Puerto Rico cuenta desde hoy con una ley contra la venganza pornográfica

Y

El gobernador Pedro Pierluisi estampó su firma en la “Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico”, que tipifica como delito, la divulgación y publicación de cualquier material explícito de carácter íntimo o sexual sin autorización de las personas involucradas.

La penalidad para toda persona que, sin autorización, a propósito o con conocimiento menoscabe la intimidad de una persona, difunda, divulgue, revele o ceda a un tercero o terceros material explícito, mediante cualquier tipo de comunicación, incluyendo comunicaciones electrónicas o utilizando medios de comunicación electrónica o cibernética, será por un término fijo de de reclusión de tres años. De mediar agravantes, la pena podrá ser aumentada hasta cinco años de reclusión. De mediar atenuantes, la pena podrá ser reducida hasta un año de reclusión.

La medida es de la autoría del portavoz popular de la Cámara, Ángel Matos.

“Agradezco al gobernador Pedro Pierluisi por firmar esta importante medida, ya que las autoridades estatales y federales han observado un incremento en la modalidad de la conducta conocida como sextorsion. Esta conducta se realiza cuando una persona amenaza o extorsiona a otra con la divulgación o publicación de un material de contenido íntimo, privado o comprometedor. También hemos sido testigos de víctimas de la divulgación abusiva de material íntimo privado, tomado con el debido consentimiento, pero para el cual no existe autorización de divulgación. Esto ha ocurrido con la única intención de hacer daño y ridiculizar a una, o todas, las partes involucradas en la grabación o toma del documento digital. Todas estas acciones suelen someter a las víctimas de la divulgación a presiones, ridiculización, y daño psicológico y emocional que afecta su desempeño familiar, escolar o profesional”, señaló el representante.

Gobierno requerirá evidencia de vacunación a empleados del sector de la salud e industria del turismo

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia extendió hoy el mandato de vacunación mandataria contra el COVID-19 a todos los empleados del sector de la salud en un intento por frenar la propagación del virus.

También se requerirá vacunación a los turistas y empleados del sector turístico; así como a los contratistas del gobierno, que ofrecen servicios presenciales en las agencias públicas.

“Estamos convencidos que la vacunación es la solución”, afirmó en rueda de prensa desde La Fortaleza.

Las nuevas medidas forman parte de una nueva orden ejecutiva, que entra en vigor el 16 de agosto.

Ayer, jayfonseca.com anticipó que el mandatario tomaría medidas adicionales, como obligar a los contratistas gubernamentales a inocularse, ante el aumento sostenido en los casos de contagios, que se han disparado ante la presencia de la variante Delta en el País. La positividad alcanzó el umbral del 11%.

La nueva directriz exige que todos los empleados de estas industrias completen el ciclo de vacunación en o antes del 30 de septiembre.

Quedan exentos del requerimiento las personas con condiciones médicas, quienes tendrán que presentar un certificado médico, y las personas cuyos dogmas religiosos rechacen este tipo de intervención en el cuerpo. En ese caso, ese personal tendrá que presentar una declaración jurada con la firma del ministro o líder religioso. Pero para reportarse a trabajar todos tendrán que presentar semanalmente una prueba negativa de COVID-19 o prueba positiva con certificado médico de recuperación.

En el caso del sector de la salud, Pierluisi Urrutia detalló que la evidencia de vacunación o la prueba negativa será requerida al personal que labora en hospitales, laboratorios clínicos, oficinas médicas, centros de salud y de terapias, bancos de sangre y farmacias. Este requerimiento también abarca a las personas que laboran en centros de cuido diurno o prolongados de adultos mayores.

Ya la Asociación de Hospitales había recomendado a sus miembros exigir la prueba de vacunación a todas las personas que visiten las instalaciones médicas.

Al abordar las medidas en la industria turística, el gobernador mencionó que el requisito de vacunación o la prueba negativa abarca a los huéspedes de hoteles y paradores; así como a las personas que optan por alojarse en casas y apartamentos alquiladas a través de las plataformas AIRB&B, VRBO o Join a Join.

Los turistas que plantaron pie en el País con una prueba negativa para una estadía que se extenderá más de una semana, también tendrán que realizarse otra prueba. 

Afirmó que cada agencia o empresa será responsable de asegurar “el cumplimiento de esta Orden y de no cumplirla se exponen a multas de hasta seis meses de cárcel, multa que no exceda $5 mil o ambas a discreción del Tribunal”.

El secretario de salud, Carlos Mellado López, también informó que el pinzacho contra el virus se añadió a los requisitos para obtener un certificado de salud en el País.

”Reiteramos nuestra recomendación a las otras Ramas de gobierno, corporaciones públicas, municipios, establecimientos privados y comerciales a adoptar esta Orden Ejecutiva de forma voluntaria”, apuntaló Pierluisi Urrutia.

Advertencia a los restaurantes

Aunque no los incluyó en su orden ejecutiva, el gobernador emplazó a los dueños de restaurantes y de barras a adoptar un mandato de vacunación, como propuso la Coalición Científica en sus últimas recomendaciones.

El grupo asesor recomendó requerir evidencia de vacunación a los empleados y clientes de estos lugares. En Francia y en la ciudad de Nueva York se exige constancia del pinchazo para entrar a los bares y establecimientos de comida.

“Voy a estar particularmente pendiente a las medidas que estén tomando los restaurantes en Puerto Rico. Yo espero que apliquen las mismas medidas porque a fin de cuenta el virus sigue impactando y todos tenemos que poner de nuestra parte”, apuntó el mandatario.

“Si siguen los contagios aumentando y no veo que estén siguiendo el ejemplo que está dando la Rama Ejecutiva con estas medidas, me reservo el derecho de restringir horarios nuevamente y de igual manera limitar el aforo o el uso de sus facilidades. Así que están avisados”, agregó.

La semana pasada, y tenor con las recomendaciones de la Coalición Científica, el gobernador ordenó la vacunación mandataria contra el virus para los empleados que laboran en las 65 agencias públicas bajo la jurisdicción del Ejecutivo, como un primer paso para mitigar la escalada de contagios.

Anteriormente, Salud promulgó una directriz para requerir evidencia de la inoculación a todos los empleados y estudiantes mayores de 12 años, como un requisito para el retorno a las clases presenciales en las escuelas y universidades públicas y privadas durante el nuevo año académico.

Luego de alcanzar los niveles más bajos de contagios desde el verano del año pasado, el número de personas contagiadas comenzó a subir de manera sostenida en la Isla en medio de un repunte mundial por la presencia de la variante Delta. Esta tendencia de alza en los contagios coincide con una desaceleración en el proceso de vacunación.

Según los datos oficiales, más del 60% de la población ya se vacunó.

Cámara de Representantes requerirá evidencia de vacunación a sus empleados

Desde este lunes, la Cámara de Representantes requerirá evidencia de vacunación contra el COVID-19 a todos sus empleados, adelantó el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, a jayfonseca.com.

Las personas que no deseen vacunarse por razones religiosas o condiciones médicas deberán presentar un resultado negativo de una prueba diagnóstica todas las semanas.

Contrario al mandato de vacunación obligatoria del Ejecutivo, que requiere que los empleados públicos que no se inoculen contra el virus presenten una declaración jurada o un certificado médico, en la Cámara Baja solo se requerirá el resultado de la prueba diagnóstica.

“Él que no trabaja no cobra”, apuntó Hernández Montañez.

A tenor con esta nueva política, se realizará un censo para determinar la cantidad de empleados y empleadas que todavía no se han vacunado. Esta información, según el líder cameral, servirá para coordinar un evento de vacunación para facilitar que el personal cumpla con la nueva directriz.

Más del 80% del personal de la Cámara ya se vacunó, aseguró Hernández Montañez.

Pierluisi tiene hasta medianoche para firmar despenalización de la protesta

A la medianoche expira el término para que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia estampe su firma sobre un proyecto de ley que busca despenalizar las manifestaciones y protestas ciudadanas.

De no tomar acción, el Proyecto de la Cámara 2 recibiría un veto de bolsillo. 

Esta medida deroga los Artículos 200 y 247 del Código Penal. Aprobadas durante la administración del exgobernador Luis Fortuño Burset tras la huelga en la Universidad de Puerto Rico, ambas disposiciones buscan desincentivar las protestas estudiantiles y ambientales.

El Artículo 200 tipifica como un delito grave -con una pena fija de 3 años de cárcel- bloquear o impedir la entrada de una obra de construcción pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con los permisos de las agencias del gobierno, como ocurre actualmente en la playa Los Almendros, en Rincón donde grupos ambientales protestan para denunciar las fallas que rodean el otorgamiento de un permiso de construcción de una piscina concedido al condominio Playa y Sol en una zona marítimo terrestre. Ayer, la Junta de Planificación ordenó la paralización del proyecto e inició el proceso de revocación del permiso de construcción.

El Artículo 247 también prohíbe la “obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios en donde se ofrecen servicios gubernamentales al público”.

Además, quedan pendientes de firma hoy la Resolución Conjunta de la Cámara 83 para confeccionar una tablilla conmemorativa de los 50 años del “Hit 3,000” de Roberto Clemente Walker, el Proyecto del Senado 190 para reactivar el Programa de Comunidades Especiales, y la Resolución Conjunta del Senado 28 para designar una carretera en el pueblo de Dorado con el nombre de “Avenida Edgar Martínez”.

El Proyecto 190 o la “Ley de Justicia para Familias e Individuos realojados por el Programa de Comunidades Especiales” establecería un proceso entre el Departamento de la Vivienda, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales “con el propósito de poner fin a la incertidumbre e injusticia que enfrentan decenas de familias e individuos realojados en alquileres temporeros por el programa de Comunidades Especiales de Puerto Rico”, según la exposición de motivos de la medida.

Cuando la Asamblea Legislativa se encuentra en receso, el Gobernador puede dejar que expire el término de 30 días para la aprobación de la medida sin informar la razón o razones de ese veto de bolsillo.

Después que cerró la Sesión Ordinaria el pasado 30 de junio, la Legislatura envió 33 proyectos para la firma del Primer Ejecutivo. Hasta el momento, Pierluisi Urrutia ha firmado unas 14 medidas y vetado 3. 

Cámara enviará proyecto que crea moratoria criolla para la firma del Gobernador

Luego que la medida quedó varada en el trámite legislativo, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, confirmó que enviará el proyecto de ley que crea la moratoria criolla para la firma del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

La Cámara y el Senado aprobaron la llamada Ley de Protección a la Vivienda en Emergencias al cierre de la sesión ordinaria, que culminó el 30 de junio.

“Nuestro plan de trabajo es culminar toda la firma de documentos pendientes antes de comenzar la sesión”, indicó a  jayfonseca.com.

Detalló que atiende de forma prioritaria los asuntos relacionados al presupuesto del cuerpo que preside y “cómo mitigar nuestra realidad fiscal. Simultáneamente estoy firmando poco a poco documentación pendiente”.

Ante la dilación en el trámite legislativo, dos fuentes de este medio digital explicaron que Pierluisi Urrutia ha expresado reparos a la medida. Ante este escenario, una fuente señaló que la medida aguardaba al inicio de la próxima sesión, que arranca el 16 de agosto. De esa forma, Pierluisi Urrutia no podría emitir un veto de bolsillo. Tendría 10 días para evaluar el proyecto y si rechaza la medida, tendría que justificar la decisión. Si no actúa, la medida se convierte en ley.

Hernández Montañez apuntó que el término para que el gobernador rechace o apruebe la medida comienza a correr tan pronto el proyecto llegue a La Fortaleza. Pero existe una diferencia entre las medidas que alcanzan el escritorio del mandatario cuando la sesión ordinaria está en en funciones o en receso, que permite el veto de bolsillo o sin explicación.

El martes, en rueda de prensa para anunciar la distribución de los fondos federales que recibirá la isla como parte del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés) y antes del anuncio de la extensión de la moratoria federal hasta el 3 de octubre, Pierluisi Urrutia no mencionó la medida atascada en la Legislatura ante preguntas sobre la respuesta de su administración para atender el dilema de miles de personas, que podrían perder su hogar por la crisis creada por la pandemia. El Gobernador comentó sobre la posibilidad de que el Congreso aprobara legislación federal para extender la moratoria y la disponibilidad de fondos federales para mitigar la situación.

La medida de la moratoria criolla surgió como un proyecto de petición de la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico, que provee educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos. Crearía una política pública sobre la vivienda en Puerto Rico en casos de emergencias, que establecería una moratoria de pagos a préstamos hipotecarios y arrendamientos de hasta 90 días. Esto paralizaría las ejecuciones hipotecarias y los desalojos, pero no condona la deuda.

El proyecto impone sanciones a las personas o instituciones que violen el estatuto. Las instituciones financieras se expondrían a multas de $5,000 a $10,000 por cada violación a las disposiciones de esta Ley. Toda persona que mienta bajo juramento para acogerse a los beneficios de la moratoria incurriría en un delito de perjurio, que conlleva una pena de reclusión por un término fijo de 3 años.

La Asociación de Bancos, Mortgage Bankers Association, la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles y la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas objetaron la medida.

Alza de contagios en Florida tiene impacto en Puerto Rico

A nivel de todo Estados Unidos, Florida aparece segundo en infecciones nuevas per cápita. 

Algunos de los condados con más puertorriqueños presentan índices altísimos de contagio. Por ejemplo, en la última semana en la que hay registros, en el condado de Orange, donde está la ciudad de Orlando, se registraron 543 infectados semanales –equivalente a un promedio de 77 al día- por cada 100,000 habitantes. En el Condado de Osceola, donde está la ciudad de Kissimmee entre el 23 y 29 de julio hubo 538 contagios semanales por cada 100,000 personas.

Según José Becerra, principal oficial de epidemiología en el Departamento de Salud de Puerto Rico, varios de los brotes identificados en la isla entre el 19 y el 25 de julio están asociados a viajeros procedentes de Florida.

“Mayormente están asociados con actividades deportivas en Orlando, Florida. Son viajeros que van a torneos allá y regresan infectados. No siempre regresan sintomáticos, pero a los pocos días salen positivos y ahí nos enteramos”, dijo Becerra.

El Nuevo Día

Salud reporta cinco muertes y 288 casos confirmados de COVID-19

El Departamento de Salud reportó en su informe de hoy, 288 casos confirmados, 270 casos probables y cinco muertes adicionales por COVID-19 en Puerto Rico.

Esos datos se basan en muestras tomadas del 20 de julio al 3 de agosto del 2021.

Mientras, las hospitalizaciones por el virus se colocan en 235. Según el portal de Salud, 207 corresponden a adultos y 28 casos pediátricos.

OGPe tiene reparos con decisión de Junta de Planificación al detener construcción de piscina en Rincón

La Oficinas de Gerencia de Permisos (OGPe) expresó hoy preocupación en torno a las conclusiones de la Junta de Planificación  (JP) que dieron paso a que esa agencia emitiera una orden de paralización contra el condominio Sol y Playa, en Rincón.

El secretario auxiliar de la OGPe, Gabriel Hernández, indicó que el Reglamento Conjunto “establece con carácter de especificidad” las obras prohibidas en la zona de separación, “las cuales se limitan a construcción de edificios, segregaciones y obras de urbanización”.

Según Hernández, las “instalaciones recreativas” –como la piscina– no están prohibidas en la zona de separación.

“Una interpretación distinta requeriría enmendar el Reglamento Conjunto”, afirmó.

El Nuevo Día