Cámara enviará proyecto que crea moratoria criolla para la firma del Gobernador

Architect holding a yellow pencil drawing house plan with model house on the floor plan.

Luego que la medida quedó varada en el trámite legislativo, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, confirmó que enviará el proyecto de ley que crea la moratoria criolla para la firma del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

La Cámara y el Senado aprobaron la llamada Ley de Protección a la Vivienda en Emergencias al cierre de la sesión ordinaria, que culminó el 30 de junio.

“Nuestro plan de trabajo es culminar toda la firma de documentos pendientes antes de comenzar la sesión”, indicó a  jayfonseca.com.

Detalló que atiende de forma prioritaria los asuntos relacionados al presupuesto del cuerpo que preside y “cómo mitigar nuestra realidad fiscal. Simultáneamente estoy firmando poco a poco documentación pendiente”.

Ante la dilación en el trámite legislativo, dos fuentes de este medio digital explicaron que Pierluisi Urrutia ha expresado reparos a la medida. Ante este escenario, una fuente señaló que la medida aguardaba al inicio de la próxima sesión, que arranca el 16 de agosto. De esa forma, Pierluisi Urrutia no podría emitir un veto de bolsillo. Tendría 10 días para evaluar el proyecto y si rechaza la medida, tendría que justificar la decisión. Si no actúa, la medida se convierte en ley.

Hernández Montañez apuntó que el término para que el gobernador rechace o apruebe la medida comienza a correr tan pronto el proyecto llegue a La Fortaleza. Pero existe una diferencia entre las medidas que alcanzan el escritorio del mandatario cuando la sesión ordinaria está en en funciones o en receso, que permite el veto de bolsillo o sin explicación.

El martes, en rueda de prensa para anunciar la distribución de los fondos federales que recibirá la isla como parte del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés) y antes del anuncio de la extensión de la moratoria federal hasta el 3 de octubre, Pierluisi Urrutia no mencionó la medida atascada en la Legislatura ante preguntas sobre la respuesta de su administración para atender el dilema de miles de personas, que podrían perder su hogar por la crisis creada por la pandemia. El Gobernador comentó sobre la posibilidad de que el Congreso aprobara legislación federal para extender la moratoria y la disponibilidad de fondos federales para mitigar la situación.

La medida de la moratoria criolla surgió como un proyecto de petición de la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico, que provee educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos. Crearía una política pública sobre la vivienda en Puerto Rico en casos de emergencias, que establecería una moratoria de pagos a préstamos hipotecarios y arrendamientos de hasta 90 días. Esto paralizaría las ejecuciones hipotecarias y los desalojos, pero no condona la deuda.

El proyecto impone sanciones a las personas o instituciones que violen el estatuto. Las instituciones financieras se expondrían a multas de $5,000 a $10,000 por cada violación a las disposiciones de esta Ley. Toda persona que mienta bajo juramento para acogerse a los beneficios de la moratoria incurriría en un delito de perjurio, que conlleva una pena de reclusión por un término fijo de 3 años.

La Asociación de Bancos, Mortgage Bankers Association, la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles y la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas objetaron la medida.

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