El Departamento de Salud reportó 1 deceso a causa del COVID-19. Mientras, se reportó 46 hospitalizados por COVID-19, siete pacientes menos que en las pasadas 24 horas. Se dividen en 34 adultos —10 en intensivo y siete conectados a ventilador— y 12 pacientes pediátricos, uno de ellos en intensivo.
SOL, CALOR Y LLUVIAS BREVES ESTE FIN DE SEMANA- Oleaje de 4 a 5 pies y riesgo moderado de corrientes marinas. La meteoróloga Elizabeth Robaina comparte los detalles.
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) anunció que habrá una recompensa de $5,000 a la persona que ayude a arrestar a Geofley Jomar Pérez, vinculado al secuestro y asesinato del jovencito de 16 años, Jesús Francisco Pérez.
Si usted o alguien que conoce tiene información que lleve a la captura del individuo que aparece en estas imágenes llame a 787-987-6500 o repórtelo a través de tips.FBI.gov
Pendiente a la ampliación de esta noticia.
El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ramón Rodríguez Ruiz se declaró culpable hoy ante la jueza Eloína Torres Cancel del Tribunal de San Juan por dos cargos de omisión en el cumplimiento del deber tras alcanzar un acuerdo con la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei).
Originalmente, los fiscales Manuel Núñez Corrada y Cándida Sellés Ríos acusaron a Rodríguez Ruiz de fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales, pero como parte del acuerdo los delitos se reclasificaron, confirmó la presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives.
Cada cargo contempla una pena de seis meses, que debe cumplirse de manera consecutiva. Luego de la alegación de culpabilidad, el caso se refirió para la elaboración de un informe presentencia.
Cotto Vives no tenía a la mano la fecha de la vista de sentencia, pero explicó que los fiscales especiales no se opondrán a una recomendación de sentencia suspendida. Rodríguez Ruiz también tendrá que realizar un pago de $10,000 al Panel por los gastos que la oficina incurrió en su encausamiento.
Según las acusaciones, el exlegislador tenía un empleado fantasma en la nómina de su oficina legislativa e incurrió en irregularidades en la creación y la designación de fondos a las organizaciones sin fines de lucro Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas. En el proceso, no hubo desembolso de fondos públicos.
En este caso, los fiscales especiales también acusaron a Soniel Torres Suárez, quien se desempeñó como directora de la oficina legislativa de Rodríguez Ruiz desde el inicio del cuatrienio. La exempleada enfrentó cargos por perjurio, malversación de fondos públicos, falsedad ideológica y fraude o engaño sobre testigos. Tras un acuerdo con el ministerio público, se declaró culpable y el 2 de julio de 2020, la jueza Torres Cancel la sentenció a siete años de sentencia suspendida. Además, restituyó al erario $5,625.
El 7 de diciembre del 2017, el caucus del PNP expulsó Rodríguez Ruiz de ese cuerpo. Dos meses más tarde, la Cámara de Representantes lo destituyó tras alegaciones de que golpeó a una empleada de su oficina.
La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) hurga en el informe financiero del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, luego de que el funcionario ofreció información incompleta a la agencia, según una fuente de este medio digital.
La discrepancia surge en torno a varios botes que no reportó en el informe que radicó el pasado 2 de octubre.
La portavoz de prensa de la OEG, Jennifer Rodríguez, confirmó a este medio que la agencia solicitó información adicional a González Beiró como parte del proceso de auditoría. Pero una fuente señaló que el funcionario supuestamente reportó la venta de cinco embarcaciones, pero las mantuvo.
Este portal de noticias solicitó una reacción a González Beiró, quien a través de su portavoz de prensa, se expresó sorprendido.
“Me toma por sorpresa cualquier pregunta relacionada a los informes sometidos por este servidor. Los informes financieros, que corresponden en ley, han sido sometidos ante la Oficina de Ética Gubernamental. Como servidor público, me rige el orden y la transparencia en la información. Siempre estaré disponible para aclarar cualquier duda o hacer la enmienda necesaria”, indicó en declaraciones escritas.
En el resumen del informe, que la OEG coloca en su página web, González Beiró reportó $2,244,657 en activos y $130,936 en pasivos. Detalló $116,125 en activos y $43,436 en pasivos en la categoría de “Vehículos de Motor y Deudas u Obligaciones”. Tiene $820,000 en activos en la categoría de “Inmuebles y Deudas Hipotecarias”. El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
La presidenta de la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei), Nydia Cotto Vives, confirmó hoy que esa oficina concedió inmunidad al presidente de Apex General Contractors, Robert Rodríguez López, luego que el empresario accedió a colaborar con los fiscales especiales independientes.
Rodríguez López figura como el segundo testigo de cargo en las denuncias presentadas en contra del licenciado Juan Maldonado de Jesús y de Aaron Vick, quienes enfrentan cargos criminales por su participación en la fallida compra de pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno durante los primeros días de la pandemia.
“Una de las personas que también iba a ser acusada, el señor Robert Rodríguez está cooperando. Tenemos una persona a quien se le concedió inmunidad y que está aportando información”, apuntó en entrevista con Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos, que WAPA Televisión transmite diariamente.
Ayer, los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario, Manuel Nuñez Corrada y Juan Catalá Suárez presentaron cargos contra Maldonado de Jesús y Vick por supuestamente actuar en concierto y común acuerdo para presentar una resolución corporativa falsificada de Apex, que autorizaba a Vick a representar a la empresa en la venta de un millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 por un valor de $38 millones.
La jueza Iraida Rodríguez Castro encontró causa para el arresto de ambos. En el caso de Vick, ordenó su arresto porque los cargos se presentaron en ausencia puesto que los fiscales especiales no dieron con su paradero.
El Departamento de Justicia investigó preliminarmente la malograda venta, pero recomendó al PFEI no asignar un fiscal especial independiente para realizar una investigación a fondo. Pero el Panel ordenó una investigaciónque desembocó en la presentación de cargos en contra de Maldonado de Jesús y de Vick. Los fiscales, sin embargo, no presentaron cargos en contra de los funcionarios públicos involucrados en la transacción, que se aprobó de manera rápida en los primeros días del lockdown ordenado por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced.
El Departamento de Hacienda desembolsó un depósito de $19 millones, que llamó la atención del banco Oriental, que paralizó el trámite tras activar sus protocolos de seguridad internos. Apex es una empresa que se dedica a la construcción y no manejaba esa cantidad de dinero.
“Ciertamente existe prueba que podría apuntar a responsabilidad de otras personas, pero lo que sucede es que no basta con tener prueba para superar una etapa de Regla 6 o de determinación de causa para el arresto. La prueba con la que tienen que contar los fiscales antes de presentar cargos en los tribunales, es aquella que ellos entiendan que se puede sostener más allá de duda razonable, sino hay ese quantum de prueba los fiscales no lo van a presentar”, respondió Cotto Vives sobre la razón para imputar delitos a los funcionarios que participaron en la polémica transacción.
“A ellos (Maldonado de Jesús y Vick) se les responsabiliza por las actuaciones en las cuales incurrieron, obviamente esto no descarta que si ellos tienen información que quieran aportar, así lo hagan”, añadió en otro momento.
Las denuncias presentadas ayer en contra de Maldonado de Jesús y de Vick indican que Maldonado de Jesús falsificó la firma del presidente de Apex en una resolución corporativa para autorizar a Vick a representar la empresa ante el gobierno.
“Como demuestra la prueba, Juan Maldonado y Aaron Vick resultaban beneficiados con las ganancias y dineros producto del contrato gubernamental”, reza una de las denuncias.
El ministerio público cuenta con 18 testigos, entre ellos, el exsecretario de Salud, Lorenzo González Feliciano.
La defensa de Maldonado de Jesús, ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, impugnó la jurisdicción de los fiscales especiales y anticipó que acudirá al Apelativo en un intento por revocar la decisión de ayer. Según la licenciada Mayra López Mulero y el licenciado Alberto Rivera Ramos, los fiscales carecen de facultad para presentar las denuncias porque la Ley de la Opfei solo le permite acusar personas privadas cuando participan como coautores junto a un funcionario público. De lo contrario, esa facultad de encausamiento recae sobre el Departamento de Justicia, que en este caso recomendó archivar el caso.
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LUMA Energy recibe “entre 1,000 a 1,200 solicitudes mensuales” de personas o entidades que buscan desconectarse del sistema de energía eléctrica.
Sin embargo, el sistema electrónico por donde se transmite y distribuye la electricidad no está capacitado para soportar este repunte de personas que generan energía, dijo a Primera Hora el gerente de Transformación de la Red de LUMA Energy, el ingeniero Alfonso Baretty.
“El sistema no estaba diseñado para este tipo de facilidades y a medida que se van integrando y transformando el sistema, pues se tienen que hacer unas mejoras para garantizar la operación confiable y la integración de más fuentes renovables al sistema”, agregó el funcionario. Al 31 de julio de 2021 había aproximadamente unos 30,000 clientes produciendo su propia energía y conectados al sistema de medición neta, según LUMA Energy.
Luma Energy recibe en promedio 4.4 quejas al mes, prácticamente igual al promedio de querellas que reportaba anteriormente en ese renglón la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que era de 4.5 casos al mes.
De las 6,700 querellas que recibió LUMA Energy en poco menos de cuatro meses solo 20 fueron por daños a los enseres, de acuerdo a documentos que sometió al Congreso y posteriormente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan Luma Energy. Este periodo comprende cuando se registraron continuas interrupciones en el servicio energético en la Isla.
El Vocero