La jueza Iraida Rodríguez Castro del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto contra el licenciado Juan Maldonado y el empresario Aaron Vick por la fallida venta de pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno durante las primeras semanas de la pandemia.
Luego de escuchar las partes, la togada se retiró a evaluar la evidencia presentada por los fiscales especiales independientes Ramón M. Mendoza Rosario, Manuel Nuñez Corrada y Juan E. Catalá Suárez y los argumentos de la licenciada Mayra López Mulero y el licenciado Alberto Rivera Ramos, quienes representan a Maldonado.
La jueza Rodríguez Castro regresó a la sala a las 5:00 p.m. para permitir argumentaciones finales de las partes.
El fiscal Mendoza Rosario argumentó que el expediente entregado a la jueza Rodríguez Castro contenía prueba que demostraba el elemento de falsificación de documentos a través de una resolución corporativa de la empresa Apex General Contractors y el traspaso de ese documento en un proceso para obtener un contrato con el gobierno. “Tiene a Maldonado sometiendo el documento falsificado”, apuntó.
Ese acto, según el fiscal especial, constituyó una intervención ilegal o indebida para obtener el contrato con el Departamento de Salud.
Apuntó también que los mensajes de textos entre Maldonado y Vick procuraban ocultar la intervención de Maldonado en el proceso de la malograda venta, pese a que representó a Apex ante el gobierno. El nombre de Vick aparecía como contacto de la empresa Apex en los documentos de la transacción.
El licenciado Rivera Ramos apuntó que no podía impugnar la evidencia porque no la conocía, pero insistió en la falta de jurisdicción de la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) para presentar los cargos.
Esgrimió que el Panel se excedió en su jurisdicción al acudir al Departamento de Justicia para el asunto de la jurisdicción y catalogó como acomodaticia la postura del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, de plantear un conflicto de interés cuando ya esa agencia había realizado una investigación preliminar del caso y recomendado que no se asignara un fiscal especial a Maldonado.
“Es una interpretación fuera de contexto para el pretexto”, indicó.
Después de las argumentaciones finales breves, jueza encontró causa en todas las denuncias presentadas y le impuso $250,000 de fianza a Maldonado. Ordenó el arresto de Vick debido a que el empresario no acudió a la vista. A este se le impuso una fianza de $200,000. Maldonado prestará la fianza a través de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio. La licenciada López Mulero anticipó que las condiciones incluirían alguna restricción de horario.
De inmediato, indicó que acudirá al Tribunal de Apelaciones para impugnar la decisión.
La vista preliminar fue pautada para el 22 de noviembre de 2021 y Maldonado será fichado mañana en la Oficina sobre Panel del Fiscal Especial Independiente en Santurce.
Contra Maldonado, también ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, se presentaron cinco denuncias por tentativa fraude, falsificación de documentos privados, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal o indebida en operaciones o procesos gubernamentales.
El ministerio público radicó cuatro denuncias en ausencia contra Vick por tentativa fraude, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal o indebida en operaciones o procesos gubernamentales.
A la salida del tribunal, el fiscal especial independiente Mendoza no quiso comentar si existe un acuerdo de inmunidad con Robert Rodríguez, propietario de la empresa Apex. Existe un acuerdo de colaboración. Tampoco quiso indicar si busca que Maldonado coopere con detalles de cómo los funcionarios gubernamentales participaron de la transacción millonaria.
Previo al inicio de la audiencia, el fiscal Mendoza Rosario indicó que como parte de la pesquisa entrevistó a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien estuvo acompañada del licenciado Edgar Vega. Aseguró también que no encontró evidencia para presentar cargos contra los funcionarios públicos involucrados en la polémica transacción de $38 millones.
Tras la presentación de las denuncias, inició la vista de determinación de causa para arresto, conocida como Regla 6, ante la jueza Rodríguez Castro.
La vista arrancó con un planteamiento de López Mulero, quien cuestionó la presencia de periodistas en la vista de alto interés público. La Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) permitió la entrada de la prensa a sala como parte de su visión de apertura de los procesos judiciales.
Aunque tildó la presencia de la prensa en sala en esta del proceso como algo “sorpresivo e inusual”, la letrada finalmente se allanó a la determinación de la OAT.
Antes de que el ministerio público sometiera el expediente del caso para la evaluación de la togada, López Mulero cuestionó la jurisdicción y facultad de los fiscales especiales independientes para presentar cargos contra su representado por tratarse de una persona privada y no un funcionario público.
Planteó que la Ley que creó la oficina requiere que una acusación contra una persona privada esté acompañada de la presentación de cargos contra un funcionario público. En esa línea, esgrimió que las denuncias contra Maldonado alegaban un concierto y común acuerdo contra otra persona privada y que, por tanto, los fiscales especiales carecían de jurisdicción ante la falta de vínculo con un funcionario que faltaba a su deber en el ejercicio de la función pública.
Solicitó sin éxito presentar un memorando de derecho y la desestimación de las denuncias.
El fiscal especial Mendoza Rosario ripostó que la jurisdicción era clara puesto que la Ley que creó la Opfei puede actuar “sobre todos los asuntos que nacen y se generan de la encomienda del Panel”. Afirmó también que consultó al Departamento de Justicia y sometió a la jueza Rodríguez Castro documentos firmados por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en los que confirmaba que correspondía a los fiscales especiales continuar con el proceso de investigación y de presentación de cargos.
Aunque el referido inicial de investigación incluía a Vázquez Garced y otros funcionarios, el Opfei centró la investigación en Lilliam Sánchez, hoy ex subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, hoy ex funcionaria de La Fortaleza adscrita al Task Force Medico de COVID, General José Burgos, pasado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias; y el licenciado Maldonado.
Pese a que la venta de las pruebas rápidas de COVID-19 no se completó, el gobierno desembolsó un depósito $19 millones, que fue tenido por el banco Oriental al activar protocolos de seguridad tras la transferencia del Departamento de Hacienda.
