El feminicidio y el transfeminicidio entraron al Código Penal hoy luego de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia estampó su rúbrica sobre el Proyecto del Senado 130, que reconoce y designa estos crímenes violentos como asesinatos en primer grado.

La aprobación de este medida va a tono con la política pública establecida por el mandatario, que temprano en su mandato decretó un estado de emergencia para atender el grave problema de violencia de género que enfrenta el país y creó el Comité PARE que revisa protocolos y trabaja en la elaboración de un currículo con perspectiva de género, entre otras propuestas.

A su regreso ayer de un viaje a Denver, Pierluisi Urrutia firmó otras ocho medidas y vetó siete proyectos, entre ellos una propuesta para establecer una moratoria criolla. Justo ayer la Corte Supremo de Estados Unidos bloqueó la moratoria de desalojos de la administración de Joe Biden. 

Hoy, mediante un comunicado de prensa, Pedro Pierluisi Urrutia informó que convirtió en ley el Proyecto del Senado 11, que enmienda la Carta de Derechos a Víctimas y Testigos de Delito para prohibir que los funcionarios de orden público indaguen sobre la nacionalidad o el estatus migratorio de una persona que ha sido víctima de delito o que acude como testigo a realizar una denuncia a las autoridades. Esta ley estipula que todo funcionario de orden público tiene que garantizar que esa víctima o testigo reciba el servicio o derecho que reclama.   

“Son incuestionables las aportaciones de los miembros de comunidades sin estatus migratorio definido que viven en nuestra Isla. Es responsabilidad de este gobierno proteger sus derechos y procurar que no se sientan intimidados o cohibidos a la hora denunciar que han sido víctimas de algún delito o que puedan ser testigos de una violación a la ley, ayudando así a las autoridades a esclarecer un acto delictivo”, apuntó el gobernador.  

El primer ejecutivo también refrendó los Proyectos del Senado 71 y 74. La primera medida crear la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico” y la segunda crea el Observatorio de Drogas de Puerto Rico adscrito a la Administración de Salud Mental y Servicios Contra la Adicción.   

En una ceremonia en la cual participó el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, Pierluisi Urrutia también convirtió en ley el Proyecto del Senado 19, que establece un procedimiento para que se considere la indigencia de la persona convicta a la hora de la imposición de la pena especial; el Proyecto del Senado 301 que da prioridad a los municipios en el proceso de contratación agentes administradores de vivienda pública; y elProyecto del Senado 475, que extiende hasta el 30 de junio de 2022 el término para que los municipios afectados por los terremotos puedan realizar donaciones o cesiones en usufructo o titularidad de las propiedades inmuebles recibidas por parte de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.  

Finalmente firmó la Resolución Conjunta del Senado 60para que el Nuevo Centro de Gobierno Municipal de Caguas lleve el nombre del fenecido alcalde del ayuntamiento “William Miranda Marín”. 

MEDIDAS VETADAS 

El gobernador impartió un veto expreso a siete medidas recibidas en su despacho. Al rechazar la moratoria criolla o el sustitutivo del Proyecto de la Cámara 429 y el 488afirmó que “a pesar de su loable intención, este proyecto altera de forma irrazonable los derechos de los acreedores hipotecarios a hacer efectivos sus créditos y pudiera ser interpretada como una medida confiscatoria por menoscabar obligaciones contractuales”.

La medida surgió como un proyecto de petición de la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico, que provee educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos. Proponía crear una política pública sobre la vivienda en Puerto Rico en casos de emergencias, que hubiera establecido una moratoria de pagos a préstamos hipotecarios y arrendamientos de hasta 90 días. Aunque paralizaba las ejecuciones hipotecarias y los desalojos, no condona la deuda.

El proyecto imponía sanciones a las personas o instituciones que violan el estatuto. 

La Asociación de Bancos, Mortgage Bankers Association, la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles y la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas objetaron la medida.

Pierluisi Urrutia también rechazó el Proyecto del Senado 7,  que proponía enmendar la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” porque “contiene un lenguaje indicativo de un derecho de intervención y que permite una intervención del padre o madre no custodio, sin que el tribunal tenga discreción para determinar si ello procede, entre otras inquietudes”. 

Tampoco avaló el Proyecto del Senado 27, que procuraba enmendar las Reglas de Evidencia, porque “optó por un balance entre la Regla Daubert y la confiabilidad que se busca impartir, al testimonio del perito y el acceso a la justicia de los ciudadanos”. 

Vetó el Proyecto del Senado 188 que requería que la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura ofrecieran más de una opción de seguro por incapacidad provisto por las compañías de seguro autorizadas a hacer negocios en la Isla. También descartó el Proyecto del Senado 233, que proponía la creación del programa de vales para vivienda nueva, que impulsó el Presidente Senatorial, porque ya existían propuestas similares; la Resolución Conjunta del Senado 54, que ordenaba al Secretario de Hacienda desembolsar el pago de los incentivos otorgados por el Gobierno a los empleados de la salud durante la pandemia; y la Resolución Conjunta del Senado 68 que hubiera eximido a toda corporación y entidad sin fines de lucro del pago de la contribución mínima tentativa.