El Departamento de Salud informó hoy 18 muertes adicionales y 521 hospitalizados por COVID-19. De los hospitalizados, 28 son pediátricos.
Los fallecidos son seis mujeres y 12 hombres y están entre las edades de 43 a 86 años.
El total de decesos acumulados desde el comienzo de la pandemia, en marzo del 2020, incrementó a 2,804.
En cuanto a cuidados intensivos por COVID-19, hay 114 adultos y uno pediátrico en esa unidad.
La tasa de positividad está en 10.6 por ciento.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, propone que se realice un estudio sobre la posibilidad de hacer cambios al tope de la deuda constitucional, para que en el gobierno haya un manejo más riguroso a la hora tomar prestado y comprometer los recursos disponibles del presupuesto general. El senador popular propone enmendar dos secciones del Artículo 6 de Disposiciones Generales de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA).
Específicamente señaló la Sección 2, sobre el poder para imponer contribuciones y para contraer deuda, y la Sección 7, que indica que las asignaciones del Estado no excederán los recursos disponibles.
La Comisión de Ética del Senado tiene ante si un informe que detalla un presunto esquema de maltrato verbal, solicitud de dinero para varios propósitos, incluyendo la compra de ropa para el senador Albert Torres Berríos y para la organización de actividades políticas y cumpleaños, y mal uso de propiedad del Estado.
Se alega que el propio senador hace estas acciones incorrectas juntos a dos empleados. El periódico El Nuevo Día en su versión impresa asegura que en el informe se evidencian comunicaciones a través de correos electrónicos y mensajes vía WhatsApp.
El Departamento del Trabajo aún tiene sin resolver 96,039 casos correspondientes a reclamaciones al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) con puntos controvertibles.
Sin embargo, la agencia entiende que de ese total solo el 10.5% de los casos tiene alguna situación que amerite resolver en su fondo, ya que 80,554 reclamaciones caen bajo alguna categoría en la que no cualifican al beneficio solicitado.
Fuente: El Vocero
Si las personas comenzaran a usar mascarilla en todos los lugares públicos, se pudiera reducir a la mitad el pronóstico de 100,000 muertes por COVID-19 de aquí a diciembre de este año.Básicamente, lo que depare el coronavirus para el otoño depende de la conducta humana.“La conducta realmente va a determinar si, cuando y hasta qué punto baja la ola actual”, dijo Lauren Ancel Meyers, directora del COVID-19 Modeling Consortium de la Universidad de Texas. “No podemos frenar la variante delta abruptamente, pero podemos cambiar nuestra conducta de la noche a la mañana”.
Fuente: San Diego Tribune
La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el jueves la moratoria de desalojos de la administración de Joe Biden.
“Si una moratoria de desalojo impuesta por el gobierno federal va a continuar, el Congreso debe autorizarla específicamente”, escribió el tribunal en una opinión de ocho páginas sin firmar.
La opinión mayoritaria, que no está firmada, dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se habían excedido en su autoridad.
La decisión pone a cientos de miles de inquilinos en riesgo de perder su techo, mientras que la administración Biden busca acelerar el flujo de miles de millones de dólares en fondos federales para las personas que están atrasadas en el alquiler debido a la pandemia del coronavirus y las dificultades económicas asociadas.
Los CDC habían justificado la moratoria ante la posibilidad de que “los desalojos de inquilinos por no pagar el alquiler o la vivienda puedan ser perjudiciales para el control de salud pública para frenar la propagación” de la COVID-19.
Fue tan buena la parodia de Estado Crítico en Los Datos son los Datos de hoy que la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz se lanzó con todo y tennis en Twitter creyendo que la voz doblada por Juan Pablo Díaz era la de la propia senadora Joanne Rodríguez Veve en su controversia con William Villafañe.
Posteriormente, la ex mandataria municipal borró los tuits.
El Senado aprobó esta tarde la medida que aumenta el salario mínimo a los empleados de la empresa privada de manera escalonada.
En una primera votación a voz, el cuerpo refrendó el 2do Informe del Comité de Conferencia sobre el PC388 que es el que establece la “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico.
Al final de la jornada, el proyecto quedó aprobado con 16 votos a favor y 9 abstenciones de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La versión aprobada recoge el consenso de las negociaciones entre el Ejecutivo, que presentó un proyecto de administración basado en las recomendaciones de un comité multisectorial, y la Asamblea Legislativa, que trabajó su propia propuesta.
El Proyecto de la Cámara 338 eleva el salario mínimo a $8.50 a partir del 1 enero de 2022, seguido de un segundo incremento a $9.50 el 1 de julio de 2023 y luego a $10.50 a partir del 1 de julio de 2024 “a menos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo emita un decreto variando el mismo”.
Pero no abarca a los empleados y empleadas municipales, del gobierno central, de la Rama Judicial y de la Rama Legislativa.
El salario mínimo actual asciende a $7.25 y no se revisa desde el 2009.
En el debate previo a la aprobación del informe, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe Riefkohl, señaló que la delegación votaría a favor de la propuesta pese a que entendía que no era una medida justa.
“Vamos a votar a favor de la medida porque evidentemente presenta un avance para nuestra clase trabajadora”, apuntó.
“Esta medida ha sido descrita en los medios de comunicación por algunos colegas como una medida que hace justicia a nuestra clase trabajadora y a nosotros nos parece que eso no es correcto. Esta medida no hace justicia a nuestra clase trabajadora. Está muy lejos de hacerle justicia a nuestra clase trabajadora. Para empezar a hacerle justicia a nuestra clase trabajadora debía aumentar por lo menos a $10. Esto se queda muy corto de lo que debiera ser una medida adecuada”, afirmó.
Censuró también que la resistencia a conceder un aumento mayor cuando se anticipa que la administración del presidente Joe Biden impulsará un alza en el salario mínimo federal, que se extenderá al archipiélago borincano y que superará incremento legislado.
“Por qué no lo aceptan ahora”, insistió.
El senador del PNP, Carmelo Ríos Santiago, reconoció las bondades de la medida, pero criticó que no incluyera a los empleados y empleadas del sector público.
“El gobierno no debe exigirle a la industria privada lo que no está dispuesta a dar… Los empleados públicos también deben gozar de estos beneficios”, señaló.
En esa línea, Ríos Santiago anticipó que otra medida radicada hoy por el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta, Juan Zaragoza Gómez, para elevar el salario a los empleados públicos encontrará resistencia en la Cámara de Representantes porque los alcaldes se movilizarán para reclamar la eliminación de medidas que afectan sus ingresos.
“No he visto ninguna vez en la historia que el asunto del alza salarial donde alguien no reclame que va quebrar o tener que cerrar las puertas pero la historia dice que es todo lo contrario. La economía sube. Se ajusta”, insistió el senador penepé.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, realizó un recuento del proceso de negociación y aprobación de la pieza legislativa, que no adoptó las métricas que proponía el proyecto del Ejecutivo.
“Hace 12 años que los empleados están con el mínimo de $7.25. Sube el agua. Sube la luz. Sube la ropa, pero el empleado sigue a $7.25”, apuntó.
“Logramos lo que con los votos y el consenso permite que se pueda lograr, aumentos escalonados, en fechas ciertas”, agregó en otro momento.
Zaragoza Gómez indicó que esta medida permitirá que los empleados gocen de un salario “un poco más digno” y reconoció el trabajo del cuerpo en la negociación.
Luego, a preguntas del senador Gregorio Matías Rosario, explicó que esta medida no incluyó a empleados públicos en un intento por evitar la interferencia de la Junta de Supervisión Fiscal, que en instancias previas ha rechazado alzas al salario de los empleados públicos.
Detalló que consultó a la Junta sobre la medida y que ente fiscal no mostró reparos al proyecto. Aclaró también que los aumentos a los empleados públicos se trabajarán en medidas separadas y que en el caso de los municipios existirá “flexibilidad” para que los ayuntamientos adopten el aumento conforme a su realidad fiscal.
El martes, la Cámara de Representantes aprobó la medida, que ahora pasa para la firma del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, presentó una medida para exigirle al Departamento de Salud que cree un registro de las personas que no se han vacunado contra el COVID-19 y que reclaman una razón médica o religiosa para rechazar el pinchazo.
La propuesta está contenida en la Resolución Conjunta del Senado 172, que radicó el martes pasado.
Para crear dicho registro, el proyecto ordena a Salud “recopilar todo documento, declaración jurada o cualquier otro instrumento utilizado por las personas para establecer… alguna de las excepciones para no cumplir con la instrucción sobre la vacunación”.
También exige al Departamento de Salud que el informe diario, que divulga a través de su tablero digital de datos del virus, “incluya una distinción entre las personas vacunadas y no vacunadas que han obtenido un resultado positivo en alguna de las pruebas diagnósticas que se realizan para detectar el COVID-19, que se encuentran hospitalizadas o que han fallecido”.
Todos los días, el Departamento de Salud actualiza las estadísticas de la pandemia, que recopila desde que el virus llegó al país en marzo del año pasado. En julio, estrenó un nuevo tablero y comenzó a divulgar estadísticas promedio argumentando que ofrecen un mejor cuadro de situación.
La medida asegura que esta distinción entre las personas vacunadas y no vacunadas “va a permitir que la ciudadanía tenga en sus manos la información más completa y detallada posible sobre el avance del virus a través del país”. También indica que ayudará a Salud a realizar una fiscalización más efectiva de las Órdenes Ejecutivas, que ha promulgado el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para tratar de frenar el avance del virus en el país.
En medio de este último repunte de contagios impulsado por la presencia de la variante Delta, una mutación más virulenta del virus, el Ejecutivo adoptó diversos mandatos de vacunación obligatoria para mover a las personas a inocularse contra el peligro virus. Quedan exentas de los mandatos de vacunación obligatoria las personas con condiciones médicas y las personas cuyos dogmas religiosos rechacen este tipo de intervención en el cuerpo. En ese caso, tendrán que presentar una declaración jurada o evidencia médica. También tendrán que presentar una prueba negativa de COVID-19 o evidencia de recuperación para reportarse a trabajar y acceder a ciertos lugares o eventos sociales.