibir un trato preferencial en la conexión del servicio eléctrico tras el paso del huracán María. Las imputaciones se apoyaban en un documento oficial del Negociado de Investigaciones Especiales.

El fiscal y su esposa reclaman $2 millones en daños y perjuicios. Como parte del pleito, exigen a través del descubrimiento de prueba que Delgado Rosado divulgue el nombre de la fuente que proveyó el documento.

Pero el entonces director de noticias de NotiCentro se ha negado ha divulgar el nombre y ha procurado sin éxito una orden protectora del tribunal. También ha dicho que está dispuesto a ir preso para proteger a su fuente.

“La libertad de prensa es fundamental para garantizar la democracia y la justicia. Este derecho, reconocido tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la de Estados Unidos. Es esencial para asegurarle a los ciudadanos el mayor acceso a la información y el debate libre de ideas que, a su vez, nos permite tomar decisiones acertadas como individuos y como sociedad”, apuntó el secretario de Justicia en declaraciones escritas.

“En reconocimiento de lo anterior y del importante rol social de la prensa en Puerto Rico y en todo mundo, en el Departamento de Justicia tenemos como política pública no exigir judicialmente a los periodistas la divulgación de la identidad de sus fuentes. Así está consignada en la Orden Administrativa 2009-10, que reitera las directrices de la agencia en torno a este asunto desde el año 1996, y aplica en los procesos internos de la agencia”, agregó.

Apuntó que la agencia evaluó la situación y que determinó en este momento no intervenir en la controversia puesto que se trato de un pleito de partes privadas.

“Actualmente la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor examina una querella realizada por el fiscal Torres en torno a la divulgación de los documentos que son objeto de controversia en el caso”, señaló Emanuelli Hernández.

“Como secretario de Justicia, reitero la política pública del Departamento en protección de la libertad de prensa y las fuentes periodísticas en los procedimientos de la agencia. La libertad de prensa es uno de los derechos más importantes del pueblo. En momentos en que incrementamos los esfuerzos para combatir la corrupción, la función de la prensa es transcendental para fomentar la transparencia y el descubrimiento de la verdad, lo que nos permitirá devolverle al pueblo la confianza en nuestras instituciones”, concluyó.

Hasta ahora el Tribunal de Ponce y el Tribunal de Apelaciones han fallado a favor del fiscal Torres Rodríguez.