Los dueños de centros de cuido para personas de edad avanzada reclamaron que el gobierno ha dejado de realizar las pruebas para detectar el coronavirus a esta población.
Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, dijo que están haciendo las pruebas, y aclaró que depende de la categoría de los centros y bajo qué regulación operan. “Están los cuidos (regulados) del Departamento de la Familia y los ‘long term care facilities’ que tienen sus pruebas con sus médicos. Si son a través del Departamento de la Familia, nosotros estamos haciendo las pruebas”, indicó Mellado. Daisy Andrew, quien opera el Hogar San Gerardo, en Cupey, expresó que realiza las pruebas mensualmente con un laboratorio privado con el que ella realiza la coordinación porque Salud ya nos la lleva a cabo en los centros.
“Cuando llamé a Salud para preguntar si después de la vacunación vendrían cada 15 días o mensual, me dijeron que la iniciativa la habían detenido porque las personas estaban vacunadas”, indicó Andrew. “Eso lo detuvieron cuando empezaron la vacunación. De ahí en adelante ellos aguantaron la iniciativa”, abundó.
Aunque el consenso parece ser que apenas hay entre un 10% a un 20% de empleados en las agencias que todavía no están vacunados, existen casos de personas bajo radioterapia o algún otro tratamiento que no pueden recibir la vacuna, pero tampoco se les ofrece trabajar de manera remota o mediante algún acomodo razonable, aseguró Servidores Públicos Unidos (SPU), que representa a trabajadores en 12 agencias del gobierno.
La orden ejecutiva que entró en vigor ayer y que obliga a empleados públicos a tener al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 no brinda suficientes alternativas viables para el bolsillo de aquellas personas que por restricción médica no pueden recibir la inoculación, lamentaron varios líderes sindicales.
Al menos 864 embarazadas en Puerto Rico se han contagiado con COVID-19, incluyendo a una mujer que falleció a consecuencia del virus y a otra fémina – con 27 semanas de gestación- que tan reciente como en el fin de semana tuvo que ser conectada a un ventilador tras confrontar síntomas severos de la enfermedad.
Además de los 864 casos confirmados por prueba molecular hay registro de 68 embarazadas que arrojaron positivo a pruebas de antígenos, informó Salud.
Asimismo, la información de la agencia de sanidad destaca que el 29.5% de los 864 casos diagnosticados por pruebas moleculares presentó síntomas asociados al virus, mientras que un 19% estuvo asintomático. Hay un 51.5% de los que no se obtuvo información.
Cerca de 262,000 estudiantes acudirán mañana a las escuelas públicas este año escolar, el primer inicio presencial simultáneo de un semestre escolar en Puerto Rico desde agosto de 2019.
El Departamento de Educación estima que el 88% de la matrícula estudiantil tomará clases presenciales los cinco días a la semana. El resto recibirá sus clases en modalidad híbrida, y acudirán entre uno y cuatro días a la semana a una escuela.
Unas 750 escuelas, hasta la semana pasada, estaban aptas para recibir estudiantes, informó el secretario interino. Asimismo, la agencia ha llegado a acuerdos con otras dependencias gubernamentales y entidades privadas para arrendar espacios que puedan servir como centros educativos.
El alcalde de Sabana Grande, Marcos Valentín Flores, pidió al secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Pares, que posponga las clases presenciales en el sistema público de enseñanza ante el incremento de casos de COVID-19.
El funcionario señaló que por el aumento de contagios que incluyó a niños hospitalizados, tuvo que tomar acción mediante una orden ejecutiva para decretar un estado de emergencia en el municipio.
La pandemia y el confinamiento por COVID-19 produjeron pérdidas por más de $27,000 millones por reducción en ventas y producción, de acuerdo con estimados de la Junta de Planificación (JP).
La conclusión es parte de un análisis que incluyó la JP en el Informe Económico al Gobernador para el año fiscal 2020 y que comenzó a circular ayer lunes. El total incluye también el impacto de los cierres durante los primeros meses del presente año fiscal 2021, que comenzó en junio de 2020.
“Las medidas decretadas a partir del 15 de marzo de 2020 para contener la propagación del covid-19 afectaron la producción económica, el mercado de trabajo y la demanda en la mayoría de los sectores industriales en Puerto Rico”, indica el documento.El estudio estimó, además, una reducción de más de 100,000 puestos de trabajo.
La administración de Biden estará a anunciando esta semana un plan para ordenar un refuerzo de la vacuna de COVID-19 a la mayoría de los estadounidenses, informó el New York Times anoche.
Las inyecciones de refuerzo probablemente se administrarán en el orden en que se administró la ronda inicial de vacunas, o alrededor de ocho meses después de que alguien recibió las dos primeras inyecciones o la dosis única de Johnson & Johnson, dijo a Axios un funcionario de la administración de Biden.
Potencialmente, esto podría comenzar a fines de septiembre.
El plan aún está sujeto a la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos y un comité asesor de los CDC.
Los funcionarios están preocupados por el aumento a nivel nacional de nuevos casos de coronavirus, impulsado por la variante Delta altamente contagiosa.
En declaraciones escritas enviadas a El Vocero, el ejecutivo municipal de Mayagüez, José “Guillito” Rodríguez respondió “no” cuando se le preguntó si estaba en sus planes renunciar.
Informó que ni el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, ni el secretario general de la colectividad, Ramón Luis Cruz Burgos, le han solicitado la renuncia.
Y dijo que otros alcaldes populares que fueron investigados en un momento dado por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), y “prevalecieron en el proceso” y “nadie les solicitó la renuncia”.
La jueza Carmen Otero Ferreiras, del Tribunal Superior de Bayamón, dio inicio a la selección del jurado que tendrá a su cargo el veredicto contra Jay O’Neill González Mercado, quien fue acusado en octubre de 2020 por el asesinato de la joven Rosimar Rodríguez.
El acusado permanece confinado en su hogar y bajo supervisión electrónica, debido a que no celebró un juicio en o antes de seis meses. Además, entre los 30 testigos que presentará la Fiscalía hay posiblemente mensajes escritos o de audio que pudo haber dejado grabados Rosimar y podrán constituir prueba del caso.