La investigación de la muerte de Melissa Belén Falú Allende no se encuentra detenida, pese a que la patóloga que evalúa las circunstancias de su fallecimiento se encuentra en una licencia por enfermedad indefinida, aseguró esta tarde la jefa de Fiscales, Jessika Correa González.

Correa González apuntó que el Ministerio Público investiga el deceso como una muerte sospecha y pidió confianza en el proceso, aunque desconocía detalles esenciales del caso como si existía una orden de protección vigente en contra de la pareja de la mujer, Miguel Rodríguez Nieves, quien se encontraba en la residencia donde murió mujer en el sector Torrecilla Baja en Loíza y reportó su muerte a las autoridades como un alegado suicidio, según una investigación del programa Cuarto Poder, que se transmite todos los martes por WAPA TV.

Falú Allende, quien había denunciado a su pareja en 17 ocasiones al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica, murió de una herida de bala en la cabeza el pasado 25 de junio de 2021. En la cama, donde apareció el cuerpo había un arma.

La investigación de la periodista Milly Méndez reveló que habían gotas de sangre en la entrada del cuarto y en una escalera, pero que no existía el típico salpicado de sangre cerca del cuerpo. También encontró que no se habían presentado cargos contra el hombre por violar la orden protectora y que el caso languidecía porque la patóloga del caso no se había reunido con el Ministerio Público para la determinación de la causa de muerte.

Hoy, en rueda de prensa para ofrecer detalles sobre otra muerte, la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller, explicó que la patóloga del caso se había acogido a una licencia por enfermedad.

“Ella hizo su autopsia y hay hallazgos y hay análisis que se han realizado pero ella tiene que reunirse por segunda ocasión con los fiscales para llegar a una determinación”, apuntó Conte Miller.

No ofreció la fecha del regreso de la patóloga Lorraine López y explicó que el caso no se podía asignar a otra patóloga debido a la jurisprudencia relacionada al manejo de la evidencia.

“Está en pausa en el sentido de la reunión porque como informó (Conte) la patóloga está por enfermedad y todos tenemos derecho a enfermarnos. Es una cosa que no podemos controlar. Pero el Ministerio Público ha seguido levantando expediente. Las investigaciones no son solo forense. Es entrevistas, es subpoena, son órdenes de registro. Es una investigación amplia que el Ministerio Público está haciendo”, respondió la fiscal Correa González ante una pregunta de la prensa sobre los señalamientos de que el caso de manejaba con laxitud por tratarse de una mujer negra.

¿Por qué no se han radicado cargos por la violación a la orden de protección?, preguntó Jagual Media.

“Eso es un hecho que se está analizando. A él se le radicaron unos cargos por una documentación falsa y él tiene un proceso ante el tribunal. Le estamos dando espacio al Ministerio Público y a los fiscales de carolina para que culminen la investigación”, respondió Correa González.

¿Había una orden de protección que vigente?, insistió este medio.

“Desconozco si estaba, pero puedo hacer la averiguación. Me llevo esa asignación”, señaló la jefa de Fiscales.

Ante otra pregunta sobre los rastros de sangre que parecían descartar el ángulo del suicidio, González Correa indicó que el ángulo del suicidio surgió de la información preliminar.

“Usted tiene lo que bajó como bajó en la querella. Una vez el Ministerio Público termine la investigación entonces nosotros podemos hablar en términos jurídicos y correctos”, indicó.

“No voy a entrar en la investigación abierta, pero una vez el fiscal llega a pesar de que la querella baja como un suicidio, se pone como muerte sospechosa y se investiga como muerte sospecha hasta tanto la evidencia disponga si va a ser sospechosa, si es un accidente, si es un suicidio o un homicidio”, abundó.

Confrontada con los cuestionamientos de la comunidad de Piñones, que insiste que el caso está olvidado, Correa González defendió la integridad del proceso de investigación.

“Esto es una investigación seria. Que tengan confianza. Que se está haciendo el trabajo pero el trabajo hay que hacerlo responsablemente para poder tener unas determinaciones que estén basadas en la prueba y el derecho y no porque lo digo yo”, añadió.

El pasado 25 de enero, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia decretó un estado de emergencia para combatir la violencia de género. En lo que va de este año, en Puerto Rico se han reportado 49 feminicidios. Veintitrés todavía están en etapa de investigación.

Mira el reportaje aquí: Cuarto Poder