Se reportan 21 muertes a causa del COVID-19. Las mortalidades, entre las edades de 54 a 91 años presentaban enfermedades crónicas. La diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y renales son las condiciones preexistentes que prevalecen. Se encuentran hospitalizadas 873 personas, 58 son pediátricos, lo que representa una baja en hospitalizaciones.
El secretario de Salud, Carlos Mellado dijo que faltan 600 mil personas por ponerse el refuerzo de la vacuna. Insistió en que aquellas personas que tengan solo dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 deben ponerse cuanto antes la tercera, pues mientras más personas haya sin vacunar o con una inmunidad limitada por el tiempo transcurrido después de la serie de vacunación, más probabilidad tiene el el virus de seguir sobreviviendo, mutando y provocando brotes.
La Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Administración de Facilidades de Salud (SARAFS) aseguró que en un informe preliminar entregado por 65 hospitales de la isla al Departamento de Salud reveló que, al menos el viernes pasado, había clínicas en los que se ausentaron entre un 20% y un 25% de sus profesionales de enfermería. Se informó que el censo ofrecido por los 65 hospitales se circunscribe únicamente al personal asignado el viernes pasado 14 de enero.
El secretario nominado de Educación Eliezer Ramos negó que tuviese una lista de escuelas para cerrar, aunque confirmó que existe una presentación y “un material” de ejemplo, confeccionado por personal de la agencia. Sin embargo, aseguró que de forma verbal, desautorizó el documento al tiempo que reconoció que el cierre de escuelas públicas en la Isla no tuvo efecto significativo ni provocó mejoría económica en el Departamento de Educación.
El designado secretario de Educación, Eliezer Ramos dijo en vista pública que “lo que vamos a estar hablando es de respeto, de equidad, de tolerancia, de lo que es el discrimen independientemente al sexo, independientemente a las creencias religiosas, independientemente al tema del ideal político”. En un video publicado en sus redes sociales, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve reveló que el secretario accedió a que no utilizar el concepto de perspectiva de género, ni hablar de identidades de género, sumado a que el currículo se llamaría “Equidad y respeto entre los seres humanos”.
La secretaria de Justicia del estado de New York dijo que ha encontrado evidencia abundante de cómo la organización de negocios del expresidente Donald Trump quien supuestamente utilizó información fraudulenta para evitar pagar contribuciones y evadir impuestos junto con sobre valorar sus propiedades. La secretaria afirmó que ha solicitado entrevistar a la familia Trump, quienes dirigen la organización junto con el presidente Trump, para continuar con su investigación y ver si demanda al ex presidente y su empresa. Esta investigación es civil y no criminal. La investigación criminal está siendo llevada por el Departamento de Justicia Federal en el distrito del sur de New York.
El Fiscal Especial Independiente se apresta a presentar cargos contra el ex secretario de Hacienda y ex secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, por supuesta violación a la Ley de Ética Gubernamental.
Se supo que la acusación pudiera ser presentada tan pronto como este viernes.
La representación legal de Maldonado ha asegurado que la designación de un FEI “se trata de una persecución y represalia” y que “le están pasando factura” a Maldonado “por haber delatado y provocado que el país conociera quién es Ricardo Rosselló y los ‘brothers’”.
Según fuentes del programa Cuarto Poder, transmitido por Wapa TV, se alega que Maldonado violó la Ley de Ética con relación a la entrega de sus informes financieros sometidos ante la Oficina de Ética Gubernamental, las finanzas de un fideicomiso y de su corporación.
Pendientes a la transmisión de Cuarto Poder esta noche a las 10:00 p.m. por Wapa TV en dónde Jay Fonseca ofrecerá más detalles relacionados a esta acusación.
Durante el pasado mes de junio, tras recibir un nuevo informe de una auditoria forense sobre los informes financieros de Maldonado, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), ordenó consolidar las alegaciones de una investigación en curso.
Mediante Resolución, el Panel concedió 60 días adicionales a los fiscales especiales independientes, Juan E. Catalá Suárez y Manuel E. Núñez Corrada, para investigar un nuevo asunto contenido en un informe remitido por el Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis A. Perez Vargas.
Del informe se desprende, según concluye Ética Gubernamental, que Maldonado pudo haber incurrido en violaciones a disposiciones legales contenidas en Ia Ley de Ética y el Código Penal de Puerto Rico.
La auditoría forense de la OEG arrojó que el exfuncionario pudo haber efectuado una presentación falsa y fraudulenta de los datos, para ocultar situaciones que podrían involucrar violaciones de ley y conflicto de intereses.
Mientras, en abril del año pasado, se designó un fiscal especial independiente contra Maldonado tras un informe emitido por la Oficina del Inspector General sobre el proceso para la formalización y otorgamiento del contrato 2007-000246 entre el Departamento de Hacienda y el productor de seguros Risco Insurance, Inc.
“Yo les aseguro que no existe un plan de cierre, mucho menos de escuelas emblemáticas”, dijo Eliezer Ramos Parés, Secretario designado del Departamento de Educación, en la tarde de hoy.
La polémica se desató luego de que el pasado viernes el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicara un artículo que incluía un listado de 83 planteles escolares que cerrarían como parte de un plan de infraestructura para los próximos cuatro años. La lista incluía escuelas especializadas como la Central High y la Libre de Música Ernesto Ramos Antonini.
Según Ramos Parés, se está diseñando un plan para revitalizar las infraestructuras escolares a través de un proceso de consulta donde las mismas escuelas decidirán su evolución.
La jueza federal Laura Taylor Swain aprobó hoy la octava versión enmendada del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central, el sistema de retiro de los empleados públicos y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).
La togada consignó su determinación, que permite reestructurar unos $33,000 millones en obligaciones del gobierno central, en el expediente electrónico del caso.
“Por la presente, el Plan y cada una de sus disposiciones serán CONFIRMADOS de conformidad con la sección 314(b) de PROMESA”, apuntó la jueza en su orden y sentencia de 417 páginas.
“Los documentos contenidos en el Plan Suplementario quedan autorizados y aprobados”, agregó.
El PAD debe entrar en vigor en o antes del 15 de marzo.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, celebraron la determinación de la jueza.
La confirmación del Plan de Ajuste de Deuda del Gobierno de Puerto Rico presentado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera ante la Jueza Taylor Swain representa un gran paso para la recuperación económica de nuestra Isla. Estamos ante un momento trascendental en el que el Gobierno de Puerto Rico se encamina a terminar con el proceso de quiebra y así concentrarse en lograr regresar al progreso que nuestra gente espera y merece”, apuntó el mandatario en declaraciones escritas.
“El acuerdo, aunque no es perfecto, es muy bueno para Puerto Rico y protege a nuestros pensionados, a la Universidad y a nuestros municipios, que le sirven a nuestra gente. Además, reduce significativamente la deuda de nuestro gobierno a un nivel sostenible que nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones y, al mismo tiempo, tener los recursos para crecer nuestra economía y garantizar los servicios esenciales a nuestro pueblo”, agregó.
Dalmau Santiago, indicó que con la aprobación del PAD Puerto Rico tiene futuro.
“A partir de este momento, comienza una nueva página de responsabilidad fiscal, buen gobierno y unidad, que encaminará una economía más prospera, un clima de creación de empleos y mayor estabilidad fiscal”, señaló en declaraciones escritas
En rueda de prensa, vía Zoom, el presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skeel y la directora ejecutiva Natalie Jaresko se expresaron con entusiasmo y aseguraron que la aprobación del PAD suponía el inicio de una nueva etapa que se reflejará a partir de la aprobación próximamente de un nuevo plan fiscal, que anticiparon asignará más recursos para el gasto gubernamental.
“Esto permite imaginar un futuro diferente para Puerto Rico”, indicó Skeel.
Tras la aprobación del PAD, Jaresko señaló que el ente fiscal trabaja a toda prisa cumplir con las disposiciones que entrarán en vigor el 15 de marzo. A tono con el PAD, ese día comenzaría la congelación de los beneficios de retiro de los maestros y los jueces, que pasarían a otro plan de retiro y que comenzarían a pagar seguro social. El gobierno también debería completar el intercambio de bonos nuevos y el pago a los acreedores.
Pero más allá de resolver el asunto de la deuda pública, el PAD permite al gobierno tener un cuadro claro de sus ingresos y gastos. Esto, según Jaresko, redundará en un beneficio para el gobierno porque tendrá acceso a mayores recursos.
Por eso, anticipó que a partir del año 2023 se eliminarán la mayoría de los recortes y de las medidas de austeridad adoptadas como parte del proceso de quiebra que desembocó en la aprobación del PAD.
“Este será el último año en que verás algunas de esas medidas”, respondió Jaresko a preguntas de la prensa.
Ahora quedan pendientes el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Carreteras.
Pese al tono de celebración del oficialismo, expertos han insistido en que el pago de la deuda del gobierno es insostenible porque al sumarse la deuda de COFINA excedería el pago anual de $1,000 millones que puede atender el gobierno de Puerto Rico. Las proyecciones de la propia JCF, que impulsó la aprobación del PAD, estiman que Puerto Rico enfrentaría otra quiebra en el 2036.