Panel del FEI había alertado al Alcalde de Trujillo Alto sobre actuaciones ilegales de su ayudante ejecutivo pero no hizo nada

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), había alertado al alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, de actuaciones ilegales de su ayudante Radamés Benítez y aun así, lo mantuvo en el puesto. Según documentos del Panel, Benítez siendo ayudante del alcalde, aceptó su culpabilidad en un caso referido en el año 2015, por César Miranda, para ese entonces Secretario de Justicia.

El PPEI presentó cargos por la compraventa de un vehículo para uso proselitista, en instalaciones municipales.

Tras el acuerdo de culpabilidad, la entidad puso en conocimiento al alcalde Cruz de que Benítez había aceptado haber realizado la transacción y sellado como recibida por el gobierno municipal, cuando era para uso de campaña política del alcalde.

Aun así, no tomó acción disciplinaria ulterior ni lo removió de su puesto. Informes de prensa revelan que, previo a la acusación federal, Benítez se desempeñaba como Ayudante Ejecutivo realizando funciones de Vicealcalde gozando de la confianza del Ejecutivo Municipal.

Expulsan como licitadores del Gobierno a compañías de acusados federales

La principal oficial de compras del Gobierno de Puerto Rico, Karla Mercado, informó que la Administración de Servicios Generales expulsó a las corporaciones Max Law, JR Asphalt y Waste Collection del Registro Unico de Licitadores del Gobierno de Puerto Rico.

Estas empresas no podrán hacer negocios ni contrataciones con las agencias y las corporaciones públicas del Gobierno central. 

“Habiendo tomado conocimiento oficial de las acusaciones federales emitidas contra los directivos de las empresas y en virtud de la responsabilidad de velar por el buen uso de los dineros del pueblo que me confiere la Ley 73 de 2019, la Administración de Servicios Generales, que me honro en dirigir, ha excluido a las corporaciones Max Law, JR Asphalt y Waste Collection del Registro Unico de Licitadores del Gobierno de Puerto Rico”, sostuvo la funcionaria.

Carmelo Ríos no descarta aspirar a la Alcaldia de Guaynabo

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos no descartó aspirar a la Alcaldía de Guaynabo, tras la destitución del alcalde Ángel Pérez, tras ser acusado esta mañana por corrupción pública.

“Vamos a esperar, hoy no es el día para anunciar nada. Yo estoy concentrado en cómo resolver esta situación, que no es otra que el alcalde renuncie. Obviamente yo vivo en Guaynabo. Yo tengo que sentarme con mi mamá. Cuando pasó el evento en 2017, mis papás tuvieron consideraciones muy serias conmigo. Mami tiene 80 años, papi igual y fue bien duro, bien injusto”, dijo el senador minutos antes de que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) emitió una Resolución y Orden en la cual suspende sumariamente al alcalde.

La elección especial en Guaynabo será el 8 de enero de 2022.

Vicealcaldesa de Guaynabo ordena cancelación de contrato con Island Builders

La vicealcaldesa de Guaynabo, licenciada Luisa Colom García, ordenó la cancelación inmediata del contrato con la compañía Island Builders. 

“Al advenir en conocimiento de las investigaciones y acusaciones recientes contra varios funcionarios y contratistas, ordené la cancelación inmediata del contrato con la compañía Island Builders Corp. La ley es clara sobre las consecuencias legales para los servidores públicos y personas naturales y jurídicas que violen las disposiciones contenidas en el Código Anticorrupción y demás legislación que contenga delitos contra la función pública. No habrá dilaciones en nuestras acciones para asegurar el buen uso de los recursos públicos”, dijo Colom García. 

Anticipó que “esta determinación le será notificada a las instituciones fiscalizadoras y advertimos que el Municipio llevará a cabo cualquier otra acción autorizada por ley para proteger el interés público.

La Ley Núm 2 -2018, según enmendada, establece acciones legales contra toda persona que ostente contratos con el gobierno e infrinja de la política pública de cero tolerancia contra la corrupción. 

Brilló por su ausentismo Oscar Santamaría, asegura el DMO

La Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus siglas en inglés) aseguró que el abogado Oscar Santamaría ya no se desempeña como miembro de la Junta de Directores de la organización. 

Según expresiones compartidas por Edward Zayas, portavoz del DMO también conocido como Discover Puerto Rico, Santamaría solo participó en cinco reuniones, ausentándose al resto de las 12 reuniones anuales en las cuales debía participar. 

Santamaría fue designado como representante de la Cámara de Representantes ante la Junta de Directores del organismo encargado de promover el turismo en la isla.

Santamaría, quien recientemente admitió culpabilidad expresando sentir vergüenza ante su implicación en un esquema de corrupción relacionado al caso del ex alcalde de Cataño Felix “El Cano” Delgado Montalvo, fue nombrado por la Cámara de Representantes como miembro de la Junta de Directores para la Promoción de Puerto Rico como destino (DMO) en diciembre del 2019.  

Dicho rol se oficializó a finales del mes de enero del 2020 y finalizó en diciembre de este año, tiempo durante el cual el abogado nunca lideró ninguna comisión dentro de la junta, aseguró el portavoz de prensa del DMO.  

De otro lado, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) confirmó que Santamaría fue nombrado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez en mayo 2017 y estuvo en el organismo hasta diciembre de 2020.

El funcionario fue remplazado con el cambio de administración por Luis Cruz Batista.

El portavoz de Prensa de la AAFAF no pudo contestar de inmediato sobre la asistencia de Santamaría a las reuniones pero fuentes de este portal de noticias aseguraron que asistía con regularidad.

Destituyen a Ángel Pérez como alcalde de Guaynabo tras acusación federal de corrupción

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) emitió una Resolución y Orden en la cual suspende sumariamente al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, tras habersele presentado acusaciones criminales por el FBI y la Fiscalia Federal.

La orden se produce tras la recomendación en ese sentido, formulada por la Unidad de Procesamiento Administrativa Disciplinaria (UPAD). La misma es de carácter inmediata.

La elección especial del nuevo alcalde o alcaldesa será el 8 de enero de 2022, supo este portal digital de noticias.

Justicia solicita evidencia a los federales para evaluar posibles cargos a nivel estatal contra arrestados por corrupción

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

El secretario Domingo Emanuelli cursó una solicitud a la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico para que comparta con el Departamento de Justicia de Puerto Rico la evidencia que permita procesar los delitos que pudieron haber cometido en la jurisdicción estatal los alcaldes y otros funcionarios arrestados hoy y en días recientes.

“El Departamento de Justicia de Puerto Rico examina si procede la radicación de cargos criminales a nivel local con relación a las investigaciones por corrupción que iniciaron las autoridades federales hace varios años”, sostuvo.

“Simultáneamente, continuamos agilizando múltiples investigaciones en progreso en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Este año hemos realizado 24 investigaciones, de las cuales hemos emitido siete referidos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente; que incluyen alcaldes, exalcaldes y otros funcionarios de distintos partidos políticos. Actualmente, en el Departamento de Justicia hay más de una decena de investigaciones adicionales en proceso”, agregó.

Emanuelli exhortó a “denunciar ante del Departamento de Justicia de Puerto Rico cualquier actuación de esta índole por parte de aquellos que se enriquecen traicionando la confianza depositada por el pueblo puertorriqueño”.

“Realizar estas investigaciones requiere información específica y evidencia de actos ilegales, pues nuestro sistema de derecho exige garantizar el debido proceso de ley a todo sospechoso, imputado o acusado de delito; lo contrario sería una intervención ilegal”, recordó el funcionario.

“En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, reiteramos que los actos de corrupción son condenables, por lo que continuaremos combatiéndolos. Continuaremos reforzando las divisiones en la agencia designadas para combatirla. Lo que ha sucedido provoca una gran decepción en los funcionarios que trabajamos honradamente por su nuestra isla”, concluyó el abogado.

Enmendar el Código Municipal no soluciona la corrupción, según Pierluisi

El gobernador de Puerto Rico aseguró que hacer enmiendas al Código Municipal, que permite la otorgación de contratos sin subastas y por invitación no va a solucionar la corrupción publico privada que se ha estado desatando en el país con los recientes casos de los municipios de Cataño y Guaynabo. “Aquí la cuestión no son leyes es continuar enforzando o haciendo cumplir las leyes que tenemos”, dijo el gobernador esta mañana a la salida de una conferencia de prensa en Caguas.

También envió el mensaje de que “si lo está pensando hacer que ni si le ocurra” dirigiéndose a otros políticos y funcionarios que este considerando incurrir en este tipo de actos. Además, puntualizó que se sustituye inmediatamente a Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo, como presidente de la Federación de Alcaldes.

Las expresiones se dieron a la salida de la conferencia de prensa en la que el gobierno y el desarrollador McCormack Baron Salazar presentaron un nuevo proyecto de vivienda para familias de diferentes niveles de ingresos en Caguas que reubicará a 50 familias que vivían en el residencial José Gautier Benítez antes del paso del huracán María.

El proyecto Villas at Emerald Vista es el primero “multifamiliar con fondos CDGBDR en Puerto Rico, según el comunicado de prensa. Cuenta con 200 apartamentos y desde finales de noviembre ha estado recibiendo sus primeros residentes. Además, es el primer desarrollo en Puerto Rico que cuenta con la certificación verde del National Green Building Standard que asegura que los espacios sean sostenibles. Una segunda fase de viviendas para envejecientes comenzará el próximo año.

Ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez y el ayudante del Alcalde de Trujillo Alto se exponen a 35 años de cárcel

El alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez Otero, enfrenta cargos de conspiración, soborno y extorsión por aceptar más de $5,000 del individuo A, que la acusación federal identifica como propietario de compañía de construcción.

Pérez Otero se expone a 35 años de cárcel, indicó la Fiscalía Federal; cinco años por conspiración, 10 años por soborno y 20 años por extorsión.

La acusación federal de siete páginas consigna que el individuo A se reunía regularmente con Pérez Otero para pagarle en efectivo los sobornos o comisiones ilegales (kickbacks) y garantizar sus contratos municipales.

Como parte de la acusación federal, que desembocó esta mañana en el arresto del alcalde, el Ministerio Público incluyó fotos que muestran al alcalde recibiendo un abultado sobre blanco, que se presume contiene dinero. También hay una imagen de un cheque de $440,784.91 del Municipio de Guaynabo, pero tiene borrado el nombre de la persona o empresa que recibiría el pago.

La vista de acusación de Pérez Otero será el 23 de diciembre debido a que sus abogados Osvaldo Carlo y José Olmo no pudieron tener comunicación con el hoy ex alcalde. Ese día se conocerá si el ex ejecutivo municipal se declara culpable o rechaza las alegaciones y va para juicio.

De la misma manera, Radamés Benítez Cardona, asistente ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, se expone a la misma pena ser encontrado culpable de los mismos delitos que el Alcalde de Guaynabo. Benítez Cardona se declaró no culpable esta mañana.

Esquema de corrupción de Trujillo Alto cobraba 75 centavos por recogido de basura en cada residencia

Radamés Benítez Cardona, asistente ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, está grabados en audio y video recibiendo dinero en efectivo como soborno del convicto empresario Oscar Santamaría Torres.

La acusación federal indica que, desde junio de 2017 hasta julio de 2021, el asistente ejecutivo conspiró y se puso de acuerdo con los Individuos A y B para recibir sobornos a cambio de beneficiarlos con contratos y conexiones con el municipio.

Se indica que el Individuo B le dio un pago “por adelantado” de $200,000 a Benítez Cardona para asegurar que la empresa del Individuo A recibiera contratos con el ayuntamiento.

La acusación revela, también, que los individuos acordaban reunirse con el asistente ejecutivo en lugares discretos, se comunicaban en mensajes encriptados y usaban dinero en efectivo para los sobornos (“kickbacks”).

El funcionario recibía 75 centavos por casa para recogido de basura lo que significaba $17,250 mensuales.

Benítez Cardona fue acusado de conspiración, recibir sobornos y “kick backs”.