A UN AÑO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA VACUNA DE COVID-19 ¿PUEDEN LOS PATRONOS EXIGIRLE A SUS EMPLEADOS VACUNARSE?- ¿Qué ha pasado con el Proyecto de Ley sobre discrimen por vacunación? Jessica Santiago de Recursos Humanos con Calle conversa con el Lcdo. Christian Arvelo sobre este tema y te orienta.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) autorizó hoy las dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 de Moderna y de Johnson & Johnson.
También enmendó sus guías de vacunación para autorizar el uso mixto de las tres vacunas disponibles actualmente para dosis de refuerzo
En la comunicación que colgó en su página, la FDA detalló que el pinchazo de refuerzo de Moderna puede administrase seis meses después de que las personas hayan completado el ciclo de vacunación, tengan 65 o más años, o tengan 18 o más años y un alto riesgo de exposición al virus por la naturaleza de su trabajo.
Indicó que una persona inoculada con la vacuna de Janssen (Johnson y Johnson) puede recibir la dosis de refuerzo dos después del primer pinchazo.
Ante la falta de votos, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia citó a la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado a una reunión en La Fortaleza mañana, jueves, a las 11:00 a.m. para discutir el Proyecto de la Cámara 1003, que viabiliza el Plan de Ajuste a la Deuda, confirmaron invitados al cónclave.
Anoche la medida quedó en remojo por falta de apoyo de las delegaciones de mayoría. El Senado retomará sus trabajos mañana a la 1:00 p.m. El presidente del cuerpo, José Luis Dalmau Santiago, indicó que solo bajará la medida a votación si tiene los votos.
La mayoría de los senadores y senadoras azules se opone a la versión de la medida, que anoche aprobó la Cámara de Representantes porque adopta con cambios mínimos el borrador que la Junta de Control Fiscal entregó a los líderes legislativos el pasado domingo. Esa versión de la medida no garantiza la integridad de las pensiones de los empleados públicos, ni las partidas de la Universidad de Puerto Rico y de los municipios, que el Senado insertó cuando aprobó el proyecto el pasado 6 de octubre.
De los 10 miembros de la delegación del PNP, solo dos parecen inclinados a votar a favor del Informe del Comité de Conferencia, que la Cámara aprobó con 30 votos rojos y azules. Hoy, el secretario general de la Palma y portavoz alterno, Carmelo Ríos Santiago, favoreció la medida. La senadora Nitza Morán Trinidad también expresó a sus pares la intención de refrendar la polémica pieza legislativa.
Ayer, Pierluisi Urrutia se mostró confiado en que la medida contaría con los votos necesarios para su aprobación en ambos cuerpos. Pero cuando finalmente circuló el informe del Comité de Conferencia, que contaba con representación de senadores y representantes, afloraron los reparos.
Eso provocó que la delegación del PNP celebrara dos caucus. En el segundo, el secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, y el asesor legislativo del Gobernador, Carlos Rivera Justiniano, trataron -sin éxito- de convencer a los senadores y senadoras de las bondades de la medida.
Finalmente, Dalmau Santiago no bajó la medida a votación porque no contaba con el apoyo total de la delegación del Partido Popular Democrático, ni suficientes votos azules para sumar el mínimo. de 14, que necesita para que la medida pase el crisol del cuerpo. La delegación roja tiene 12 miembros.
Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana, el Proyecto Dignidad y el senador independiente José Vargas Vidot consignaron su rechazo a la medida, que expertos aseguran pacta acuerdos de pago de la deuda pública que son insostenibles y que devolverán a Puerto Rico a la quiebra en unas décadas.
El juez superior Jorge Díaz Reverón, nominado por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para un ascenso al Tribunal de Apelaciones, no cuenta con los votos necesarios para pasar el crisol del Senado.
Necesita 14 votos, pero al momento cuenta unos 13, según una fuente legislativa.
El liderato de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), que controla la Cámara Alta, tampoco favorece la designación y planea dejarla “morir” sin atenderla, como ocurrió durante la pasada sesión ordinaria cuando tenía el mínimo de votos para lograr la confirmación.
La vez pasada el senador popular Albert Torres Berríos cabildeo votos a favor del nombramiento dentro de su delegación, pero en esta ocasión Torres Berríos enfrenta un proceso disciplinario, que le ha quitado peso a su posición.
“El Presidente (del Senado) no va a darle paso”, indicó la fuente con conocimiento del proceso.
El término del nombramiento de Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced acaba el 30 de noviembre. El cuatrienio pasado Vázquez Garced consultó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) la posibilidad de nombrar a su marido a un cargo judicial. Pero la OEG concluyó que no podía realizar ese tipo de nombramiento porque incurriría en conducta antiética y prohibida por la Ley orgánica de la agencia.
Pierluisi Urrutia extendió un ascenso en rango a Díaz Reverón al llegar a La Fortaleza, pero el 30 de junio pasado, último día de la sesión ordinaria, retiró ese y otra ristra de nombramientos a juntas y puestos gubernamentales para evitar que naufragarán en el Senado. Las designaciones de su equipo de trabajo las realizó en receso y al inicio de esta sesión volvió a nominar al juez de instancia que preside en una sala criminal en el Tribunal de Caguas.
Pese a que estamparon su firma sobre el informe del Comité Conferencia del Proyecto de la Cámara 1003 en señal de apoyo, anoche los senadores Gretchen Hau Irrizary y Ramón Ruiz Nieves no estaban dispuestos a votar a favor de la medida que viabiliza el Plan de Ajuste de la Deuda.
Hau Irrizary y Ruiz Nieves formaban parte de los cinco senadores de la delegación del Partido Popular Popular (PPD) que anoche estaban indecisos, confirmó el Portavoz de Prensa del Presidente Senatorial.
El propio presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Zaragoza Gómez, quien también firmó el informe, aseguró hoy en entrevista radial que tiene dudas sobre el alcance de la medida y el lenguaje propuesto por la Junta de Control Fiscal.
Ninguno, sin embargo, retiró su firma del informe.
En declaraciones escritas, la senadora Hau Irrizary no atendió la pregunta sobre su comportamiento contradictorio.
“Luego de ver el documento aprobado por los compañeros y compañeras de la Cámara de Representantes sobre el P del C 1003, estaré evaluando nuevamente la medida con los cambios realizados. Dado a la importancia del proyecto así como al impacto que tiene el mismo en las pensiones y futuro del país, entiendo necesario reevaluar el mismo de manera exhaustiva para validar que la esencia y las garantías aprobadas previamente en el Senado de Puerto Rico permanezcan. Cuando haga dicho análisis ofreceré expresiones al respecto”, indicó Hau Irrizary a través de su portavoz de prensa.
Más temprano, Zaragoza Gómez explicó que inicialmente favoreció el borrador que presentó la Junta durante la reunión del domingo “porque no había visto el detalle”.
“Ahora mismo tengo dudas porque el lenguaje se aguó”, apuntó en entrevista con Veronique Abreu Tañón en WKAQ radio.
Detalló que el caucus del PPD discutió el documento al filo de las 8:00 p.m. y por espacio de una hora y media. Pero que cuando se tanteó al grupo “no habían los votos”. Las dudas, según indicó, surgen ante el cambio de lenguaje relacionado a la vigencia de la medida y a la protección de las pensiones de los empleados públicos. La versión de la Junta no contempla una defensa clara de las pensiones. La versión previa aprobada por el Senado anulaba la Ley si la Junta u otra parte implementaba un recorte a las pensiones.
Por la falta de votos, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no bajó la medida a votación anoche luego de que la Cámara de Representantes aprobó la medida con 30 votos a favor de legisladores rojos y azules.
En el Senado, la aprobación de medidas y de nombramientos requiere 14 votos. La delegación roja solo tiene 12 miembros así que necesita votos de las otras delegaciones para adelantar medidas.
Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana, el Proyecto Dignidad y el senador independiente José Vargas Vidot rechazaron la medida.
Esto significa que Dalmau Santiago necesitaba votos azules. La mayoría de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votará en contra de la medida, excepto por Carmelo Ríos Santiago y Nitza Morán Trinidad.
Aún con esos dos votos, la medida no tenía el apoyo suficiente para pasar el crisol de la Cámara Alta.
Hoy, Zaragoza Gómez dijo que no había garantías de que la medida fuera aprobada el jueves cuando el Senado volvía a sesionar.
“No pongo la mano en la candela para decirte que se va a aprobar”, respondió.
Este portal de noticias se comunicó con las oficinas de los senadores Zaragoza Gómez y Ruiz Nieves para indagar si retirarán su firma del informe, pero al momento de publicación no se había recibido una respuesta.
En una carta el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, informó al exgobernador Ricardo Rosselló la cancelación de la audiencia pública citada mañana para discutir las labores de los delegados congresionales.
“Peor aún, hemos sido notificados que otros deponentes han rechazado participar ante el temor de que su presencia pueda provocar incidentes violentos que comprometan la seguridad e integridad de los empleados, funcionarios y los ciudadanos que diariamente visitan las facilidades del Capitolio. Esta situación es insostenible. Además, se han recibido múltiples llamadas que representan un riesgo para su seguridad y la seguridad del público en general. Por esta razón, le notificamos que su comparecencia a la vista pública programada para el día de
mañana ha sido cancelada”, reza la carta.
“La Cámara de Representantes continuará este proceso investigativo en protección del interés público. Sin embargo, ante el reconocimiento pleno e inequívoco sobre el poco valor probatorio de su testimonio, le relevamos permanentemente de su comparecencia ante esta Comisión”, agrega la carta.
La Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) concluyó que la evidencia recopilada apunta que las juezas Sonya Y. Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez atendieron los reclamos de Andrea Ruiz Costas y “tomaron sus determinaciones dentro del marco de posibilidades disponibles por ley, sin que exista evidencia de que hayan actuado movidas por factores ajenos al proceso o a su interpretación de la prueba y del derecho aplicable a los hechos”.
“Ninguna de las juezas realizó comentarios discriminatorios, prejuiciados o claramente impropios durante los procesos judiciales y ambas brindaron la oportunidad a la señora Ruiz Costas de explicar los hechos en los que se basaba su reclamo”, sostuvo el informe.
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En momentos en que se discute el Plan de Ajuste de la Deuda, el presidente de la Junta de la Corporación de Puerto Rico (WIPR), Ralphie Pagán, solicitó un aumento de salario para el presidente de la corporación pública, Eric Delgado.
Pagán solicitó la consideración de los miembros de la Junta de Directores para que se le aumente el salario a Delgado de $100,800 a $134,400.
El presidente de la Junta de WIPR señaló que Delgado no le solicitó el aumento de sueldo. “Esto fue de parte mía porque entiendo que debemos mantener a nuestro presidente contento”, dijo.
Alcaldes de los dos partidos de mayoría han utilizado la figura jurídica de las empresas municipales a conveniencia, y las han convertido en extensiones de las alcaldías para evadir regulaciones, al argumentar que son entidades privadas.
Según la contralora Yezmín Valdivieso, muchos de los alcaldes designan a empleados del ayuntamiento para realizar labores en las empresas municipales, a pesar de que, por ley, esas plazas no deben ser cubiertas por servidores públicos. Valdivieso también recomendó que se obligue a las empresas municipales a registrar y remitir a la OCPR los contratos que otorguen.