Expulsan de la Uniformada a 122 agentes que abandonaron sus puestos sin informarlo

  • 27/09/2021

El Negociado de la Policía le aplicó el Código Político a 122 agentes que fueron cesanteados, de alrededor de 500 a los que se les enviaron cartas certificadas informándoles la intención de la agencia de darlos de baja por haber abandonado el servicio sin justificación.

El comisionado Antonio López Figueroa dijo al periódico El Vocero que se trata de personas que han abandonado la Uniformada en los últimos cinco años y que se cree se encuentran en los Estados Unidos trabajando y nunca informaron a la Policía que renunciarían.

En abril se comenzaron a enviar las cartas, informando que podían apelar la intención de cesantía y de las aproximadamente 500 intenciones, ya 122 se convirtieron en finales y firmes.


El Vocero

Bajan las hospitalizaciones pero se reporta una muerte adicional por COVID-19

  • 27/09/2021

El Departamento de Salud reportó una muerte a causa de COVID-19 y 173 hospitalizaciones.

La muerte se trató de un hombre de 73 años del área metropolitana que estaba vacunado pero tenía condiciones preexistentes.

Mientras, entre los hospitalizados hay 164 adultos y nueve menores.

Cinco adultos están en unidad de cuidados intensivos. Se informó de 121 nuevos casos con prueba molecular positiva.

Supremo decidirá si puede elegir nueva presidencia de la CEE

  • 24/09/2021

Tras invocar una regla de necesidad, el Tribunal Supremo acogió esta tarde una petición de certificación para que ese foro atienda la demanda incoada por el Senado de Puerto Rico, que impugna la facultad que le delegó el Código Electoral vigente para nombrar al presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Ayer, el Senado, representando por su presidente José Luis Dalmau Santiago, presentó una petición de sentencia declaratoria y de injunction preliminar y permanente ante el Tribunal de San Juan. Pero hoy solicitó a la curia que certificara el recurso legal. La certificación es un trámite extraordinario que permite al Supremo atender un caso pendiente aunque no haya sido resuelto por los tribunales de menor jerarquía.

El Senado demandó a la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez en representación del Supremo y al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en representación del Gobierno de Puerto Rico.

“Como norma general, un juez se debe inhibir en casos en que tenga un conflicto de interés o sea afectado por la controversia ante sí. Regla 63 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce una excepción a esta norma: la Regla de Necesidad”, reza el primer párrafo de la resolución de dos páginas del Supremo emitida la tarde del viernes.

“Invocada la Regla de Necesidad, se expide el auto de certificación solicitado por la parte peticionaria. Por la autoridad que nos confiere la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, se acorta hasta el viernes, 1 de octubre de 2021, el plazo para que el Senado y el Gobierno de Puerto Rico presenten sus alegatos de forma simultánea. No se concederán prórrogas”, concluyó.

En la demanda, los abogados Víctor Candelario Vega y Alejandra Arnaldy Figueroa argumentaron que el Código Electoral vigente delegó facultades al Tribunal Supremo propias de las Ramas Legislativa y Ejecutiva.

Por tanto, solicitaron a este foro que valide la autoridad de la Asamblea Legislativa para ratificar los nombramientos de la jefatura del ente electoral y declare inconstitucional la disposición de la ley electoral que otorga al Supremo la facultad para realizar esas designaciones. También piden que de consumarse los nombramientos los declare inconstitucional “al violentar la doctrina de separación de poderes”.

Los nombramientos del presidente Francisco Rosado Colomer y de la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera expiraron el 30 de junio. 

A tenor con el Código Electoral, el gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi Urrutia, presentó una terna de candidatos para la consideración de los comisionados electorales. Ninguno de los nominados logró el consenso requerido para lograr la designación.

En vez de someter otros candidatos y candidatos para evaluación, Pierluisi Urrutia envió a la Asamblea Legislativa los nombramientos del juez Jorge Rivera Rueda para presidir el ente electoral y del juez Edgar Figueroa Vázquez para el cargo de presidente alterno.

El Senado y la Cámara de Representantes se negaron a evaluar esos nombramientos. Esto provocó que la designación pasara al Supremo por una disposición nueva del Código Electoral, aprobado por la mayoría penepé aprobó el año pasado a cuatro meses de las elecciones generales. 

Este nuevo trámite creó un escenario inédito, según expertos en derecho constitucional, porque coloca en manos de la curia la facultad de realizar un nombramiento que corresponde a las ramas políticas. Además de la concentración de poder en una sola rama, los expertos aseguran que esta autoridad para nombrar a la jefatura de la CEE viola la separación de poderes garantizada en la Constitución.

Destituyen a la jefa de Adfan

  • 24/09/2021
La licenciada Yaitza Maldonado Rivera

Yaitza Maldonado Rivera, administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan) del Departamento de la Familia, fue removida de su cargo hoy, aseguraron tres fuentes por separado.

Las fuentes de este portal de noticias aseguran que la abogada fue relevada del puesto que ocupó brevemente debido a que mostró sus reparos con los referidos al Departamento de Justicia de los empleados vinculados al caso del niño Jayden Santiago, que falleció en Aguas Buenas, por severo trauma corporal supuestamente provocado por su progenitor.

Al filo de las 7:00 p.m., la portavoz de prensa de la agencia, Lisdián Acevedo confirmó la salida de la funcionaria por una razón de confianza.

Negó que la razón para destitución de la funcionaria tuviera que ver con los referidos a Justicia y aseguró que la funcionaria no estuvo trabajando durante el período que se llevó a cabo la investigación interna.

“Los puestos de administradores de las administraciones adscritas al Departamento de la Familia son puestos de confianza, por lo tanto, en cualquier momento que el Secretariado entienda que un administrador o administradora no debe continuar con sus funciones, por la razón que sea, puede ser removido de su puesto”, agregó por su parte Ángel Torres, portavoz de la agencia.

Previo a ocupar el cargo de jefa de Adfan, Maldonado Rivera se desempeñó como secretaria auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública del Departamento de Educación.

Reclaman al Negociado de Energía que rechace alza en la luz y celebre vistas públicas

  • 24/09/2021

Las organizaciones que apoyan la propuesta Queremos Sol radicaron ante el Negociado de Energía de Puerto Rico una solicitud para que el ente regulador deniegue de inmediato la petición de aumento en la tarifa presentada por LUMA Energy y para que lleve a cabo una investigación más amplia, incluyendo vistas públicas.

“Un aumento en la tarifa de 2.5 centavos por kWh va a tener un impacto grande en la gente que ya ha estado sufriendo este verano el embate de LUMA con apagones constantes, fluctuaciones de voltaje y un pésimo servicio al cliente”, dijo Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración y parte de Queremos Sol. 

“El Negociado debe llevar al cabo vistas públicas y prestar atención a las necesidades y el sentir del pueblo”, añadió en declaraciones escritas.

En la vista técnica del Negociado celebrada el 22 de septiembre, los representantes de LUMA plantearon que la causa más significativa del propuesto aumento tarifario era las averías de varias plantas de generación, lo que provocaron la utilización de unidades menos eficientes y más costosos. Mencionaron que la unidad 6 de Costa Sur, una de las más baratas del sistema, probablemente vaya a estar fuera del servicio hasta diciembre o enero. Lo que no se discutió en esta vista es si las acciones o la negligencia de LUMA han contribuido a algunas de estas averías.

“Entendemos que la salida de Costa Sur 6 fue a causa de vibraciones tras una avería en una línea de transmisión el 22 de agosto. La ausencia de esos 400 MW hasta diciembre o enero va a tener un impacto significativo en el costo total del sistema, lo que estimamos entre $15 y $20 millones de dólares”, dijo Agustin Irizarry, catedrático de ingeniería eléctrica del Recinto Universitario de Mayagüez y colaborador de Queremos Sol. 

Irizarry añadió que “la experiencia con LUMA en los pasados meses ha confirmado que no tienen la fuerza laboral capacitada y experimentada para operar bien el sistema de transmisión y distribución. Reclamamos al Negociado que investigue si la avería de Costa Sur 6, y cualquier otra unidad, fue a causa de negligencia o pobre manejo de LUMA. De ser así, LUMA debe ser responsable por esos costos. Esto se tiene que investigar y aclarar antes de considerar el aumento a los clientes”.

También surgió durante la vista de 22 de septiembre que LUMA pretende que los clientes paguen por el incumplimiento de contrato de New Fortress Energy, empresa que ha estado en la mirilla de la Federal Energy Regulatory Commission por construir y operar un terminal de gas en San Juan sin los debidos permisos, y que cuenta con un contrato multimillonario para suplido de combustible a las Unidades 5 y 6 de San Juan. Según trascendió en la vista, New Fortress enfrentó problemas con el suplido de combustible y tuvo que utilizar un combustible más costoso. Según la Sección 9.1 del contrato entre New Fortress y la AEE, es New Fortress la responsable de absorber estos costos. Las organizaciones de Queremos Sol estimaron que estos gastos representan aproximadamente 12% del propuesto aumento tarifario.

En el escrito radicado, las organizaciones de Queremos Sol expresaron sobre esto: “Urgimos al Negociado asegurar que no sea el pueblo el que pague por el incumplimiento de la empresa privada”.

Las organizaciones también enfatizaron el empeoramiento en el servicio desde que LUMA Energy asumió el control de la red eléctrica el 1ro de junio. “En el primer trimestre del contrato, hemos pagado casi $30 millones de dólares a LUMA Energy para brindarnos un servicio deficiente”, planteó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol. “Esta cantidad equivale a 30% del aumento propuesto, que muy bien pudo haberse utilizado para absorber un alza, si es que algún alza procediera”, añadió la ingeniera.

Vila Biaggi indicó, además, que “como enfatizamos desde el primer día: esta privatización no brinda ahorros. Anticipamos que la privatización de la generación – un proceso que se está dando de espaldas al pueblo y que es liderado por los mismos actores que nos trajeron el contrato de LUMA – va a resultar en aún más contratos leoninos y costosos.”

Las organizaciones que apoyan la propuesta Queremos Sol apuntan en sus comentarios al Negociado que el propuesto aumento en la tarifa destaca la necesidad de una transformación real del sistema de generación hacia la energía renovable, específicamente la energía solar en techos. “Fundamentalmente, nuestra tarifa va a seguir siendo muy inestable mientras el 97% de nuestra energía dependa de combustibles fósiles importados. Tenemos una gran oportunidad en este momento para impulsar la transformación necesaria a la energía renovable en techos y almacenamiento con los miles de millones de dólares en fondos federales asignados al sistema eléctrico”, planteó Ruth Santiago, representante del Comité Diálogo Ambiental y portavoz de Queremos Sol.

Queremos Sol es una coalición de organizaciones comunitarias, ambientales y sindicales agrupadas para la transformación del modelo energético de Puerto Rico hacia la energía renovable.

Rivera Schatz quiere echar para atrás unanimidad del jurado en veredictos absolutorios

  • 24/09/2021
El senador Thomas Rivera Schatz.

El senador Thomas Rivera Schatz presentó una medida para disponer que los veredictos absolutorios no requerirán la unanimidad del jurado, un día después de que el Tribunal Supremo resolvió lo contrario. Es decir, que de aprobarse el proyecto, un jurado podrá absolver a un acusado con una votación de al menos 9 votos.

El pasado 9 de septiembre, la mayoría estadista del Tribunal Supremo resolvió que las instrucciones al jurado deben consignar que para declarar a una persona culpable o no culpable ese cuerpo de juzgadores tendrá que rendir un veredicto unánime (12 votos). La controversia surgió cuando el Ministerio Público impugnó instrucciones a un jurado, que contemplaban la absolución por una mayoría de 9 o más votos.  

Los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez emitieron votos disidentes, mientras que la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez no intervino en la controversia porque su esposa, Gina Méndez Miró, fue la jueza ponente cuando el Tribunal de Apelaciones atendió el caso. 

Veinticuatro horas después de esa opinión del máximo foro judicial, el expresidente del Senado radicó el proyecto del Senado 585, que tiene como autora a la senadora Keren Riquelme Cabrera. La pieza legislativa se extiende 10 páginas y, en ocasiones, tiene sabor a opinión disidente.

“Con esta medida, esta Asamblea Legislativa busca dejar claro que su intención no es limitar derechos ya reconocidos por nuestra constitución. Ya que nuestra carta magna es de factura más ancha y en relación a los veredictos por jurado es clara en su mandato. Además, que tal disposición no fue revertida en forma alguna por la jurisprudencia federal”, reza el proyecto . 

La medida también señala que el caso federal Ramos v. Lousiana, que estableció la unanimidad de las convicciones en los casos penales, no extendió este requisito a los veredictos de no culpabilidad.  

“En relación al tema que nos ocupa, recientemente el Tribunal Supremo de Oregón estado que al igual que Puerto Rico no exigía la unanimidad para la culpabilidad de un acusado; determinó no extender el requisito de unanimidad en caso de un veredicto absolutorio. Dicho tribunal concluyo que “Ramos dos not imply that sixth amendment prohibits acquittals based on non unanimous verdicts or that any other constitutional provision bars Oregon courts from accepting such acquittals’”, según la medida referida a la Comisión de lo Jurídico.

Presentan medida para asignar $1.7 millones al Centro de Diabetes

  • 24/09/2021

Ante la precaria situación económica que atraviesa el Centro de Diabetes que lo pondría a cerrar sus puertas en pocos meses, el Senado aprobó una medida que ordena al Departamento de Hacienda y al Departamento de Salud identificar y asignar a la institución médica $1.7 millones para “poder continuar operando y brindando servicios de alta calidad a los pacientes diabéticos en Puerto Rico”.

La diabetes es la tercera causa de muerte en el país, según las estadísticas del Departamento de Salud.

La Resolución Conjunta del Senado 177, de la autoría de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, bajó por descargue la semana pasada. Recibió 15 votos a favor de la delegación del Partido Popular Democrático, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. La delegación del Partido Nuevo Progresista se abstuvo y senador independiente José Vargas Vidot estuvo ausente de la votación celebrada el 15 de septiembre.

La medida pasó a la consideración de la Cámara de Representantes. Luego de la primera lectura, se encuentra en la Comisión de Hacienda del cuerpo.

La acción expedita ocurrió luego que una investigación de la reportera Milly Méndez del programa  “Cuarto Poder” reveló que el presupuesto del Centro de Diabetes se había reducido significativamente en medio de las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal. Como resultado de esta situación, el Centro pasó de contar con una plantilla de seis endocrinólogos a tiempo completo a dos que laboran a tiempo parcial. Esto, a su vez, limitó la cantidad de pacientes que atiende la institución, que de 13,000 se redujo a alrededor de 2,000 a 2,500 pacientes. Sin presupuesto suficiente, el Centro de Diabetes se preparaba para cerrar sus puertas en marzo 2022.

Al reaccionar a la historia, la secretaria de la gobernación Noelia García Bardales aseguró que el gobierno tomará medidas para identificar recursos adicionales particularmente de fondos federales para garantizar su operación. 

De forma simultánea, la Comisión de Salud del Senado iniciará una investigación para evaluar la operación del Centro de Diabetes e identificar fondos para su operación. El análisis responde a la Resolución del Senado 334 del senador Rubén Soto Rivera. 

Lee la medida aquí: Resolución Conjunta del Senado 177

Vea el reportaje aquí: Cuarto Poder

Se suman ocho muertes más por COVID-19

  • 24/09/2021

El Departamento de Salud reportó ocho muertes más por COVID-19. Según se indica, las muertes ocurrieron entre el pasado 7 de septiembre y ayer, jueves 23 de septiembre. Dos de los fallecidos tienen menos de 35 años.La agencia aún no ha informado si estaban vacunados contra el virus

Mientras, hay 226 hospitalizados, lo que representa un paciente menos en las últimas 24 horas. Se trata de 212 adultos —70 en intensivo y 47 conectados a ventilador— y 14 pacientes pediátricos.