Presentan medida para asignar $1.7 millones al Centro de Diabetes

Ante la precaria situación económica que atraviesa el Centro de Diabetes que lo pondría a cerrar sus puertas en pocos meses, el Senado aprobó una medida que ordena al Departamento de Hacienda y al Departamento de Salud identificar y asignar a la institución médica $1.7 millones para “poder continuar operando y brindando servicios de alta calidad a los pacientes diabéticos en Puerto Rico”.

La diabetes es la tercera causa de muerte en el país, según las estadísticas del Departamento de Salud.

La Resolución Conjunta del Senado 177, de la autoría de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, bajó por descargue la semana pasada. Recibió 15 votos a favor de la delegación del Partido Popular Democrático, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. La delegación del Partido Nuevo Progresista se abstuvo y senador independiente José Vargas Vidot estuvo ausente de la votación celebrada el 15 de septiembre.

La medida pasó a la consideración de la Cámara de Representantes. Luego de la primera lectura, se encuentra en la Comisión de Hacienda del cuerpo.

La acción expedita ocurrió luego que una investigación de la reportera Milly Méndez del programa  “Cuarto Poder” reveló que el presupuesto del Centro de Diabetes se había reducido significativamente en medio de las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal. Como resultado de esta situación, el Centro pasó de contar con una plantilla de seis endocrinólogos a tiempo completo a dos que laboran a tiempo parcial. Esto, a su vez, limitó la cantidad de pacientes que atiende la institución, que de 13,000 se redujo a alrededor de 2,000 a 2,500 pacientes. Sin presupuesto suficiente, el Centro de Diabetes se preparaba para cerrar sus puertas en marzo 2022.

Al reaccionar a la historia, la secretaria de la gobernación Noelia García Bardales aseguró que el gobierno tomará medidas para identificar recursos adicionales particularmente de fondos federales para garantizar su operación. 

De forma simultánea, la Comisión de Salud del Senado iniciará una investigación para evaluar la operación del Centro de Diabetes e identificar fondos para su operación. El análisis responde a la Resolución del Senado 334 del senador Rubén Soto Rivera. 

Lee la medida aquí: Resolución Conjunta del Senado 177

Vea el reportaje aquí: Cuarto Poder

Se suman ocho muertes más por COVID-19

El Departamento de Salud reportó ocho muertes más por COVID-19. Según se indica, las muertes ocurrieron entre el pasado 7 de septiembre y ayer, jueves 23 de septiembre. Dos de los fallecidos tienen menos de 35 años.La agencia aún no ha informado si estaban vacunados contra el virus

Mientras, hay 226 hospitalizados, lo que representa un paciente menos en las últimas 24 horas. Se trata de 212 adultos —70 en intensivo y 47 conectados a ventilador— y 14 pacientes pediátricos.

Para Pierluisi que algunos digan que J-Go quiere aspirar a La Fortaleza es “cizaña”

Ante las conjeturas de que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, puede tener interés en aspirar a la gobernación en 2024 o que hay un acuerdo para que no busque la reelección, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que eso dicen los que quieren “sembrar cizaña”.

“Hay obra para más de cuatro años… Es obvio que aquí hay obra no solo por este cuatrienio, sino por años subsiguientes, y mi compromiso con el pueblo es llevar a cabo esa obra y adelantar la estadidad”, indicó el gobernador en entrevista con El Nuevo Día dejando entrever que aspirará a la reelección. “La comisionada está haciendo un excelente trabajo en Washington… La realidad es que la relación es muy buena”, dijo Pierluisi para minimizar las diferencias que tuvieron esta semana en torno a cómo marcha el proceso hacia la transformación del sistema eléctrico. La comisionada dijo que ya buscó documentos para aspirar nuevamente a su cargo. 

El Nuevo Día

Albert Torres dice querellas en su contra son en venganza por no subir sueldo a empleada

El senador popular Albert Torres dijo que las denuncias contenidas en la querella ética que enfrenta por presunto maltrato verbal y sicológico contra empleados de la oficina y por peticiones de dinero a empleados son por una venganza de una ex empleada que trabajó en destaque en su despacho por no haber recibido un pago diferencial al que alegadamente tenía derecho.

Torres entregó tres declaraciones juradas de empleados que aseguran que, en la oficina del legislador, se vive un ambiente de respeto y amabilidad, que ningún empleado participa en actividades políticas en horas laborales y que el senador nunca les ha solicitado dinero.



El Nuevo Día

Jefe de PRITS no fue confirmado por contrato pero vuelve y otorga otro a la misma compañía



Una vez recibida la propuesta, concedió un contrato a Code Dog con efectividad del 10 de agosto al 31 de diciembre de este año por $755,000.

La otorgación del primer contrato a esta firma provocó que no fuese confirmado por la Legislatura y que el gobernador tuviera que retirar su nombramiento como director del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (Prits, por sus siglas en inglés). Völckers Nin otorgó este segundo contrato a una persona que formó parte del equipo de trabajo de una compañía privada que fundó en 2006 llamada Tercer Piso, dedicada a ofrecer servicios de informática y tecnología.

En esa compañía, Juan Manuel Aguiar González era el ingeniero de programas (software), Nannette Martínez era directora digital y Michelle Cabiya fungía como directora de proyectos

El trío trabaja ahora con Völckers Nin en Prits. Martínez es subdirectora y principal oficial de tecnología. Mientras, Cabiya tiene un contrato por $48,000 como directora de proyectos, que estuvo vigente del 1 de febrero hasta el 30 de junio -es decir, a razón de $9,600 por mes-, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

El Nuevo Día

Junta de Disciplina Médica citará a doctores que recetan medicamento para caballos como remedio para COVID-19

La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico citará a cinco médicos para conocer en qué instancias, presuntamente, recetaron como remedio contra el COVID-19, la ivermectina -comúnmente utilizada para tratar piojos en humanos o en su versión para animales para atender parásitos en caballos, vacas, ovejas, entre otros.

“No hay ninguna querella formal contra ningún médico (por esta razón), pero se citará a todo médico que la Junta sepa que está usando este medicamento en personas para el COVID”, se informó.



Primera Hora

Justicia reacciona a rebaja de fianza de Juanma López

El Departamento de Justicia dejó establecido hoy que garantizar la seguridad de las víctimas en los casos de violencia doméstica es su prioridad.

La fiscal de Distrito, Aracelis Pérez Correa, aseguró que el Ministerio Público se opuso a la solicitud de rebaja de fianza presentada por la defensa de Juanma López y litigó su posición en la vista.

Sin embargo, el Tribunal tomó en consideración varios factores, como la disponibilidad de un recurso para supervisar al imputado, la opinión de la víctima y las medidas de seguridad impuestas.

La fiscal recordó que la fianza es una garantía de comparecencia. “Para nosotros lo más importante es mantener la seguridad de Andrea”, agregó.

“Esperamos que le haya quedado claro al señor López que no puede dirigirse a la víctima por ningún medio, directa o indirectamente. El Ministerio Público continuará trabajando para comparecer preparado a la vista preliminar señalada”, concluyó.

Piden más tiempo para votar sobre Plan de Ajuste a la deuda

La jueza Laura Taylor Swain.

El Comité Oficial de Retirados presentó hoy una moción urgente ante el Tribunal Federal para que la jueza Laura Taylor Swain otorgue una prórroga de dos semanas para que los pensionados puedan votar sobre el Plan de Ajuste de la Deuda. 

Esto a raíz de los problemas que denunciaron varios retirados cuyas papeletas aún no han llegado y la fecha límite para emitir su voto es el próximo 4 de octubre.

Los pensionados alegan que se está afectando su derecho a participar. 

“Apoyamos que se extienda el proceso de votación, pero no sólo a los pensionados sino en general. Sabemos de muchos trabajadores activos que no representa el COR y que tampoco han recibido las papeletas. Así también bonistas locales. Esto ha sido un desastre de proceso, quieren aprobar este plan a la prisa, sin considerar que son miles las personas con derecho al voto”, indicó Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda. 

“Lo mismo en la Asamblea Legislativa hablando de radicar y aprobar medidas a la prisa. Estamos hablando de un plan que afectará al país por décadas. Que definirá el futuro económico del país por 25 años. Lo menos que se debe hacer es darle tiempo a los grupos afectados y al país para participar adecuadamente”, añadió.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez adelantó que presentará legislación este lunes para atender varias controversias relacionadas al Plan de Ajuste propuesto por la Junta de Control Fiscal y que contempla un recorte de 8.5% a todas las pensiones que sobrepasen los $1,500 mensuales. El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y la Asamblea Legislativa se oponen a ese tijeretazo a las pensiones de los empleados públicos.

“Urge se extienda el periodo de votación. Los pensionados queremos votar. Pero también nos preocupa el manejo completo del proceso y la confiabilidad de mismo. Además del atraso en la llegada de las papeletas, PrimeClerk ha dado de alternativa enviar por email la papeleta cuando gran parte de los pensionados no tienen correo electrónico”, apuntó Sonia Palacios, del Frente en Defensa de las Pensiones.

“Votar por Internet no es fácil para las personas de nuestra edad que no estamos acostumbrado. También solo hay 7 centros por toda la isla para entregar las papeletas en persona y no son fáciles de llegar porque no son oficinas gubernamentales sino privadas. Es todo muy atropellado e inaccesible”, agregó.

La Junta contrató a la empresa Prime Clerk para llevar a cabo este proceso. 

Esta semana, el Frente en Defensa de las Pensiones expresó que el proceso diseñado por la Junta de Control Fiscal fue muy apresurado y no consideró los problemas de logística que tiene un trámite tan complejo. Tampoco tomó en cuenta los conocidos atrasos del sistema de correos federal. 

El experto en la Ley Promesa, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, entiende que esta prórroga debe ser otorgada. 

“A mi juicio esta prórroga debe concederse pues me consta las quejas de que no han llegado los materiales y esto podría viciar el proceso de confirmación del caso”, indicó.

Ante la petición, la jueza Swain estableció un itinerario para que las partes puedan comentar sobre el asunto.