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Cadete denuncia lleva mes y medio sin clases, Comisionado de la Policía ordena investigación interna
Mientras hace falta agentes de la Uniformada en la calle, se alega que la Academia de la Policía no tiene los recursos necesarios para graduar a tiempo a los cadetes.
De acuerdo a la denuncia de un supuesto cadete de la Clase 230, “los instructores están disfrutando de vacaciones” mientras que los cadetes llevan alrededor de mes y medio sin clases y encerrados en la Academia de lunes a viernes, por lo que su graduación se ve atrasada.
El comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, solicitó una investigación administrativa para corroborar si es correcta la denuncia de un cadete que alegó hoy a través de una carta en redes sociales que la Academia de la Policía no tiene los recursos para graduar a los cadetes a tiempo.
El supuesto integrante de la Clase 230 de la Policía de Puerto Rico dijo que todos los días se improvisan “charlas y un sinnúmero de conversatorios, que la realidad no aportan a nada”.
“Escribo porque a esta fecha estábamos supuestos a estar ya en las calles de Puerto Rico ejerciendo nuestras funciones como agentes del orden público. Estamos cansados de la falta de organización, la guerra que hay de poderes entre los diferentes departamentos aquí en la S.A.E.A mejor conocida como Academia. Nos quedan alrededor de tres clases que viene siendo el cuarto y último termino para completar este proceso de adiestramiento y lo han extendido sin razón concreta alguna”, sostuvo el cadete.
“Hemos tratado de que se nos mande a nuestras casas a lo que aparecen recursos y no quieren. Hay cadetes que han perdido familiares, tienen familiares enfermos, tenemos muchas situaciones y no son empáticos. Aquí nadie se está negando a estar aquí, claro esta, si estuviéramos tomando clases dentro del currículo establecido por dicha superintendencia”, sostuvo el cadete.
El Tribunal de San Juan le dijo no a la empresa Luma Energy que recurrió ayer otra vez ante el foro luego que la jueza Laura Taylor Swain rechazó el pedido de remover el caso radicado por la Cámara de Representantes para que la empresa encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica entregue documentos al cuerpo legislativo.
Luma Energy había alegado ante el Tribunal Federal que “la Comisión (cameral) pretende ejercer un rol regulador sobre un ente privado y en el campo especializado y técnico de energía y servicios de electricidad, que no le compete al amparo de la Constitución, que está reservado a la Rama Ejecutiva y a la Rama Judicial en el contexto de casos y controversias justiciables, y que tampoco le está delegado a la Comisión como cuestión de hecho y de derecho, mediante la extinta R de la C. 136 y la R. de la C. 243”.
De acuerdo a Luma Energy, “el efecto neto de permitir este ejercicio de regulación indebida es anular la Ley 120-2018 y el Contrato” de operación del sistema de transmisión y distribución.
En una carta de la Asociación de Farmacias de Puerto Rico le pide al gobernador Pedro Pierluisi que intervenga ante un alegado conflicto de interés que tiene la licenciada Zoraida Buxó por esta representar a una cadena de farmacias estadounidense al tiempo que es delegada especial al Senado federal.
Se intentó obtener una reacción de la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (Prfaa, por sus siglas en inglés), Carmen Feliciano pero no se ha obtenido respuesta. También se intentó obtener reacción de la licenciada Buxó pero Prfaa proporcionó el correo electrónico de la abogada y no se ha recibido respuesta. Tampoco se pudo obtener comunicación con la licenciada por teléfono o sus redes sociales.
Esto representa además un cuestionamiento sobre cómo la prensa tendrá acceso a los delegados congresionales que reciben un salario y gastos reembolsables de fondos públicos.
En la carta que fue enviada por la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Puerto Rico, Linda Ayala Bousson, se establece que Buxó trabaja en la actualidad para incluir a esta cadena de farmacias (Walgreens) como proveedor del Plan Vital.
Ayala Bousson dice que tiene evidencia que sustenta que Buxó es cabildera de esta cadena de farmacias que voluntariamente en 2003 se retiró de atender a los beneficiarios del plan de salud del gobierno.
“El hecho de que Buxó sea defensora de Walgreens representa un conflicto de interés porque impide que ella represente su política pública actual en favor de las pequeñas y mediadas empresas de Puerto Rico”, reza la carta.
“Basado en esto nuestra petición es que si Buxó quiere mantener su posición como cabildera de la estadidad se le debe prohibir que mantenga su práctica privada debido a que esto representa un claro conflicto de interés porque los intereses del Gobierno y los de Walgreens son incompatibles”, sentenció.
En cinco años la Ley 20 para Fomentar la Exportación de Servicios, la Ley 22 para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, y la Ley 273 reguladora del Centro Financiero Internacional de Puerto Rico han creado alrededor de 33,000 empleos y han aumentado en 2 por ciento la actividad económica en la Isla.
Estos son los datos a los que concluyó el economista José Caraballo Cueto en un estudio comisionado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Los datos analizados comprenden el periodo del 2012 al 2017.
Caraballo Cueto sostuvo “este estudio confirma que el impacto de las leyes 20, 22 y 273 del 2012 ha sido positivo pero modesto, y se proveen recomendaciones para explotar el potencial de éstas y mover a los participantes a realmente invertir y promover la actividad económica”.
Entre las recomendacione está: condicionar la participación bajo la Ley 273 y la Ley 20 a la creación de al menos 10 nuevos puestos de trabajo no existentes previamente.
Además, establecer una tasa impositiva mínima sobre la ganancia de capital para la Ley 22 del 12 por ciento y aumentar los impuestos a la propiedad para las propiedades de lujo y así evitar el problema del aprovechamiento gratuito.
“Las inversiones en bienes raíces en la residencia principal no deben considerarse parte del requisito de inversión. De manera similar, las segundas residencias ubicadas en áreas de más rápido crecimiento como el Viejo San Juan, Isla Verde y subdivisiones en Dorado, Vieques y Gurabo, entre otras, no deben contar para los requisitos de inversión. Muchas de estas áreas aún califican para los Incentivos de Zonas de Oportunidad”, sostuvo el economista que además es profesor en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey.
“Al desalentar las inversiones en áreas de crecimiento más rápido, el Gobierno controla las burbujas de precios que pueden perjudicar a los propios inversores”, agregó.
Caraballo Cuento recomienda además establecer un impuesto mínimo para las corporaciones bajo la Ley 20 y 273 del 10 por ciento. “Esta tasa es más baja que la que pagan las corporaciones en Irlanda6 y mucho más baja que la tasa impositiva corporativa legal en Puerto Rico”, destacó.
Por su parte, el secretario del DDEC, Manuel Cidre Miranda, dijo que se debe exigir la entrega anual de los documentos 1040R y 940R para conocer de forma actualizada la nómina real de los inversionistas con decreto.
“Esa exigencia de la 1040R y la 940R va a ser clave para poder monitorear por fin si, en efecto, están creando o no los empleos, si cumplen o no cumplen y si merecen el decreto o se les revoca. Definitivamente, la fiscalización tiene que ser más activa. Hacia eso hemos dirigido los esfuerzos en estos meses”, manifestó Cidre.
El titular del DDEC adelantó que discutirá todas estas recomendaciones con el gobernador Pedro Pierluisi.
Mientras, el director ejecutivo de la Oficina de Incentivos para Negocios del DDEC, Carlos Fontán, detalló que gracias al proceso de cumplimiento con los decretos establecido, se han identificado y notificado a 1,086 individuos sobre posibles incumplimientos.
El programa de grado asociado en Terapia Física de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Ponce, así como el grado asociado en la misma disciplina en el recinto de Humacao, se encuentran en probatorias por señalamientos relacionados con los exámenes de reválida.
Esos casos se suman a la probatoria del programa de Tecnología Radiológica, del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), que también tuvo señalamientos relacionados con la reválida.
El portavoz de prensa del presidente del Senado, José Luis Dalmau dijo que “las condiciones mecánicas del vehículo anterior distaban mucho de ser adecuadas”. El vehículo tuvo un costo de $73,800 debido a que el gobierno no paga arbitrios al adquirir un vehículo. El valor de la guagua en el mercado asciende a $115,000. La guagua anterior era una Suburban de 2017.
El portavoz también indicó que la guagua que utilizó el pasado presidente del Senado contaba con unas 76,000 millas y planteó que, desde que empezó el cuatrienio, el vehículo ha sido llevado en seis ocasiones a un taller de mecánica.
Metro