Dalmau declara estado de emergencia tras ciberataque al Senado

  • 28/01/2022

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, informó que las operaciones del Senado tras un incidente de ciberseguridad registrado el pasado miércoles, se encuentran en etapa de recuperación. El incidente afectó los sistemas de información del cuerpo legislativo.

Detalló que el protocolo de respuesta ante un incidente de ciberseguridad requiere aislar el sistema para proteger al máximo su integridad. De ahí que se afectaran todos los servicios que requieren el uso de computadoras, incluyendo la página web del Senado y el cuadro telefónico, entre otras áreas. Como segundo paso, mencionó que empleados del Senado trabajaron miércoles y jueves para obtener la información necesaria para realizar un análisis forense del incidente, así como en mitigar sus efectos.

Hoy se inició la tercera fase que incluye cuatro elementos importantes a cargo de igual número de equipos de trabajo. Por tanto, se realizan los siguientes trabajos:

1. Comenzó un análisis forense del incidente que cuenta, a su vez con tres pasos: i) la determinación de cómo, cuándo y si dejaron rastros o huellas las personas que provocaron el mismo ii) determinar si hubo extracción de información y el alcance de esa acción y iii) presentar los resultados y recomendaciones del análisis.

2. Hoy iniciaron las operaciones normales de la comunicación telefónica a través del cuadro.

3. Deben iniciar las operaciones en sistema de las oficinas de finanzas, presupuesto y compras, así como otras dependencias administrativas.

4. La mitigación de estaciones de trabajo en la secretaría del senado y las estaciones de computadoras en cada oficina adscrita al Senado, incluyendo las de los oficiales electos. Este último elemento de esta tercera fase podría tomar entre una semana a semana y media, dependiendo del tiempo que tome revisar la integridad de cada estación de trabajo (computadora).

“En el día de ayer, firmé una Orden Administrativa que declara un estado de emergencia. Eso permite tomar las medidas inmediatas de adquirir bienes, equipo y servicios con la agilidad que requiere el incidente. Asimismo, se establece un comité de trabajo para recibir los informes técnicos de los equipos de análisis forense y de recuperación y emitir las recomendaciones para fortalecer nuestra infraestructura informática y la integridad de nuestros sistemas”, indicó Dalmau Santiago.

Finalmente, el presidente del Senado tomó la determinación de que los trabajos en la Sesión pautada para el lunes, 31 de enero, sean pospuestos. Esa determinación ha sido notificada a los portavoces de todas las delegaciones en el Senado y al Senador independiente.

De lejito, juez Ricardo Marrero responde preguntas sobre caso de Andrea Ruiz Costas

  • 28/01/2022

Por primera vez desde que emitió la polémica orden, el juez administrador del Tribunal de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero, abordó hoy de forma general las razones para emitir una directriz que bloqueó la divulgación de las grabaciones de las vistas del caso Andrea Ruiz Costas, a pesar de que una de estas grabaciones corresponde a una audiencia de un caso penal al que la prensa puede entrar ordinariamente.  

Ante la Comisión de Nombramientos del Senado que evalúa su ascenso al Tribunal de Apelaciones, Marrero Guerrero ofreció una larga respuesta ante una pregunta amplia del senador William Villafañe sobre las fuentes periodísticas, los límites de la transparencia en los procesos judiciales y el manejo de las críticas por las decisiones judiciales.

“Me plantea dos situaciones. Una cosa es el acceso de las fuentes de la prensa para procurar la sana administración pública. Ahí todos tenemos que favorecer e impulsar y los que estamos en una posición que nos debemos al pueblo de Puerto Rico tenemos que aguantar la crítica, venga de donde venga, la crítica seria y responsable. Al ser una crítica infundada que viene con el cargo uno también lidia con eso”, afirmó.

“Así que yo distinguiría, tiraría la raya en la intimidad. Por ejemplo, usted es senador, si una fuente filtrase algo sobre un manejo en su oficina pues yo favorecería que se proteja esa fuente. Si es un asunto de su casa, de su intimidad yo entiendo que usted argumentaría ante un tribunal que se proteja, que es un asunto íntimo, doméstico. Ese es el balance que hay que hacer caso a caso. No podemos tener una regla uniforme porque si hubiese reglas uniformes no habría jueces, ni abogados. Los abogados es [sic] porque en cada situación o cada circunstancia probablemente hay una situación particular, en un elemento podemos compartir cinco circunstancias parecidas, pero el sexto es el que hace la diferencia y que caiga en este lado de la verja de que vamos a garantizar el derecho a la intimidad o que caiga en el lado del acceso público y el derecho del pueblo a saber debe ser salvaguardado”, agregó.

Marrero Guerrero negó una petición de acceso a las grabaciones de las vistas que realizó la Asociación de Periodistas y emitió una orden que condenaba con desacato la divulgación de las grabaciones de las audiencias a las que Andrea acudió en vano buscando protegerse de un excompañero, Miguel Ocasio Santiago, quien semanas más tarde, la asesinó.

Las grabaciones responden a vistas celebradas 25, 26 y 31 de marzo de 2020 y su divulgación hubiera permitido entender el trato que la mujer recibió de las dos juezas que atendieron su caso. Mensajes de voz de Andrea divulgados por Telenoticias después del asesinato dejaban entrever la ligereza y la falta de sensibilidad que recibió en sala de parte de la jueza municipal Ingrid Alvarado Rodríguez.

Dos vistas estaban relacionadas a órdenes de protección, que se manejan en un contexto civil, y la otra estaba relacionada a la presentación de cargos por cargos de violencia doméstica, una vista de naturaleza penal y pública.

La propia familia de Andrea solicitó la divulgación de las grabaciones, pero las peticiones no encontraron eco en el Poder Judicial. El Tribunal Supremo ratificó la decisión de Marrero Guerrero de no divulgar las grabaciones.

La jueza Alvarado Rodríguez es la cuñada del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien presidió la vista de confirmación de esta mañana e impulsa el ascenso de Marrero Guerrero al Apelativo. Inicialmente Dalmau Santiago trató sin éxito que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia nombrara a Marrero Guerrero al cargo de presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones.

En medio de la polémica por las grabaciones y el manejo del caso, la jueza Alvarado Rodríguez renunció al cargo el 14 de diciembre de 2021.  

“Ustedes saben que yo no puedo contestar preguntas, que la Rama Judicial tiene un oficial de prensa para este tipo de acercamiento. Contesto las preguntas como parte del procedimiento, me remito a la determinación del Tribunal Supremo que adjudicó y consignó los fundamentos en cuanto a este asunto en que se debatió la decisión el tribunal. No puedo hacer más ninguna expresión”, apuntó a preguntas de la prensa a su salida del salón de audiencias.

“Al momento de emitirse la determinación, la familia no había hecho ninguna expresión”, dijo ante otra pregunta de la prensa.

“¿Por qué negó acceso a la grabación de la vista que es pública?”, preguntó este portal de noticias.

“Yo no puedo contestar esa pregunta porque estaría entrando a los fundamentos”, respondió.

“Yo puedo llegar a Caguas y pedir acceso a esta vista, pero cuando a usted le piden el audio usted dice que no”, insistió este medio.

“Así no fue que ocurrió. Fiscalía solicitó los audios y el tribunal emitió una orden dirigida a fiscalía”, contestó.

¿Por qué no le dio el audio a los periodistas del caso criminal si se trata de una vista pública?

“Porque otro grupo de defensa ya había ido al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ya había emitido una determinación.

¿Por qué no hacer el deslinde y permitir la divulgación del audio de la vista es pública?

“No puedo hacer más ninguna expresión”, concluyó.

El juez Marrero Guerrero estuvo acompañado por su esposa, Sarimar Andreu Pérez, a quien identificó en su ponencia como abogada, pero quien se desempeña como fiscal IV en la Fiscalía de San Juan y es la sobrina del fenecido expresidente del Tribunal Supremo, José Andreu García.

Sin fecha para discutir medida legislativa sobre manejo de desperdicios sólidos por parte de Waste Collection

  • 28/01/2022
Imagen capturada en diciembre del pasado año que mostraba el estado de un terreno en Cataño que podría pertenecer a Waste Collection.

Una medida para investigar supuestas irregularidades en el manejo de desperdicios sólidos por parte de la empresa Waste Collection en Cayey y Cidra sigue a la espera de ser atendida en el Senado.

La senadora por el Distrito de Guayama, Gretchen Hau, presentó la pieza en agosto del pasado año, pero todavía no ha sido discutida en esa cámara legislativa. Tampoco tiene fecha para bajar a discusión.

Así lo informó una portavoz de prensa cuando este medio buscó comunicarse con la legisladora para conocer el estatus de la medida. Se indicó que tan pronto la pieza baje a discusión en el pleno, la senadora brindará mayor información al respecto. 

La senadora presentó una medida para investigar una serie de señalamientos realizados por residentes de varias comunidades en estos municipios.

Según la legisladora, grupos de ciudadanos han levantado la voz de protesta por unas instalaciones de dicha empresa, donde la pestilencia y mal manejo de un centro de transbordo de basura han causado problemas de salud.

De igual forma, en diciembre, Cuarto Poder (Wapa TV)  investigó un terreno en Cataño -cerca del barrio Palmas- que aparentaría ser una estación de trasbordo de Waste Collection y que supuestamente carece de las debidas disposiciones para manejar desperdicios sólidos.

En aquel momento, se buscó una reacción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y esta entidad confirmó, a través de un oficial de prensa, que estaba investigando las denuncias de Cayey y Cidra. También que buscarían información sobre el terreno en Cataño, reseñado por Cuarto Poder.

A esos efectos, este portal de noticias también contactó a Recursos Naturales para un estatus sobre lo anterior y el oficial de comunicaciones quedó pendiente en proveer información.

Aquí el reportaje investigativo hecho por Cuarto Poder en diciembre: Corrupción que contamina el ambiente

Gobernador Pierluisi firma nuevas órdenes ejecutivas sobre el COVID-19

  • 28/01/2022

El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó hoy tres órdenes ejecutivas relacionadas a la pandemia por el Covid-19. Una de estas es para ampliar el mandato de vacunación con dosis de refuerzo a los empleados de la rama ejecutiva y extender la fecha de inoculación para los estudiantes. Mientras que las otras dos órdenes establecen cambios en las restricciones sobre horarios y comercios, y en cuanto a los viajeros. 

La Orden Ejecutiva 2022-006, que entra en vigor de manera inmediata, requiere que todos los empleados públicos del gobierno central, incluyendo las corporaciones públicas y los contratistas que realicen trabajo presencial o frecuenten las oficinas gubernamentales, tengan administrada la dosis de refuerzo, de ser aptos para ello. Este proceso deben completarlo en o antes del 28 de febrero para ser considerados completamente vacunados.  

Asimismo, se extiende hasta el 21 de febrero el tiempo para que los estudiantes de 5 a 11 años presenten su prueba de vacunación y los de 12 años en adelante su prueba de dosis de refuerzo.  

“Continúo estableciendo medidas con el fin de propiciar la vacunación y la dosis de refuerzo. Reconozco que hay un atraso en la vacunación de los niños, especialmente los de 5 a 11 años, y por eso estoy extendiendo la fecha para que les dé tiempo a completar el proceso y cumplir con sus dos dosis de vacuna. Queremos nuestras escuelas abiertas y que los estudiantes reciban la educación adecuada, y para esto debemos garantizar que estén seguros y protegidos. La vacunación ha probado que funciona y que es el mecanismo más fuerte de defensa que tenemos contra este virus. En esta lucha contra el covid-19 todos tenemos que estar unidos”, sostuvo el gobernador.  

Por otra lado, la Orden Ejecutiva 2022- 007 que entrará en vigor el próximo miércoles 2 de febrero atiende algunas de las restricciones que se habían establecido como las restricciones de horarios y de capacidad en los negocios. En la nueva orden se elimina la ley seca y la restricción de horarios a los comercios a las 12 de la medianoche.  

“Hemos visto por los pasados días una tendencia positiva en cuanto a la reducción en tasa de positividad y hospitalizaciones. Ante esto, estoy flexibilizando algunas restricciones con el fin de procurar un balance adecuado en la toma de decisiones. Quiero recalcar que más allá de las acciones que establezca el gobierno, la responsabilidad individual sigue siendo clave para contrarrestar esta pandemia. Nos toca a todos continuar con las medidas de prevención que ya conocemos, y poner de nuestra parte para mantenernos seguros”, expresó el primer ejecutivo.  

Entre las disposiciones de esta nueva Orden Ejecutiva está el aumento en el aforo de los restaurantes a 75 por ciento en espacio interior, mientras que en los espacios exteriores de restaurantes ya no habrá limitación de capacidad. En el caso de las barras, chinchorros y sport bars, estos tendrán una limitación de aforo del 50 por ciento de su capacidad. Se mantiene el requerimiento de solicitar prueba de vacunación o prueba negativa de Covid-19 con un término máximo de 48 horas de anticipación para poder consumir alimentos o bebidas en el local.  

Los comercios en los que los clientes se mantienen utilizando las mascarilla todo el tiempo como supermercados, tiendas y farmacias ya no tendrán restricción de capacidad.  

En el caso de los teatros y cines, estos tendrán una limitación de capacidad de un 75 por ciento, además del requerimiento de presentar prueba de vacunación o prueba negativa de covid-19. Sobre las actividades multitudinarias en coliseos, salones de actividades, centros de convenciones, anfiteatros, entre otros, habrá un 50 por ciento de capacidad para lugares cerrados y un 75 por cientos en lugares al aire libre. En el caso de las actividades multitudinarias será requisito presentar prueba de vacunación con dosis de refuerzo o prueba negativa de Covid-19 con un término máximo de 48 horas antes del evento.  

Esta Orden Ejecutiva que comienza el próximo miércoles, estará vigente hasta el 16 de febrero de 2022.  

Por último, el gobernador firmó la Orden Ejecutiva 2022-005 que entrará en vigor el próximo miércoles 2 de febrero. En la misma se establecen cambios a los pasajeros mayores de dos años que lleguen a Puerto Rico en vuelos domésticos. Las personas que tengan el ciclo de vacunación completado tendrán que presentar el Vacu-ID o certificado de inoculación, pero ya no será requisito realizarse una prueba de Covid-19 antes o al llegar a la Isla. En el caso de las personas que no están vacunadas, estas tendrán que llegar con prueba negativa de Covid-19 con un máximo de 2 días antes de que arriben a la Isla. Todos los viajeros tendrán que continuar llenando la Declaración de Viajero al llegar a Puerto Rico.  

En el caso de los vuelos internacionales, se mantiene la orden del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que requiere a los pasajeros mayor de dos años prueba del ciclo de vacunación completado y prueba negativa de Covid-19 un día antes de abordar el vuelo hacia los Estados Unidos.  

Directora de la Oficina de Proyecto Dignidad en la Cámara renuncia tras alegaciones de que trabaja en un colegio mientras que cobra en el Capitolio

  • 27/01/2022
La representante Lisie Burgos Muñiz.

Luego que el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, envió una misiva a la directora de Recursos Humanos de este cuerpo legislativo alertando sobre las alegaciones de que la directora de la oficina de la representante Lisie Burgos del Proyecto Dignidad, es simultáneamente directora de Kid’s Kingdom & James Christian Academy, la empleada renunció a su cargo.

“He evaluado con detenimiento la información que ha surgido con relación a la celebración de la graduación del Colegio Kid’s Kingdom & James Christian Academy en los predios de la Cámara de Representantes. Luego de haber discutido la misma con mi directora de Oficina, la Sra. Janise Santiago, esta última tomó la determinación de renunciar a su puesto efectivo hoy”, sostuvo Burgos en declaraciones escritas.

“La Sra. Santiago ha trabajado como directora de mi oficina y ha cumplido a cabalidad con las funciones delegadas por la cual ha recibido su salario desde su contratación hasta el día de hoy. No obstante, nosotros, como funcionarios públicos y miembros de nuestro partido hemos adoptado un estándar de actuación ética que va por encima de lo que requiere la ley. Nosotros somos un partido en donde creemos que la libertad está fundada en el asumir obligaciones y responsabilidades, y que la libertad ciudadana comienza con el asumir las consecuencias de nuestros actos, que pueden incluir hasta los errores de juicio sin intención ulterior”, agregó.

Burgos dijo que desde su perspectiva, “la actividad de graduación en cuestión se llevó a cabo en cumplimiento con todos los requisitos dispuestos por las reglas y reglamentos de la Cámara de Representantes”. “Por esto, obtuvo el permiso requerido y la autorización por parte del presidente de la Cámara. No es hasta que la información salió publica que advine en conocimiento que en la carta solicitando el permiso para que se celebrara la actividad, no se menciona que la directora de mi oficina es dueña de la corporación que maneja el Colegio en cuestión. Al darme cuenta de dicho error de juicio, y hablarlo con la Sra. Santiago, esta decidió voluntariamente renunciar a su puesto para cumplir con los estándares de mayor rigurosidad autoimpuestos por los miembros de nuestra colectividad en todo nuestro quehacer público”, agregó.

CRIM extiende moratoria en pago de deudas viejas

  • 27/01/2022

El director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Reinaldo Paniagua Látimer, anunció hoy que un acuerdo con la Junta de Control Fiscal permitirá extender durante todo el mes de febrero, la oportunidad para acogerse al descuento de 55% en deudas vencidas acumuladas con el CRIM.

De esta forma los ciudadanos tendrán un mes adicional para poner al día sus deudas vencidas con el CRIM, previo a la venta de la deuda, mediante un proceso que conlleva descuentos significativos que comienzan en 55% hasta un 25% de reducción, sin recargos ni penalidades.

“Ante la gran cantidad de público que ha acudido a todas nuestras oficinas del CRIM y la realidad de que todavía estamos en medio de la pandemia, hemos decidido conceder un mes adicional para que los contribuyentes puedan pagar con el descuento de acuerdo al Reglamento Especial de Beneficio al Contribuyente para el Pago de la Deuda”, sostuvo el funcionario en una comunicación escrita.

Los objetivos de este Reglamento Especial son, cobrar deudas de contribución sobre propiedad inmueble vencida y actualizar los registros de los contribuyentes que acarrean deudas con el CRIM. El Reglamento dispone que el descuento de 55% aplicará a aquellas facturas que datan del año 2016 hacia atrás.

¿Se cumplirá algún día el sueño de Clemente?

  • 27/01/2022

Los gastos de nómina de la Corporación Ciudad Deportiva Roberto Clemente Inc. (CCDRC) han representado el 38 por ciento del presupuesto anual, lo que representó por lo menos en un año fiscal más de $400 mil dólares en el renglón de “salarios y gastos”.

La CCDRC ha estado en discusión pública desde que el gobernador Pedro Pierluisi firmó un proyecto del legislador popular, Ángel Matos para cobrar $5 adicionales en el marbete para dirigir estos fondos a la rehabilitación de estas instalaciones.

Matos ha alegado el mal uso de los fondos públicos mientras que Luis Roberto Clemente, hijo del fenecido Roberto Clemente y presidente de CCDRC ha negado enérgicamente estas alegaciones.  

Cuarto Poder tuvo acceso a los desgloses financieros de la CCDRC de los cuales se desprende que la cuantía para cubrir salarios sobrepasó los $400 mil en el año fiscal 2008-2009 cuando los fondos gubernamentales recibidos rodaban los $750 mil. 

Sin embargo, la asignación de fondos públicos comenzó a disminuir en años posteriores por recortes gubernamentales. A su vez, el personal fue reduciéndose y el gasto en salarios también, aseguró Clemente, presidente de la corporación. 

El hijo de Roberto Clemente añadió que la corporación no solo recibía asignaciones gubernamentales anualmente, sino también donativos y auspicios privados. 

En 2010, cuando el Departamento de Hacienda indicaba que la Ciudad Deportiva tenía una deuda, la corporación tuvo que someter evidencia para que se clarificara que tal deuda no existía y se pudieran desembolsar los fondos de ese año.

Finalmente, el dinero fue recibido seis meses más tarde, lo que causó atrasos en pagos de nómina y utilidades, indicó Clemente. Sin embargo, para el año 2012, el entonces secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Henry Neumann, pidió a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que se reasignaran los donativos de los años fiscales 2011-2012 y 2013-2014 por una auditoría que seguía pendiente sobre los fondos del año fiscal 2010-2011, según dicta una carta del DRD a OGP. 

A dos días de emitida esa carta, OGP autorizó que se reasignaran los fondos al DRD para “fortalecer la recreación y el deporte de la ciudadanía en general”, dice la comunicación. 

Inicialmente Neumann había expresado a Cuarto Poder, que esas asignaciones que suman $900 mil, se habían devuelto a OGP. Sin embargo, al ser confrontado con documentos que mostraban lo contrario, el senador clarificó que no recordaba en detalle lo que había pasado con esos fondos, pero que, al corroborar con un empleado de aquellos años, le indicó que parte del dinero fue usado en un Torneo de Béisbol clase A.  

En 2014 se aprobó la Ley 16 para “en caso de que por cualquier razón se disolviere o se inactive la entidad Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc., la titularidad de los terrenos, con sus mejoras, revertirán al Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Esta ley determinó que la asignación anual a CCDRC sería dirigida a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC), los fondos también fueron transferidos al DRD por entender que esa era la agencia que tenía el “expertise” para administrarlos. Esto consta en una carta de Millenium Collection Agency Inc, agencia de cobro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, dirigida al DRD. En esa misiva Millenium estaba cobrando un balance pendiente de CCDRC que ascendía los $72,000. 


Este medio pidió acceso a los informes financieros que la CCDRC entregaba al DRD e intentó corroborar la auditoria a la que la agencia hizo alusión para justificar la reasignación de fondos, pero pasada una semana desde la solicitud no se ha recibido respuesta de la agencia. Tampoco ha sido concedida una entrevista con el titular del DRD, Rey Quiñones.

¿Qué ha pasado con los proyectos de desarrollo? 

En cuanto a las ideas de desarrollo que la CCDRC ha considerado, Clemente confirmó que las imágenes que aparecían en la página web de Boutique Hotels formaban parte de la propuesta que la junta directiva pretendía aprobar. La página fue bajada de la red el mismo día que trascendió la noticia del cobro de $5 en el marbete de este año para la reconstrucción de Ciudad Deportiva. 

Clemente comentó que no tenía conocimiento de que esas imágenes estaban publicadas. En la pestaña donde aparecían los proyectos a desarrollar, justo debajo de Ciudad Deportiva, mencionaban al hotel Normandie cuyo dueño nuevo reconoció que necesitará ayuda del gobierno para reconstruirlo. 

La junta directiva de la CCDRC está compuesta por miembros del sector privado y el director de la Compañía de Turismo y el secretario del DRD como representantes del gobierno, sin los dos votos del sector público ningún proyecto puede ser aprobado.

En 2020 la propuesta presentada ante esta junta incluía un ala comercial que ocuparía cerca de 80 de las sobre 300 cuerdas de terreno que comprenden la Ciudad Deportiva. Entre los desarrolladores del proyecto, figuraba Luis Roberto Clemente, uno de los dos aspectos que levantaron bandera para ambas funcionarias.  

La entonces secretaria del DRD, Adriana Sánchez, confirmó al programa Cuarto Poder haber solicitado una opinión legal antes de emitir su voto. “Veíamos que era una idea con mucho potencial pero que nos preocupaban dos aspectos […] aprobar esta única propuesta que se estaba presentando, principalmente porque yo sabía que había otras personas que tenían interés en desarrollar ideas”, recordó. 

A raíz de esto, la CCDRC financió la opinión legal de la abogada Ana María Martínez-Suarez, que determinó que no había conflicto de interés en que Clemente como presidente de la junta también fuera uno de los desarrolladores y que por ser una entidad privada no era necesario “el requisito de subasta pública para sus procesos internos de adquisición y contratación”, especifica el memorando legal. 

No obstante, la exdirectora de Turismo, Carla Campos, reafirmó que se abstuvo de votar aun después de emitida esta opinión legal, pues había solicitado a la junta que por lo menos se publicara un aviso para que otros proponentes sometieran proyectos de desarrollo, “evitando así que la mera apariencia de conflicto de interés manchara la buena intención detrás de la adjudicación del contrato”, puntualizo a este medio. 

Por su parte Sánchez, al ser cuestionada sobre sus razones para no votar, sostuvo que “la realidad es que el asunto nunca se llevó a votación así que no es cierto que el sector del gobierno votó en contra o no aceptó el proyecto”. 

Por otro lado, Clemente aseguró que sí se les solicitó el voto formalmente a las funcionarias y presentó a Cuarto Poder una comunicación por correo electrónico en la que se estipulaba una fecha límite para recibir la votación. 

Problemas de suelo 

Aunque el sector del gobierno busca reconstruir la Ciudad Depoertiva y la corporación expandir el concepto al ámbito comercial, un estudió de la firma Suelos Inc., financiado por las Grandes Ligas de Béisbol, concluyó en 2010 que se tendrían que aplicar costosas técnicas de relleno y drenaje del terreno para poder desarrollar la zona. Este estudio es el más reciente de otros hechos también en el pasado por la firma CSA y la firma de planificación Sasaki.

Miembros de la junta de la CCDRC señalaron que el gobierno no cuenta con la capacidad económica para financiar esas medidas de mitigación y aseguraron contar con inversionistas privados dispuestos a asumir los costos. 

Mientras, Clemente criticó al representante Ángel Matos por pretender reconstruir las estructuras sin habilitar el suelo, pues aseveró que las oficinas administrativas se hundieron por la calidad del terreno. 

A pesar de la situación del terreno, los intereses por adquirir y desarrollar esas tierras no merman. Clemente está convencido de que el gobierno quiere las tierras de vuelta por su localización estratégica y el valor que pudieran adquirir una vez culminado el dragado del Caño Martín Peña. 

Compartió una carta entre el Municipio de Carolina y la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña en la que se habla del acceso al mar y el posible paso de embarcaciones que permitiría el dragado. Según Clemente, esa carta le fue enviada para que estuviese atento a la posibilidad de un cambio de zonificación en los terrenos de Ciudad Deportiva por parte del municipio. Precisamente, el pasado 20 de enero de 2022, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace, en inglés) anunció la inclusión el caño en la lista de proyectos que se financiarán por medio de la Ley Bipartita de Infraestructura, conocida como BIF y se asignaron $163 millones para las labores de dragado en el caño.

Conociendo el valor que pudiesen adquirir esas tierras, Clemente emitió una carta pidiendo intervención del Ejecutivo para que se le permitiera desarrollar el plan contemplado por la junta directiva. 

En la misiva, también Clemente sugería que se creara una tablilla especial para autos de la que se recolectarían dos dólares dirigidos a la Ciudad Deportiva. 

Mientras tanto, la ciudadanía se ha visto obligada a pagar cinco dólares adicionales en el pago de marbetes para la reconstrucción de las instalaciones, pero ese dinero va destinado al Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente y sería administrado por Hacienda. 

Sin embargo, en la actualidad, para poder darle uso a ese dinero se necesita aprobar ante el Senado el Proyecto 489 de la autoría de Matos, que crea el Distrito Deportivo Roberto Clemente y transfiere las tierras al DRD.

¿Qué pasaría con el dinero si no se aprueba el proyecto?  

El representante Ángel Matos afirmó estar convencido de que el proyecto se convertirá en ley y se resistió a especular qué pasaría de ese no ser el escenario. Pero ante la interrogativa de si se tomó en consideración un plan de respaldo, dilucidó que “habría que volver a legislar para [que] en un mecanismo de crédito se le pueda devolver el dinero a todos los transeúntes que compraron su marbete por cinco dólares”.  

Vea la investigación de Cuarto Poder aquí.

Permisos de construcción en las costas aumentaron en 29% durante el primer año de gobernación de Pierluisi

  • 27/01/2022

Durante su primer año en la gobernación, y ya entrados en la pandemia, la concesión de permisos de construcción en las costas aumentó 29%, en comparación con el 2020, según datos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) analizados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). 

Las construcciones que se han autorizado en las costas son, en su mayoría, hoteles, residencias o negocios. Muy pocas van dirigidas a atender los efectos del aumento del nivel del mar, la erosión costera, mitigar inundaciones y proteger comunidades vulnerables.


Centro de Periodismo Investigativo