El Departamento de Salud no registró muertes mientras informó una reducción en las hospitalizaciones para hoy lunes.
98 personas se encuentran hospitalizadas a consecuencia de la enfermedad y de estas, 83 son adultos y 15 son menores.
El informe de ayer, domingo, presentaba 106 personas internadas en hospitales.
Mientras, los casos positivos confirmados mediante prueba molecular siguen en aumento. Hoy lunes el informe revela 124 casos confirmados con prueba molecular y 121 casos probables luego de realizada una prueba de antígenos. La cifra de muertes a causa del COVID-19 se mantiene en los 2,568 fallecidos.
Los datos comprenden el periodo del 10 de julio al 24 de julio.
Una boda celebrada el pasado fin de semana en Camuy provocó un brote de casos de coronavirus que se elevó a 14 personas, al tiempo que 28 individuos catalogados como “contactos directos” permanecen en cuarentena, confirmó Salud.
El caso positivo que compartió su relato a El Nuevo Día indicó que todos los invitados a la boda debían mostrar evidencia de haberse vacunado contra el virus para poder asistir al evento y que durante el evento algunos estaban con mascarillas y otros no, especialmente si estaban bebiendo y comiendo
La Junta de Supervisión Fiscal dice que el gobierno “falló” en proteger los mejores intereses del pueblo cuando cedió a los reclamos de los camioneros que se mantuvieron en paro durante dos días. En ese periodo de tiempo se afectó el suministro de gasolina y productos. Antonio Medina, miembro de la Junta, dijo que el organismo presentó una propuesta que contemplaba el alza en las tarifas, pero sin incluir los contratos privados. La Junta dice que “El acuerdo (con los camioneros) va a aumentar todos los costos de transportación en Puerto Rico por 35%”, indicó al estimar que esa alza se reflejará en la compra de comida, gasolina y todo producto que requiera de transporte. Los camioneros rechazan esa alegada alza.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández acudió con un escrito ante el Tribunal de Primer Circuito de Apelaciones de Boston para alegar que la invervención del ente federal, en asuntos del poder legislativo y del poder legislativo es inconstitucional. Dijo que contestó a la Junta la demanda sobre la ley de Retiro Digno y continuamos defendiendo nuestra posición de cero recortes a los retirados en el proceso de restructuración de la deuda del gobierno central.
El Departamento de Agricultura investiga las razones, pero principalmente se debe al aumento en el precio del maíz y la soya. Tanto Agricultura como el Departamento de Asuntos del Consumidor coincidieron en que el aumento de precios no es un fenómeno que solo está ocurriendo en Puerto Rico, sino en el mundo. Sin embargo, se investigará el aumento del precio de las carnes, en específico la importada.
Cerca de dos meses después de asumir el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, LUMA Energy no ha comenzado los grandes proyectos que se prometieron para crear una red resistente a huracanes y aún no han establecido la fecha de comienzo para estas mejoras urgentes. Sin embargo, la empresa aseguró que en su corta estadía ha mejorado el tiempo de respuesta a las averías y servicio al cliente.
El Gobierno de Puerto Rico seguirá sin recibir los recaudos que provienen de las máquinas de juegos de azar que operan fuera de los casinos, mientras continúe el proceso legal que impulsa la Comisión de Juegos del Gobierno Puerto Rico para evitar la impugnación de los reglamentos establecidos para la legalización de las tragamonedas para adultos.
El Tribunal de Primera Instancia de San Juan anuló el reglamento para operar el sistema de interconexión de las máquinas de juegos de azar, lo que garantiza la fiscalización de licencias para operarlas. La decisión se ampara en que el reglamento fue promulgado por la Compañía de Turismo y no por la Comisión, entidad autorizada por la legislatura para manejar la legalización de las tragamonedas. La distribución de las ganancias de las máquinas se divide en 67% para los dueños y 33% para el gobierno, y de este porcentaje se saca el 50% para el retiro de la Policía, 45% para los municipios y 5% para la Comisión, que cuenta con 260 empleados y que incluye al hipódromo y los casinos.
El dinero que ha llegado para la reparación de carreteras, puentes, semáforos, rótulos y aceras no es suficiente para terminar de levantar el sistema vial que quedó destrozado en 2017 cuando pasó el huracán María, dijo Edwin González Montalvo, director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Esto, a pesar que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) ha autorizado fondos ascendentes a $1,179 millones para 2,425 proyectos de reparación de carreteras y puentes.
Según FEMA, de estos fondos hay $297 millones para 90 proyectos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); $880 millones para 2,327 proyectos en los municipios y $1.6 millones para ocho proyectos solicitados por “otros solicitantes” que no identifican.
El Vocero